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ELCORREOWEB/Sevilla* : Nueva sentencia dispar sobre las viviendas ilegales construidas en el paraje de Las Minas. Después de no considerar una piscina como construcción, pero sí la casa, o de rebajar la condena después de demoler una nave, ahora la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha anulado la orden de derribo de un chalé de 170 metros cuadrados construido porque el lugar se ha convertido en una "zona residencial de facto" y los tribunales "son proclives a la regularización" de este tipo de construcciones.
La Audiencia, en una sentencia a la que ha tenido acceso la agencia Efe, confirma la condena de seis meses de cárcel impuesta por el juzgado penal 3 de Sevilla al matrimonio propietario de la parcela, pero anula la parte de la sentencia que ordenaba demoler el chalé. Los acusados J.L.B.V. y su esposa G.V.S. son propietarios de una parcela en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos donde levantaron entre 2003 y 2006 una vivienda de 170 metros cuadrados con muro de contención de 20 metros, caseta para el motor del pozo, una fosa séptica y una conexión al servicio eléctrico.
De acuerdo con la jurisprudencia vigente, el juzgado penal ordenó la demolición, a costa de los acusados, de todo lo levantado ilegalmente y la reposición del terreno a su estado primitivo. Sin embargo, la Audiencia anula ahora esa parte del fallo porque, según dijo en el juicio el arquitecto municipal, "es posible que en un futuro las construcciones sean autorizables" y el terreno está clasificado como rural pero "no especialmente protegido".
"La zona en la que está la construcción constituye una zona residencial de facto" y "es un hecho notorio que tanto la política administrativa como la jurisprudencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo son proclives a la legalización y regularización de zonas como la urbanización Las Minas", dice la Audiencia.
Los jueces recuerdan que la propia sentencia ahora rectificada recoge que la zona "cuenta con diversos viales, acometida de luz eléctrica y telefónica, así como servicio de recogida de basuras", y que más de 500 propietarios pagan al Ayuntamiento el Impuesto de Bienes Inmuebles.
El hecho de no acordar la demolición en la vía penal "no significa en absoluto que la resolución santifique la obra", dice el fallo, que recuerda que dicha medida puede ser tomada por el Ayuntamiento o la Junta como administraciones con competencias en materia de urbanismo.
La sentencia de la Audiencia recoge que el propio Ayuntamiento de Castilblanco "toleró la construcción de decenas de viviendas contrarias a las normas urbanísticas en el mismo paraje", hechos por los que el ex alcalde Manuel Ruiz Lucas (Nueva Izquierda) ha sido imputado por la Fiscalía de Medio Ambiente y se encuentra pendiente de juicio.
Por otra parte, la Audiencia rechaza el argumento de los acusados de que desconocían la ilegalidad de su comportamiento, y dice que en un mundo tan intercomunicado como el actual "es difícil acreditar el desconocimiento de la antijuridicidad de un hecho de esa naturaleza".
* El Correo de Andalucía - 21.08.10
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización Las Minas - elcorreoweb.es
Castilblanco.- La Audiencia deja en pie un chalé de Las Minas ante su 'previsible' legalización
Huelva.- La conexión Matalascañas-Sanlúcar por Doñana choca con los ecologistas
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DIARIODESEVILLA* : Era uno de los proyectos estrella del Ayuntamiento de Almonte para explotar su privilegiado entorno natural de Doñana y comunicar Matalascañas con el municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda a través del litoral. Y aunque la Corporación alumbró la iniciativa con importantes guiños a los ecologistas y buscando poner en primer plano los beneficios medioambientales, lo cierto es que, lejos de entusiasmarles, ha servido para abrir la caja de Pandora, dando pie a un cruce de acusaciones que ha acabado con unas relaciones prácticamente rotas.
La iniciativa municipal proponía cubrir los 34 kilómetros que separan ambos núcleos urbanos a través del litoral y haciendo uso de un transporte público en vehículos todoterreno de características similares a los que realizan las visitas al parque, alcanzando la Punta de Malandar para, posteriormente, cruzar en barcaza el Guadalquivir hasta Sanlúcar. El trayecto se realizaría a una velocidad nunca superior a los 50 kilómetros por hora, por lo que se estimaba que la distancia se cubriría entre 40 ó 75 minutos, dependiendo de las condiciones meteorológicas y del terreno.
De momento no es el único problema que ha de sortear el proyecto. La implantación del transporte regular a través del litoral está explícitamente prohibida en la Ley de Costas e incluso va en contra de las propias normativas del parque nacional de Doñana. Aun así, parece más fácil doblegar la voluntad de la Administración central o que los responsables del parque bendigan la iniciativa a que lo hagan los ecologistas. Aunque en un primer momento fue sólo WWF quien se postuló en contra de la propuesta almonteña, Ecologistas en Acción se ha sumado a las críticas a un transporte que consideran "inviable y agresivo".
WWF califica la propuesta de "innecesaria" al entender que corrompe los objetivos de conservación de este importante ecosistema. La organización ecologista ha comenzado a hacer campaña para que la Consejería de Medio Ambiente, junto con la Estación Biológica de Doñana, establezca condiciones inviolables para minimizar los tránsitos de vehículos por la playa. En juego, mantienen, está el que los 32 kilómetros de costa virgen de la playa del parque nacional continúen siendo "el último vestigio que se mantiene impertérrito en el Sur de Europa de un ecosistema totalmente indemne al urbanismo desmedido y las actividades humanas sin control".
Para la entidad ecologista, las medidas deberían de ir orientadas a lograr un "mayor grado de protección, investigación y de ordenación", no con una "mayor presión". Asimismo, denuncia que un número importante e indeterminado de vehículos al día atraviesan la zona como la cooperativa Marismas del Rocío, los mariscadores y los de vigilancia.
La réplica no se ha hecho esperar y el portavoz socialista del Consistorio almonteño, José Villa, ha arremetido contra los ecologistas a los que acusa de no presentar propuestas alternativas por parte de "aquellos que se consideran sabios sobre este tema".
El énfasis que ha puesto el Ayuntamiento en esta propuesta tiene su razón de ser en la posibilidad de atraer turistas que desembarquen en el aeropuerto de Jerez. Históricamente, el sector hotelero en Matalascañas se ha quejado del hecho de que las comunicaciones lastrasen la llegada de turistas, principalmente por las tarifas tan altas que fija el aeropuerto de Sevilla, lo que deriva en que el turismo extranjero sea casi testimonial. Entretanto, tratar que los interesados en conocer Matalascañas aterricen en la portuguesa Faro (con mucho menor coste) es una utopía, ya que se requieren cuatro horas de desplazamiento.
Con estos precedentes, la alternativa más viable es que los turistas utilizasen el de Jerez y, posteriormente, se trasladasen mediante este transporte que se vendería por los touroperadores como un paseo único a través de playas vírgenes flanqueadas por el pulmón de Europa: Doñana. Precisamente el alcalde, Francisco Bella, ha defendido en innumerables ocasiones que "serían pocos los que se resistirían a disfrutar de un viaje único en el mundo".
La medida supo sumar incluso el apoyo de los populares almonteños, si bien matizaron que la iniciativa tendría que estar circunscrita al ámbito turístico y no podía llevar implícito renunciar a la vieja aspiración de conectar Huelva y Cádiz por el trazado norte como se proponía en el primer Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana y cuyo proyecto finalmente ha quedado en el cajón del olvido, y que sería para el PP la que verdaderamente tendría tremendos beneficios económicos y de desarrollo para la zona.
* Diario de Sevilla - 22.08.10
Foto: Vehículos todoterreno que circulan por Doñana y que el Ayuntamiento quiere habilitar como transporte público para la conexión con Sanlúcar.- diariodesevilla.es
Mogán.- Anfi Tauro renace tras 20 años de litigios
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LAPROVINCIA/GranCanaria* : Más de 20 años de litigios, reformulaciones normativas, varias moratorias y el origen de tormentas jurídico-políticas. Ahora, dos sentencias del Tribunal Supremo acaban con un truculento proceso al dar luz verde al proyecto turístico de Anfi Tauro, que contempla la construcción de 7.500 camas, al que seguirán dos playas artificiales y un atraque para barcos. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido restablecer la plena legalidad del planeamiento urbanístico de Anfi Tauro y despeja el horizonte inversor en una zona que en noviembre de 1987 comenzó a promover el empresario Santiago Santana Cazorla.
"Ya no nos va a parar nada y ahora sólo queda trabajar duro para construir el sueño y convertir este punto de Gran Canaria en un referente turístico de primer orden". Cazorla, que no oculta su satisfacción por el dictamen judicial, sí lamenta que "invertir se ha convertido en un verdadero martirio, cuando lo único que pretendemos es generar riqueza, atraer turismo y crear empleos".
Además, este empresario grancanario señala cómo en 1997 los promotores suscribieron un convenio con el Ayuntamiento de Mogán, el Cabildo grancanario y el Gobierno de Canarias para estudiar la explotación turística de las zonas de costa de Mogán, acudiendo al modelo de resort único, con puerto deportivo para 500 atraques, campo de golf de 18 hoyos y una clínica especializada en enfermedades respiratorias. "Han sido años en los que nos hemos golpeado una y otra vez con la rémora de la burocracia, que es la culpable del estrangulamiento económico que sufre Canarias", reflexiona.
Un paso más en esta tramitación tuvo lugar en 1999, con la revisión del Plan Parcial Tauro, que delimitaba dos áreas o polígonos de actuación. El primero, en función del campo de golf, de cerca de un millón de metros cuadrados a desarrollar en ocho años y el segundo, en función del parque litoral y el puerto deportivo, de 130.0000 metros cuadrados y una previsión de cuatro años. Del polígono I se ha llegado a ejecutar un campo de golf de 18 hoyos, así como varias villas y el hotel Emerald. "Éstas son las primeras semillas de un árbol que impulsará el desarrollo de la zona y que será uno de los resorts turísticos más importantes de Europa", continúa el empresario, que prevé invertir hasta 400 millones de euros.
* La Provincia - 22.08.10
Foto: Una imagen virtual del valle de Tauro, que incluirá 13 hoteles.- LA PROVINCIA / DLP
Rafael Fernández (TS) aboga por que planificación urbanística e hidrológica vayan "de la mano"
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20MINUTOS* : El magistrado del Tribunal Supremo y ex_vocal del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Fernández Valverde, ha aseverado que "la planificación urbanística y la hidrológica deben ir de la mano para garantizar un desarrollo sostenible". Así lo ha dicho en la conferencia 'El régimen de las concesiones de aguas; en particular, la suficiencia hídrica como requisito para el desarrollo de actuaciones de urbanización', con la que ha clausurado los cursos de verano de la Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir", que se han desarrollado durante todo el mes de agosto en el Seminario Diocesano de monte Corbán de Santander.
Fernández Valverde ha recalcado que actualmente vivimos un "momento histórico" del desarrollo urbanístico, que se caracteriza por el cambio hacia un urbanismo sostenible.
De ahí que la planificación hidrológica y la relacionada con el planeamiento urbano "deban ir de la mano para garantizar un desarrollo sostenible, porque hasta ahora urbanismo y Medio Ambiente han campado por sus respetos".
El magistrado del TS ha subrayado que el gran reto consiste en resolver los conflictos que suscita la coordinación de ambos intereses, en cuanto que las administraciones con competencias urbanísticas son municipales y autonómicas, mientras que la titularidad de los recursos naturales recae en el Estado.
En este punto, ha especificado que "el diseño de la ciudad no puede ser aislado, sino que depende de un planeamiento global, de manera que principio de autonomía municipal debería integrarse en una legislación más amplia, como la relativa a la regulación del Derecho de Aguas, que es el que hoy nos ocupa".
"Hay que coordinar los intereses de cada municipio con el interés general y, necesariamente, deben convivir", ha apostillado Fernández Valverde.
Fernández Valverde ha apuntado la necesidad de que las confederaciones hidrográficas -que son los organismos responsables de emitir los informes de suficiencia hídrica- profundicen en materia jurídica, "puesto que hasta ahora han funcionado con técnicos muy buenos, especialmente ingenieros, pero muchos expedientes administrativos no han contado con un asesoramiento jurídico suficiente", aunque esta tendencia ha empezado a cambiar en los últimos tiempos, ha admitido el magistrado del Supremo.
"Es evidente que no existe agua para todo el planeamiento", ha colegido el magistrado del TS, quien ha reconocido también que el principio de solidaridad nacional debe estar por encima de la gestión de las diferentes comunidades autónomas, porque "el agua se ha enquistado demasiado políticamente al situarla en un ámbito estrictamente autonómico".
* 20 Minutos - E.P. - 20.08.10
Foto: Almazora (Castellón), construcciones ilegales desembocadura del Millars - gecen.net
Brunete.- El PGOU, parado porque los dueños del suelo "no quieren invertir" y falta aprobar el plan de infraestructuras
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QUÉ/Madrid* : El alcalde de Brunete, Félix Gavilanes, ha asegurado que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está "parado" debido a que los propietarios del suelo "no quieren invertir" y a que el Plan de Infraestructuras, previo a la puesta en marcha del PGOU, está "pendiente de aprobar". "Estamos parados porque nadie quiere tirar para adelante. Los mismos propietarios del suelo ahora no quieren invertir. El plan de infraestructuras marca al Plan General porque es previo al inicio de la construcción. En momentos buenos este plan hubiera tirado hacia adelante.
Una vez que lo haga el Ayuntamiento, la Comunidad tendrá que decir al respecto", ha puntualizado en una entrevista concedida a Europa Press.
El primer edil ha recordado que el PGOU, un proyecto "ambicioso y muy estudiado", está aprobado por la Comunidad de Madrid pero que "ahora" hay que "desarrollar" el documento para "empezar a trabajar".
"Como alcalde, mi primer objetivo fue sacar adelante el Plan de Urbanismo porque Brunete no tenía. Quisimos hacer un plan ambicioso y muy estudiado. De una sola tacada, quisimos hacer un plan pensando en el Brunete del futuro, ordenar todo el suelo, lo que se va a quedar protegido, lo que va a ser urbanizable. Fue tanto tiempo en el que se tardó en sacar adelante el Plan que Brunete no podía dar licencias. Cuando ha llegado la crisis es cuando ya hemos tenido PGOU", ha aseverado.
Con todo ello, ha explicado que en el nuevo Plan se reserva suelo terciario para la creación de industrial limpia, zonas comerciales y de ocio. "Se ha creado suelo para cubrir todas las necesidades y puestos de trabajo", ha puntualizado.
En cuanto a la construcción de viviendas, el primer edil ha precisado que el 50 por ciento de las mismas tendrá "algún tipo de protección".
"El Plan tiene todos los vistos buenos y queda pendiente de aprobar el Plan de Infraestructuras. Sin embargo, aún no se puede empezar a construir viviendas", ha indicado el alcalde, quien ha mantenido que "el Ayuntamiento y los propietarios del suelo tienen que apostar para que el Plan tire hacia adelante".
* Qué - E.P. - 21.08.10
Foto: Brunete (Madrid) - brunete.org
La destrucción de las playas españolas
MIGUEL A. LOSADA* : Más del 50% de las playas y el 70% de las dunas en la costa española están degradadas o profundamente alteradas; el 60% de los humedales que había en 1950 ha desaparecido; más del 60% del entorno inmediato de las playas de las costas mediterránea, atlántica sur y de los archipiélagos está urbanizado. Con los ritmos de ocupación seguidos en los últimos 60 años, incluidos los tres periodos de recesión económica habidos, hacia el año 2030 la totalidad de la costa española estará tocada por actividades humanas. La costa es la franja marítimo-terrestre donde la corteza pasa de estar permanentemente sumergida a ser tierra firme; un paisaje complejo de múltiples colores y texturas; un organismo vivo en permanente proceso de remodelación y embellecimiento por la acción de las fuerzas de la naturaleza; el destino final de las olas y de los maremotos; una esponja que amortigua y controla sus acciones; el principio de los encuentros del hombre con el mar.
El Reino de España tiene algo menos de 10.000 kilómetros de costa; calas, rasas y acantilados, ramblas y deltas, estuarios, rías y marismas, flechas, cordones y lagunas litorales, playas de arena y guijarros, dunas..., son algunas de las formas naturales que albergan ecosistemas esenciales para la diversidad biológica, que se podían encontrar a lo largo y ancho de la costa española y que formaban parte de su patrimonio paisajístico único, finito, frágil y sensible.
Posiblemente, fueron las cualidades excepcionales de la costa y la tradición jurídica las que motivaron que la Constitución Española, Artículo 132.2, proclamara como bienes de dominio público la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, y ordenara su regulación por Ley. La Ley de Costas, Ley 22/1988, reconoce el carácter público de la costa y define la parte terrestre de estos bienes y los integra en un concepto territorial, la ribera del mar, utilizado en el Código de las Siete Partidas por el rey Alfonso X el Sabio; además, acota, regula y administra su uso y ocupación temporal. Ella y la normativa adicional de las Comunisdades Autónomas son los instrumentos jurídicos indispensables para que el patrimonio colectivo, especialmente valioso como espacio natural de libertad, sea preservado para el uso y disfrute de los ciudadanos. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios son responsables de que así sea.
El deslinde es el procedimiento que establece la Ley de Costas para delimitar el dominio público marítimo-terrestre (DMPT). Cualquier uso no común, que por su naturaleza no pueda realizarse sino en la ribera del mar, requiere de un título administrativo, concesión, reserva o adscripción. Desde el deslinde, la ley proyecta su incidencia hacia el interior del territorio, en bandas paralelas a la línea de costa, estableciendo servidumbres de acceso y tránsito y protección (limitación) frente a la urbanización, imprescindibles para garantizar la integridad física y el uso común del DMPT.
Sin embargo, una parte de la costa española está en manos privadas, urbanizada, alterada profundamente o destruida. Ya en 1988, en la exposición de motivos de la Ley de Costas, se decía: "Este doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que amenaza extenderse a toda su longitud, exige de modo apremiante una solución clara e inequívoca, (...) con una perspectiva de futuro, tenga como objetivos (...) la protección y conservación de sus valores y virtualidades naturales y culturales...".
La realidad es que la Ley de Costas no ha podido frenar los motivos por los que fue promulgada. Desde hace una década, los informes anuales Destrucción a toda costa de Greenpeace son referencia crítica de la creación de la burbuja inmobiliaria y de las connivencias de las distintas administraciones públicas con lo que ocurre en las costas españolas.
A principios de la década de los sesenta del siglo pasado, se accedía a las playas al norte de Oropesa (Castellón) hasta Alcossebre por caminos rurales, entre campos de olivos y naranjos. Formaban parte de la denominación turística de costa de Azahar. Los desarrollos urbanos de Marina d'Or y Torrenostra han transformado de forma radical la costa primitiva y han encajado el Parque Natural del Prat de Cabanes. Al norte, las urbanizaciones de Alcossebre rampan por las estribaciones del Parque Natural Sierra de Irta; ¿qué les depara el futuro al Prat de Cabanes y a la Sierra de Irta?
Son Bou es una de las playas de Es Migjorn en Menorca. Sus arenas blancas, sus dunas y el humedal que a mediados del siglo pasado aún se comunicaba con el mar por varias golas son sus principales cualidades naturales. Al este reposan las excavaciones de una basílica paleocristiana, encajonadas por edificios irrespetuosos e ignorantes y levantados sobre las dunas. La reciente construcción de una carretera y un aparcamiento sobre la laguna litoral anuncia lo peor: ¿en los próximos años se urbanizarán la laguna y las dunas de Son Bou?
A principios del siglo XX, entre los cabos de la Huerta (Alicante) y Palos (Murcia) dando apoyo a la Manga, se podían disfrutar unos 100 kilómetros de costa formada, en su mayor parte, por playas barrera y lagunas litorales entre pequeños tramos acantilados. Sobre aquellas se construyeron pueblos barrera de edificios barrera. Lo que fue bello ahora es lineal, monocromático y simple, sin valor ambiental; todos ellos están amenazados por la subida del nivel del mar asociada al calentamiento global. Se pronostica que, en este siglo, el mar ascenderá entre medio metro y un metro. ¿Se protegen o se desmantelan estos desarrollos urbanos? ¿Quién paga?
La construcción de un hotel mastodóntico sobre el acantilado de la playa del Algarrobico, posiblemente para delimitar (colonizar) un tramo de costa "urbanizable" en las cercanías de Carboneras, ha disparado todas las alarmas. Ocupa terrenos del Parque Natural del Cabo de Gata, que alberga un entorno privilegiado donde todavía es posible el diálogo libre del hombre y la costa. Otros desarrollos penden sobre este parque natural: el crecimiento brutal de San José acosando la playa de los Genoveses y las propuestas urbanizadoras de las Salinas y la Fabriquilla. ¿Son compatibles estas ocupaciones con la Constitución y la Ley de Costas?
Son solo algunos ejemplos. Si las evidencias naturales, las consecuencias y las leyes son tan contundentes, ¿por qué se sigue destruyendo el patrimonio colectivo e ignorando lo que dicen la ciencia y el conocimiento? Si en las últimas elecciones generales todos los partidos llevaron en su zurrón de promesas la sostenibilidad de la costa, ¿por qué allá donde gobiernan porfían con el desarrollo urbanístico a toda costa? ¿Dónde quedó la política del anterior Gobierno, conflictiva, sí, pero a favor de la sostenibilidad de la costa, de los derechos de más de 45 millones de ciudadanos y de un legado ejemplar, justo y solidario, y acorde con el valor ambiental de la costa española?
Desde hace más de 60 años, con breves y notorias excepciones, la costa española se gestiona, principalmente, como un espacio económico donde las todopoderosas industrias de la construcción y del turismo marcan las pautas de uso y explotación, y los municipios costeros encuentran la vía de construir y mejorar sus infraestructuras y financiar sus gastos corrientes. Cuando hay desastres naturales, todos ellos son los primeros en demandar la reconstrucción y las subvenciones pertinentes. Entonces, los partidos políticos callan ante la sinrazón y otorgan. Si las leyes no son las adecuadas, se deben cambiar, pero, entretanto, se deben cumplir con tolerancia cero.
El futuro es desesperanzador, pues la experiencia pasada y la realidad cotidiana nos muestran que, en el Reino de España, no se consigue manejar con inteligencia el binomio desarrollo socioeconómico y proceso evolutivo natural de la costa. La ambición personal de unos pocos y la complicidad de otros están provocando la pérdida irreparable de nuestro patrimonio y dejan un legado insostenible para las siguientes generaciones.
* Miguel A. Losada es director del Centro Andaluz del Medio Ambiente y catedrático de la Universidad de Granada.
* El País - Opinión - 20.08.10
