EUROPAPRESS/Málaga* : El Juzgado de lo Penal nº7 de Málaga ha condenado al ex alcalde de la localidad malagueña de Salares Jorge Luis Fernández a un año de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público por un delito contra la ordenación del territorio, al no actuar ante las obras de una vivienda ilegal y por expedir un certificado en el que indicaba que la casa reunía las condiciones de habitalibidad, lo que supone "una auténtica licencia de primera ocupación".
En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se condena, además, a un año de prisión, multa de 5.400 euros e inhabilitación como promotor o constructor durante un año al propietario de la parcela, catalogada catrastralmente como terreno agrícola y actualmente terreno rústico, quedando clasificado como no urbanizable, dentro de los límites de la Reserva Nacional de Caza 'Sierras Tejeda y Almijara'.
Según la resolución, que no es firme, el promotor solicitó en 1999 al Ayuntamiento licencia para una vivienda, que "nunca llegó a concederse" por no presentarse el proyecto técnico y por el informe desfavorable de la Secretaría. Pese a ello, el acusado procedió entre 2001 y 2007 a la ejecución de las obras de una casa unifamiliar de unos 160 metros cuadrados. En 2006, pidió y se le concedió autorización para un cercado y realizó, además, un muro de hormigón.
En el caso del entonces alcalde, que tomó posesión en noviembre de 2001, el juez entiende que tuvo "pleno conocimiento de la ilicitud de las obras que el coacusado realizaba", ya que fue informado "en reiteradas ocasiones" por la secretaria del Ayuntamiento. Además, "plenamente consciente de la ilegalidad, hizo caso omiso a las reiteradas denuncias" del propietario de una parcela colindante, "no ordenando" el inicio del restablecimiento de la legalidad.
Asimismo, concluye que "a los fines de dar a la construcción que se realizaba apariencia de legalidad", a petición del otro acusado, expidió un certificado en septiembre de 2006 "afirmando que la vivienda está totalmente terminada y reúne las condiciones necesarias de habitabilidad para concederle la calificación de apta para primera ocupación". Por otro lado, denegó la licencia solicitada por el dueño de la parcela colindante para una nave apícola.
Para el juez, es "indudable" que la construcción se ha efectuado en suelo no urbanizable, "careciendo de licencia o autorización". Además, asegura que "no puede discutirse" que el entonces regidor "tenía obligación legal de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística" en su municipio "ni se puede argumentar que desconocía la realidad de la construcción".
En este punto, argumenta este conocimiento en que eran unos 200 habitantes en 2002 y en que sabía que había informe negativo, llegando a justificar la construcción en que el otro acusado "tenía necesidad y en que "era vecino del pueblo". Además, sabía de las denuncias presentadas por el otro propietario, "hasta 19", y de los requerimientos de información por parte de la Junta de Andalucía, que "desatendió".
Asimismo, señala que "llama la atención" los conocimientos del entonces alcalde de Salares a la hora de denegar la autorización para la nave apícola solicitada por el propietario de la finca colindante, que ejerció en esta causa como acusación particular; "frente al desconocimiento que alega en materia urbanística respecto de la construcción que el acusado llevaba a cabo".
"La conducta del acusado --ex regidor-- no solamente ha de ser encuadrada en su modalidad de prevaricación omisiva, sino que pueden considerarse como conducta prevaricadora activa, pues la certificación como vivienda apta para primera ocupación suscrita por el acusado constituye una auténtica licencia de primera ocupación, contraria a las normas urbanísticas por cuanto afecta a una construcción ilegal", apunta la sentencia.
* Europa Press - 27.04.10
Foto: Salares - andaluciaturismodigital
Condenan al ex alcalde de Salares a 1 año de cárcel por no actuar ante las obras de una casa ilegal
Barberá aprueba 31 nuevos derribos en el barrio del Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : El Ayuntamiento de Valencia dio hoy cuenta de la concesión de 18 licencias de derribo en el barrio valenciano de El Cabanyal, que afectan a un total de 31 viviendas, la mayoría ubicadas en la calle San Pedro y Luis Despuig. El concejal delegado de Urbanismo del consistorio, Jorge Bellver, aclaró que estas licencias se aprobaron "dentro de la legitimidad", antes de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicase la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso del Gobierno contra la ley autonómica que avala el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), al tiempo que matizó que están suspendidas.
Bellver se pronunció en estos términos en una rueda de prensa posterior a la Comisión de Grandes Proyectos, Vivienda y Urbanismo, después de que el concejal del grupo municipal socialista en el consistorio Vicente González Móstoles acusara al Ayuntamiento de haber aprobado hoy las licencias, pese a la admisión del recurso de inconstitucionalidad.
Al respecto, Bellver negó esta afirmación y aclaró que "lo que ha hecho la comisión de Urbanismo es dar cuenta de las licencias que se dieron en su día, entre comisión y comisión, a los efectos de control". "Las licencias se aprobaron en su momento, hoy se ha dado cuenta pero quedarán en suspenso", dijo. No obstante, afirmó que el día en que se pronuncie la Justicia, "ya estarán las licencias concedidas y se podrán aplicar inmediatamente".
Matizó, en este sentido, que las últimas dos licencias que firmó son del 20 de abril, es decir, un día antes de que el BOE publicase la admisión a trámite del recurso del Ejecutivo. Por tanto, insistió, "se aprobaron dentro del plazo, amparadas en la legitimidad que tenía el ayuntamiento para hacer derribos".
Bellver indicó que en el momento de conceder estas licencias de derribo "no había nada que impidiese que esto fuera así", ya que "la misma legitimidad tenía el hecho de derribar como la firma de licencias", reiteró. De hecho, señaló que el equipo municipal "va a seguir tramitando y tomando decisiones como éstas, en base a un respeto absoluto a la legalidad".
Por su parte, González Móstoles indicó que el PSPV lamenta --y por eso ha votado en contra de la concesión de estas licencias-- "la cicatería, el oportunismo administrativo que ha demostrado el equipo de gobierno" porque, según relató cronológicamente, los informes sobre ellas se produjeron entre el 8-9 de abril, las resoluciones entre el 13-14, y la admisión a trámite del segundo recurso del Gobierno a mediados de abril --el día 14--", con lo que "se ha aprovechado lo que el Ayuntamiento considera un vacío legal para proponer el derribo de 31 viviendas más".
Reiteró, pese a lo afirmado por Bellver, que las licencias "se han concedido hoy, y no antes, y hoy el marco jurídico de la ley de Francisco Camps está en suspensión". Así pues, entiende que el otorgamiento de las licencias "es situarse fuera de la legalidad y el consistorio se tendrá que atener a las consecuencias que puede tener". En este punto aclaró que el PSPV analizará si recurre esta resolución, aunque dijo que tampoco es su papel "estar todos los días en los tribunales", ya que hay otras vías.
Lamentó, con todo, que las nuevas licencias otorgadas por el ayuntamiento, sobre inmuebles de Cabanyal 2010, afectan a edificios ubicados en el conjunto histórico protegido, que es "tan protector como el Bien de Interés Cultural (BIC), aunque supone otra modalidad y otro origen". Recordó que si la licencia no es recurrida, tiene vigor desde "ya", y el plazo son seis meses para ejecutar el acto o pedir una prórroga.
EL DECRETO
Bellver criticó la "poca claridad" del decreto ministerial sobre El Cabanyal, puesto que "la situación que se ha quedado actualmente es kafkiana", ya que, según la teoría, el PEPRI queda suspendido actualmente y podría ser aplicable el plan anterior, que es el Plan General. Y esto, según dijo, "es una barbaridad" porque "podrían haber nuevas peticiones de derribo y se tendrían que aprobar". Por ello considera que el decreto "es una aberración desde el punto de vista jurídico y urbanístico".
Ante este decreto y las resoluciones del TC, el Ayuntamiento, según dijo Bellver, acudió a la Audiencia Nacional para pedir, en primer lugar, que se archivara todo y no se diera valor al decreto del Gobierno; y, de no ser así, que se entendiera que la aplicación del mismo era sólo para el ámbito BIC que forma parte del PEPRI. Ante ello, la Audiencia no quiso entrar a valorar el fondo del asunto porque es algo "muy grave", puntualizó.
Ante esta situación, Bellver lamentó que "no existe en toda la historia de la democracia un decreto similar respecto a una legislación autonómica". "Es la primera vez --agregó-- en la historia de la democracia que un gobierno de España decreta lo que decreta en Valencia, a pesar de que hay otras ciudades a las que no se ha dirigido pese a que tienen denuncias de la Unesco". "A lo mejor tiene algo que ver que se traten de alcaldes socialistas", matizó.
* Levante-EMV - 26.04.10
Foto: El Cabanyal - blogalaxia.com
Detenciones y registros en la tercera fase de la 'operación Jable'
CANARIAS7/Lanzarote* : La Guardia Civil ha lanzado en la mañana de este martes la tercera fase de detenciones y registros en el marco de la 'operación Jable'. La ex presidenta del Cabildo, María José Docal, es una de las personas que integran la lista de detenidos en esta fase. Su casa está siendo registrada desde primeras horas del día. Los agentes también han entrado en el Ayuntamiento de Arrecife. Otro de los nombres que forman parte de la lista de detenidos en esta operación es el del concejal de Parques y Jardines de Arrecife, Antonio Machín, del PIL, igualmente detenido.
La cifra final de detenciones prevista para hoy ronda las ocho personas. A los políticos ya citados se unen los nombres de unos cinco empresarios que habrían contratado servicios con el Ayuntamiento y el Cabildo. Entre las empresas estarían Lanzagrava, Inelcom y Señalcom, todo ello según fuentes oficiosas. Demetrio Rodríguez, de Lanzagrava, sería uno de los detenidos.
Se mantiene así la previsión de los investigadores, que cifraban desde un primer momento en más de veinte las detenciones en esta fase del 'caso Unión'.
* Canarias 7- 27.04.10
Foto: Docal, junto a Dimas Martín, en una foto de archivo.- canarias7.es
Las condenas por casas ilegales se concentran en Castilblanco de los Arroyos
ELCORREOWEB/Sevilla* : La zona ocupada por las parcelaciones irregulares supera la del casco urbano del pueblo. La Fiscalía exige que los jueces unifiquen el criterio en las sentencias sobre temas urbanísticos.De las 66 sentencias condenatorias dictadas el año pasado por los juzgados sevillanos 61 fueron por delitos contra la ordenación del territorio, o lo que es lo mismo, por levantar una construcción ilegal. Pero lo más llamativo de esta cifra es que "la mayor parte" fueron por delitos cometidos en Las Minas, en Castilblanco de los Arroyos, una zona que, según destaca la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio en su memoria de 2009, es "un desastre urbanístico sin igual en la provincia".
Como ya ocurriera en años anteriores, más del 80% de las investigaciones de esta sección del ministerio fiscal, se centran en estos delitos, pese a que el año pasado "descendieron". El fiscal coordinador en Sevilla, Javier Rufino, llama especialmente la atención sobre Las Minas, donde "el espacio ocupado por las parcelaciones ilegales y consiguientes edificaciones irregulares ejecutadas excede muy notablemente de la superficie del casco urbano" del municipio.
Las escasas sentencias absolutorias -ocho- son en su mayoría de particulares de esta zona que no han podido ser condenados porque los jueces han considerado "la prescripción del delito", alegado "sistemáticamente por las defensas". Todos estas decisiones judiciales, absolutorias o condenatorias, se comunican desde 2009 al Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos para que "adopte las medidas oportunas en ejercicio de su obligaciones de disciplina urbanística" que, según el fiscal, "tan groseramente omitió en su día".
El fiscal también hace alusión especial en su memoria al hecho de que una de las secciones penales de la Audiencia de Sevilla haya dictado pronunciamientos "radicalmente discrepantes" al respecto de las otras tres, que han confirmado las sentencias que decretaban la demolición de lo construido. Una de las secciones, en cambio, se ha opuesto al estimar "las especiales circunstancias de consolidación edificatoria de la zona", que "catastróficamente" se está convirtiendo en urbana, pese a no serlo. De ahí, que solicite un plenillo de magistrados para unificar criterios.
Asimismo, la memoria señala que se han incoado 12 procedimientos penales por contaminación acústica, sobre los que critica la lentitud de los mismos porque "no se produce una respuesta satisfactoria de la administración local", cuando se la requiere para la obtención de documentos. Además asegura que "no se entiende cómo sigue sin llegar prácticamente ninguna denuncia por iniciativa de los ayuntamientos". Sobre los incendios forestales, el fiscal señala que no se produjo ninguno de relevancia en 2009 gracias a "la labor de detección de focos de riesgo".
* El Correoweb - 26.04.10
Foto: La urbanización Las Minas se encuentra en Castilblanco de los Arroyos. - Juanma Rodríguez, elcorreoweb.es
El fiscal pide dos años de cárcel para el ex alcalde de Manilva por cohecho
ELPAÍS/Málaga* : El gilismo, esa concepción política de corrupción e intereses que surgió en los años noventa en la Costa del Sol, tuvo en el municipio malagueño de Manilva, junto al límite con Cádiz, uno de sus baluartes. El 13 de octubre de 2005, un grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía entró en el domicilio del entonces alcalde manilveño, Pedro Tirado, que aunque pertenecía al personalista partido PDEM (Partido Democrático de Manilva), había echado los dientes políticos en el Grupo Independiente Liberal (GIL). En el registro del ático de Tirado, en la urbanización Sabinillas del Sol, los policías hallaron una de las famosas "bolsas de basura", como las que una noche se echaron en cara los ex regidores marbellíes Jesús Gil y Julián Muñoz ante las cámaras de Telecinco. La bolsa, lejos de contener desperdicios, guardaba 762.102 euros. En billetes de 500 y 200.
El juez instructor, Miguel Ángel Torres, que investigó también el caso Malaya, y el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, sostienen que el dinero pertenece a la comisión cobrada por Tirado por un convenio urbanístico en el que se aumentaba la densidad edificatoria de la finca La Parrada. En pleno auge inmobiliario, estos terrenos urbanizables pasaron de tener una densidad de 10 viviendas por hectárea a 18, lo que permitía construir 2.340 viviendas en lugar de las 1.300 que le correspondían inicialmente. La sociedad Royal Marbella Estates, propietaria de los terrenos, que adquirió por 9,7 millones de euros entre septiembre de 2002 y junio de 2003, los revendió en diciembre de 2004 por 117,9 millones, IVA incluido, a un consorcio formado por cinco grandes promotoras.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga juzgará a partir de mañana martes al ex regidor Tirado, apoyado por IU y el PSOE y que dimitió tras su detención. La fiscalía pide para él dos años de prisión, siete de inhabilitación para cargo público y multa de tres millones de euros, con responsabilidad de seis meses de cárcel en caso de impago, por un delito de cohecho.
El llamado caso Parrada o caso Tirado, es una pieza separada del caso Ballena Blanca, la macrocausa contra el blanqueo de capitales centrada en el despacho del abogado marbellí Fernando del Valle y cuyo juicio, ahora suspendido, empezó el pasado 15 de marzo. La sociedad Royal Marbella Estates está controlada por Aki Kujala. Según el fiscal, este ciudadano finlandés "aparece relacionado" con individuos a los que se les imputan "actividades delictivas graves", como tráfico de drogas. Para el ministerio público, Royal Marbella Estates compro La Parrada como forma de blanquear el dinero procedente del narcotráfico. Aki Kujala está acusado en el caso Parrada por cohecho y blanqueo. Se enfrenta a cuatro años de prisión.
Donde hay un alcalde dispuesto a dejarse sobornar, casi siempre hay un cuñado dispuesto a llevarse su parte. Francisco Calle, hermano de la esposa de Tirado, fue, según el fiscal, quien puso en contacto al empresario Kujala con el regidor y le convenció para que firmara el convenio. Por esta gestión, Calle se embolsó 2,17 millones de euros tras fundar una sociedad con Kujala, que apareció como mediadora en la venta de los terrenos de la Parrada. Calle adquirió supuestamente con este dinero un ático en Sotogrande. Para ocultar la compra, a través de una sociedad fundada a su vez por otra firma con base en Gibraltar, Calle aparece como arrendatario del inmueble.
* ELPAIS.com - 26.04.10
Foto: Playa en Manilva - diariosur.es
Piden urbanismo con aval ciudadano
EXCELSIOR/México* : Álvaro Porcuna, especialista español en planeación urbana, indicó que para proyectos viales de gran impacto, como la Supervía que anunció el Gobierno del DF, se necesita un alto consenso con la población afectada e, incluso, sugirió que ésta puede dar un soporte para el transporte público. Durante el 2º Congreso Internacional de Transporte Urbano, el especialista explicó que la construcción de nueva infraestructura vial siempre va a generar molestias, sobre todo por la competencia de los usos de suelo y las afectaciones al entorno, además de que resultan costosas.
Señaló que si bien en ciudades europeas la tendencia es hacer una inversión racional en ese tipo de infraestructura, el Distrito Federal tiene problemáticas particulares que deben atenderse, pero recomendó que antes de emprender cualquier proyecto se haga una valoración previa de los costos, tanto económicos como ambientales, así como las afectaciones a las personas.
Sin embargo, Porcuna afirmó que las ciudades deben comenzar a pensarse bajo modelos más compacto, pues en la mayoría de las urbes los polos de desarrollo se encuentran dispersos, lo que genera mayores gastos de combustible, transporte público, infraestructura, entre otros.
Detalló que en el DF resulta más caro llegar a los centros de trabajo que pagar la hipoteca, por lo que dijo que las autoridades deben tratar de evitar los desplazamientos, potencializar el transporte público e inhibir el privado.
En el caso de la Supervía Poniente, Martín Mejía, director general de Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), informó que además de la ruta de la Red de Transporte de Pasajeros que la recorrerá, se conservarán los recorridos que el transporte concesionado hace de Santa Fe a Tacubaya, por Vasco de Quiroga, y de Constituyentes a Santa Fe.
Se pretende que empleen vagonetas, lo que obligaría a los transportistas a renovar sus unidades.
Si trabajo en Santa Fe debería vivir ahí y hacer mis compras en esa zona, tratando de evitar el traslado al Centro de la ciudad.”
* Álvaro Porcuna, especialista español en planeación urbana
* Excelsior - Jessica Castillejos - 23.04.10
Foto: Los proyectos como la Supervía Poniente no sólo deben contar con planes de mitigación, sino con apoyo civil, consideraron expertos. - Archivo/Daniel Betanzos. exonline.com.mx
