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ELPAÍS/Alicante* : El estancamiento que sufre desde hace casi cuatro años el caso del alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, del PP, y que debe aclarar una plusvalía de 5,2 millones logrados con la compraventa de una finca rústica en Almoradí ha llamado la atención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La Unidad Inspectora del CGPJ ha ordenado la incoación de diligencias informativas sobre la situación en la que está el proceso judicial, según explicaron ayer Los Verdes. La decisión fue tomada a mediados del pasado mes de julio.
El alcalde compró a la promotora Edén del Mar una finca de 18 hectáreas de suelo rústico en 2000 por 180.000 euros y dos años más tarde se la vendió a la misma firma por 5,4 millones. El caso se instruye en el juzgado número 4 de Torrevieja, pero apenas ha avanzado desde 2005. Ese año, declaró Hernández Mateo como imputado por los delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. El alcalde defendió en su declaración la legalidad del proceso realizado y vinculó la plusvalía lograda con la compraventa al "auge urbanístico" que se vivía en aquellos momentos y al que La Vega Baja no era ni mucho menos ajena.
La causa está pendiente del traslado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dada la condición de aforado de Hernández Mateo, diputado autonómico desde 2007. A finales del año pasado a la Fiscalía Anticorrupción exigió practicar todas las pruebas pendientes antes de elaborar los informes para remitir todas las diligencias al TSJ. Las pruebas se referían a las adjudicaciones que el Ayuntamiento de Torrevieja realizó a la promotora Edén del Mar antes y después de la operación inmobiliaria del alcalde. También a un informe pericial sobre los movimientos en las cuentas de Hernández Mateo.
Los Verdes se dirigieron el pasado mes de marzo al CGPJ para denunciar la "paralización que sufre" este procedimiento judicial Alertan, además, del "peligro" de que determinados delitos por los que el alcalde y diputado está imputado puedan prescribir, "al igual que ocurriría con los presuntos delitos fiscales que pudieran haberse cometido".
* ELPAIS.com - EL PAÍS - Alicante - 11/08/2009
Foto: Torrevieja (Alicante) - torrevieja.com
El CGPJ investiga el parón del caso del alcalde de Torrevieja
Doce alcaldes y ex regidores de Jaén tienen cita con el juez por delitos urbanísticos
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IDEAL* : Doce alcaldes y ex alcaldes de la provincia de Jaén tienen cita pendiente en el juzgado por supuestos delitos urbanísticos. A ninguno se le acusa de corrupción, de traer o llevar maletines o de lucrarse con las licencias. Sin embargo, jueces instructores, fiscales o guardias civiles consideran que no han cumplido con su obligación de hacer respetar la legalidad urbanística, y que han permitido la proliferación de chalés ilegales en sus pueblos.
Algo que según algunos de los alcaldes afectados «ha pasado en toda España». Pero les ha tocado a ellos. Los municipios en los que hay diligencias abiertas y en los que hay regidores imputados (o a punto de estarlo) por asuntos del ladrillo son Quesada, Torredelcampo, La Guardia, Jódar, Castillo de Locubín, Jamilena, Baños de la Encina, Noalejo, Cambil y Pozo Alcón. En Mengíbar hay una investigación en marcha sobre la etapa del anterior alcalde.
Ya pesan condenas sobre ex alcaldes de La Iruela o Albanchez de Mágina, que han sido inhabilitados. Es decir, más del 15% de los municipios de la provincia de Jaén están bajo sospecha de haber cometido desmanes urbanísticos.
A punto de pasar por el banquillo de los acusados (lo harán antes de final de año) están los alcaldes de Quesada, Manuel Vallejo, y de Torredelcampo, Blas Sabalete. El Fiscal acusa a Vallejo de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, por el que le pide inhabilitación para empleo o cargo público durante un año. A Blas Sabalete, que será juzgado en noviembre, le piden dos años de inhabilitación, la máxima pena prevista para el delito del que se le acusa.
Recién cerrada está la investigación realizada en Pozo Alcón, donde el Seprona de la Guardia Civil imputó a 72 personas, entre ellas a la ex alcaldesa, junto a medio centenar de vecinos, tres arquitectos técnicos, ocho constructores y diez directores técnicos de obra.
Curioso al menos es el caso de Noalejo. La Justicia llegó a imputar en 2007 a los once miembros de la anterior corporación municipal por su supuesta responsabilidad en irregularidades urbanísticas cometidas en la pedanía de La Hoya del Salobral. Un monte de titularidad pública calificado como suelo rústico protegido por paraje serrano donde se están construyendo chalés. En el caso, destapado a raíz de una investigación del Seprona de la Guardia Civil, también se imputó al actual alcalde, Antonio Morales Torres, y a un técnico municipal.
La mayor parte de estas causas judiciales abiertas comenzaron a instruirse en 2007 y aún están a la espera de juicio. Más vieja aún es la que se sigue en Baños de la Encina, donde a raíz de la denuncia de un particular se imputó casi a medio centenar de vecinos y al ya ex alcalde, Miguel Campillo, por las casas y naves ilegales que habían proliferado por todo el término municipal. Aunque para tumbos en los juzgados (con dos suspensiones ya) está el juicio del 'caso Megatín' de Torredelcampo, con el alcalde Sabalete imputado, que se instruye desde 2005.
En Castillo de Locubín la Guardia Civil investigó lo construido en las vegas de los ríos y llegó a imputar a 38 personas. Entre los llamados a declarar estaban tanto el alcalde actual, José Justo Álvarez, y el anterior, Antonio Cano. El PSOE, partido al que pertenece Cano, subrayó en un comunicado de 27 de marzo de 2008 que «nunca ha habido ningún tipo de especulación urbanística» a raíz de las supuestas obras ilegales en la zona de las Vegas» y que siempre «se actuó con la mayor honestidad y dentro de la mayor legalidad posible». Ese «dentro de la mayor legalidad posible» refleja la delicada situación con la que se encuentran los alcaldes a la hora de abordar el problema de las construcciones ilegales. Muchos se han quejado de que se encuentran con situaciones heredadas, con pocos medios en sus policías locales y con la presión vecinal para disponer de zonas residenciales.
En La Guardia es su alcalde, Juan Morillo, el imputado por autorizar una urbanización que no se ajustaba a la legalidad.
También figuran en la lista el ex alcalde de Cambil, Agustín Cubillo, por permitir chalés ilegales en su término municipal. En Jódar, el alcalde Angulo tiene un par de causas abiertas. Una por una expropiación que puede ser ilegal y otra por chalés ilegales.
En Andújar también se abrieron diligencias por temas urbanísticos en la carretera del Santuario. Se llegó a llamar a declarar al alcalde, Jesús Estrella, en calidad de imputado. Sin embargo el regidor iliturgitano demostró a la Fiscalía que no había incurrido en ilícito penal alguno y se levantaron los cargos contra él. Se sigue adelante contra un concejal de su equipo y varios particulares propietarios de las construcciones.
* Ideal - 12.08.09 -
J. E. POVEDA
Foto: Jódar (Jaen) - pueblos-espana.org
Vistas para los estertores del ladrillazo murciano
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PÚBLICO* : Rubén y Ascen, una pareja de jóvenes ecologistas me recogen en Cartagena para ver lo que queda virgen en la costa mediterránea española, el parque regional Cabo Cope y Puntas de Calnegre. Se trata del lugar en el que el Gobierno regional intenta edificar 40.000 plazas hoteleras, 11.000 viviendas unifamiliares, 5 campos de golf de 18 hoyos y 10 campos de fútbol.
Además, se dragará la costa para instalar 2.000 puntos de amarre. Parecía que una monstruosidad urbanística como Marina D'or no podría repetirse otra vez pero el Gobierno de Murcia está empeñado en dejar pequeña a la ciudad de vacaciones de Oropesa de Mar.
Para llegar al parque tomamos la "autopista de pillaje", una carretera que va de la nada a ninguna parte. Sale de las afueras de Cartagena y llega a Vera, en Almería, circulando en paralelo a la autopista del Mediterráneo. El megaproyecto urbanístico comenzó por el tejado. Primero la autopista de peaje y un aeropuerto, ahora en construcción.
Por el camino recorremos una serie de secarrales y salidas que no dan a ningún lado. Ni un coche en los cuatro carriles. "Esperaban que pasaran unos 7.000 coches al día pero como no pasan ni 1.500 la empresa adjudicataria ha pedido ser rescatada y que socialicemos las perdidas", cuenta Rubén. Las pintadas en los puentes señalan al culpable: "ZP ayuda a Cataluña y roba a Murcia".
Morcillas y mentiras
Tras una hora de carretera llegamos a nuestro destino. En Cabo Cope no hay nada construido todavía. Están a la espera de los permisos de los municipios y, sobre todo, superar el recurso ante el Constitucional impulsado por los ecologistas locales. Ellos se definen como los galos de Astérix versión murciana. "Aquí lo que triunfa es comprar a los viejos con morcilla y pandereta", se lamenta Ascen.
Lo suyo tiene mérito. Cuentan que cuando acudían fuera de Murcia a las manifestaciones contra el trasvase del Ebro eran jaleados y manteados. "Somos pocos, pero somos una mosca cojonera que va retrasando cada plan urbanístico con contenciosos", dice Rubén. A cambio reciben unas cuantas amenazas de muerte. Y se les acumula el trabajo porque el 50% de los concejales de Murcia han sido imputados, casi todos por corrupción urbanística.
En lo alto de Cabo Cope hace calor pero sopla el viento. Desde aquí se puede ver el criterio con el que decidió desproteger el parque. Una enorme llanura rodeada de montañas. Se podrá construir en las zonas planas (el 64%) y sólo se dejará como espacio protegido los empinados barrancos. Los propietarios pensaron al principio que con el proyecto se forrarían pero la realidad que les espera no es tan millonaria. Sus tierras serán expropiadas por un bajo valor catastral.
A las calas casi desiertas y a los fondos marinos de la zona les espera un negro futuro. El típico paseo marítimo bordeará la costa. Un águila sobrevuela la zona buscando presas. En el lugar habitan especies protegidas: tortugas moras, halcones peregrinos, águilas perdigueras y el camachuelo trompetero. Ni son los usuarios de un campo de golf, ni importan a quienes se quieren lucrar con el último rincón de este espacio natural.
"Como no saben de medio ambiente cometen errores en el desarrollo de los proyectos. Les metemos cada leñazo", presume Rubén. El proyecto no tiene ningún viso de sostenibilidad en una comunidad autónoma que consume 2,5 veces el agua que produce. Los campos de golf están obligados a usar aguas residuales. Rubén cree que se trata de un comportamiento hipócrita, porque si te acercas a las depuradoras de los campos de golf puedes ver cómo están secas. Nadie las usa.
El Gobierno murciano está decidido a completar el proyecto. "El promotor es el propio Gobierno y su mayor dificultad es colocar como si de un puzle se tratara todo lo que quiere construir en el parque", dice Rubén.
* Público - OSCAR ABOU-KASSEM - 11/08/2009
Foto: Hasta los picos. Todo esto será urbanizado y alicatado. - O. A. , publico.es
Medio Ambiente aprecia una falta muy grave en los 200 chalés de Derio
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ELPAÍS/Vizcaya* : El Departamento de Medio Ambiente ha abierto un expediente sancionador por una falta muy grave a los promotores de casi 200 pisos y chalés en Derio por incumplir la ley de Prevención de Contaminación. El expediente abierto, el primero de este relieve al abrigo de esta normativa, en vigor desde 2005, confirma las irregularidades en este proyecto urbanístico, casi culminado y que se ha ejecutado en un solar con parcelas contaminadas.
La tipificación como falta muy grave, la más alta de las sanciones previstas por la ley y muy poco habitual en las aprobadas hasta ahora por Medio Ambiente, supone una posible multa de entre 240.000 y 1,2 millones de euros, así como la clausura -en este caso sería la anulación del proyecto- total o parcial de la actividad.
El expediente, dictado mediante una orden firmada el pasado 31 de julio por la consejera, Pilar Unzalu, recuerda que los promotores no han cumplido las exigencias del Gobierno de delimitar la zona contaminada y, como establece la ley, presentar un certificado de calidad del suelo. Medio Ambiente advirtió hasta cuatro veces -entre junio de 2007 y mayo de 2008- de que debían cumplir aquellos requisitos antes de ejecutar cualquier obra.
Sin embargo, los promotores -el mayoritario es la constructora Arco Atlántico, que gestiona más de 150 viviendas- iniciaron las obras en 2007 sin cumplir los requerimientos de Medio Ambiente y con el aval del Ayuntamiento de Derio, en manos del PNV. El consistorio concedió ya en septiembre de 2006 los primeros permisos de obras, que se sucedieron en 2007 y 2008.
El expediente abierto, que va relatando estos hechos, constata que el solar, de 124.000 metros cuadrados, "presenta edificios prácticamente acabados, viales de la urbanización ya construidos y acopios de tierra dentro y fuera de la zona del vertedero [contaminado] sin delimitar totalmente su extensión y profundidad". De las 200 viviendas, la gran mayoría chalés, unas 40 ya se hallan casi terminadas -varias familias residen en la urbanización desde hace meses, pese a que no disponían de la licencia de habitabilidad- y un centenar en una fase avanzada.
El Ejecutivo señala que el pasado 6 de julio requirió a los promotores para que cumpliesen la ley -les planteó un ultimátum para que aportasen toda la documentación en 15 días- y no prosiguiesen las obras hasta delimitar la zona contaminada. Sin embargo, el pasado 16 de julio, un técnico de la sociedad pública ambiental Ihobe comprobó que se estaban retirando tierras, con lo que se incumplía el ultimátum del Ejecutivo, lo que ha agravado las irregularidades cometidas. El expediente señala que, tras ese episodio, se recordó "formalmente" a los promotores la "prohibición de llevar a cabo obra alguna" en el solar, salvo con el permiso de Medio Ambiente. La consejería ha autorizado que los trabajos prosigan en un área que ocupan unos 60 chalés, que se considera no está afectada por la contaminación.
Medio Ambiente aprecia una supuesta infracción del artículo 41.f de la ley de Prevención de la Contaminación por realizar obras "sin previa declaración de calidad del suelo", los que está tipificado como infracción muy grave. Impone además, como medida cautelar, la "inmediata paralización" de las obras en la zona "ante el reiterado incumplimiento [por los promotores] de la prohibición de ejecutar tales obras".
La promotora Arco Atlántico, que no ha querido comentar el expediente incoado, y el Ayuntamiento de Derio han defendido hasta ahora la legalidad de las obras de las viviendas, con el argumento de que el certificado de calidad sólo se debía ceñir a las parcelas contaminadas inventariadas, cerca de 24.000 metros cuadrados. Medio Ambiente, como dice la ley, replica que el alcance de la contaminación se determina mediante el certificado de calidad y los estudios previos.
Propietarios de los chalés, que comenzaron a reunirse conjuntamente cuando EL PAÍS destapó el caso el pasado 27 de junio, dicen sentirse "engañados" porque nadie les informó de la existencia de parcelas contaminadas. Los contratos de compraventa de Arco Atlántico incluyen una cláusula que obliga los propietarios a no reclamar por la calidad del suelo.
* ELPAIS.com - ALBERTO URIONA - Bilbao - 12/08/2009
Foto: Entrada al solar de Derio, donde se aprecian ya varios chales prácticamente concluidos.- SANTOS CIRILO, elpais.com
