PÚBLICO* : Castilla y León ha pasado a engrosar la nómina de gobiernos autonómicos del PP que supuestamente beneficiaron a la trama corrupta de Francisco Correa. Hasta ayer, en esa lista sólo figuraban Madrid y Valencia. Ahora, en un demoledor relato, el juez Baltasar Garzón expone en su último auto cómo la Consejería de Fomento de Castilla y León habría efectuado, a finales de 2002, la "adjudicación amañada" de una carretera la variante de Olleros de Alba de forma que acabase en manos de Teconsa, empresa de cuyos órganos de administración forma parte el imputado Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol.
Teconsa se alzó con el encargo público por 2,8 millones de euros a cambio de pagar un soborno de 73.650 euros. Por primera vez, aparecen comisiones ilegales cuantificadas mediante la aplicación de un porcentaje el 3% sobre el precio de la adjudicación sin IVA.
El auto sostiene que ese 3% fue "una parte" de lo que Teconsa abonó a Correa para su posterior distribución entre las personas que, "al parecer, hicieron posible la adjudicación". El tesorero del PP, Luis Bárcenas, aparece de nuevo aquí como uno de los beneficiarios directos del soborno.
Un fax acusador
Traducida a euros y a millones de pesetas, esa cifra del 3% figura "manuscrita" en un "fax de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León", cuya televisión autonómica está bajo control del también imputado José Luis Ulibarri. Como adelantó Público, en el municipio leonés de Ponferrada, Ulibarri obtuvo del PP permiso para construir 2.000 viviendas fuera de la ley.
Incautado en el domicilio de José Luis Izquierdo, considerado el contable de la trama, el fax lleva fecha de recepción del 5 de diciembre de 2002. Su contenido da cuenta de la adjudicación definitiva, y su importe exacto, de la variante de Olleros de Alba a la Magdalena. La misiva llegó a su destino un mes antes de que la citada Consejería emitiera, el 10 de enero de 2003, la resolución oficial por la que se adjudicaba la obra de manera definitiva.
Participación activa
En esta adjudicación amañada, razona Garzón, "hubo una participación activa de la organización de Francisco Correa, así como de algún político que pudo influir en la decisión por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León de adjudicar la obra a Teconsa".
En total, esa operación generó presuntos pagos ilegales por 120.100 euros. De ellos, 24.000 como mínimo fueron a un tal T.O., cuya identidad es un misterio. Otras dos nuevas iniciales irrumpen en la vertiente castellano-leonesa de la trama: G., que percibió 16.400 euros, y J., que se embolsó 18.600. El auto concluye que Bárcenas cobró lo mismo: 18.600 euros.
No fue Teconsa la única empresa que pagó comisiones. De nuevo, como hizo en su auto del 5 de marzo, Garzón señala a Constructora Hispánica entre las empresas que practicaban el cohecho a cambio de lograr un trato ventajoso de las administraciones públicas del PP. Y, con la recurrencia que pone de manifiesto el auto, Bárcenas fue uno de los que, supuestamente, cobró a cambio de sus gestiones. Garzón narra cómo en la denominada cuenta "Caja X PC [iniciales de Francisco Correa] Caja Madrid" figura un apunte contable del 23 de diciembre de 2003 con una cantidad de 600.000 euros. ¿Su procedencia? "Visita Alfonso García Pozuelo", o sea,el presidente de Constructora Hispánica.
* Público - ALICIA GUTIÉRREZ - MADRID - 30/03/2009
Foto: Parlamento autonómico - wikipedia.org
Castilla y León también benefició a la trama
Resolución del Parlamento Europeo sobre los abusos urbanísticos
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Parlamento Europeo acaba de dar un severo tirón de orejas al modelo urbanístico español. Ecologistas en Acción lleva años denunciando el crecimiento urbanístico de los últimos tiempos, denunciando que este ha sido un proceso especulativo de esferas empresariales y políticas que ha supuesto un encarecimiento artificial de la vivienda y la pérdida de zonas de alto valor medio ambiental.
El informe del Parlamento europeo viene a dar la razón a las tesis defendidas por Ecologistas en Acción y las diversas plataformas ciudadanas en que participa, al considerar insostenible un modelo que genera indiscutibles impactos ambientales, aumentando las presiones sobre recursos como el agua, generando fragmentación de los espacios naturales, provocando nuevos focos de vertidos y contaminación, contribuyendo a la desertificación por sellado de suelos, etc.
De los 4 millones de nuevas edificaciones construidos en Europa en los últimos 10 años, la mitad se construyeran en suelo Español. En la UE con un incremento de la población de la población del 3,5%, el crecimiento de la superficie urbanizada ha sido del 13,8%, en el Estado Español, con un crecimiento de la población del 4,3%, el aumento de la superficie urbanizada ha llegado hasta el 25,4%, casi del doble del crecimiento europeo. Nunca en la historia europea se ha realizado un uso tan extremo y devastador del territorio. El constante auge inmobiliario español ha favorecido que el urbanismo pierda su finalidad social, subordinada al interés general, para convertirse en un negocio. Ha dejado de ser una herramienta de regulación del uso del suelo de acuerdo a las necesidades colectivas, para convertirse en la clave de la financiación municipal, en unos casos, y del enriquecimiento rápido e ilícito en otros.
Además este modelo va de la mano de la construcción de nuevas infraestructuras de transporte que serán necesarias para acceder a estos nuevos desarrollos, que no hacen sino abundar en un modelo de movilidad también insostenible, siendo ya nuestro país el estado de la UE con un mayor número de kilómetros de autovía por habitante.
Ecologistas en Acción critica la posición de la mayoría de los europarlamentarios españoles, que han dado la espalda con su actitud al medio ambiente y los ciudadanos. Este tirón de orejas debería servir a las administraciones españolas para replantearse cual debe ser el camino hacia la sostenibilidad. Hasta ahora, las recetas del gobierno y los ayuntamientos han sido, sin embargo, ayudas públicas para más ladrillo, reforma de la Ley de Costas para legalizar las edificaciones ilegales, flexibilización de las evaluaciones de impacto ambiental, etc. Ecologistas en Acción exige un cambio radical en estas políticas.
* Área de Urbanismo de Ecologistas en Acción
Sanlúcar de Guadiana: El alcalde y su antecesor, citados como imputados por un caso urbanístico
HUELVAINFORMACIÓN* : El alcalde Sanlúcar de Guadiana, José Manuel Ponce, y el teniente de alcalde de Urbanismo y ex regidor, Cándido Saldaña, están hoy citados a declarar en calidad de imputados ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ayamonte por la construcción de tres edificaciones a los pies del río, que podría ir en contra de la normativa urbanística.
La autoridad judicial, que inicialmente advirtió que los hechos podían ser constitutivos de una infracción penal, archivó las diligencias en octubre de 2008 pero la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, ante la que recurrieron los denunciantes -con la adhesión de la Fiscalía-, revocó dicha resolución y declaró la nulidad parcial de la misma, devolviendo la causa al juzgado, que ahora los ha llamado a declarar.
La denuncia inicial, presentada por una familia del municipio, apuntaba a un delito consumado contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación funcionaria urbanística y señala como presuntos responsables a José Manuel Ponce y a Cándido Saldaña, que fue el que en su día otorgó la licencia.
Los propietarios de la vivienda recurrieron a la Justicia después de varios intentos fallidos de que el Ayuntamiento revisara el expediente de las nuevas construcciones y tomara medidas.
En una de las reuniones con el ex alcalde y el arquitecto municipal, el responsable municipal garantizó a los denunciantes que las edificaciones que se estaban levantando no afectarían en nada a su casa ya que en modo alguno rebasarían las dos plantas de altura.
Sin embargo, las obras continuaron y en agosto de 2008 la familia regresó de nuevo al Consistorio, obteniendo únicamente -afirman los propietarios- "evasivas y explicaciones poco técnicas".
La familia propietaria de la casa presentó un escrito en el Ayuntamiento solicitando la paralización de las obras y, poco después, el actual alcalde volvía a darle evasivas, emplazando a la familia y a su representación legal a una reunión "para llegar a un acuerdo".
Aunque el encuentro entre las partes llegó a producirse, en la denuncia de los propietarios se señala que cuando la familia afectada llegó a la reunión, los responsables municipales se encontraban ya reunidos con los representantes de la promotora que estaba construyendo las nuevas edificaciones y que tanto el Ayuntamiento como la promotora esgrimieron los mismos argumentos para avalar la legalidad de la construcción.
Ponce y Saldaña volvieron a poner sobre la mesa, indica el texto, que lo mejor era llegar a un acuerdo con la empresa ya que, en caso contrario, "la construcción seguirá y será cuando tenga que dar el final de obras cuando se decida si la edificación tiene irregularidades o no", propuesta a la que la familia se negó.
Los propietarios consideran que se infringe la normativa vigentes en materia urbanística y la Fiscalía remitió el caso al juzgado, que ha retomado la causa de nuevo.
* Huelva Información - M. Rosa Font / HUELVA - 1.04.09
Foto: Vista de la localidad de Sanlúcar de Guadiana. - huelvainformacion.es
Aprueban la 'Operación Campamento' con 'bronca' contra los planes de Alcorcón
20MINUTOS/Madrid* : El Plan Parcial de Campamento y el convenio urbanístico entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento salieron adelante en el Pleno presidido por el vicealcalde, Manuel Cobo, con el voto favorable de todos los grupos municipales, pero con bronca contra Alcorcón.
La aprobación del plan se ha producido junto con el anuncio de que el municipio madrileño ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la aprobación del desarrollo urbanístico Distrito Norte de Alcorcón, pues considera que los 90.000 futuros vecinos de ese barrio colapsarán la carretera de Extremadura a su paso por la capital.
Alcorcón pide que, en la segunda fase de la Operación Campamento, la Comunidad de Madrid prolongue la M-45 hacia la A-5 por suelo de la capital. El Ayuntamiento de Madrid estima que eso es "inviable" y supondrá "graves afecciones medioambientales" en los términos municipales de la capital y de Pozuelo.
Sin Plan de Movilidad
La delegada madrileña de Urbanismo, Pilar Martínez, ha informado de que el recurso fue presentado por el Ayuntamiento el pasado 27 de febrero, a la vista de que Alcorcón no presentó ningún Plan de Movilidad ni al aprobarse el proyecto ni al recibir el visto bueno por la Comunidad.
El Ayuntamiento de la capital teme que el peso de las 28.000 nuevas viviendas de Alcorcón recaiga en la A-5 y que la colapse.
"No voy a tolerarlo"
El alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, ha contestado que "no va a tolerar" que el Ayuntamiento de Madrid "ponga en peligro la política de vivienda y de empleo" del nuevo desarrollo urbanístico del Distrito Norte.
Ese desarrollo tiene 12 millones de metros cuadrados, casi la misma superficie urbanizada que posee en la actualidad, y se levantarán 18.000 viviendas públicas y 10.000 libres.
favorables".
Según Cascallana, es "falso" que Distrito Norte carezca de Plan de Movilidad y explicó que contará con conexiones a la M-40, M-50, M-45, M-511, M-501 y A-5, con un carril de autobuses, tranvía y comunicaciones con Cercanías y Metro.
"Oportunidad perdida"
Por su parte, la Asociación de Vecinos de Campamento consideró que Operación Campamento es una "oportunidad perdida de hacer un urbanismo diferente", que no respeta el espíritu con el que se ideó hace 15 años de una "macro intervención pública de difusión de la centralidad hacia el sur".
Las 10.700 viviendas de la primera fase, sumadas a las más de 11.000 de la segunda y añadidas las 28.000 de Alcorcón "convertirá a la zona en una de las más densamente pobladas de todo el país con una preocupante falta de dotaciones sociales", lamenta el presidente de la Asociación, Antonio Abueitah.
"El punto de partida era un concepto de ciudad que buscaba mejorar el equilibrio entre el centro y el sur, pero la realidad es que con el tiempo ese objetivo inicial ha sido olvidado para convertirse en una operación urbanística como tantas otras que se han desarrollado en la ciudad de Madrid en los últimos años, donde lo importante es construir el mayor número de viviendas posible", señala la Asociación de Vecinos de Aluche.
* 20 Minutos - AGENCIAS. 31.03.2009
Foto: Campamento - madridiario.es
Un documento contra la presión urbanística
ELPAÍS* : La Carta del riu Girona, firmada por científicos y asociaciones vecinales, vincula por primera vez las inundaciones con la presión urbanística y advierte de que las administraciones carecen de recursos para prevenirlas. Cuando en octubre de 2007 el desbordamiento del río Girona provocó las inundaciones que causaron la muerte de una persona y asolaron numerosas poblaciones de la Marina Alta, tanto la Generalitat como los ayuntamientos afectados aludieron a dos motivos para explicar los dramáticos efectos de la catástrofe: torrenciales lluvias de más de 200 litros/m2 que no volverían a repetirse durante décadas y un cauce sucio, repleto de cañas y obturado por los puentes.
Más de un año después, el análisis ha cambiado de forma radical: fueron la presión urbanística y los cambios producidos por el cambio climático los que agravaron las consecuencias de aquellas precipitaciones y demostraron que en la actualidad las administraciones carecen de los recursos necesarios para contrarrestarlas.
Así lo recoge la Carta del riu Girona, un documento histórico: porque es la primera vez que vecinos y colectivos científicos se unen para firmarla -es de esperar que también lo hagan las instituciones- y porque vincula este tipo de catástrofes a la "alteración de los ecosistemas, la reducción de la biodiversidad y las transformaciones del territorio, originadas por el cambio del paisaje y de los usos tradicionales del suelo, y de la atmósfera, debido al cambio climático". El documento advierte de que ambos elementos combinados "constituyen un riesgo para la población" que seguirá aumentado en el futuro, pese a que en la última década en España han muerto por culpa de las inundaciones unas 250 personas.
La carta hace así más caso a los científicos que a los responsables políticos. Hace caso, por ejemplo, al catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante Jorge Olcina, que durante la celebración de la jornada técnica previa a su redacción ya esgrimió unas fotos áreas sobre la evolución de la geografía del Girona entre 1956 y 2000 que demostraban como en los últimos años han aumentado las urbanizaciones junto al río tanto en su interior: Beniarbeig, Ondara y El Verger; como en el litoral: Dénia y Els Poblets.
En cambio, insta a las administraciones a encontrar nuevos elementos para prever riadas en una zona como la provincia de Alicante considerada por la Red de Observatorios de la Planificación Espacial Europea (ESPON) de "elevado riesgo de inundaciones desde 2006". En este sentido, alude a una directiva de la Unión Europea promulgada sólo 11 días después de la catástrofe del Girona que obliga a delimitar los mapas de peligrosidad de cada unidad hidrográfica en función de su urbanización y de su concentración demográfica. Estos conceptos superan al actual Plan de Inundaciones de la Generalitat que se limitaba a establecer aquellas zonas más proclives a las riadas sólo por sus características naturales.
En sus conclusiones, la carta, que ya contó con el apoyo verbal del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, y que será también presentada a la Generalitat y a los consistorios, pide que se fomente la investigación sobre las consecuencias e implicaciones sociales del cambio climático y de la transformación del territorio, solicita mecanismos de vigilancia para que se cumpla la legislación vigente e insta a incrementar la coordinación para evitar víctimas personales y pérdidas de bienes materiales.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 30/03/2009
