DIARIODESEVILLA* : El juzgado de Morón de la Frontera ha procesado al alcalde de la localidad, Manuel Morilla (PP), y a su antecesor José Párraga (PSOE), por un delito de prevaricación urbanística al permitir varias actividades industriales ilegales en un terreno no urbanizable.
El juzgado de instrucción 1 de Morón, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que existen indicios de que ambos alcaldes "durante sus respectivos mandatos y en el ejercicio de sus cargos, habrían estado autorizando actividades contrarias a la normativa urbanística, mediante la concesión de licencias".
En concreto, el juez les imputa haber autorizado un aparcamiento de camiones, un taller de tapicería y dos naves destinadas a taller de reparación de neumáticos de automóviles que contravenían los informes negativos que les elevaron el arquitecto técnico municipal y la secretaria del Ayuntamiento.
El juez ha dictado un auto de conclusión del sumario y de apertura de procedimiento abreviado, para lo cual da traslado de las actuaciones al fiscal y a la acusación particular para que presenten su escrito de acusación, petición de condena o, excepcionalmente, pidan la práctica de diligencias complementarias.
Morilla, reelegido para el cargo en mayo de 2007, y Párraga, que fue alcalde entre 1991 y 2003, están imputados por los delitos de prevaricación urbanística por conceder la licencia y permitir el funcionamiento de un aparcamiento de camiones en un solar catalogado como zona rústica, según denuncia de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla.
Según los vecinos afectados, se trata de un terreno rústico no urbanizable pero Párraga y Morilla permitieron el funcionamiento del lugar como un polígono industrial, con la instalación de un taller de camiones y de varias industrias relacionadas con la automoción.
En su declaración como imputados, realizada en mayo de 2007, ambos dijeron desconocer los hechos por los que están imputados y que no recordar nada sobre su licencia.
Morilla y Párraga indicaron al juez que simplemente se dedicaban a firmar los documentos relativos a la concesión de licencias, sin conocer su contenido, y que no los confeccionaban.
También aseguraron que nunca habían recibido ni tenido noticia del ruido generado por dicho aparcamiento de camiones, ni tenían constancia de quejas vecinales por escrito en el Ayuntamiento ni de que se hubiera recogido en actas de plenos municipales.
La denuncia de los vecinos se dividió en dos procedimientos, el dirigido contra los alcaldes y otro contra los propietarios del aparcamiento, que en junio de 2006 fueron condenados a seis meses de cárcel por delito urbanístico.
La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, en una sentencia a la que entonces tuvo acceso Efe, dijo que "lo que primitivamente era un secadero de algodón" se había convertido en "un polígono industrial donde se ha instalado un establecimiento de engrase de vehículos, un taller de reparación de neumáticos y una industria de tapicería".
* Diario de Sevilla - EFE - 02.04.2008
Foto: Morón - todopueblos.com
Procesados el alcalde de Morón y su antecesor por presunta prevaricación urbanística
El Ayuntamiento de Córdoba derriba el primer chalé ilegal de la sierra
ELPAÍS* : La máquina retroexcavadora dio el primer golpe al ladrillo a las 16.45 de ayer. Fue en la parcelación ilegal de Cerro de San Cristóbal, enclavada en plena Sierra Morena. Se trata del primer chalé clandestino que se derriba en Córdoba, una ciudad que tiene su amplio término municipal plagado de construcciones de este tipo.
Y también es un simbólico aviso para los parcelistas, que durante años han disfrutado de impunidad y han visto como con el pago de una sanción las administraciones les dejaban tranquilos en las casas que levantaron sin licencias ni permisos en cualquier lugar. En diciembre de 2007, la Junta de Andalucía derribó otros cinco chalés ubicados en el municipio de Obejo (Córdoba).
El Ayuntamiento cordobés fue el que se hizo cargo de los gastos de la demolición de ayer, que está previsto que se remate hoy. Teóricamente, el coste del derribo y de la restauración de la zona deberá asumirlo Francisca Rodríguez, propietaria de este chalé que levantó junto a su ex pareja.
La primera denuncia contra la casa la realizó la Policía Local en julio de 2001. Comenzó entonces una carrera de fondo de resoluciones judiciales, recursos y expedientes administrativos que desembocaron en una sentencia de 2005 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que se abalaba la demolición. A finales de marzo de este año, la Gerencia de Urbanismo, que había requerido a los propietarios que acometieran el derribo, fijó la fecha de ayer para reducir a escombros la edificación de dos plantas y cerca de 200 metros cuadrados.La casa no tiene licencias, está un suelo no urbanizable de especial protección y en un lugar de gran impacto visual. Además, los propietarios desobedecieron la orden de paralización de las obras. En un fallo de 2004 del Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba ya se señalaba que "en pocos casos nos encontraremos con un supuesto más merecedor del derribo de lo construido".
Pero de poco le servían a Francisca Rodríguez los razonamientos judiciales ayer. Cuando se construyó la casa sobre otra edificación anterior de su padre, estaba pensada como una segunda residencia. Pero Rodríguez se estableció allí tras separarse de su pareja. Esta mujer -acompañada de sus hijos, hermanos y de su padre- afrontó con llantos y desesperación el derribo.
Hasta el último momento mantuvo la esperanza de que la demolición no se llevara a cabo. Gritos, algunos empujones y reproches a los técnicos de la Gerencia de Urbanismo fue lo que se vivió durante la mañana. Rodríguez tuvo que ser trasladada a un hospital por un ataque de ansiedad. Sin embargo, volvió de nuevo al lugar al poco tiempo.
Servicios sociales
Aunque el proceso de demolición estaba previsto que comenzara a las nueve, el Ayuntamiento permitió a los propietarios que retiraran todos los muebles, los sanitarios, las puertas y hasta las rejas de las ventanas durante toda la mañana. Además, los servicios sociales del Ayuntamiento se han hecho cargo del caso y se baraja la posibilidad de ofrecerle un piso municipal de alquiler a la mujer.
"Yo no quiero un piso, quiero mi casa", repetía ayer Rodríguez. "¿Por qué la mía sí la tiran y el resto no?", se quejaba.
Rodeando su chalé hay ocho viviendas igual de ilegales. La diferencia es que a Rodríguez se le denunció cuando estaba construyendo y desoyó una orden de paralización. "Es como si a alguien le pillan en un control de velocidad y pregunta por qué le multan sólo a él", razonaba ayer un responsable de Urbanismo. Cabe preguntarse dónde estaban los controles de velocidad hace años, cuando las parcelaciones convirtieron las afueras de la ciudad en un ejemplo del urbanismo desordenado. ¿Había radares entonces?
El 7% de la superficie de la sierra cordobesa está ocupada por parcelaciones, según un estudio de la Universidad de Córdoba de 2006. Existen 40 urbanizaciones, de las que el 60% (26) son ilegales.
En otras zonas, algunos proyectos importantes (ampliación del aeropuerto o declaración de Medina Azahara como Patrimonio de la Humanidad) también se topan con el problema de las parcelas.
* ELPAIS.com - MANUEL PLANELLES - Córdoba - 02/04/2008
Eurodiputados piden una moratoria urbanística en la Comunitat Valenciana
LEVANTE* : Eurodiputados conservadores y socialistas pidieron hoy una moratoria urbanística en la Comunidad Valenciana hasta que se modifique la Ley Urbanística Valenciana (LUV) para impedir abusos por parte de los promotores y garantizar los derechos de propiedad.
Los parlamentarios reclamaron la intervención del Gobierno de España si la Generalitat valenciana sigue negándose a cumplir las exigencias de la Comisión Europea y de la Eurocámara.
El Ejecutivo comunitario ya denunció la LUV ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en junio de 2007 por considerar que vulnera la normativa comunitaria en materia de contratación pública y está ahora a la espera de sentencia. Por su parte, la Eurocámara ha enviado tres misiones a la Comunidad Valenciana y ha aprobado cuatro resoluciones en las que ya reclamaba la moratoria urbanística hasta que se modificara la legislación.
El eurodiputado conservador británico Neil Parish, el laborista Michael Cashman, y el verde David Hammerstein, reiteraron esta petición de una moratoria en una rueda de prensa ofrecida antes del nuevo debate sobre el urbanismo valenciano en la comisión de Peticiones de la Eurocámara, y en el que se iban a analizar alrededor de 40 denuncias. En la rueda de prensa participaron también el presidente de la asociación 'Abusos Urbanísticos No', Enrique Climent, y el alcalde de Parcent (Alicante), Máximo Revilla.
Cashman, que es el vicepresidente de la comisión de Peticiones, pidió que la moratoria se aplique específicamente a las expropiaciones de suelo y a la demolición de casas edificadas ilegalmente. "Esto es esencial si se quiere que la economía española, y especialmente la construcción, se recupere. En estos momentos hay una falta de confianza en el mercado, que está desbordado por un exceso de urbanización", dijo Cashman. Resaltó que el Gobierno valenciano ha desoído hasta ahora todas las recomendaciones de la UE en materia de urbanismo y reclamó la intervención del Gobierno central para resolver la situación.
Por su parte, el eurodiputado conservador británico dijo que la moratoria "es una buena idea, no sólo desde el punto de vista medioambiental y de los derechos de la propiedad, sino desde el punto de vista del mercado, porque no tiene sentido que España, y esta zona en particular (en referencia a la Comunidad Valenciana), siga construyendo y construyendo mientras los precios caen. Es una situación loca", dijo Neil Parish.
Insistió en que estas reclamaciones están respaldadas por todos los grandes grupos políticos y por muchas delegaciones nacionales. Admitió, no obstante, que sus colegas del PP español no comparten este punto de vista --ya que el PP gobierna en la Comunidad Valenciana--. "Hemos hablado con nuestros colegas del PP y les hemos dicho que tenemos que resolver esta situación y que no se puede pretender que el problema no existe", resaltó Parish.
También se mostró favorable a una moratoria urbanística David Hammerstein, aunque puntualizó que no debería afectar a los derribos de edificaciones ilegales. "Yo haría una moratoria sobre los proyectos que siguen leyes que están ante el Tribunal Europeo de Justicia. Si mañana se modifican las leyes urbanísticas valencianas de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión y del Parlamento, no tengo ningún problema en que se haga un plan urbanístico", dijo.
En todo caso, aseguró que "no hace falta una moratoria legal porque ya existe una moratoria 'de facto'" y resaltó que el sector "ha caído por su propia especulación desbocada".
Por su parte, el presidente de la plataforma 'Abusos Urbanísticos No' dijo que los problemas de abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana "persisten" porque las leyes urbanísticas los han propiciado con su "permisividad".
"Se debe aprovechar la situación actual de la economía española, y en particular de la economía valenciana, que se ha resentido totalmente puesto que el mercado de la construcción ha descendido a niveles que no se conocían desde hacía muchos años, para aprobar de una vez una moratoria urbanística que permita la discusión y la consulta a los ciudadanos para modificar estas leyes que han propiciado tales desmanes", reclamó Enrique Climent, que destacó que el Gobierno valenciano rechaza escuchar las demandas de la plataforma.
También intervino en la rueda de prensa el alcalde de Parcent, que pidió el amparo de la Eurocámara para paralizar los planes urbanísticos aprobados por el anterior gobierno municipal del PP que, según destacó, multiplicarían por seis la población de este municipio de 1.000 habitantes. Máximo Revilla subrayó que estos planes urbanísticos se aprobaron sin informe de impacto ambiental y sin los recursos hídricos necesarios y explicó que, por exigir su paralización y defender la legislación de la UE, uno de los promotores ha interpuesto una querella criminal contra la corporación municipal.
* ELPAIS.com - EUROPA PRESS - 02.04.08
Foto: eurodiputados - ub.es
El alcalde de Zurgena, entre los detenidos por supuesta corrupción urbanística
ELPAÍS/Almería* : El alcalde de la localidad almeriense de Zurgena (2.700 habitantes), Cándido Trabalón, del Partido Andalucista (PA), ha sido detenido acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio, dentro de la operación desarrollada contra presuntas irregularidades urbanísticas en la comarca del Almanzora. El PA gobierna este municipio con mayoría absoluta -ocho de los once concejales-.
La denominada Operación Costurero se desarrolla en colaboración con el Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo y arrancó hace aproximadamente un año. Se trata de averiguar si el equipo de Gobierno de Zurgena incurrió en delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación al autorizar la construcción de seis promociones de viviendas en suelos calificados como rústicos. Junto a Trabalón han sido arrestados un número indeterminado de personas.
Tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, fueron llamados a declarar como testigos por estos hechos a principios de 2007.
Registrado el Ayuntamiento y la vivienda del regidor
En la operación desarrolla hoy el equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Almería han practicado registros en el Ayuntamiento, en las viviendas del alcalde, del concejal de Urbanismo y del arquitecto municipal, así como en varias inmobiliarias y promotoras de esta localidad y de las de Albox y Huércal-Overa.
Los hechos investigados trataban de dirimir la legalidad del permiso concedido a cuatro empresas para la construcción en suelos calificados como rústicos de unas mil viviendas en seis pedanías.
Algunas de estas urbanizaciones se encuentran paralizadas como medida cautelar después de que la Junta de Andalucía impugnase ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía las licencias municipales.
* ELPAIS.com - AGENCIAS - Almería - 02/04/2008
Foto: Valla publicitaria con la imagen del alcalde de Zurgena (Almería), Cándido Trabalón, detenido hoy por la Guardia Civil.- EFE
