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ELCONFIDENCIAL/Barcelona* : El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado hoy a doce nuevas personas en la llamada 'operación Pretoria', en la que se investiga una trama de corrupción urbanística que operaba en Santa Coloma de Gramenet y otras localidades barcelonesas.
Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han añadido que el magistrado ha dejado además en libertad bajo fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo en Santa Coloma de Gramenet Manuel Dobarco, que estaba en prisión incondicional junto a otros cuatro imputados, entre ellos, los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Macià Alavedra y Lluis Prenafeta.
Las fuentes consultadas han señalado que de los doce nuevos imputados, a los que Garzón interrogará mañana y el viernes, uno está fuera de España y por ello el juez ha cursado una comisión rogatoria para interrogarlo, sin precisar a qué país.
Así, el total de imputados asciende a veintiuno, ya que hasta ahora en la causa figuraban nueve, cuatro de los cuales están en prisión incondicional: Alavedra, Prenafeta, el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz y el ex diputado autonómico del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García.
Además de Dobarco, permanecen en libertad bajo fianza los empresarios Lluis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo y el gerente de los servicios municipales de Santa Coloma, Pasqual Vela.
Cargos públicos
En el auto en el que el pasado 30 de octubre Garzón ordenó el ingreso en prisión de cinco y la libertad bajo fianza de los otros cuatro, el magistrado citaba a varias personas a las que atribuía conductas supuestamente ilícitas, pero sobre las que en ese momento no pesaba acusación alguna.
Advertía también de que, además de las operaciones urbanísticas presuntamente fraudulentas de Santa Coloma, Badalona y San Andrés de Llavaneras, había otras "que también están siendo investigadas".
Algunas de las personas citadas son o han sido cargos públicos, como Emili Mas Margarit, gerente del Instituto Catalán del Suelo, que el pasado mes de abril intervino supuestamente en unas conversaciones con algunas de las personas ya imputadas -como García, Muñoz, Vela y Dobarco- para que el Ayuntamiento de Santa Coloma emitiera facturas "con el fin de justificar el empleo de unos fondos europeos".
Otro de los políticos mencionados es el ex concejal de CiU en Mataró y ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó Boadell, ya que una de sus sociedades -GCB Assessorament Urbanístic i Projectes- recibió 244.000 euros en la operación Niesma.
También ocupó un cargo municipal Antonio Jiménez Gómez, ex concejal socialista en San Andrés, de quien el juez dice que "tiene estrecha relación" con García y recuerda que fue regidor de Urbanismo cuando se desarrolló la operación Niesma.
Garzón señalaba también al técnico de urbanismo de Santa Coloma Lluis Falcó como la persona que comunicó a los adjudicatarios del proyecto "Pallaresa" la "inviabilidad" de desarrollar dicha operación en ese momento.
Fuentes de la investigación han relacionado con la causa a una persona cuyo nombre no aparece en el auto: el ex alcalde de San Andrés de Llavaneras Víctor Ros, del PP, contra quien se han presentado varias denuncias por temas urbanísticos.
Además fuentes jurídicas han indicado que entre los nuevos imputados podrían estar las esposas de Prenafeta y Alavedra, Lluisa Mas y Doris Malfeito, respectivamente.
Al servicio de Luis de Andrés García
En su resolución, Garzón relacionaba también a Manuel Valera Navarro y a Francisco Alejandro Pretus Labayen con la operación urbanística de San Andrés, en la que intervino la sociedad Niesma Corporació S.L., de la que ambos eran administradores solidarios.
De Valera, el juez dice que "era en realidad una persona interpuesta al servicio de los intereses de Luis de Andrés García", además de que aparecía como administrador de Renticost Serveis S.L., que en diciembre de 2005 recibió una transferencia de dinero procedente de una sociedad domiciliada en Costa Rica y controlada por García.
Otra de las personas a las que se cita en el auto es Juan Felipe Ruiz Sabido, consejero delegado de Marina Badalona S.A. y del que se dice que era "el contacto de Luis de Andrés García en Badalona".
Garzón también hace referencia a Manuel Grandes Sánchez, Jeff Schroeder Quijano y Lluis Renau Folch -este último fue director general de Seguridad Ciudadana en los Gobiernos de CiU- como titulares de algunas de las empresas que, en 2003, recibieron pagos de García que, según el auto, carecían de justificación.
También aparece el nombre de Wenceslao Manzanares Puig, cuñado de García y responsable de la sociedad Capital City Consulting S.L., en cuya sede se intervino una importante cantidad de obras de arte.
* El Confidencial - EFE - 2.12.09
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - serramena.info
El juez Garzón imputa a doce nuevas personas en la 'operación Pretoria'
El fiscal denuncia al alcalde de Reocín por prevaricación
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ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : La Fiscalía ha denunciado por un posible delito de prevaricación al alcalde de Reocín, Germán Fernández (PSOE), y a los concejales que en la pasada legislatura aprobaron con su voto a favor un estudio de detalle que autorizaba la construcción de más viviendas de las permitidas en una finca de Villapresente.
En una denuncia presentada ante el Decanato de los Juzgados de Torrelavega, la Fiscalía también advierte de que la arquitecta y el secretario municipal pudieron cometer un delito de contra la ordenación del territorio en su actuación como técnicos, al informar favorablemente la modificación al alza de la superficie de la parcela.
Esta actuación es consecuencia de una instrucción de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria , en el pleito que mantiene un vecino de Reocín contra el Ayuntamiento y la promotora de las viviendas, vecino que es colindante con el terreno donde se pretenden levantar las casas.
En su denuncia, el fiscal abunda en los criterios esgrimidos por la Sala en el contencioso iniciado por el vecino, y concluye que se midió la finca de forma incorrecta para tratar de eludir la densidad máxima de la misma, y poder así construir más viviendas de las permitidas.
De ello, el fiscal ha destacado la actitud de los técnicos municipales al dar por buenas las mediaciones presentadas por la promotora, y la de la Corporación que aprobó este asunto con el voto a favor de la mayoría de los concejales, encabezados por el entonces y actual alcalde de Reocín, Germán Fernández.
El contencioso arranca en 2003 cuando una promotora inmobiliaria adquiere la finca objeto de la polémica y presenta un proyecto para construir 75 viviendas, proyecto que es impugnado por el vecino colindante, al entender que según la superficie de la parcela la densidad edificatoria máxima es de 68 viviendas.
En los meses posteriores, los representantes de la promotora presentan en el Ayuntamiento hasta tres mediciones diferentes, todas ellas al alza, de la superficie de la parcela donde se pretende realizar la construcción de las viviendas, mediaciones que son impugnadas de forma sucesiva por el vecino colindante.
La última medición realizada por la promotora aumenta el área de la finca en más de 1.700 metros cuadrados sobre la que consta en los archivos, e incluso llega a inscribir la misma en el Registro de Propiedad justificando la mayor superficie como "exceso de cabida".
Los discrepancias sobre la superficie de la finca continuaron durante varios meses, hasta que en un momento de este contencioso se pidió a un perito judicial que realizase una medición de la finca, estudio que arrojó incluso menos superficie que los informes realizados por técnicos contrataos por el propio vecino colindante.
Además, el pleno municipal aprobó en abril de 2005 un dictamen que establecía unas mediciones de la finca superiores incluso a un dictamen anterior, mediaciones realizadas por la promotora y que contaron con el visto bueno de los técnicos municipales y que elevaba a 80 el número de viviendas a construir en la parcela.
El fiscal considera que esta actuación supone "una vulneración de las Normas Subsidiarias" y critica que el Ayuntamiento ignorara el problema -las discrepancias sobre la superficie de la finca- y diera por buena la medición efectuada por la promotora para tramitar el proyecto.
* El Diario Montañés - EFE - 2.12.09
Foto: Reocin (Cantabria), ayuntamiento - reocinverde.com
El alcalde de Polop cobró 220.000 euros de promotores
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ELPAÍS/Alicante* : La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil siempre sospechó que el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, tiroteado a las puertas de su casa el 19 de octubre de 2007, escondía intereses urbanísticos. El sucesor de Ponsoda, Juan Cano, también del PP, fue el principal sospechoso; de hecho está en la cárcel por su presunta vinculación con el crimen. La Agencia Tributaria ha detectado facturas de hasta 220.000 euros a cuatro empresas promotoras con intereses en Polop.
Tras las primeras indagaciones, la policía pidió un informe a la Agencia Tributaria sobre las actividades inmobiliarias, las operaciones de compra y venta, los movimientos bancarios y el incremento patrimonial del alcalde, su mujer y de las empresas que manejaban. Según adelantó ayer la cadena SER, Cano era titular de 24 cuentas corrientes en 2007, 11 más de las que tenía un año antes. Su mujer, María del Carmen Berenguer, ya figuraba en la titularidad de 25 cuentas bancarias en 2006. Entre ambos manejaban cuatro empresas. Una de ellas ingresó importes idénticos en dos ejercicios consecutivos procedentes de una de las empresas que trabajaban en el municipio.
Informes de Hacienda
Los ocho informes de Hacienda que forman parte del sumario secreto del caso Polop incluyen todos los movimientos de ambos cónyuges y la contabilidad de sus empresas. En ellos se descubren algunas operaciones comprometedoras a partir de 2005 con empresas que habían conseguido adjudicaciones en el municipio y con las que Cano habría negociado desde la dirección del urbanismo local. En los tres últimos años, la Agencia Tributaria ha detectado facturas de hasta 220.000 euros a cuatro empresas promotoras con intereses en Polop.
Sólo un mes después de dejar el acta de concejal, Cano y su mujer registraron al 50% la empresa Ofigest Services Costa Blanca, SL, que tenía por objeto social convertirse en agente urbanizador. Por delante tenían la adjudicación de 11 Planes de Actuación Integrada (PAI) para construir en unos 7 millones de metros cuadrados casi 10.000 viviendas y multiplicar por nueve la población del municipio. El 4 de abril de 2006 constituyeron otras dos empresas: Inversiones Puig Campana, SL, que tiene a Juan Cano como administrador único, y Cano Berenguer, SL, donde comparte cargo con su mujer.
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Polop - 02/12/2009
Foto: Polop /Alicante) - virtualtourist.com
Sant Josep: El GEN considera especulativa la operación urbanística en los terrenos del campo de golf
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DIARIODEIBIZA* : El grupo ecologista GEN ha calificado de «operación especulativa» la intención del equipo de gobierno de Sant Josep de permitir un suelo urbano de elevada densidad en una zona de Sant Jordi cuyo suelo es propiedad del Grupo Matutes, y donde proyectaba construir un campo de golf.
Los ecologistas consideran «inexplicable» la propuesta municipal de permitir un aprovechamiento urbanístico total de esa zona a cambio de unos terrenos que en buena parte están ubicados en un Área de Protección Territorial de la Costa y que, en consecuencia, son inedificables. Según un comunicado emitido ayer por el grupo, «cualquier promotor de la isla aceptaría con entusiasmo un trato similar. Edificar masivamente el suelo clasificado y ceder a cambio terrenos de aprovechamiento urbanístico cero es, seguramente, la medida más desafortunada emprendida por ningún ayuntamiento pitiuso».
El comunicado expresa las dudas del GEN-GOB de que los planos con los que el Ayuntamiento ha presentado su propuesta hayan salido de las oficinas municipales y apunta la posibilidad de que provengan de los despachos de alguna empresa privada.
En cualquier caso, los ecologistas consideran que las cesiones propuestas no se pueden permitir, además de que buena parte del suelo afectado se ubica en el interior de la zona periférica de protección del Parc Natural de ses Salines.
El GEN quiere que el suelo rústico de alta calidad agrícola existente alrededor del hipódromo de Sant Jordi continúe en el estado en que se encuentra actualmente.
Asimismo, el grupo mantiene que la medida propuesta por Sant Josep exime a los propietarios de la obligatoria cesión de la parcela correspondiente a usos públicos, que es donde después el Ayuntamiento puede crear servicios para los vecinos. «De esta forma –señala el escrito– el pueblo de Sant Jordi, continuando como hasta ahora, volverá a tener un nuevo suelo urbano, pero sin un metro de suelo público en su interior».
* Diario de Ibiza - 2.12.09
Foto: Parte de la zona aludida, durante las obras de la autopista. X. D., diariodeibiza.com
El juez ordena que el edificio Marisol de Pradollano sea derribado en seis meses
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GRANADAHOY* : "Se mire bajo la perspectiva de la normativa que se mire, todo el proceso, desde la redacción del Estudio de Detalle, hasta la concesión de la licencia y la desidia en el control de la obra cuando se inició despide aroma a prevaricación". Para el juez de lo Penal 1 de Granada, la construcción del edificio Marisol de Pradollano, el bloque de 82 apartamentos turísticos que se levantó en una parcela de uso sociocultural de Monachil, huele a prevaricación urbanística.
Por ello, ha impuesto una dura condena a las cuatro personas que había acusadas en el caso (tres políticos municipales y un técnico), ordenándoles además el derribo, antes de seis meses, del bloque, que ya estaba terminado.
Al ex alcalde Francisco Lara (PSOE) lo condena a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación. Él es el que relativamente mejor parado sale en el fallo, mientras que el que mayores penas se ha llevado ha sido el ex concejal de Urbanismo Benjamín Rodríguez, que si la sentencia no es revocada por la Audiencia Provincial de Granada (contra la resolución cabe recurso de apelación), será inhabilitado 20 años y habrá de pagar una multa de 6.000 euros como autor de dos delitos de prevaricación, por los que además le impone un año de cárcel.
Al que fuera arquitecto municipal del Ayuntamiento de Monachil cuando se aprobó la licencia, Alfonso M. C., el magistrado lo considera, por los informes favorables que emitió, "cooperador necesario" del delito de prevaricación y autor del de prevaricación urbanística. Su castigo: 16 años de inhabilitación, ocho meses de cárcel y multa de 2.400 euros.
Medio año de cárcel, siete de inhabilitación y multa de 3.600 euros es el castigo impuesto al ex regidor Antonio Trinidad (PP). Su delito: también prevaricación urbanística.
En su resolución, de casi medio centenar de folios, el juez Manuel Piñar declara además "la nulidad del estudio de detalle" para la construcción de los 82 apartamentos que conforman el bloque, así como el punto del orden del día del pleno municipal celebrado el 25 de abril de 2004 que aprobó dicho estudio. También anula la licencia que se concedió a la empresa Serrabol SL para levantar el inmueble y el punto del orden del día del pleno municipal de 22 de noviembre de 2004 que acordó otorgarla. Al derribo del edificio deberán hacer frente los cuatro condenados "o se hará a su costa, respondiendo solidariamente a todos los gastos que ello genere e indemnizaciones a posibles perjudicados que resultaren", algo que, como añade la resolución, se determinará en ejecución de sentencia".
El magistrado reparte diferentes penas en función del grado de responsabilidad que, a su juicio, cada uno de los implicados ha tenido en este caso, en el que resalta que el estudio de detalle que se aprobó para poder construir el edificio, presentaba "ilegalidades", que son "arrastradas" posteriormente por la licencia. "Pero además -agrega- se incrementan con la intervención de los acusados Alfonso M. Benjamín Rodríguez y Antonio Trinidad en la tramitación y votación de ésta, ya que en esos trámites añaden otras de igual gravedad".
El juez aprovecha este caso particular para hacer una reflexión general sobre el papel de los promotores en los casos de ilegalidades urbanísticas: los considera "los verdaderos instigadores y beneficiarios de estas prácticas corruptas". Por ello, lamenta que exista una "gran deficiencia" en el código penal, "al no acoger como conducta delictiva la de los promotores que, como en este caso, obtienen licencia para construir un edificio de apartamentos turísticos y acaban construyendo, e imponiendo por la vía de hechos consumados, un bloque de pisos que exponen a la venta", en lugar de apartamentos turísticos. La sentencia concluye que cuando los acusados llevaron hasta el final su "plan" para modificar "ilícitamente" la situación urbanística de la finca, y sustituir el uso sociocultural o equivalente por un edificio de apartamentos para la vetnta, la promotora lo construyó y ofreció en venta a particulares las viviendas resultantes "al margen, por tanto, de todo uso turístico".
* Granada Hoy - Y. H. / Granada - 28.11.09
Foto: Los 82 apartamentos turísticos del inmueble deberán ser derribados - granadahoy.com
Negocios con la trama Gürtel
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ELPAÍS/Alicante* : La trama corrupta del caso Gürtel se empecinó en invertir en La Nucia, donde los planes urbanísticos del Pie de Monte, la Serreta o el Algar suponían un atractivo especial. Empresas de la trama dirigida por Francisco Correa tuvieron una opción de compra sobre el Pie de Monte, aunque acabaron invirtiendo en el del Algar.
Una de sus empresas, Real Estate Equity Portfolio, presidida por el imputado Jacobo Gordon, solicitó y pagó a un conocido despacho de abogados de Madrid una Due Diligence (proceso de investigación y análisis ante la posibilidad de una inversión) sobre la empresa Montemar la Nucia, SL, que detenta la condición de agente urbanizador del PAI. El informe fue entregado a Gordon -a quien Correa encargó "negociar técnicamente el tema urbanístico"- en diciembre de 2006 y forma parte del sumario del caso.
Jacobo Gordon acabó firmando una opción de compra de la empresa Urbana Marina Baixa, SL, propiedad de Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, que figuraban entre los administradores de la empresa Montemar la Nucia.
Por indicación expresa de Gordon, la Due Diligence obvia los aspectos relacionados con la situación ambiental, precisamente la que mantenía retenida la tramitación del plan en la Consejería de Territorio y Vivienda y que, según una de las conversaciones grabadas, debía resolver Correa a través de sus contactos. "El que lo desbloquea soy yo, que tengo el contacto, que es el hijo de puta de Esteban Pons", llegó a decir Correa a sus interlocutores, según unas conversaciones grabadas por la policía e incorporadas al caso Gürtel. González Pons ya había sido nombrado consejero de Territorio.
Pie de Monte fue adjudicado por el consistorio de La Nucia el 10 de septiembre de 2004 a Montemar la Nucia, tras descartar otros dos proyectos. La sociedad sólo era propietaria de cuatro fincas de 86.816 metros cuadrados en total. También tenía opciones de compra sobre otras 16 fincas. Del expediente enviado por el Ayuntamiento a los organismos competentes se derivaron un informe negativo del IVVSA solicitando un estudio de previsión de vivienda protegida y otros dos informes negativos de la Consejería de Territorio. El 23 de junio de 2006 la empresa presentó en el Ayuntamiento un documento de subsanación. En él se reduce el suelo urbanizable del PAI a 945.048,42 metros, casi la mitad que en el primer proyecto, dejando otros tantos como parque público natural para cumplir con las exigencias de la consejería. Pero se dobló la edificabilidad del 0,2 al 0,4 sin mediar justificación para así obtener 378.019 metros en todo el sector: casi la misma edificabilidad en la mitad del suelo. La comisión territorial de Urbanismo acabó emitiendo un informe ambiental favorable condicionado a la obtención del informe de la CHJ sobre la existencia de recursos hídricos, un obstáculo imposible de salvar.
Pero Jacobo Gordon no se limitó a la actuación en Pie de Monte. La trama decidió invertir en el PAI del Algar. La empresa Castaño Corporate compró una finca de 1,26 hectáreas el 19 de julio de 2006 por 756.240 euros, aunque tenía un valor catastral como finca rústica de 98,33 euros. El 3 de diciembre de 2008 la misma finca fue transmitida a Hator Cosulting, SA, otra empresa de la trama. El vendedor del suelo, Henricus Johannes Van den Hoogen, retiró la mayor parte del dinero en metálico en una oficina bancaria de Benidorm.
Cuatro meses después de la compra que firmó Gordon en el Algar, la comisión territorial de Urbanismo de Alicante aprobó definitivamente el PAI. Sin embargo, un recurso de la Abogacía del Estado provocó que en julio de ese año el TSJ anulara todo el planeamiento urbanístico de La Nucia porque no hay agua para las más de 9.000 viviendas proyectadas, según informó la CHJ.
* ELPAIS.com - A. B. - Benidorm - 01/12/2009
Foto: La Nucia (Alicante), el Algar - levante-emv.com
