A.Serrano/Telecinco* : "El pasado 30 de Junio entró en vigor la nueva ley del suelo propuesta por el gobierno de Zapatero, aprobada en el parlamento por todos los grupos, a excepción del Partido Popular. Entre otras cosas, esta norma pretende acabar con la especulación del suelo urbanizable, reservando el 30% del terreno edificable para la Vivienda de Protección Oficial, también incluye una reserva del 15% para los ayuntamientos. El problema de la ley comienza con las contradicciones que existen entre las propias Comunidades Autónomas, con diferentes porcentajes dedicados al VPO. Las diferencias se encuentran incluso dentro de las propias Autonomías.
La Caja de Pandora la destapó Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid, que considera inconstitucional la nueva ley del suelo, alegando que la norma se está intrometiendo en competencias exclusivas de las autonomías, por lo que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. La Comunidad de Madrid reserva el 50% del suelo urbanizable a Viviendas de Protección Oficial, un 20% más que el mínimo establecido en la novedosa ley estatal.
Esta propuesta aprobada en el Congreso, se encuentra por debajo de los porcentajes establecidos por algunas Comunidades Autónomas, como es el caso del País Vasco, que establece el 60% del suelo urbanizable, situándose a la cabeza de terreno dedicado a la vivienda social. Esto emplaza la diferencia en el doble de lo aprobado en las Cortes.
Navarra o Castilla la Mancha también se adelantaron a la propuesta del Gobierno, estableciendo en su plan estratégico de urbanismo, la reserva del 50% del suelo edificable a la Vivienda de Protección Oficial. Igualan de esta manera a la Comunidad de Madrid, que se encuentran entre los más destacados de la clase en materia de vivienda social.
Otras Autonomías como Andalucía o Murcia recogen los porcentajes mínimos establecidos por esta nueva ley, situados en el 30% del suelo, pasando el corte establecido por el Gobierno.
El caso de Valencia es paradigmático, dedica del 25% al 40% a la VPO, lo que significa que dependerá en última instancia de la decisión de cada ayuntamiento para establecer los mínimos. Esto se puede traducir en una diferencia del 15% dependiendo de la decisión tomada por los responsables de urbanismo de cada zona.
Extremadura, las Islas Canarias o Castilla León, deben adaptar sus planes estratégicos de urbanismo, a las exigencias de la nueva ley del suelo, para respetar el mínimo del 30%. Estas Comunidades se encuentran un 5% por debajo.
Descoordinación de competencias
Las diferencias entre las propias Comunidades Autónomas se hacen abismales, llegando al 40% como es el caso que existe entre el País Vasco y las Islas Canarias.
Dentro de las autonomías se hallan desfases a la hora de establecer los criterios de terreno protegido. Galicia es un buen ejemplo, mientras desde el Gobierno de la Xunta se establece el 40% en suelo social, Vigo, que todavía no ha adaptado su plan estratégico, implanta un mínimo del 20%, situado por debajo de la ley Estatal. Estos desfases ponen de manifiesto la descoordinación de competencias en materia urbanística.
La reserva del 15% a los Ayuntamientos, aún pone más de relieve la falta de consenso que existe en todo el Territorio Nacional a la hora de unificar criterios en un tema capital para los ciudadanos, como son los porcentajes de reserva para la Vivienda de Protección Oficial y el derecho de las personas a una vivienda digna recogido en la Constitución.
* Informativos Telecinco - 28 de julio de 2007
Foto: Las Comunidades Autónomas regulan a su antojo la cantidad de suelo reservado para VPO /informativos.telecinco.es
La inversión en viviendas sociales, en entredicho
Urbanismo y vivienda en el siglo XXI
ÁNGEL GIJÓN* : "A nadie se le oculta el protagonismo que urbanismo y vivienda poseen en la actualidad a nivel mediático. Protagonismo que, desgraciadamente, en la mayoría de las ocasiones, tiene como motivación el 'morbo' que generan la gran cantidad de casos de corrupción y especulación, o la carestía y dificultad de acceso a la vivienda. En contadas ocasiones, con la excepción hecha de alguna prensa especializada, se aborda el urbanismo y la vivienda desde el análisis de las demandas de futuro que la nueva sociedad plantea en este campo en materia de diseño de vivienda, equipamientos, espacios libres, zonas verdes, infraestructuras y accesibilidad. En definitiva, no existe un debate serio de lo que queremos como modelo de ciudad del siglo XXI.
Se teoriza mucho sobre el urbanismo y el desarrollo sostenible, el pinchazo de la 'burbuja inmobiliaria', el altísimo coste de la vivienda. Ahora bien, las grandes preguntas que entiendo sería necesario hacerse resultan mucho más cercanas y asequibles: ¿Qué vivienda necesita la nueva sociedad española del s XXI? Y, a mayor escala, ¿qué ciudad necesitamos para el s. XXI?
Tanto el Art. 47 de la Constitución Española como nuestra LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), garantiza el «derecho al acceso a una vivienda digna»; pero ¿qué vivienda se necesita hoy? Parece claro que el cumplimento del referido artículo solo se podrá lograr mediante un buen desarrollo de la vivienda protegida, también previsto en la LOUA y recientemente en la nueva Ley del Suelo. Para ello resulta imprescindible actualizar la legislación de vivienda de protección oficial cuyo texto base respecto a las Normas de Diseño arranca de la Orden Ministerial de mayo de 1969, modificada en 1970, y ampliada por otra OM de mayo de 1974. Parece obvio exponer lo que ha cambiado la sociedad española en estos años.
Tanto las Normas de Calidad y Diseño de la citada ley, como las condiciones de adquisición de las viviendas y los segmentos del módulo de venta de la VPO, han quedado obsoletos. Por tanto la demanda social no se está cumpliendo; hoy la nueva organización de las familias, las nuevas formas de usar la vivienda, y tanto los ingresos como la realidad laboral de nuestros jóvenes, no están bien reflejados en la normativa vigente.
Urge solicitar a la Administración la actualización de la ley para proyectar una nueva vivienda que responda a las demandas de nuestra sociedad. Viviendas más polivalentes, versátiles en su tamaño y en su programa, con espacios privados y comunes que den el juego preciso a las nuevas generaciones, e incluso a la tercera edad, igualmente desprotegida en parte en nuestra ley por la rigidez para realizar alojamientos adecuados a sus necesidades.
Urgente resulta, asimismo, que nuestros políticos resuelvan este tema de uso y las formas de acceder a las viviendas protegidas, aumentando el segmento de módulos de acceso, ante la gran variedad de casos que hoy se plantean.
Esto hará también más atractivo al promotor privado invertir en el campo de la vivienda o alojamientos colectivos protegidos, sector al que hasta ahora se le ha prestado poca atención, y que la previsible bajada de precios de la vivienda libre, unido a las medidas propuestas y la actualización de módulos de venta en VPO, pueden ayudar a paliar el famoso 'pinchazo'. Esta necesidad de diseñar nuevos modelos de hábitat, también es deseable trasladarla al tratamiento de equipamientos y espacios libres de los nuevos barrios.
Es este caso, debe prevalecer un planteamiento de absoluta polivalencia. No nos podemos permitir disponer en nuestra ciudades de estadios de cientos de millones de euros para jugar 20 partidos al año un equipo de fútbol, y que siga existiendo un déficit enorme de instalaciones deportivas decentes para la juventud y el deporte base. Hace falta racionalizar todo este proceso y dar a nuestros jóvenes unas instalaciones propias del s. XXI en las que, no sólo los jóvenes, sino la sociedad en general, pueda desarrollar de manera adecuada la actividad física, uno de los pilares básicos de nuestro bienestar. Para ello debemos de disponer de escuelas municipales e instalaciones polideportivas que formen a deportistas en las condiciones que exige el nivel adquirido por nuestra sociedad.
Asimismo, los planteamientos en este sentido nos deben de encaminar al diseño de Ecobarrios y parques urbanos que dispongan de infraestructuras diseñados para la recuperación del estilo de vida mediterráneo, donde el 'ágora' o espacio de encuentro y transmisión del pensamiento y conocimiento vuelva a ejercer su protagonismo. El desarrollo no significa que nuestros barrios dispongan de 'wifi' e infraestructura de energías autosuficientes, etc ; también es necesario reivindicar los espacios comunes habitables y usables integrados en zonas comunes de viviendas, comercios, restaurantes, lugares de ocio, etc., que nos permitan volver a disfrutar de la escala humana que siempre caracterizó nuestra cultura. Los centros comerciales o grandes superficies, no pueden convertirse en las nuevas plazas de la ciudad mediterránea.
Si no actuamos con estas sensibilidades, nuestros nuevos barrios y ciudades serán cada vez más desapacibles y alejados de nuestro modo y calidad de vida; precisamos de espacios libres que no solo cumplan con los estándares obligatorios de las leyes de suelo, sino que respondan a sensibilidades de índole físico y cultural de quienes van a utilizarlos. Y por supuesto, es esencial que en los nuevos planes parciales de desarrollo, los equipamientos estén terminados al mismo tiempo que las viviendas.
De cualquier forma, comenzamos a vislumbrar iniciativas innovadoras que reflejan el cambio de ciclo histórico que sufre nuestra ordenación del territorio a comienzos del siglo XXI, y que responden a estrategias ya referidas vinculadas a nuevos conceptos, como el mayor respeto al paisaje, las nuevas energías, el reciclaje, las redes, la ecología, etc. Independientemente de los colores políticos que respaldan o impulsan estas iniciativas, hablamos de conceptos de difícil acomodación política, razón por la cual su desarrollo debe estar dirigido por expertos de disciplinas tan diversas como arquitectos, ingenieros, sociólogos, antropólogos, geógrafos, paisajistas, abogados, economistas, etc, que trabajen de forma coordinada e integrada.
Los arquitectos estamos obligados a poner todo nuestro esfuerzo al servicio de un nuevo modelo de ciudad más sostenible. A defender nuevas concepciones que alumbren alternativas de diseño mas cercanas a los seres humanos y la naturaleza. No cabe caer en la nostalgia de intentar revivir la ciudad del pasado, pero tampoco abundar en diseños que contribuyan a deshumanizar el espacio.
Solucionar este gran debate: nuevas viviendas, nuevos equipamientos, nuevos barrios, nuevas ciudades para el siglo XXI, creo que ya no admite más demora, y los agentes sociales, políticos y profesionales no podemos perder más tiempo en mirar otros árboles que nos impidan ver el bosque de las urgentes necesidades que reclaman nuestras nuevas ciudades.
* ÁNGEL GIJÓN es arquitecto
* Ideal Digital - Granada - 27 de julio de 2007
