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EUROPAPRESS/Zaragoza* : La Plataforma Vecinal de La Muela entregó este jueves en Zaragoza, ante el registro del Gobierno de Aragón las más de 9.200 firmas ciudadanas recogidas desde el pasado mes de mayo para exigir al Ejecutivo autónomo que inicie las actuaciones del proceso de disolución del Ayuntamiento de La Muela. La plataforma consideró que hasta ahora, el Gobierno "ha mantenido una actitud un poco pasiva".
La finalidad última de esta recogida de firmas es pedir la dimisión de los siete concejales del Partido Aragonés (PAR) e instar al Gobierno de Aragón que solicite al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento zaragozano de La Muela, así como la creación de una junta gestora que gobierne el municipio hasta la próximas elecciones municipales de 2011.
La alcaldesa de La Muela, María Victoria, imputada en la presunta trama de corrupción urbanística, permaneció en el Centro Penitenciario de Zuera durante cuatro meses. El pasado 21 de julio fue puesta en libertad tras pagar una fianza de 800.000 euros, y pocos días después volvió a tomar las riendas del consistorio.
El portavoz de la Plataforma Vecinal de La Muela, Adrián Tello, explicó que la entrega de estas firmas "es una forma de presionar al Gobierno de Aragón para que tome cartas en el asunto sobre la disolución del Ayuntamiento de La Muela". En su opinión, el Ejecutivo autónomo "habla de informes como el de la Comisión Jurídica Asesora (COJA) que no dice nada y pienso que no se le piden ahora gestos sino que se le piden acciones".
En declaraciones a los medios de comunicación, Tello indicó que han mantenido contactos con partidos políticos, sindicatos y todo tipo de colectivos. "Les hemos trasladado nuestras reivindicaciones y en septiembre habrá un debate en las Cortes de Aragón sobre la junta gestora y la disolución del Ayuntamiento de La Muela", en referencia a una iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Chunta Aragonesista.
Tras la excarcelación el pasado 21 de julio de la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, "hemos considerado que este jueves era el momento idóneo para presentar las más de 9.200 firmas ante el registro del Gobierno de Aragón", de las que entre 1.500 y 2.000 firmas corresponden a vecinos de La Muela, ha precisado.
Así mismo, una copia de las firmas también la entregarán ante la Delegación del Gobierno en Aragón y al Ayuntamiento de La Muela para que "tengan constancia de que se han entregado las firmas".
CONCENTRACIÓN
Ante la concentración que la Plataforma Vecina ha convocado para mañana, Adrián Tello, se mostró confiado en que se desarrolle "sin problemas y con normalidad" y recordó que de todos los actos que han realizado hasta ahora "jamás nadie se ha cercado hasta nosotros o ha realizado una contramanifestación, ni nada por el estilo".
Después de la concentración de mañana la Plataforma se reunirá y adoptará nuevas decisiones con la intención de "seguir actuando hasta que se alcance nuestro objetivo de disolver el Consistorio muelano".
En opinión del portavoz de la Plataforma, la convivencia en La Muela es "bastante complicada, el pueblo está partido en dos y es el gran perdedor de esta historia porque aquí no hay vencedores ni vencidos, pero socialmente, políticamente y económicamente el pueblo está hundido y en estos momentos vive una calma tensa acentuada desde que el juez de La Almunia decidió la excarcelación de Pinilla".
Ante la hipótesis de que María Victoria Pinilla se volviera a presentar a las elecciones municipales de 2011 y resultara elegida, Tello indicó que "si vuelve a ganar será porque el pueblo lo ha decidido y ante eso no hay nada que decir".
No obstante, puntualizó que "los vecinos del pueblo, supuestamente, no votaron a gente que estaba acusada de corrupción, hay personas que no lo sabían y la situación ha cambiado totalmente desde las elecciones de 2007 porque entonces no había una presunta trama de corrupción, sino que se hablaba, se decía, había rumores, pero ahora hay una base sólida, que es fundamental".
* Europa Press - 6.08.09
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org
La Muela: La Plataforma vecinal exige disolver el Ayuntamiento
El TSJA ordena la demolición de un hotel y 80 viviendas en Guadalmina
ELMUNDO/Málaga* : El PGOU de Marbella contempla la legalización de las construcciones. Si el Ayuntamiento de Marbella y la Junta pensaban que, con la aprobación provisional del PGOU se acababan los problemas judiciales con los edificios que legaliza esa norma, ha venido el TSJA a quitarle la razón y, además, con más contundencia que nunca.
Según una sentencia a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la sala de lo contencioso administrativo de Málaga ordena la demolición de 80 viviendas y un hotel de cuatro estrellas construidos por Fadesa en la urbanización Guadalmina y da así la razón a la Asociación por la Defensa de Guadalmina, que agrupa a muchos vecinos de la zona.
El dictamen judicial es de junio, cuando los magistrados ya sabían que se aprobaba seguro un PGOU que legaliza los dos edificios. El establecimiento hotelero, de cuatro estrellas, está abierto y lo gestiona la cadena Barceló.
Pero la lógica de la Justicia no entiende de expectativas futuras, como dice en repetidas ocasiones la sentencia. «No puede otorgarse una licencia contemplando sólo un futuro planeamiento», dice en referencia al plan de 1998 que esgrimía el Ayuntamiento de Marbella gobernado por el GIL para otorgar esas licencias.
Pero lo llamativo de este fallo, según fuentes jurídicas consultadas, es que explícitamente se ordene la demolición de lo «indebidamente construido» cuando en otras sentencias se limitan a anular la licencia, lo que inevitablemente conlleva la demolición porque hay que restablecer la legalidad.
Además, también a diferencia de otras sentencias, se le condena en costas al Ayuntamiento y a la promotora, además se califica de temeraria la actitud procesal del consistorio ya que, en la época de la gestora, reconoció que la licencia era ilegal.
¿Qué pasará ahora? Según fuentes jurídicas consultadas, tienen un plazo de dos meses para llevar a cabo la demolición de la sentencia, pero el Ayuntamiento, como ya ha hecho en otras ocasiones, pedirá retrasar la medida en vista de que el PGOU legaliza los edificios a tirar.
Recurso del PGOU
Entonces, el representante de la Asociación para la Defensa de Guadalmina pondrá a su vez un recurso contra el PGOU al estimar que el fin de esta norma es legalizar.
En definitiva, se abrirá otro proceso judicial que tardará años en dirimirse y que pondrá en cuestión del planeamiento de Marbella. En otros casos, se ha evitado la demolición porque han llegado a un acuerdo el Ayuntamiento con la Junta, pero eso sólo puede ocurrir en los casos en los que en el proceso sólo estén ellos dos, lo que ocurre cuando ha sido sólo la Administración autonómica la que ha impugnado la licencia.
Otro aspecto curioso de esta sentencia es que deja clara la diferencia entre la acción popular, que podría esgrimir el buen urbanismo como de interés general, y los intereses particulares de unos vecinos que se ven afectados por estas edificaciones. Según el fallo, para que haya «eficacia retroactiva», o sea, que se pueda legalizar las edificaciones, se exige que «ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas» que, en este caso, son los demandantes.
Esta sentencia se viene a sumar a otras conocidas este año sobre edificios que legaliza el PGOU aprobado en el pleno del 29 de julio. Es el caso de 42 viviendas habitadas de la urbanización Lunamar, en la playa de Las Dunas de las Chapas, promovida por Ávila Rojas, con licencia de obra de 2001 en una zona que era comercial.
Otra sentencia hace referencia a unas viviendas que construyó Aifos en la tercera fase de la cañada de Guadalpín, con una licencia de 2002 contra el planeamiento vigente. Entonces, el Ayuntamiento anunció que enviaría un escrito al TSJA para pedir que no se ejecutara el fallo hasta la aprobación definitiva del PGOU.
* El Mundo - Berta González de Vega - 5-08.09
Foto: Hotel afectado por la decisión del TSJA. | Javier Martín, elmundo.es
El TSJ permite construir en un millón de metros en Dénia junto al Marjal de Pego
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INFORMACIÓN/Alicante* : La Conselleria de Urbanismo y el gobierno de Dénia (Partido Popular, Centre Unificat, Gent de Dénia, PSD y el tránsfuga socialista Juan Collado) se han salido con la suya. Los sectores 1 y 2 de la zona de Racons, que suman un millón de metros cuadrados junto al parque natural del Marjal de Pego-Oliva, podrán urbanizarse en cuanto expire la suspensión de licencias durante un año que rige actualmente en la zona.
Es el único que ha prosperado de los 13 cambios que, de manera unilateral, introdujo en 2007 la conselleria en el Plan General de la ciudad, y que fueron recurridos por el Ayuntamiento entonces, cuando gobernaban PSPV y Bloc. Las restantes 12 modificaciones, en atención a los recursos interpuestos por el ejecutivo de socialistas y nacionalistas, han sido anuladas por el TSJ. Y si esta no ha corrido la misma suerte no es porque el tribunal entienda que es legal, sino simplemente porque el recurrente se ha quitado de enmedio: el actual gobierno pentapartito de Dénia decidió, el pasado 3 de junio, desistir del recurso municipal.
Con esa decisión, fuertemente contestada por la oposición o por colectivos ecologistas como Agró, que ya ha emprendido acciones legales, poco margen de maniobra le quedaba al TSJ. Habiendo desistido el Ayuntamiento, que era el recurrente, sólo dos cuestiones podían evitar que el tribunal archivara el procedimiento: que el demandado -la conselleria- se hubiera opuesto a que se diera por cerrado el caso sin resolver, o que el propio tribunal entendiera que con el desistimiento se produjera daño al interés general. Y según dicta el auto del TSJ, la conselleria "ha presentado escrito manifestando no oponerse a que se declare acabado el procedimiento y se ordene su archivo". Y los tres magistrados entienden que dejando el caso sin resolver "no se aprecia daño para el interés general".
Los sectores de Racons, uno de los cuales (de 512.847 m2) era hasta 2006 propiedad del entonces presidente de los promotores de Dénia, Juan Sancho, actual concejal por el PSD, se ubican junto a la entrada de la macrourbanización Monte Pego, en las inmediaciones del Marjal, y junto al Lugar de Interés Comunitario (LIC) de Segària.
El gobierno de Dénia decidió el pasado 3 de junio desistir del recurso municipal por la recalificación de Racons y de otro presentado contra otros ocho cambios del Plan General efectuados por la conselleria. En este segundo caso, sin embargo, el tiro le ha salido por la culata al pentapartito: también ayer se conoció que el TSJ había dictado ya sentencia anulando la orden de la conselleria cuando le llegó la petición de desistir del consistorio. Con ello, quedan anuladas -como pedía el anterior gobierno local- las modificaciones por las que la conselleria reducía de 28.487 a 18.570 m2 la zona verde del sector UPO-IND; modificaba un vial en les Troies; suprimía la obligación de que el sector Racons 2 incorporara 102 VPO; permitía compensar con más alturas en primera línea la edificabilidad que se perdiera con el nuevo deslinde marítimo; suprimía un vial de acceso a la playa en les Marines para una urbanización; incrementaba la edificabilidad del sector Pedrera Azahar reduciendo la red primaria y eliminando las 25 VPO previstas; y suprimía otras dos zonas verdes (de 4.379 y 1.300 m2).
* Información - SERGI GARCÍA -6.08.09
Foto: La zona de Racons se ubica junto a la entrada de Monte Pego, en las inmediaciones del Marjal - ERNEST WEBER, diarioinformacion.com
Arenal 2.000 tendrá que dejar la sede que construyó en Colecor
ELDÍA/Córdoba* : El régimen de usos impide la venta en las naves o el uso terciario. Independientemente de que se tengan que derribar 10.000 metros cuadrados de naves (como opina el Ayuntamiento) o 20.000 (la mitad del complejo, como considera la Junta de Andalucía), la legalización de las naves de Colecor no se circunscribe a una mera cuestión de cantidad.
El plan especial de la carretera de Palma del Río, aprobado inicialmente con los votos de los concejales de IU, endurece sustancialmente las condiciones de uso de los edificios que queden en pie de forma que toda acción empresarial que se lleve a cabo en la zona estará sustancialmente acotada a unos usos prefijados con mayor severidad que los inicialmente fijados en el plan que acabó tumbado por una sentencia del TSJA.
Así, el texto del plan especial establece expresamente que los únicos usos permitidos dentro del edificio histórico de Colecor y de su ampliación (los 40.000 metros de naves o lo que quedara de ellas), sólo podrán servir para industria, almacenaje sin comercialización o actividades vinculadas al medio rural y ganadero. Punto y final. Dándole la vuelta al argumento, ello quiere decir que son usos prohibidos, por ejemplo, la venta al por mayor, que es el objetivo para el que se crearon las instalaciones, que iban a dar cobijo a la marca blanca Retier con artículos importados de China. Consecuencia dos: la aplicación del texto de la Gerencia obligaría al grupo de empresas de Rafael Gómez a trasladar su sede de la antigua fábrica de la cooperativa láctea. Las únicas oficinas permitidas en la zona serán las estrictamente necesarias para el funcionamiento de la actividad principal, es decir, el departamento de administración de una granja, un almacén o una fábrica. Las empresas de Rafael Gómez se trasladaron hace años a la antigua fábrica de Colecor gracias a una licencia provisional otorgada por Urbanismo hasta tanto existiese un planeamiento para la zona.
El plan apuesta por legalizar la factoría original de Colecor más la ampliación hasta la ocupación de un 25% de la parcela, incluyendo los llamados usos históricos (algo menos de 16.000 metros cuadrados, repartidos entre la planta principal y las naves que fueron demolidas). Las mediciones efectuadas sobre las fotografías aéreas asignan una superficie a la parcela unos 130.000 metros cuadrados, 30.000 más que el plan especial anulado por el TSJA. Se trata de los terrenos de la cooperativa láctea, los de Agrogás (prácticamente agregados a Colecor) y toda la zona de aparcamientos (hasta el canal), que no fue incluida en el primero de los intentos por legalizar el complejo pero que ha sido reconocida en este último texto.
La cuestión sobre quién debe fijar el porcentaje a legalizar es una de las claves de todo este proceso. Teóricamente, es una responsabilidad del Ayuntamiento, en la que la Junta de Andalucía debería contar con un papel de dictamen no vinculante. La realidad es distinta. En primer lugar, el PSOE, miembro del equipo de gobierno, secunda la postura de la Consejería de Vivienda, que aún no se ha expresado en informes oficiales (aunque sí en negociaciones). Además, el Gobierno andaluz siempre tiene la opción de intentar que sean los tribunales quienes diluciden qué parte sigue en pie y qué parte se queda en su sitio. Las negociaciones parece inevitables.
Existen otros detalles que deben ser tenidos en cuenta a la hora de la legalización de las naves, fuera ésta la que fuera. El plan propone que la altura máxima permitida sea de siete metros (una casa de dos plantas), salvo excepciones de 12 metros, siempre que se justifique por la necesidad de la actividad a desarrollar. Además se establecen una serie de medidas correctoras y de cuestiones urbanísticas, como que la actuación sobre Colecor y Agrogás se realizan de forma conjunta.
* El Día de Córdoba - Rafael Ruiz - 5.08.09
Foto: Totalidad del ámbito de las naves, la antigua factoría de Colecor y Agrogás, ala izquierda arriba. - eldiadecordoba.es
La Fiscalía pedirá al juez embargos a promotores para pagar los derribos
ELPAÍS/Galicia* : Las investigaciones de la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística desembocarán en los juzgados. La Fiscalía especializada en delitos urbanísticos y contra el medio ambiente ha solicitado a este organismo dependiente de la Xunta que le remita todos sus expedientes relacionados con las construcciones ilegales detectadas durante los últimos tres años para perseguir a sus promotores con el Código Penal en la mano.
Es un salto cualitativo evidente para superar la vía administrativa, puesto que el organismo dependiente de la Xunta -como cualquier otra institución o persona- tiene la obligación legal de comunicar cualquier sospecha delictiva de la que tenga conocimiento.
La agencia y la fiscalía ya han mantenido contactos para firmar un protocolo de colaboración que permita al ministerio público servirse de las amplias investigaciones urbanísticas que los técnicos adscritos a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras han instruido durante los últimos meses.
Se trata de un completo material que se sirve de fotografías aéreas, estudios de planes urbanísticos e informes jurídicos que los fiscales especializados de las cuatro provincias empezarán a analizar a la vuelta del verano. La investigación conjunta dará prioridad a las construcciones en zonas costeras, de dominio público hidráulico (orillas y cauces de los ríos) o en espacios protegidos como Red Natura y Lugares de Importancia Comunitaria.
Que las pesquisas se centren en las edificaciones de menos de tres años no es un requisito caprichoso. Ese plazo temporal viene marcado por la prescripción del delito de construcción ilegal que la Fiscalía pretende perseguir. El artículo 319 del Código Penal castiga este tipo delictivo con penas de seis meses a tres años de cárcel y multas de doce a 24 meses e inhabilitación especial para "promotores, o técnicos directores que lleven a cabo construcciones no autorizadas en suelos destinados a viales, zonas verdes, de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, o cultural".
Idéntico castigo recibirán quienes promuevan o faciliten edificaciones en suelos no urbanizables. Como el delito prescribe 36 meses después de que concluya la construcción ilegal, se ha delimitado el plazo máximo de tres años para los proyectos rematados. Sólo en obras en ejecución, la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística ya ha detectado más de medio centenar de infracciones presuntamente delictivas y la lista seguirá engordando a medida que avancen los trabajos de sus técnicos e inspectores.
Esta nueva fórmula de colaboración que explora la fiscalía buscará además la sanción para los responsables políticos de tanto desmán inmobiliario. Así que, cuando en otoño empiecen a recibir esos expedientes -algunos de ellos están muy avanzados- irán en cascada a los tribunales en forma de denuncias contra quienes hayan concedido las licencias.
Con todo, el objetivo último es devolver a esos espacios naturales el aspecto que tenían antes de que irrumpiesen las excavadoras. Y de paso que las fotografías de las demoliciones que se pretenden llevar a cabo en los próximos años disuadan a quienes planeen edificar en zonas no permitidas.
Para lograrlo, el ministerio público ha solicitado también a la agencia de la Xunta que cada expediente se acompañe de una propuesta de derribo con el correspondiente presupuesto. Así, a cada denuncia en el juzgado le sucederá una petición de embargo por el importe que garantice la reposición de la legalidad y evitar de ese modo que los denunciados se declaren insolventes, una triquiñuela legal empleada hasta ahora por los promotores y que ha contribuido a mantener en pie decenas de aberraciones constructivas en la costa.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 05/08/2009
