Viñeta: El Roto - elpais 24.11.10
.................................... Leer más...
Castilla y León.- El juez implica al presidente de las Cortes regionales en el 'caso Gürtel'
Según el magistrado, las pruebas aportadas por la Brigada Antiblanqueo permiten afirmar que durante la «tramitación» de aquel expediente, siendo Fernández Santiago consejero de Fomento, se «incurrió en diversas irregularidades, vulnerando los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia». El juez insiste en que tanto «la orden de inicio de este expediente» como la adjudicación llevan la firma de 'Toti'.
La obra fue a parar a Teconsa, una de las principales empresas implicadas en el 'caso Gürtel', que ganó el concurso en abril de 2003 y obtuvo un contrato por valor de 2.847.959 euros, sin IVA. A cambio, explica Pedreira en su resolución, la compañía repartió entre los muñidores del contrato el 3% del mismo, una vez pagado el IVA, lo que ascendió a 96.100 euros.
El fax clave
Estas comisiones fueron centralizadas por Correa, que repartió entre las personas que supuestamente habrían conseguido el contrato para Teconsa. Fernández Santiago habría cobrado en dos pagos los 39.000 euros. El ex eurodiputado Gerardo Galeote habría percibido 26.400 euros. Luis Bárcenas, ex tesorero del PP nacional, se habría hecho con 18.600. Jesús Merino, ex diputado por Segovia y también consejero de Fomento desde 1991 hasta 1999, se habría embolsado 18.600. Y Francisco Correa, el 'capo' de la trama corrupta, se habría quedado con 17.500 por coordinar la operación.
Pedreira revela que la información sobre aquella operación amañada apareció en el registro del domicilio del contable de la red, José Luis López Izquierdo. Durante aquel allanamiento, simultáneo a la detención de Correa en febrero de 2009, apareció una carpeta de color azul en la que había varios documentos, entre ellos un fax de la Consejería de Castilla y León en el que se remitía la adjudicación definitiva de aquella obra, junto a la que había un desglose del 3%, las supuestas comisiones.
Junto a ese fax, y unidos por un clip, aparecieron una siglas y unas cantidades. Señala el magistrado que tras meses de investigación, y tres informes diferentes y varias pericias, la Policía Judicial certificó quiénes estaban tras las enigmáticas siglas: T.O. ('Toti'), G (Galeote), L (Bárcenas), J (Merino) y PC (Correa). A la vista de las pruebas presentadas por la brigada Antiblanqueo de la Policía, Pedreira concluye que en la «causa existen indicios bastante del cobro de una comisión» por parte de los cinco sospechosos, y en consecuencia decreta la «inhibición parcial» a favor del Tribunal Superior castellanoleonés ya que Fernández Santiago es aforado por su condición de presidente de las Cortes.
Al margen de la supuesta implicación de 'Toti', el juez se centra en las pruebas contra Merino, de quien recuerda que, aunque en el momento ya no era consejero, tenía «posible influencia y acceso a la información de concursos de la Junta de Castilla y León», como probaría el hecho de que envió al número 2 de la trama, Pablo Crespo, pliegos del concurso antes de su que éstos se publicaran oficialmente.
Gomecello
Según explicaron fuentes judiciales, el magistrado decreta la inhibición solo sobre la adjudicación de Olleros de Alba, ya que cree, como Anticorrupción, que no hay pruebas concluyentes contra otros altos cargos regionales por otros concursos que la Policía tiene bajo la lupa. El primero es la construcción de un centro de tratamiento de residuos en la localidad salmantina de Gomecello, que fue adjudicada por 22 millones de euros a las empresas Sufi y Teconsa.
Los informes policiales sostienen que aquel concurso supuso para Correa una comisión de 600.000 euros, aunque sólo cobró una parte. Eso sí, ese porcentaje también fue repartido entre tres ex altos cargos del PP que percibieron 60.000 euros cada uno. Una cuarta persona que responde a las iniciales «CL - S» se llevó 144.200 euros. La Policía apunta que tras la sigla 'S' habría otra alto cargo de del Ejecutivo autonómico castellano y leonés, pero para el juez esta suposición no está suficientemente probada.
El otro concurso investigado es la construcción de la variante de Villanueva de Mena por valor de siete millones y que también ganó Teconsa cuando Fernández Santiago era consejero de Fomento. Tampoco en ese caso, considera Pedreira, hay pruebas suficientes, por ahora, para apuntar a altos cargos autonómicos.
Teconsa, que consiguió contratos en otras comunidades gobernadas por el +, ganó entre 2000 y 2009 hasta 23 adjudicaciones de la Junta de Castilla y León, según los informes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal.
* Norte Castilla - 30.11.10
Foto: Valladolid, cortes castilla y leon - wikipedia.org
.................................... Leer más...
De propietario a inquilino
Los hechos son como siguen: la entidad bancaria, convencida de que el propietario no va a poder hacer frente a sus obligaciones de pago, acepta la casa como dación en pago del insolvente (figura contemplada en la Ley Hipotecaria), entendiendo como saldado el total de la deuda.
Es entonces cuando, para evitar el desahucio, el nuevo dueño alquila su vivienda por cinco años al antiguo propietario por una cantidad mensual inferior a la letra que antes apoquinaba, y con opción a compra. Según el portavoz de la Plataforma, José Coy, supone «una liberación de la cadena perpetua que implica el no poder pagar la letra y, al fin y al cabo, tener derecho a comenzar de nuevo, pero conservando el valor emocional de seguir en la misma casa durante varios años».
Pasado el contrato de alquiler, si la situación económica mejora para el interesado, «tiene la posibilidad de comprar de nuevo la casa, descontando todo lo entregado ya en alquiler». Llegados a este punto, habría que acordar nuevas condiciones hipotecarias y, en cualquier caso, pagar de nuevo los impuestos que ya se abonaron antaño.
«Es mi única salvación»
Pero claro, en muchos casos, esto no es tan fácil. Los bancos no aceptan la dación en pago si entienden que, además de la casa, el interesado debe seguir abonando una cantidad, al ser el valor de la vivienda menor que el saldo vivo de la deuda. Es el caso de Francisco Miguel Valverde, un vecino de Aljucer que quiere la dación en pago, pero su entidad no la acepta. «Es mi única salvación», asegura. La plataforma calcula que «esos picos suelen ser de 10.000, 20.000 o incluso 100.000 euros».
Este diario ha consultado con varias sucursales bancarias este nuevo procedimiento de actuación. Algunas reconocen estar realizándolo y lo argumentan como «un nuevo mecanismo de protección adicional a los que ya existen para no dejar a la gente en la calle».
Los empleados de estas oficinas afirmaron que «las entidades alargan todo lo que pueden» los expedientes de embargo «porque lo último que desean es que una familia se quede sin su casa». Y recuerdan: el sistema hipotecario en España «funciona así y es lo que hay. Cuando no pagas, nada ni nadie puede impedir que se ejecute el embargo o que se negocie una dación en pago, según los casos, con deuda pendiente».
Desde enero de 2008 y hasta el pasado verano, los bancos y cajas han ejecutado la hipoteca de 140.000 familias y aceptado casi 100.000 daciones en pago. Según las previsiones que maneja el Consejo General del Poder Judicial, este año se embargarán 180.000 casas y se abrirán unos 84.000 expedientes de desahucio.
REIVINDICACIONES DE LOS AFECTADOS
1Parar los desahucios, tanto de las familias hipotecadas como de los avalistas, hasta que se haya encontrado una solución a su situación.
2Regular la dación en pago, de manera que si el banco se queda la vivienda, la deuda queda liquidada.
3Conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social. Implica que la administración compre la vivienda a precio reducido y el antiguo propietario pueda permanecer en ella como inquilino de vivienda protegida.
4Realización de una auditoría social sobre el funcionamiento del mercado hipotecario.
5Establecer los mecanismos, las reformas y las políticas necesarias para que el acceso a una vivienda adecuada no vuelva a ser jamás un negocio para unos pocos y una esclavitud para las familias trabajadoras.
LAS CIFRAS
140.000
hipotecas han sido ejecutadas por bancos y cajas desde enero del 2008 hasta el pasado verano.
100.000
daciones en pago de la vivienda para saldar las deudas se han llevado a cabo en el mismo plazo.
180.000
casas serán embargadas este año, según prevé el Consejo General del Poder Judicial..
84.000
expedientes de desahucio serán llevados a cabo en 2010.
* La Verdad - 30.11.10
Foto: Una pareja contempla una promoción de viviendas en una imagen de archivo. :: LA VERDAD
.................................... Leer más...
Calp o la teoría de que la basura se lava en casa
Algunas explicaciones se darán en los tribunales. Pero no basta. Desde que Levante-EMV sacó a la luz esta trama ha pasado de todo en la política calpina. El alcalde se apresura a sacar sus conclusiones y a culpar al PSPV, estos no aciertan con el discurso y los demás, callan. Sin embargo, algo más habrá que decir ya que el Bloc gobierna gracias a Javier Morató.
La oportunidad de hacer campaña
La disparatada alcaldía de Joaquim Tur tiene un epílogo a la altura. El caso Brugal le ha servido para distanciarse del PP (retiró las competencias de gobierno a los tres ediles populares implicados en la trama) sin que el PP rompa el pacto. Dice que se enteró por Levante-EMV de que la facturación de la basura supuestamente se hinchaba y se puso a indagar por su cuenta. Lo mismo se disfraza de César Borja («o césar o nada», dijo cuando pactó con el PP la moción de censura contra su socio, el PSPV) que de inspector Clouseau. Ha denunciado a Colsur por estafa. Su campaña electoral es la basura. Y ya ha comenzado.
Amortizado pero con sueldo de edil
Morató fue alcalde de Calp 12 años (lleva 16 años de edil) y amenaza con seguir en primera línea política. El caso Brugal lo ha puesto otra vez en el disparadero. La investigación concluye que pudo recibir sobornos de Fenoll por consentir la facturación inflada de la basura. Un día se declara asqueado de la política y al siguiente afirma que quiere volver a ser concejal para defenderse de los escándalos. No admite que es un lastre muy pesado para un PP roto que necesita renovarse de arriba a abajo. No ha explicado nada del contrato que firmó con Fenoll. Nada. Y Tur le mantiene el sueldo de edil.
Una oposición mal enfocada
El PSPV se enredó en extrañas estrategias cuando tenía la alcaldía y no ha escarmentado. Su problema no es que no tenga plan, sino que el plan es alambicado y no lo entienden ni ellos. Su líder, Luis Serna, a quien Tur también intenta a toda costa implicar en el presunto fraude de la basura, todavía tiene crédito para agarrar la bandera de la renovación política. Ese es el Waterloo de los socialistas y no enfrascarse con el alcalde en escarceos dialécticos e insultos. Aclarar la trama de la basura es una obligación. Y el PSPV debe exigir (y dar) todos los días explicaciones.
Implicado en el agua y la basura
El diputado provincial y concejal del PP no se priva de nada. Está imputado por el caso Aguas de Calp (supuestamente se desvió un millón de euros en las obras de la red) y ahora se le relaciona con los supuestos sobornos de la basura. Juan Roselló se lo toma con calma. Como si fuera su sino. Tampoco ha dado ninguna explicación pública. Igual que Morató, pone cara de sorprendido cuando se le habla del supuesto fraude en el pesaje de los residuos. Parece que le preocupe más que, ya destituido como concejal de Turismo, no podrá organizar la próxima participación de Calp en Fitur.
El conseguidor de contratos públicos
El cuñado de Juan Roselló también está en todas las sopas. Imputado por el caso Aguas de Calp, ahora su nombre se relaciona también con el escándalo de la basura. Fue quien gestionó el contrato del tratamiento de residuos con el empresario Ángel Fenoll, según ha revelado éste último. Ese mismo papel le reservan los investigadores de la trama Brugal. Supuestamente actuó de intermediario y recibió, por ello, comisiones. La única relación de Artacho con el Ayuntamiento de Calp es que es cuñado de Roselló. Ese parentesco parece que le sirvió para ejercer de «conseguidor» de contratos públicos.
El único capaz de marcharse
Ha aparecido implicado, sin que nadie lo esperara, en el sumario de la trama Brugal. Nunca ha sido protagonista de ningún escándalo pese haber regido la concejalía de Hacienda durante diez años. Y con el lastre económico que alcanzan, ya tiene mérito. Cuando el alcalde anunció el cese fue el primero en poner sus competencias a disposición del primer edil y sólo pidió que se le avisara con antelación para irse. No se lo concedió Tur y sin aviso, lo cesó. Se ha ido del ayuntamiento sin hacer ruido y no continúa oculto tras un sueldo. Se va para aclarar las cuentas a solas con la justicia. Un ejemplo para el resto de concejales del PP.
Pasó de puntillas por el gobierno
La trayectoria de este abogado calpino es silenciosa pero significativa. No es la primera vez que acude a los tribunales, y no sólo como abogado. El año pasado fue juzgado por un extraño tema relativo a un supuesto enriquecimiento en la compra-venta de unos terrenos de Calp en los que también participó un familiar. Con todo en contra en la sala, el resultado sorprendió y salió libre de pecado. Ahora, vuelve a aparecer en una trama vinculada a sus escasos cuatro años de gobierno en Calp. Abogado de profesión, ya consiguió sentar como testigos a medio ejecutivo calpino. Ahora, está a la espera de una citación para declarar.
Ve y calla el fraude del pesaje
El edil del PSD Antonio Romera es la sombra del alcalde. Estuvo con él en el pacto con el PSPV. Y colaboró en rescatar al turbio PP de Morató y Roselló. Pero durante todo el mandato no ha soltado la concejalía de Tratamiento de Residuos. Y ya tiene delito (en sentido coloquial) que el presunto fraude haya pasado ante sus ojos sin advertirlo. Romera sabía que los residuos reales que genera Calp eran 25.000 Tm al año. Pero las facturas de Colsur engordadas con supuestas toneladas falsas de basura no le llamaron la atención. Como poco, se le puede reprochar que ha fallado como responsable de Residuos.
* Levante - 28.11.10
Foto: Calpe (Alicante), ayuntamiento - ccoo.es
.................................... Leer más...
Madrid.- Ópera suspende, la capilla del Obispo aprueba
En el "Catálogo de Buenas Prácticas” dado a conocer en la rueda de prensa este lunes se incluye como mejores iniciativas el Pabellón de Madrid en la Exposición Universal de Shanghai 2010, la ampliación de la estación de Atocha por el AVE Madrid-Valencia y la rehabilitación de la capilla del Obispo.
Por el contrario, entre "lo más infame que ha sucedido en Madrid durante 2010 desde el punto de vista de los grandes asuntos de carácter territorial”, figura la vigésima etapa de la vuelta ciclista a España que no tuvo en cuenta el impacto ambiental en el futuro Parque Nacional de Gudarrama, la reforma "salvaje" de la plaza de Ópera al convertir en "desierto de granito un espacio antes valorado por vecinos y comerciantes", y el hecho de que la mendicidad en las calles se haya convertido "en el nuevo mobiliario urbano".
* Madridiario - 29.11.10
Foto: Madrid, obras en Ópera - madridiario
.................................... Leer más...
Feísmo - Pecados y glorias del urbanismo gallego
Los que siguen son algunos ejemplos de flagrante feísmo, de atentado contra el paisaje. En la página siguiente se mostrará el contraste, es decir, cosas que sí se han hecho bien, intervenciones que son ejemplares -que las hay-. En fin, son los pecados y las glorias del urbanismo gallego.
Un abuso habitual es la edificación fuera de escala en el entorno de las ciudades y el litoral. La macrourbanización de Miño Costa Anácara es un caso clamoroso, dice la arquitecta Ana Recuna: «Es una estructura ajena al entorno, que no respeta el paisaje y que produce un desequilibrio muy importante en las estructuras urbanas preexistentes». El reclamo de la costa es evidente. «Es un caso en que se manifiestan abiertamente sus objetivos: la especulación y el enriquecimiento rápido. Esto no tiene nada que ver con la búsqueda de hábitats para las personas», zanja Recuna. Sin titubear se suma a esta percepción María Fernández Lemos, presidenta de la delegación ferrolana del COAG (Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia), que lamenta el caso de Miño y «la proliferación de extensas urbanizaciones de adosados que afean por doquier el paisaje rural».
Algo similar advierte Xan Xosé Rodríguez González, presidente de la delegación ourensana del COAG, que ve deplorable la solución de «os ranchos ubicados nos outeiros que rodean a cidade de Ourense, urbanizacións que abundan nos municipios limítrofes de Barbadás, Coles, Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas». Son arquitecturas deficientemente resueltas, pastiches, que «se van sempre a densidades de edificabilidade tope para maximizar os beneficios, unidades repetitivas, apiñadas, sen imaxinación, burdas», y que -insiste- al asentarse en zonas altas, en donde debiera imperar lo verde, y de gran visibilidad, agravan sus efectos negativos. Rodríguez González no quiere dejar pasar la ocasión sin mencionar el desaguisado, el fracaso que ha sido la planificación urbanística -o su falta- de O Carballiño, «un verdadeiro desastre».
Otra gran mole amorfa es la que conforma el barrio de Novo Mesoiro, recientemente creado en A Coruña, «un auténtico espanto, ejemplo de lo que es hacer ciudad sin sentido alguno», anota Isabel Aguirre, arquitecta y directora de la Escola Galega da Paisaxe-Juana de Vega. A su juicio, «la densidad constructiva exacerbada, la falta de calidad, la desvinculación del entorno (el monte) y del núcleo urbano del que supuestamente depende desacreditan la intervención por completo», reprueba Aguirre, para apuntar a otro de los grandes desmanes cometidos en Galicia, en la viguesa isla de Toralla, como «ejemplo de lo que es intervenir en un paisaje sin criterio alguno, con total impunidad, algo inconcebible en cualquier país europeo».
Fachadas marítimas
Preocupa sin excepción la forma en que se trata el patrimonio constructivo de las poblaciones costeras, en especial, «el destrozo de las fachadas marítimas», recuerda el arquitecto y profesor Ramón Irazu, que cita Camariñas como paradigma, «nada que ver con lo que se espera de un pueblo privilegiado de gran tradición marinera», lo que le lleva a pensar en «la degradación igualmente consentida» de Pontedeume. O lo que está ocurriendo con el abandono de Betanzos, apunta Aguirre.
Salvador Fraga, presidente de la delegación viguesa del COAG, se hace eco de un aspecto aparentemente menor, pero que se ha generalizado de forma alarmante, que «tiene que ver con la protección malentendida» y que es «muy visible en calles viguesas como Colón, Policarpo Sanz, García Barbón». Sucede, explica, que se ha permitido a los edificios históricos -como contraprestación de viabilidad para conservarlos- el añadido de alturas por encima de sus cornisas «con la consiguiente pérdida de proporción y equilibrio». Una falta de respeto que Irazu extiende al barrio ferrolano de A Magdalena o a zonas de Lugo como la calle de la Reina.
* La Voz de Galicia - 26.11.10
Foto: TORALLA, VIGO. Una desmesurada torre preside la isla, que acoge también residencias unifamiliares - lavozdegalicia
.................................... Leer más...
Fórmulas matemáticas para expropiar y evitar la especulación
ELPAÍS* : No hace tanto que una Administración pública ofrecía 10 por un suelo que iba a expropiar para hacer una carretera o un hospital y el propietario exigía 100 e incluso 200. El asunto acababa irremediablemente en los tribunales porque al gobierno de turno le salía más caro expropiar el terreno que hacer la carretera. Estaba en vigor la ley del "todo es urbanizable", aprobada por el Gobierno del PP en 1998. El Gobierno trabaja ahora en la redacción de un reglamento que acote con fórmulas matemáticas un sistema de valoraciones más racional y aplicable solo en los casos de expropiación. La comisión redactora de la ley del Suelo elabora desde hace dos años un reglamento -el primero en toda la historia de España- que pretende acotar mediante fórmulas el valor de estos bienes para evitar la feroz especulación de años pasados. "Es aceptable que el valor de los suelos varíe un 15% o un 20% pero no un 1.000%", argumenta el arquitecto y urbanista, Gerardo Roger, miembro de la comisión redactora en una jornada informativa organizada por el bufete Cuatrecasas Gonçalves Pereira en Valencia. Y se explica.
Desde finales de los noventa y hasta el estallido de la crisis, en verano de 2007, el suelo ha aumentado su valor, "llegando a quintuplicar la inflación y el IPC de este periodo". Esta alocada manera de valorar el suelo ha duplicado el precio de la edificación en zonas urbanas. Si antes los terrenos representaban el 20% o 30% del precio de las casas, ahora la repercusión sobrepasa el 50% y, si se trata de localizaciones céntricas, incluso el 70%.
Como argumenta Roger, padre de la ya derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), el régimen urbanístico español es una extravagancia en todo el mundo: "El sistema se apoya sobre tres patas: Al propietario del suelo se le regala por ley el valor del negocio inmobiliario reclasificado. A cambio, los propietarios están obligados a pagar los costes anticipados de la actuación urbanística para luego acceder a los beneficios y la Administración no paga un euro y tiene derecho a participar en una parte de las plusvalías privadas".
El borrador de reglamento se envió a principios de septiembre a colegios e instituciones profesionales, organizaciones empresariales, sociedades de valoración y comunidades autónomas para que alegaran. En estos momentos se están valorando. Una vez acabe el proceso, irá al Consejo de Estado y después se aprobará. "El Ministerio (de Fomento) lo quiere disponible lo antes posible", explica Roger.
Hasta hace poco esa máxima popular de "la tierra para el que la reclasifica" daba pie a todo tipo de abusos. El dueño, al día siguiente de la reclasificación tenía garantizado el 90% del valor de su propiedad o expropiación. Un suelo podía pasar de valer seis euros el metro cuadrado a 100. "Es un sistema rígido, antimercado", opina el urbanista, que recuerda el artículo 47 de la Constitución que prohíbe especular con el suelo.
El futuro reglamento busca que los terrenos u otros bienes inmuebles sean valorados por lo que se puede medir, por lo fáctico, no por un futurible. La norma establece dos tipos de suelos; el rural y el urbanizado. En el caso de los suelos rústicos su precio se calcula por el uso que tiene o, si está en barbecho, por su renta potencial si estuviera con el mejor cultivo posible. Las autopistas radiales de Madrid son un caso paradigmático; el metro cuadrado de suelo expropiado se pagaron a menos de 10 euros, los propietarios no estuvieron conforme y recurrieron, y los tribunales fallaron que su precio debía de ser de unos 70 euros el metro cuadrado. El responsable de las expropiaciones se enfrenta a un grave problema. "Con este reglamento se frena estas diferencias", explica. En la fórmulas que se barajan influye la localización -será más caro un suelo si está pegado a Valencia que si está en el Rincón de Ademuz- o la accesibilidad. "Son modelos matemáticos que acotan las arbitrariedades", refiere.
En los suelos urbanizables se produce el efecto contrario "las plusvalías para el que las trabaja". Grosso modo, al dueño se le paga lo que vale el suelo, siempre de acuerdo con su entorno, más lo invertido por el dueño, más las mismas plusvalías que recibe la Administración Pública. "Le valoro la expectativa urbanística en proporción a lo que usted se está gastando", añade. Es un sistema más lógico y más adaptado al mercado, concluye Roger.
* El País - 29.11.10
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)
