SEBASTIÁN ÁLVARO* : Ha sido nuestro mejor regalo de estas fiestas aunque haya pasado un tanto inadvertido. Quizá lo hayan visto en algún telediario. Las palabras del abogado trataban de explicar de una manera profesional el porqué de su desacuerdo con la sentencia recibida por su cliente. Pero su cara resultaba mucho más expresiva. Era el vivo retrato del estupor ante algo que jamás había ocurrido en este país: que un delito contra la ordenación del territorio se penase con la cárcel.
Quien ha recibido tal condena es Eugenio Hidalgo, ex alcalde de la ciudad mallorquina de Andratx. El Tribunal Supremo ha desestimado la apelación que Hidalgo, y su abogado, habían presentado, confirmando los cuatro años de cárcel que le había impuesto la Audiencia Provincial de Mallorca en mayo de 2008 por un delito contra la ordenación del territorio y prevaricación. Y es que el edil se construyó un coqueto chalet en una zona de interés paisajístico valiéndose de una licencia para la ampliación de una nave agrícola.
Por este mismo delito, el Supremo también ha condenado a tres años y tres meses de cárcel al ex consejero balear de Ordenación del Territorio Jaume Massot (lo que demuestra lo que tantas veces hemos denunciado en estas mismas páginas: en algunos lugares se ha colocado a la zorra a cuidar de las gallinas). Es una sentencia que marca un hito en la protección del paisaje, es decir de algo que, no por menos valorado, forma parte del gran patrimonio de todos. Vale la pena transcribir una parte de la sentencia del Tribunal Supremo: "...la desastrosa situación a que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística, justifica que, ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al Derecho Penal". Estamos en fechas propicias para mirar hacia adelante y una sentencia como ésta sin duda ayuda a ser optimistas. Es una forma de reconocer que hemos adquirido, por fin, cierto grado de civilización y de inteligencia. Es lo que deseo para este 2010 pues hay días que, leyendo la prensa, no lo parece. De civilización, porque los paisajes forman parte de nuestro entorno natural, y ya sabemos que degradándolo se degrada nuestra propia vida.
Pero cuando contaminamos los ríos y los mares y destruimos una montaña y todo su entorno para construir un aparcamiento, o un valle para ampliar simplemente una estación de esquí, también nos estamos comportando como unos analfabetos, porque en Europa, el respeto al paisaje, a la naturaleza, forma parte del acervo en el que se sustenta nuestra cultura y nuestra vida. Y supone un grado de inteligencia social, porque hay que saber mirar lo que nos rodea, para alcanzar la esencia y la importancia que poseen las cosas por sí mismas.
No conozco al juez Siro García, ponente de esta pionera sentencia del Tribunal Supremo, pero le estoy agradecido por habernos devuelto las esperanzas en la justicia y, sobre todo, el orgullo de pertenecer a esta sociedad. Quiero pensar que todo esto forma parte de un cambio de mentalidad, real y profundo de nuestro país antes los desmanes y expolios que nosotros, todos, hemos permitido que ocurran durante décadas y que durante tanto tiempo han destrozado nuestros paisajes, desde el litoral a los últimos valles pirenaicos. Feliz año.
* Sebastián Álvaro, creador de Al Filo de lo Imposible
* AS - Opinión - 31.12.09
El paisaje es un bien de todos
Palma: Una 'tapadera' de Matas compró, reformó y vendió el palacete entero
ELMUNDO* : La Guardia Civil da un paso más en la investigación patrimonial del ex president del Govern balear. La Unidad de Policía Judicial denuncia al juez José Castro en su último informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de Baleares, que la promotora que compró, reformó y comercializó todo el edificio en el que se encuentra el piso de Jaume Matas, Nova Labritja, S.L., constituye en realidad una "sociedad instrumental" propiedad del ex líder del PP balear.
Una empresa tapadera que habría sido utilizada, siempre según explica la Guardia Civil, "para encubrir la transacción" mediante la que Matas se quedó finalmente con la planta noble del palacete de Can Sales Menor por un "precio regalado" de 950.000 euros que contrasta con la tasación elaborada por la Agencia Tributaria, que cuantifica su valor real de mercado en 2,4 millones de euros.
Es decir, que de confirmarse el argumento expuesto ahora ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Matas no sólo estaría vinculado con el inmueble de 500 metros cuadrados que se encuentra enclavado en el primer piso del edificio del número 8 de la calle San Felio de Palma.
Lo estaría con la operación mediante la que se adquirió la finca entera en la que luego él se quedó a un precio que podía justificar con sus ingresos tras vender su chalé de Cas Catalá con el mejor de los inmuebles que conforman la finca. Convirtiéndose así, siguiendo con la línea argumental del Instituto Armando, su compraventa en una operación presuntamente ficticia mediante la que se limitaba a adjudicarse un piso adquirido y reformado por él mismo con anterioridad mediante la referida "sociedad instrumental" en la que no figuraba oficialmente. La Guardia Civil ha llegado a esta conclusión, que revela que es compartida por el resto de "instructores" de la causa, tras analizar los datos que le ha facilitado Hacienda sobre la operación de adquisición del edificio, su reforma y las ventas posteriores de las viviendas que lo componen.
De hecho el ex presidente del Govern balear y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, tendrá que prestar declaración como imputado el próximo 23 de marzo de 2010 por su presunta implicación en el llamado 'caso Palma Arena'.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye al ex presidente del Gobierno balear un cohecho de, "al menos, 1.527.550 euros en especie".
Las cifras de la operación
De los datos aportados por el equipo de inspectores fiscales, el principal elemento que le lleva a señalar esta posibilidad pasa por que la promotora sólo no ganó un solo euro con la operación de compra del palacete entero y posterior venta de los 6 pisos y 2 locales que lo integran. Es más, subraya la Guardia Civil que registró pérdidas. Destaca su informe que "el resultado final de dicha operación mercantil sería un saldo negativo que ascendería aproximadamente a unos 300.673,16 euros".
* El Mundo - Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom - 2.01.10
Foto: Imagen del Palacete de la calle San Feliu | El Mundo
Santa Cruz desordenadamente expoliada
ODALYS PADRÓN* : En Santa Cruz de Tenerife hemos sufrido una serie de catástrofes naturales tales como una riada en el año 2002 o como una tormenta tropical (Delta) en el año 2005, pero jamás pensamos que nuestros gestores públicos "arrasarían" nuestro municipio con más virulencia que estas catástrofes naturales. Estábamos digiriendo el llamado "caso de Las Teresitas", que nos ha colocado en los primeros puestos en el ranking de la corrupción, donde los terrenos en torno a esa playa han sido expropiados, recalificados y vueltos a vender. A raíz de esa operación, el actual alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, ha sido en el año 2007 imputado formalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y cohecho.
El Tribunal Supremo ha anulado la compraventa de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas por ser "contraria al ordenamiento jurídico" y a fecha de hoy la sentencia sigue sin cumplirse por "maniobras dilatorias" emprendidas tanto por los vendedores como por el ayuntamiento. La Intervención General de la Administración del Estado, en un informe, ha calificado esta operación como "pelotazo de libro".
No contentos con estas y otras operaciones similares, que ya constan en la Fiscalía Anticorrupción, nuestros gobernantes pretenden aprobar un Plan General que nos ha costado a los santacruceros la nada desdeñable cantidad de mil millones de pesetas (seis millones de euros) y que deja fuera de ordenación a más de 40.000 viviendas con el único fin de desplazar los aprovechamientos urbanísticos hacia las parcelas en las que algunos empresarios afortunados van a elevar, a pocos metros de las fincas dejadas fuera de ordenamiento, torres de hasta doce alturas. Curiosa coincidencia que los nombres de los empresarios afortunados sean algunos de los que figuran imputados en casos de corrupción o hayan sido o sean altos cargos políticos de los partidos que llevan treinta años gobernado en estas Islas. La concejal de Urbanismo ha mentido a los santacruceros al decir que los inmuebles considerados fuera de ordenación no suponen una carga ni merman los derechos de los propietarios. Tanto el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad como Ausbanc han confirmado que la catalogación de una vivienda como fuera de ordenación implica, en la inmensa mayoría de los casos, que ésta pierde valor. Aseguran que estar fuera de ordenación implica una afección que restringe las expectativas de revalorización de las edificaciones que en una situación normal tiene cualquier edificación. Pero es más, el propio secretario del Ayuntamiento escribió siendo jefe de los Servicios Jurídicos un capítulo en un manual para opositores a la administración pública canaria titulado "Veinte años de derecho urbanístico canario" en el que dice que "no cabe duda de que la aplicación del régimen fuera de ordenación supone importantes limitaciones del contenido de derecho de propiedad que puede facultar, incluso a la administración urbanística, para expropiar o demoler las viviendas afectadas". Esto es síntoma inequívoco de que se trata de una trama perfectamente orquestada y que al igual que en Las Teresitas el alcalde es el "colaborador necesario" para menoscabar los derechos y las ilusiones de los santacruceros expoliando sus propiedades.
Aquellos vecinos alertados por la Plataforma Ciudadana de la inminente tropelía acudimos a los dos últimos plenos para defender nuestros derechos y, con sorpresa, vimos cómo el alcalde ordenaba cerrar las puertas del ayuntamiento. Hemos sufrido la prepotencia de un alcalde que no quiere escuchar a los vecinos y amenaza con aprobar un plan cuyas nefastas consecuencias aún ni siquiera hemos podido valorar.
Ante esto, el pueblo de Santa Cruz, que siempre se ha caracterizado por ser un pueblo resignado, prueba de ello es la conformidad, tolerancia y paciencia con que ha soportado "esta democracia", ahora parece que empieza a rebelarse y ha convocado a los vecinos para defenderse del peligro que supone para ellos los actuales gobernantes en el pleno que a tal efecto se celebrará el 4 de enero, presumiblemente a las 10 horas.
* El Dia Tenerife - Opinión - 2.01.10
El Tribunal Supremo rechaza que Orihuela pague 126 millones por los errores de un plan urbanístico
INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un recurso de la mercantil Mil Palmeras SA en el cual reclamaba al Ayuntamiento de Orihuela una indemnización que ascendía a 126 millones de euros (más de 21.600 millones de pesetas) por los daños derivados de la anulación en 1992 por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana de un proyecto de delimitación de suelo urbano aprobado en 1988 en el que tenía importantes intereses.
La resolución judicial rechaza el alegato de la empresa y, entre otros argumentos, asegura que el hecho de que la ésta contara con las licencias urbanísticas, otorgadas por silencio positivo del Ayuntamiento, cuyo alcalde era Luis Fernando Cartagena, "no conlleva el hecho de que haya cumplido con las cargas urbanísticas" para, de esta forma, "poder patrimonializar su derecho". De hecho, según el fallo, la mercantil llegó a iniciar las obras en el sector "sin licencia antes del proyecto de delimitación y, por lo tanto, no se puede trasladar las consecuencias de tal forma de actuar del Ayuntamiento por el hecho de que, posteriormente, se aprobara con tales defectos formales y sustantivos que merecieron la anulación por los tribunales" en 1992.
Argumentos
La resolución judicial, dictada por la sección Tercera del Supremo, se produce después de un recurso que Mil Palmeras SA presentó en 2004 tras rechazar el TSJ sus argumentos para lograr una indemnización.
El asunto que ha dado lugar a este pleito nació con el proyecto de delimitación de suelo urbano que el Ayuntamiento de Orihuela se aprobó el 20 de junio de 1988. En ese año, la empresa pagó las tasas y, ante el silencio administrativo, consideró que las licencias estaban dadas. Cuatro años después, el TSJ anuló el mismo, entre otros motivos, porque "seis de los siete polígonos a los que se extendía la calificación de urbanos carecían de servicios urbanísticos básicos". Este argumento sirvió a "Mil Palmeras SA" para argumentar que la anulación le había supuesto multimillonarias pérdidas por lo que consideraba "un mal funcionamiento de un servicio público": el Ayuntamiento de Orihuela. Se da la circunstancia de que en 1990 el Ayuntamiento realizó una revisión del PGOU de Orihuela que tampoco incluyó estos terrenos como urbanos lo que, según la sentencia, se debió a una imposición de la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo, porque la zona, en primera línea, estaba afectada por la ley de Costas. Para llegar la recurrente a solicitar una indemnización tan elevada presentó un informe técnico a finales de los 90.
"Mil Palmeras SA" alegó que llegó a realizar actos de construcción y edificación sobre estos terrenos de su propiedad que "fueron admitidos por el Ayuntamiento de Orihuela" por lo que considera probado que "han resultado frustrados (sus derechos) como consecuencia de la alteración del planeamiento". La resolución del TS deja claro que, en cualquier caso, la mercantil sabía que "las obras de se llevaron a cabo sin licencia y con pleno conocimiento de ello" y que, aunque en la fecha en la cual el Ayuntamiento tenía que haber resuelto sobre la licencia el suelo tenía la calificación de urbano "este instrumento urbanístico no puede ser utilizado como parámetro para contastar la adecuación de la petición de la licencia a la legalidad porque el mismo fue impugnado, suspendido de ejecutividad y luego anulado".
Bloques derribados en primera línea
El caso de estos bloques es uno de los pocos en la provincia en los que una resolución administrativa en el ámbito urbanístico ha tenido un efecto real sobre el terreno, con derribos. La Generalitat impuso una multa de 2,6 millones euros a la empresa y forzó la demolición en 1994 de tres estructuras primera línea que vulneraban la ley de Costas, vigente desde 1988. En esa misma fecha, el Ayuntamiento de Orihuela aprobó instrumentos urbanísticos que avalaban el plan, pero ya no otorgó las licencias. Por ese motivo la mercantil inició la reclamación de indemnizaciones. Tanto en Orihuela y como en Pilar de la Horadada varios bloques se salvaron de la piqueta porque ya estaban registrados y habitados. En Pilar las estructuras sin terminar se derribaron en junio 2008.
* Información - M.A / D.P. - 2.01.10
Foto: Imagen de uno de los bloques derribados en primera línea de costa en 2008, correspondiente al plan de Mil Palmeras pero en término de Pilar de la Horadada - LOINO, diarioinformacion.com
