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ABC/Madrid* : Luisa, Adelaida, Ernestina, Juanita, Ángela, María... Son algunas de las «abuelas coraje» que resisten, contra viento y marea, a que las echen de su casa sin más ni más. Eso es lo que les ronda por la cabeza. Todas tienen ya sus años encima. Algunas son octogenarias. Viven en una corrala antigua, preciosa, en el número 7 de la calle de Ventorrillo, en el corazón de Lavapiés. Sus contratos son de alquiler, irrisorios, pero legales. La actual propiedad del edificio, la empresa Sistemas 23 S.L., está reformando el inmueble -con las ancianas dentro- para albergar mini-pisos de lujo que, después, se alquilarán a precios de mercado. «Nosotras les sobramos, claro. Y nos están haciendo la vida imposible. Nos acosan», dicen las abuelas.
La finca se encuentra en obras. Salta a la vista. La fachada está cubierta con una red. Nada más entrar vemos un dibujito donde se avisa de la necesidad de usar casco. Los obreros van de un lado a otro. Nos miran con recelo, en especial, cuando escuchan el sonido de la cámara fotográfica. Todo está apuntalado y las vigas se amontonan en el patio.
Cerradas o en obras
De las 43 viviendas que hay en Ventorrillo número 7, sólo doce o trece siguen habitadas. Son las de nuestras «abuelas coraje». Las demás están cerradas a cal y canto, pendientes de que entren los obreros, en unos casos, o ya están sin tabiques interiores porque se está produciendo la reforma, en otros.
A través de las ventanas de los pisos a medio remodelar, se observan, todavía, las bombillas colgando de la pared, los azulejos que tenía la diminuta cocina o el papel de colorines que decoraba el reducido salón-comedor de esa vivienda cuyos inquilinos ya no están porque o les finalizó el contrato de alquiler o han llegado a un acuerdo con la empresa propietaria del edificio.
Hay grietas por todo el edificio; a cada milímetro. Da miedo. «Esto nunca ha estado en ruina. No lo está. Nos lo dicen para meternos miedo», asegura Ángela Guallart, a punto de cumplir 74 años. A su lado, Adelaida Salas, de 82, la apunta: «Lo que sí es cierto es que estamos como en el aire. Como están quitando todos los tabiques, los de todas las casas desocupadas de las tres plantas, estamos como en volandas. Los golpes que dan los obreros son horribles. Retumba todo. Creo que hay peligro. Vivimos en ascuas, en un temor constante».
«Como si estuviera hueco»
«Es verdad -interviene, de nuevo, Ángela-. Mi nieta da saltos en la casa y todo retumba como si estuviera hueco». Hay una palabra que está en boca de todas: intimidación.
-«Nos están haciendo «mobbing»», dice Juanita Fernández, 62 años y vecina de Ventorrillo 7 desde el año 1969.
-«¿Qué dices que nos hacen?», pregunta Luisa Martín, 82 años, vecina de la corrala desde que tenía siete años.
-«Pues que nos asustan, acosan, nos hacen la vida imposible a base de golpes, ruidos, grietas, polvo y suciedad. Que están reformando esto con nosotras dentro y sin que nos den una solución», replica Juanita.
La solución, para todas ellas, es que les trasladen temporalmente a otro piso y, cuando acaben las obras en la corrala y quede tan bonita como pretenden, a ellas que las devuelvan a sus casas, también reformadas. Tendrán que abonar más alquiler. Lo saben y no les importa siempre que no sea excesivo porque sus pensiones, en el mejor de los casos, no superan los 600 euros al mes. Eso nos dicen. Ahora pagan una renta de entre de entre 40 y 75 euros al mes. Sus contratos son indefinidos. De ahí, que todas defiendan su derecho a permanecer en estas viviendas después de los arreglos.
Desde marzo
El calvario para estas mujeres empezó en marzo. La mayoría de las 43 viviendas de esta corrala estaban entonces habitadas y todos se llevaban muy bien. No había problemas. Todo era régimen de alquiler. De muchos tipos y duraciones. Lo sigue siendo. Hoy, sólo quedan las «abuelas de Ventorrillo», como las conocen en Lavapiés.
Adelaida Salas nos cuenta el proceso. «No teníamos problemas. Es cierto que el edificio tenía que arreglarse porque había humedades. El Ayuntamiento lo sabía y no hacía nada por forzar al antiguo casero a que lo adecentara. El antiguo casero murió y en marzo, después de pasar por varias manos, la corrala la compra la empresa que está ahora. Ahí empezó nuestro padecimiento. Van a construir pisos de lujo. La mayoría de nosotras tiene un contrato de alquiler de antes de la guerra, con unos derechos, y no nos pueden echar. Como no tenemos seguro que si nos vamos para que hagan las obras de reforma vayamos a volver, pues aquí estamos hasta que nos lo aseguren, por escrito, si es necesario».
Adelaida no se rinde. Está operada de cadera y lo que más teme es tener que ir, por la noche, al WC comunitario que hay en el pasillo de su planta. Un horror porque está sucio y abandonado. Ella, en su casa, no dispone de servicio. Alguna de sus vecinas sí ha podido hacerlo -con permiso del antiguo casero- en unos poquitos metros cuadrados que robaron al resto de la vivienda. Con un lavabo y un retrete se apañan y eso que, en algunos casos, casi hay que entrar de lado por lo estrecho que es el baño.
«Lo que menos quiero es dar pena», dice Juanita, con lágrimas en los ojos. «Lo que nos está pasando es una pesadilla. Ya hemos recurrido a todos los sitios y nadie nos da una solución. ¿Salir de aquí? Lo que nos tienen que asegurar es que vayamos a volver», añade. Estas palabras Juanita nos las cuenta mientras visitamos a su vecino Ramón Tebar, un anciano postrado en cama, enfermo de los bronquios, del corazón y con una sordera severa. La mujer de Ramón, María, no está en casa. Ha ido a su sesión de rehabilitación porque acaba de operarse de una rodilla. La casa de este matrimonio es lo más parecido a un dedal. Chiquitita, pero les ha dado para poner un retrete pequeño, con lavabo y todo. De cualquier forma, las paredes muestran, con toda su crudeza, las grietas y las humedades que se han adueñado de todo el edificio.
La polémica, no hay duda, está servida entre las «abuelas coraje» y la empresa propietaria del edificio. Son las dos caras de una misma moneda. Pasan los días y, mientras tanto, un puñado de ancianas, con edad suficiente para que las dejen en paz, están en jaque porque no saben muy bien dónde ni cómo acabarán viviendo el día menos pensado.
* ABC - Madrid - MARÍA ISABEL SERRANO - 25 de noviembre de 2007
Foto: Ramón, uno de los vecinos, está enfermo y no sale de la cama /Ignacio Gil (ABC)
«Mobbing» a trece ancianas en su corrala
Guateque en Madrid
ELPAÍS/Editorial* : El juez Santiago Torres ratificó el viernes la orden de prisión dictada contra cinco implicados en la Operación Guateque, la trama de corrupción descubierta en el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP desde hace años. Con esta decisión judicial queda patente la gravedad de los delitos presuntamente cometidos por una red de funcionarios y empresarios que convirtió la concesión de licencias municipales para locales comerciales y de ocio en un lucrativo negocio privado. La intervención judicial llega después de largos años de indicios desatendidos acerca de la arbitrariedad con la que actuaba el Ayuntamiento. Según han descubierto ahora las investigaciones de la policía, el inextricable laberinto de la burocracia municipal era, en realidad, la pantalla detrás de la que se escondía la extorsión a quienes deseasen habilitar locales para determinado tipo de negocios.
Sorprende la ineficacia de los controles legales y administrativos existentes en un Ayuntamiento como el de Madrid, cuya gestión afecta a una de las economías más importantes del país y a un volumen de ciudadanos mayor que el de algunas comunidades autónomas. La inercia suele ser el peor enemigo de los organismos encargados de velar por la legalidad y la transparencia de las actuaciones públicas, puesto que convierte en rutina burocrática lo que debería ser un mecanismo para verificar de forma permanente la estricta correspondencia entre la realidad y su reflejo administrativo. En el fraude desmontado por la Operación Guateque resultaría difícil hablar de inercia, puesto que, además de no existir o no funcionar los controles, tampoco se tramitaron las denuncias de los pocos ciudadanos que se atrevieron a plantar cara al chantaje. Funcionarios sobre los que había recaído algún género de sospechas fueron mantenidos en sus puestos, e incluso promocionados.
El Ayuntamiento de Madrid ha reaccionado personándose en la causa judicial abierta por este caso de corrupción en la concesión de licencias municipales. Es una respuesta efectista, que intenta dejar patente la diferencia entre la forma de actuar de la institución y la de algunos de sus funcionarios. Pero es, en cualquier caso, una respuesta que no puede excusar la determinación de responsabilidades más allá de las que fijen los tribunales de justicia. Este entramado de turbios intereses y manejos, prolongado durante años, ha colocado a muchos pequeños empresarios ante la disyuntiva de aceptar el chantaje o contemplar la ruina de su negocio. Por otra parte, el descubrimiento de las componendas de los funcionarios implicados también acaba colocando bajo sospecha las licencias en vigor, multiplicando los efectos perversos de su comportamiento.
Es una trama compuesta por un elevado número de implicados y que ha gozado de una llamativa impunidad. El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado, como si este escándalo le fuese ajeno.
* ELPAIS.com - Editorial - 25/11/2007
León: Más de 10.000 personas rechazan la línea de alta tensión Sama-Velilla
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NORTECASTILLA* : Con lazos verdes y decenas de pancartas, más de 10.000 personas de León y Asturias, según las plataformas convocantes y 3.500, según la Policía Nacional, recorrieron durante más de dos horas las calles del centro de León para mostrar su oposición al trazado de alta tensión que propone la compañía Red Eléctrica de España (REE) entre Sama (Asturias) y Velilla del Río Carrión (Palencia). Un proyecto que afecta a un total de 19 municipios, 13 de León, dos de Palencia y cuatro en Asturias, y que tiene un recorrido total de 123 kilómetros.
El portavoz de la plataforma leonesa Alto Bernesga, Félix Ordás, aseguró que «la línea supone la muerte del corredor por donde pasa» por lo que, expuso, se trata de una «lucha por la supervivencia de la montaña que ha sufrido múltiples agresiones» aunque, matizó, ésta es la «agresión con mayúsculas». Según Ordás, «si la montaña se muere, León se muere».
La manifestación salió a las 12.00 de la Plaza de Guzmán el Bueno de León y transcurrió por las principales calles haciendo una parada frente a la Subdelegación del Gobierno en la capital, donde los manifestantes protagonizaron una sentada. Además, varios responsables de las plataformas accedieron al interior del edificio para entregar un manifiesto que recogía las razones por las que reclamaban la paralización del proyecto.
La movilización concluyó en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León donde los responsables de las tres plataformas que convocaron la protesta reiteraron los perjuicios para el medio ambiente y la salud de las personas que tendría el tendido eléctrico. Como clausura al multitudinario acto, dos niñas de las localidades leonesas de Ciñera de Gordón y Cistierna hicieron un alegato en favor de la protección ambiental de la zona y en contra de la amenaza que supone, a su juicio, la línea eléctrica para el futuro económico y social del norte de la provincia. Leyeron también un poema escrito por el leonés Eliseo Fernández. Finalmente, el poeta, Jesús Díaz, fue quién leyó el manifiesto al que le siguió el canto de la tradicional canción 'Viva la montaña, viva'.
Hasta León se desplazaron varias decenas de autobuses desde la montaña leonesa y desde Asturias.
* El Norte de Castilla - 25.11.07 - ELENA RODRÍGUEZ
Foto: Los manifestantes manifiestan su rechazo a la línea. / C. HERNÁNDEZ (NorteCastilla)
Las Vegas, Macao, ¿Los Monegros?
ELPAÍS/Zaragoza* : El altisonante anuncio de un gigantesco proyecto de casinos y ocio sacude la sufrida comarca aragonesa. Javier se acerca al televisor y pone el volumen a todo trapo. Acaba de terminar su jornada en la cooperativa y se ha reunido con los colegas en el bar La Chipranera. Todos los jóvenes del pueblo esperan el gran momento, ¡Castejón en la tele! Castejón de Monegros es un pueblo de menos de 600 habitantes en el corazón de esta fascinante, pobre y desértica comarca aragonesa, a tres cuartos de hora de Zaragoza. Uno a uno, van saliendo en pantalla los personajes del pueblo, entrevistados en Aragón Televisión.
Las risas se desatan, unos gritan y otros piden silencio, no se oye nada, "¡mira, ahí está Miguel!". Euforia, carcajadas y un gigantesco "buuh" cuando el reportaje se traslada al pueblo vecino, La Almolda, otro de los supuestos candidatos a albergar Las Vegas II. Castejón no tiene agua para regar, es un pueblo olvidado, quedan pocos jóvenes, la mayoría se fue a trabajar a la ciudad.
"¡Que no me toque la lotería de Navidad este año para que salga esto. Esto se hará realidad, esto va p'alante!", proclama eufórico y a voz en grito Javier, copa en mano, dando grandes zancadas por la Chipranera, electrizada ante la aparición de Castejón en los medios de comunicación. Por fin se habla de ellos, después de años a la deriva, y aún recuerdan los ochenta, cuando venían a tocar "los números uno, Romina y Albano, el Dúo Dinámico".
Javier tiene 27 años y trabaja en la cooperativa Monegros de Sariñena. Empaca paja y alfalfa para las ovejas. Muchos de sus amigos se fueron a Zaragoza. "¡Ya me estoy viendo de gerente de uno de los casinos!", grita eufórico, con su mono de trabajo de campo, y se ajusta entre risas un nudo ficticio de corbata.El bar La Chipranera es pura fiesta.
"Todo esto me recuerda a Bienvenido Mr Marshall", dice desde la barra Maria Dolores, maestra de escuela, de 54 años. "¿Y eso qué es?", le pregunta Jessica, la novia de su hijo. "Una película antigua, que vienen unos americanos a un pueblo..."
Cuatro parques temáticos, cada uno tan grande como Port Aventura. Más casinos que en Las Vegas o en Macao, podría haber 32 hoteles-casino. Una inversión de 15.000 millones de euros, multiplicando por 10 la presupuestada para la Expo 2008. La colección de cifras de vértigo que ha acompañado al anuncio de este proyecto despierta tanto entusiasmo como incredulidad. "Están jugando con las ilusiones de la gente, en el medio rural la vida es dura y hay quien sueña con dar el pelotazo vendiendo unas tierras", asegura Adolfo Barrena, diputado y portavoz de Izquierda Unida en Aragón.
La especulación es lo que manda estos días. La especulación en torno a cuál será el emplazamiento de este megaproyecto, del que se sabe poco y en el que hay todavía muchas cosas en el aire. Jaume Riera, de la empresa de servicios Riera y Carrera Asociados, que es, dice, el único socio español en este conglomerado de 12 empresas mayoritariamente europeas, da algunas claves: están buscando clientes que se sumen al carro, hoteles y parques que quieran formar parte de Gran Scala, que así es como lo han bautizado; han decidido apostar a lo grande, "estos proyectos o son grandes, o no son"; y el 12 de diciembre se presentan en sociedad. Al frente del conglomerado está Aristocrat Technologies, una firma australiana que, según fuentes del gobierno aragonés, es la número uno en equipamientos de juego del mundo y, según Riera, es la número 2. "Aún queda mucha tela por cortar", reconoce Riera. ¿Será que el anuncio del proyecto es una manera de tantear el terreno?
El Gobierno de Aragón presenta la cuestión como una gran oportunidad que no se puede dejar pasar. Internacional Leisure Development (ILD), la empresa que aglutina a los socios, ha sido creada ex profeso para este proyecto. El único cliente que se ha apuntado a la aventura es Spyland, parque temático sobre espías (que también desarrollará Acquántica, sobre agua). Su coordinador general, Didier Rancher, confirma que es la primera vez que montan un parque de estas características, que llevan 2.700.000 euros gastados y dice que esto tiene que salir. Spyland estuvo a punto de ir a Dubai y a Valence, en Francia. La posición estratégica de Monegros, equidistante de Valencia, Madrid y Barcelona, es un plus.
"Es un proyecto grandilocuente y despilfarrador que además va contra los esfuerzos por detener el cambio climático, contra el desarrollo sostenible", manifiesta Adolfo Barrena, de IU. "Menos sostenible sería que dentro de diez años quedaran tres abuelos en el pueblo", contesta Gerardo, acodado en la barra de La Chipranera. Maria Dolores, la maestra, sueña con una estación de AVE en la zona. "La única incógnita", reconoce Riera, "es si el proyecto será tan grande como se ha planteado o si será un poco más pequeño".
Fuentes del Gobierno de Aragón hablan de 20 millones de visitantes al año. De cerca de 30.000 empleos. Las cifras bailan y los sueños se disparan en Monegros.
"A buen comprador... la capa"
Villafranca de Ebro también está agitada. Situada a las puertas de Monegros y mucho más cercana a Zaragoza, a apenas 30 kilómetros, vive días revueltos por las especulaciones de los medios locales, que apuntan a que hay movimientos de empresas que tienen opciones de compra en terrenos de su término municipal.
Suena una jota distorsionada por los altavoces de este pueblo, de menos de 800 habitantes, y por megafonía se anuncia que hoy toca comprar los bonos que financiarán las próximas fiestas de la patrona, Santa Bárbara, el próximo 4 de diciembre. Los vecinos señalan que si queremos ver las tierras donde podría estar ubicado el megaproyecto, que subamos en dirección a Monegrillo, cerca de por donde pasa la autopista a Barcelona. Allí hay un coto de caza silencioso donde sopla el viento del desierto y donde las perdices caminan erguidas y a sus anchas por una vieja carretera secundaria. La tierra es dura y agrietada en esta zona. Blanquecina, rocosa.
Un agricultor cierra la bomba de agua con esfuerzo, aquí sí que hay regadío y él posee tierras por esta zona. Prefiere no identificarse, no sea que los del pueblo piensen que quiere promocionarse, pero deja claro qué haría si le hicieran una oferta: "A buen comprador, la capa". El alcalde de Villafranca de Ebro, José Antonio Moreno, dice que "ojalá" cayera la breva, pero que no hay nada oficial, él no sabe nada de opciones de compra ni nada.
* ELPAIS.com - JOSEBA ELOLA - Zaragoza - 25/11/2007
Foto: Maqueta del proyecto empresarial de Gran Scala - El País
Territorio: el estado de la cuestión
LUÍS ANTONIO CORRAL JUAN* : Una comunidad turística como la nuestra en la que el paisaje es uno de sus más importantes activos, así como la propia calidad de vida de sus ciudadanos, debe obligarnos a salvaguardar nuestros patrimonios culturales, tanto naturales, rurales o litorales, como transformados, sean arquitectónicos o conjuntos urbanos. La necesaria ley de paisaje, debe acometer un estudio previo de las características que definan los distintos territorios, naturales o transformados, sobre los que basar las normativas que en ese aspecto contenga. Territorios, como los costeros de fortísima implicación turística, donde la administración estatal, casi veinte años después, analiza el grado de incumplimiento de la ley de costas. Tiempo excesivo para cumplir con la obligación de velar por unos espacios emblemáticos de tanta repercusión medioambiental y paisajística.
La acción combinada entre todas las administraciones resulta obligada dadas las competencias que en las áreas litorales se juntan. No es factible hablar de nuestro territorio sin tener presente su contorno en el que se acumulan un sinnúmero de anomalías. No olvidemos que la trascendencia penal en la ordenación territorial reside en las actuaciones sobre espacios protegidos y sobre ámbitos de dominio público y la costa contiene ambos aspectos.
La primacía del interés social y mediático en toda España durante este último año se ha centrado en la corrupción urbanística. La necesidad de reclamar la ética como herramienta imprescindible en el ejercicio profesional en todos los campos de actuación, y ahora de manera especial en el del urbanismo y el territorio, no nos ha dejado indiferentes a los arquitectos, reforzando nuestras estructuras deontológicas. La especulación urbanística, que prohíbe la Constitución y contra la que han pretendido actuar todas las leyes del suelo estatales, se centra, en la actual, en la separación entre los derechos a la propiedad y a la edificación, aspecto que debiera haber profundizado más, en la línea de otros países más avanzados donde, reconocida la función social de lo urbano, limita su creación a la potestad de la administración pública. Con esa exclusividad de transformación del suelo en urbano desaparecerían las expectativas y las plusvalías revertirían a la sociedad que las genera. En cualquier caso, la obtención de la materia prima, el suelo rústico, debe asegurar (lo que no hace la ley actual cuando plantea la expropiación) la reparación del bien perdido, la posibilidad real de compra de otro terreno con similares características.
La asunción de tales aspectos desde una ley autonómica es aún más compleja. La ley de suelo balear, que inicia su cuarto intento para acabar con el triste privilegio de ser la única autonomía que aún no dispone de ella, parece que seguirá el mismo punto de partida de los anteriores, respecto a recoger en ella la ingente legislación urbanística y territorial existente en nuestra comunidad, pero ello no puede dejar de lado uno de sus cometidos como es la revisión, actualización y localización de los contenidos de la ley estatal del 76 que debe reemplazar, aunque su pormenoración sea objeto de un posterior reglamento. Legislación que no debe importar la figura del agente urbanizador, que tantos problemas de usurpación de suelo está generando en otras comunidades españolas. Aspecto éste al que la nueva ley estatal intenta hacer frente exigiendo transparencia en el proceso.
Una consecuencia concreta de la falta de protagonismo directo de las administraciones en la generación de los suelos urbanos es la carencia de patrimonio público, de la que luego derivan otros problemas. Las demandas sociales relativas a la posibilidad de acceso a la vivienda, dramatizadas por la escalada alcista de los precios en los últimos años han tenido y tienen variadas respuestas en las distintas administraciones. La clave del fomento del alquiler, que es la realidad en el resto de Europa, sigue sin potenciarse. La educación sobre su bondad, debe luchar contra el arraigo social heredado de una época afortunadamente lejana, en la que se vinculaba la propiedad con la dignidad.
El anuncio de un plan de choque por parte del Govern ante la escasez de suelo, fundamentalmente de las administraciones, para actuar en una comunidad donde el parque de viviendas con soporte público es mínimo, debe ser observado minuciosamente, por las trascendencias territoriales que puede tener. La correcta estrategia por la compacidad ante la realidad del carácter extensivo (tan poco sostenible) de nuestra comunidad debe estar enmarcada por el lugar. La importancia del paisaje y la persistencia de la singularidad de aquellos conjuntos urbanos definitorios de nuestro asentamiento sobre el territorio tienen que ser irrenunciables.
La obtención de suelo necesario para alcanzar el objetivo de 5000 viviendas protegidas, fundamentadas en la cohesión social y la calidad de la arquitectura, no puede hacer valida la frase de que "el fin justifica los medios" y mucho menos prolongar "el urbanismo a la carta", porque volvemos a jugarnos ese bien tan escaso e irreversible como es el territorio. La duplicación de ese número de viviendas en virtud de las contraprestaciones ofrecidas a la promoción privada encuentra un balón de oxígeno, si se diversifica, para la actividad del sector de la edificación que, tras unos años de continua expansión, está entrando de lleno, en una situación recesiva.
Dada la extrema dificultad de optar a suelo urbano si no es patrimonio público, la determinación de esas áreas estratégicas debe limitarse a aquellos espacios que los planeamientos hayan determinado para el desarrollo, los suelos urbanizables. La posibilidad de utilizar suelos rústicos debe descartarse.
Escasez de suelo público a pesar de la obligación de las administraciones de dotarse y de ampliar su patrimonio. Enajenación constante, consecuencia directa de la nefasta financiación local, que supone en bastantes casos una malventa de los terrenos a precios irrisorios en comparación con los que obtendrán los adjudicatarios.
La modificación del estatuto de autonomía mejoró la financiación de nuestra comunidad, aunque todavía requiere de nuevos esfuerzos. Entre otros, que el estado haga suyos los criterios de población y carencias como parámetros para acercarse a lo deseable. Pero la situación de desamparo que padece la administración local es aún mayor. Lo que la convierte habitualmente en impulsora del desarrollismo urbanístico y edificatorio, al ser ese su principal medio de financiación.
El necesario estímulo y apoyo que el Consell de Mallorca quiere dar a los Ayuntamientos para que adapten sus planeamientos al Plan Territorial posiblemente va a tener que requerir previamente su reforma. Desde la legislación de vivienda, que con su plan de choque modificará delimitaciones y parámetros, a la imprescindible revisión de las Áreas Directas de Reconversión Territorial, para que cumplan los objetivos que les marcaban las Directrices de Ordenación y no sean lo que hoy, en su inmensa mayoría, son: meras excusas para urbanizar nuevos territorios. Incluso la asunción de la necesaria herramienta con la que hacer frente a la indisciplina urbanística que dificilmente pueden asumir directamente la mayoría de las corporaciones municipales, dada la excesiva cercanía entre munícipes y vecinos. El consorcio creado para ello por el Consell de Menorca es un ejemplo de como hacerlo.
Los dos sectores del Área de Reconversión Territorial ubicado en la Playa de Palma deben plantearse, en esa revisión, al servicio de la tan necesaria revitalización de esa importante zona turística, algo que, afortunadamente, recoge el decreto de moratoria urbanística que prepara el Govern. Si la Playa de Palma fue pionera en la concepción del turismo masivo, debe serlo también a la hora de la recuperación de las áreas maduras. Es mucho lo que se espera de ella. El fallo del concurso internacional de ideas que se llevará a cabo proximamente debe ser el punto de arranque para la resolución de un sector tan amplio y complejo, contemplado prioritariamente desde lo turístico y no unicamente desde la perspectiva de ordenación de la ciudad.
El anteproyecto de ley de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible, además de contener un capítulo que debe ser objeto de la ley de suelo que igualmente elabora esa consellería, también incide en el sector turístico. La oferta complementaria y necesaria para un turismo de mayor calidad y de efecto desestacionalizador, como es el golf, debe desembarazarse de una vez por todas, tal como ahí se propugna, de los aditamentos de una actividad edificatoria. Al igual que los puertos deportivos, su rentabilidad debe radicar en su propia esencia. Dicha ley plantea, además de la revisión al alza de la ley de espacios naturales, la protección del entorno del hospital de Son Espases. Un ejemplo más, en este caso por la elección de una ubicación, de la actual primacía, en el panorama español, de la gestión en la práctica urbanística, frente a una necesaria concepción global y ordenada de la ciudad, donde todos los elementos se sitúen en el lugar idóneo, estructurado con el conjunto del entramado urbano. La recuperación del planeamiento, como medio de expresión del espacio de la ciudad al servicio de la calidad de vida de los ciudadanos, debe relegar la gestión al lugar que le corresponde, como medio para lograrlo y no como planificador de un urbanismo interesado y fraccionado.
Urbanismo y ordenación territorial, sostenibilidad y medioambiente, turismo y paisaje, patrimonio y cultura, campo y ciudad, vivienda y suelo, litoral y espacios protegidos, golf y puertos deportivos, corrupción y especulación, ética y justicia, disciplina y planeamiento, construcción y recesión, reconversión y revitalización, financiación y desarrollo, legislación y normativa. Y todo sobre un territorio tan escaso y finito como el nuestro. Las resoluciones de los problemas son potestad de los políticos, teniendo a los profesionales como agentes capaces de elaborar los medios para lograrlas. Nosotros debemos preocuparnos de la calidad, la solidez y la ética de nuestras propuestas a esas soluciones.
* Luís Antonio Corral Juan es Decano del Col·legi Oficial d´Arquitectes de les Illes Balears.
* Diario de Mallorca - Opinión - 24 de noviembre de 2007
