ElPAÍS* : Ladrillo con ladrillo se paga. El Ayuntamiento de Alicante cerró ayer con el Hércules los trazos gruesos para la financiación del nuevo estadio Rico Pérez, que se levantará sobre la actual y obsoleta instalación. La obra, que incluye la remodelación integral de los aledaños del campo y de los dos polideportivos contiguos, supondrá una inversión de 55 millones de euros. La cifra la aportará el Consistorio mediante aumentos de aprovechamientos urbanísticos (más techo construido, en casas o terciario) en distintas unidades de actuación. Estas plusvalías las cederá a la sociedad deportiva, es decir, al Hércules, CF. A la conclusión de la obra, el Ayuntamiento recuperará la propiedad de estadio que, a su vez, volverá a alquilar al club.
El primer paso de esta operación, que ayer pactó la comisión municipal creada para tal fin, incluye que el actual propietario del Hércules, la firma Aligestión ceda la titularidad del campo a la entidad deportiva. Aligestión, cuyo socio mayoritario es el contratista Enrique Ortiz, recompró el campo al Ayuntamiento en 2007 por 7,2 millones de euros. Aligestión pasaría así a ser acreedor del club al igual que Hacienda y la Seguridad Social. Estas dos últimas instituciones le reclaman 14 millones de euros. El Ayuntamiento ha mediado en el pago de esa deuda con un crédito avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas.
La alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, promotora de esta fórmula de financiación destacó el coste cero de la operación para el ciudadano: "Se paga una obra con nuevas plusvalías, y no con el 10% oficial de aprovechamientos que corresponden al Ayuntamiento, cuya titularidad se recuperará revalorizada". La regidora declinó dar fechas del calendario de las obras. "Lo primero será una reforma urgente de las carencias más destacadas, césped, vestuarios, aseos y aledaños", dijo. Estos trabajos se sufragarán en parte con los 4,2 millones comprometidos por Ortiz cuando recompró el estadio.
El PSPV, a través de su portavoz Roque Moreno, se mostró satisfecho con la solución final. "Hemos actuado con responsabilidad. Nuestro objetivo es mantener un minucioso control para que no haya desvíos", señaló.
El presidente del Hércules, Valentín Botella, también expreso su satisfacción. No obstante, fuentes del club señalan que la cifra de 55 millones es inferior a la de sus previones iniciales, en torno a los 70 millones.
* El País - 6.07.10
Foto: Alicante, estadio Rico Pérez - urbanity
Alicante.- El campo del Hércules costará 55 millones que saldrán de plusvalías
Cáceres.- La Plataforma “Desplaza2” pedirá ante la fiscalía la paralización de las obras de la Plaza Mayor
REGIÓNDIGITAL* : La Plataforma "Desplaza2", una agrupación ciudadana que cuenta ya con cerca de 10.000 firmas, pedirá la paralización de las obras de la Plaza Mayor mediante un escrito a la fiscalía porque consideran un "disparate monumental" y una "obra innecesaria" la que está llevando a cabo el Consorcio Cáceres 2016. "Desplaza2" se ha dado a conocer este lunes ante los medios de comunicación en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Asociación de la Prensa de Cáceres, en la que han asegurado que las actuaciones que se están llevando a cabo "no resuelven los problemas básicos y carencias de Cáceres", sino que plantean "unas soluciones ñoñas, anticuadas y basadas en las ideas de los años 90".
"Que te digan que eres carca y retro porque no quieres cambios, queremos cambios, pero serios, que se resuelvan los problemas de aparcamientos y no como ahora que se ha colapsado todo", ha explicado a Región Digital María González, miembro de la plataforma.
En este sentido, ha apuntado que "ya no se puede circular, la carga y descarta, la recogida de basura, los taxis y las emergencias son un caos" y ha criticado además que "han tenido 4 años y 5 millones de euros para prensar un proyecto, que tenía que haberse hecho mediante concurso público, y se lo han cogido entre cuatro amiguetes".
"Al final han hecho una obra de maquillaje y han dejado una ocasión de oro que había para resolver temas de aparcamientos, cableado, iluminación, etc., pero lo que se va a hacer es cambiar el pavimentado y alicatar la plaza mayor a base de quitar losas de granito y ponerlas de hormigón", ha lamentado González.
Para la plataforma, estas obras son "ilegales, no han pasado los filtros de urbanismo" y los informes "se han ido incorporando". "Antes había errores de tipo formal y ahora directamente van en contra del Plan de Urbanismo de Cáceres, del Plan Especial y del Plan de Ordenación Urbana", ha añadido.
"Es una pena, estamos indignados porque los políticos se van, pero los que vivimos aquí nos quedamos con una ciudad inhabitable", ha señalado González, que ha añadido que los vecinos de la zona no tienen donde aparcar, "han empantanado todo y no se ha resuelto nada".
"Es todo maquillaje puro y duro y se van a gastar un dineral en cuatro plazas mal hechas", considera Desplaza2, que lamenta además que la Plaza Mayor "tiene una estructura, elementos y tipología propia" por lo que consideran que las obras "rayan la ilegalidad manifiesta".
"Pensábamos que la capitalidad iba a ser una oportunidad magnífica para Cáceres, pero a los que dirigen Cáceres 2016 les importa un bledo y van a lo que van". "No sabemos si conseguiremos la capitalidad pero no queremos que nos dejen Cáceres empantanado a costa de un dineral que se han gastado pudiendo hacer cosas más importantes para la ciudad, queremos la capitalidad pero no a cualquier precio", añaden.
Por todo ello, desde la plataforma van a poner un escrito en manos de la fiscalía pidiendo "que se paralice la obra cuanto antes para no causar trastornos a la empresa adjudicataria ni al Ayuntamiento". "Todavía están a tiempo porque lo que han hecho ha sido quitar", añaden.
"La obra se ha hecho con falta de previsión, no era necesario remodelar las plazas que se remodelaron hace 4 años y los problemas que plantean son gordos", ha apuntado González, quien ha señalado además que el Consorcio Cáceres 2016 "tendrá que cumplir con la legalidad por mucho que sea un ente supramunicipal".
Para la plataforma "hay evidencias de la ilegalidad, el Consorcio se ha saltado a la torera todo y no se puede revitalizar algo si se crean más problemas", ha añadido María González, que ha apuntado que "no hay ni un solo cacereño que no esté vinculado a ellos que defienda lo que se está haciendo".
* Región Digital - 5.07.10
Foto: Cáceres, obras Plaza Mayor - regiondigital.com
La Policía Nacional registra la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Orihuela, la casa de Ripoll y la empresa de Ortiz
INFORMACIÓN* : La operación está dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado nº3 de Orihuela, que instruye el llamado 'caso Brugal', que investiga supuestas extorsiones y sobornos en adjudicaciones de servicios de recogida de basura en la Vega Baja. Los agentes han detenido, de momento, al concejal de Infraestructuras de Orihuela, Manuel Abadía. La Policía Nacional realiza registros en la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Orihuela desde primera hora de la mañana, en una operación dirigida por la fiscalía anticorrupción y el juzgado 3 de Orihuela. Fuentes policiales y locales no han facilitado información sobre la operación en ambas instituciones públicas dirigidas por el PP, aunque otras fuentes próximas a los partidos de la oposición han apuntado a Efe que "podría estar relacionada con un Plan de Residuos Zonal".
Las mismas fuentes señalaron que la Policía Nacional también se ha personado en el domicilio de José Joaquín Ripoll, presidente del PP de la provincia, así como en el del empresario afín al PP, Ángel Fenoll.
Vehículos y agentes policiales permanecen en el exterior tanto del edificio consistorial, dirigido por la popular Mónica Lorente, como del Palacio de la Diputación, ubicado en el centro de la capital alicantina.
Los agentes han detenido, de momento, al concejal de Infraestructuras de Orihuela, Manuel Abadía, tras precintar varias dependencias municipales.
La Policía ha ordenado a los funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por la popular Mónica Lorente, abandonar sus puestos de trabajo mientras se efectúa el registro, centrado fundamentalmente, al parecer, en las áreas de Intervención y Contratación Municipal.
Paralelamente se está interviniendo las instalaciones de una de las empresas de Enrique Ortiz, también en Alicante. El constructor y máximo accionista del Hércules, según ha podido saber informacion.es, se encuentra en Pamplona con motivo de los sanfermines.
Todo apunta a que la operación está relacionada con el llamado caso Brugal, que investiga supuestas extorsiones y sobornos en adjudicaciones de servicios de recogida de basura en la Vega Baja.
La agenda de la Diputación se ha visto, lógicamente, trastocada por los registros policiales. Así, la recepción a la delegación de la Diputación de la provincia italiana de Taranto en un primer momento se había decidido trasladar a la sede del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, pero una nota posterior ha informado de que quedaba anulada.
* Información - 6.07.10
Foto: Numerosos curiosos se han acercado al Palacio Provincial de la Diputación de Alicante al observar el despliegue policial - diarioinformacion.com
Banderas Negras 2010. 'Caos en La costa'
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* ha presentado el Informe “Banderas Negras 2010. Caos en La costa”. En este informe se analiza, un año más, la situación de la costa y se identifican los 40 casos con mayor degradación de la costa debido a los principales problemas de vertidos orgánicos e industriales, urbanismo, regeneraciones y obras costeras y la desplanificación de los Puertos de Interés General. Ecologistas en Acción ha realizado un completo análisis de las principales causas de degradación de la costa y ha identificado los principales lugares de degradación en el litoral del estado español. En el informe se denuncia la extrema situación de desplanificación y falta de rumbo, en torno a, la gestión de los recursos naturales que existen en la costa, lo que ha ocasionado una situación de caos, en este estrecho y frágil territorio.
Las principales causas de degradación en la costa son generadas por la colmatación urbanística, vertidos orgánicos e industriales, obras en costas y regeneraciones de playas y, la desplanificación entorno a los puertos de interés general.
El informe aborda el problema urbanístico según los datos del Observatorio de sostenibilidad Español (OSE), los cambios en la ocupación del suelo entre los períodos 1987-2000 y 2000-2005, descubrimos de forma impactante como las zonas urbanizadas han aumentado un 50% en esos 19 años, tanto en el interior como en el litoral, urbanizando a un ritmo escalofriante de 3 hectáreas por hora entre 2000 y 2005. Destacando la bandera negra otorgada a la costa de Marbella y Fuengirola como el caso más transformado y degradado por urbanismo en el litoral.
Ecologistas en Acción denuncia, en este informe, que las distintas comunidades autónomas de la costa se saltan sistemáticamente la Directiva Marco de Aguas. Ya que, ninguna de ellas depura y reutiliza sus aguas como la ley contempla. Existe un déficit generalizado de infraestructuras, sobre todo en el Cantábrico. Además, también se identifica en este informe que el tratamiento de los vertidos al mar que establece la ley de costas se incumple de forma sistémica. Destacando la Bandera Negra otorgada a la Cascada de la merda en el Paque Natural de la Sierra Helada en el País Valenciano como el caso más degradado por los vertidos de aguas residuales.
Ecologistas en Acción denuncia, en el informe, las carencias de la ley de responsabilidad ambienta que nos deja indefensos ante vertidos como el ocasionado por la petrolera British Petroleum en el Golfo de México. Así como, los impactos producidos por los vertidos industriales en la costa, destacando la Bandera Negra concedida a la ría de Huelva como el lugar más contaminado industrialmente.
Ecologistas en Acción denuncia el derroche 230 millones de euros anuales en las mal llamadas regeneraciones de playas y obras en costas destinadas a abastecer las demandas privadas. Destacando la Bandera Negra otorgada a la playa de la Barceloneta como el lugar más transformado y consumidor de dinero público de toda la costa, 60 millones de euros en los últimos 5 años.
Ecologistas en Acción denuncia también en el informe la proliferación de Puertos del Estado por toda la costa. Estos puertos no cuentan con una justificación económica y ambiental y podrían suponer el mayor impacto de la costa española, en el siglo XXI. Los puertos planificados son: Granadilla (Tenerife), Tarifa (Cádiz), Melilla, El Gorguel (Murcia), Ibiza (Baleares), Vigo, El Musel (Asturias), Pasajes (Euskadi).
Ecologistas en Acción denuncia que la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, es el origen de los problemas de esta desplanificación y lucha de poderes. Esta ley posibilita la independencia y planificación económica por parte de cada una de las Autoridades Portuarias repartidas por toda la costa, la posibilidad de inversión privada en los proyectos y actuaciones de estos puertos de interés general y, además la posibilidad de competir unos con otros. Es decir, si traducimos esta ley, lo podemos resumir como el fin de la planificación estratégica de los Puertos del estado.
Ante la gravedad de esta situación, Ecologistas en Acción solicita a las administraciones competentes y a la propia sociedad, un cambio de modelo social y económico urgente. Modelo que debe basarse en el estudio de la capacidad de carga del territorio y sus ecosistemas y, con programas de restauración ambiental y reconversión de sectores altamente depredadores como el turismo y la construcción. Además, Ecologistas en Acción, solicita que se comience de forma urgente a gestionar el mar para proteger actividades en peligro como la agricultura ecológica y la pesca sostenible.
* Ecologistas en Acción - 1.07.10
Foto: Ecologistas en Acción - Banderas negras 2010
Córdoba.- El pabellón de Castillejo, otra ruina
ELPAÍS* : El 27 de noviembre de 2004, un concierto de la orquesta de RTVE sirvió para inaugurar el enorme pabellón sociocultural que Cajasur había levantado junto al Parque Joyero de Córdoba. El presupuesto destinado para este gigante -que fue bautizado con el nombre del entonces presidente de la caja, el sacerdote Miguel Castillejo- terminó disparándose hasta superar los 35 millones de euros. A 31 de marzo de 2005, Cajasur ya había desembolsado 33,4 millones. A pesar del millonario gasto, desde su apertura, el centro apenas ha sido utilizado, al margen de la feria anual de joyería Joyacor y otros eventos puntuales. Además, por sus deficiencias constructivas, se han tenido que hacer reformas este año. El pabellón fue cedido en 2008 al Centro Andaluz de Diseño.
Originalmente, el edificio fue encargado por los empresarios que impulsaron el Parque Joyero. Se diseñó para albergar muestras expositivas de carácter comercial. Pero cuando lo compró Cajasur, se decidió ampliar sus funciones para que pudiese acoger todo tipo de eventos culturales de gran aforo. Así, se convirtió en el único edificio cerrado de Córdoba en el que, en teoría, podía ofrecerse un espectáculo para 6.000 personas. Cuando se inauguró, la superficie total construida era de 33.150 metros cuadrados, repartidos entre dos plantas y sótano.
Como se explica en un informe de la Subdirección General de Auditorías de Cajasur, de mayo de 2005, la relación de la entidad con el proyecto del pabellón comenzó el 16 de mayo de 2003, cuando la caja se hace con el inmueble y la obra del mismo, que comenzaba a construirse, pagando 19,9 millones. La auditoría destaca que, en el momento de la compra, "no existía ni conocimiento ni autorización previa para esta operación por parte de órganos de gobierno". La adquisición se realizó con el estilo poco claro que caracterizaba la gestión de la caja, controlada por la Iglesia. Así, de la operación no se tuvo noticias en la dirección hasta seis meses después, cuando la compra fue ratificada por el consejo de administración el 14 de noviembre. Un mes después, por la asamblea.
Enseguida, los 19,9 millones que Cajasur había desembolsado comenzaron a crecer. Un testigo que entonces se encontraba en la dirección de la entidad señala que Castillejo decidió de manera unilateral acometer importantes cambios en el proyecto, que trajeron de cabeza a los técnicos. "Quería que allí pudiesen celebrarse grandes óperas", afirma, "y aquello se había diseñado para ferias". Para cumplir los deseos del presidente, Cajasur aprobó una inversión estimativa de 7,5 millones.
Pero fue sólo el principio. El pabellón terminó convirtiéndose en un sumidero de dinero para la caja cordobesa. Así, como destacaba la auditoría, justo un año después de la compra del recinto, el consejo de administración aprobó un informe que actualizaba la valoración inicial de las mejoras. En una nueva tasación se comprobó que la inversión en las reformas había ascendido a 9,9 millones. Pero en el informe se señalaba además que existían otras partidas nuevas que no se habían contemplado, como el mobiliario, la creación de un escenario y otros gastos. Todo ello fijaba un presupuesto final, a obra terminada, de 35,1 millones de euros.
Entre estos nuevos gastos que inflaron los costes destacan los destinados al mobiliario, de 2,3 millones de euros. También despuntan los 1,5 millones para el sistema de acústica virtual, los 4,9 del sistema de aislamiento acústico y los 1,6 millones del sistema de aire acondicionado. En su informe, la auditoría criticaba que la acometida de trabajos no contemplados en los presupuestos aprobados no contaba "con el preceptivo estudio que aconseje su realización". Y seguía: "De igual manera dichas desviaciones no cuentan con el conocimiento y visto bueno de los órganos de gobierno".
En octubre de 2004 se solicitó a la sociedad de tasación Tinsa una valoración del inmueble. Calculó que el edificio valía entonces 32 millones, con la condición de que el pabellón generase 5,3 millones al año. Pero sólo un lustro después, en octubre de 2009, otra tasación situaba su valor en 8,8 millones, lo que multiplica las pérdidas de la caja.
* El País - 5.07.10
Foto: Córdoba, ayuntamiento - panageos.com
El Monopoly de la ciudad
FRANCISCO SAN MARTÍN OLEA/Málaga* : Cuando éramos aún niños e incluso ya más crecidos el juego del Monopoly nos entretenía durante muchas horas, y suponía un divertimento donde la sensación de comprar y vender (aquí pongo un hotel y allí una casa, te cambio la estación por...) en el tablero de la Ciudad nos aproximaba a la fantasía de acceder a un poder de decisión que en realidad está sólo al alcance de unos pocos. A pesar del tiempo transcurrido desde que en 1956 entró en vigor la primera Ley estatal del Suelo, una de las cuestiones urbanas donde tengo la impresión que hemos avanzado poco, incluso considerando el periodo democrático de la política local y autonómica a partir de 1979, es en el papel que jugamos los ciudadanos en este gran tablero de intereses que es la Ciudad.
Y ello considerando que después de treinta años de la recuperación de la libertad de opinión, la pérdida progresiva de interés de la ciudadanía por 'la cosa pública', permite añorar un poco la concienciación y el compromiso de los antiguos movimientos vecinales, hoy posiblemente sustituidos por una aparente participación de gente próxima a los partidos políticos, faltos de una posición crítica más allá de que le arreglen un bache de la calle, limpien la pequeña plaza ó le financien la verbena.
En los últimos años, al menos en esta tierra nuestra malagueña que inspiró no sólo a artistas sino incluso a una clase dirigente de aquel siglo XIX que impulsó la economía local dejando también una huella urbana, que hoy aún reconocemos y que en muy pocas ocasiones ha sido superada por su calidad, capacidad funcional y belleza arquitectónica, sin embargo venimos observando que la renovación y transformación del espacio colectivo responde a políticas muy contradictorias, en una práctica al uso entre el Municipio y la Comunidad Autónoma.
No sé como lo hemos logrado en Andalucía, pero hemos hecho del 'Urbanismo de la Ciudad' no sólo un gran galimatías normativo, a base de aprobar leyes, no sólo de carácter urbanístico y territorial, sino también sectoriales (de Carreteras, Patrimonio, Vivienda Protegida, Medioambiente...), que no dudo que contienen determinaciones lógicas y sensatas, pero que entre todas han construido un elevado muro burocrático entre la génesis del Proyecto Urbano, ó sea 'LAS IDEAS', y su instrumentación legal para llevarlas a la práctica, donde los ciudadanos sólo son parte de la tramitación.
El problema que se suscita con esta situación es que 'la cosa pública no interesa a casi nadie' hasta que la actuación toma cuerpo real, ó sea se construye, y en ese momento comienza el verdadero debate ciudadano. Pero entonces, ¿estamos a tiempo de subsanar algo?, sin duda no, y ya sólo nos quedará que el tiempo nos ayude a mimetizar la intervención urbana en el nuevo paisaje de la Ciudad.
Y en este sentido, de una Ciudad que quiere y sus Administradores públicos no dejan de repetir que tenemos que convertirnos en un referente cultural y turístico, podríamos preguntarnos, ¿a qué Cultura y a qué Turismo, nos estamos refiriendo?
Algún ciudadano que tenga la paciencia de leer estas líneas ya estará pensando, se está refiriendo a la nueva actuación en los muelles 1 y 2 del Puerto de Málaga. Lo siento pero no es así, ó en realidad eso sólo es una pequeña muestra de lo que trato de explicar. Y aquí sí debemos volver al juego del Monopoly, donde sólo juegan unos pocos, y los ciudadanos tenemos un papel de meros espectadores de la partida, que sólo nos enteraremos de la actuación cuando sea una realidad construida.
Si ampliamos la visión al marco del territorio municipal, resulta incomprensible que el planeamiento urbanístico, reconocido como el PGOU, se haya convertido en un documento de debate político, muy alejado de los intereses de la Ciudad. Y esto que se encuentra en la génesis del Urbanismo, entendido como 'acción de gobierno', deja de tener sentido cuando va pasando el tiempo desde que se iniciaron los primeros trabajos, creo que hacia 2004, y los supuestos e hipótesis que se barajaron en ese momento para reforzar el nivel urbano de Málaga, languidecen aparcados por una crisis financiera, pero también de valores, de la que se sabe cómo hemos entrado, pero no se tiene ni idea de cómo vamos a salir. ¿El desencuentro continuará?
Y para concluir pondremos un nuevo ejemplo. En estos últimos meses, el país se ha visto sometido a una 'supervisión exterior', motivada especialmente por desconocer el nivel de endeudamiento público y también privado, cuando no es difícil reconocer que hemos vivido por encima de nuestra capacidad real de ingresos. Se ha comentado mucho de unas críticas quizás interesadas, en el caso de la prensa alemana e inglesa, pero lo que no debemos olvidar es que en 1986 entramos a formar parte de un 'Club de países europeos', que sin duda nos han ayudado a modernizar nuestras infraestructuras, pero de los que posiblemente no hemos aprendido ciertas prácticas, donde la renovación urbana de la Ciudad tiene un reflejo claro y evidente.
Hace unos diez años visité la ciudad de Berlín, que en ese momento estaba inmersa en la reconstrucción de un nuevo centro moderno, institucional y comercial, donde la intervención en la Potsdamer Platz trataba de convertirse en una actuación urbana que simbolizara la reunificación de la Ciudad, tras la caída del 'Muro'.
Esta actuación era una operación de inversión pública-privada que requería de una importante capacidad para generar la economía necesaria que pudiera financiar el nuevo espacio colectivo. Nunca olvidaré la exposición de ese Proyecto Urbano y los debates públicos que se producían en un edificio municipal, próximo a la Puerta de Brandeburgo. La gente comentaba las soluciones, observaba las maquetas, los planos y los vídeos del proceso de transformación, incluidas las imágenes de una historia que era su referente, y también nos sentábamos alrededor de representantes públicos y de los arquitectos e ingenieros que estaban interviniendo en esa actuación, para escuchar y preguntar sobre los diversos aspectos de los proyectos, aceptándose sugerencias que aún se pudieran incorporar por su interés colectivo.
Aquello significó para mí no sólo un buen ejemplo de una práctica urbana más próxima a una sociedad civil, democrática y moderna, sino especialmente una forma de dar transparencia y legitimidad a las intervenciones públicas en la Ciudad contemporánea. Hoy aún sueño alguna vez, que a esta Málaga que llevamos en el corazón, lleguen también esas formas de gestionar lo público, porque NEGOCIO Y CULTURA no deben ir por separado, ya que en esto siempre perdemos los ciudadanos.
* FRANCISCO SAN MARTÍN OLEA | ARQUITECTO Y URBANISTA
* SUR - Opinión - 5.07.10
