INFORMACIÓN/Alicante* : "Un auténtico escándalo". Así calificó ayer el Ayuntamiento de Benidorm la última modificación aprobada por el conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, en el planeamiento del área de reserva del parque temático Terra Mítica, que supone incrementar de forma notable la densidad urbanística en cinco parcelas de 132.885 m2 ubicados junto al complejo de ocio y que ha sido promovida por la Sociedad Parques Temáticos, de capital público, a instancias de las tres promotoras con intereses en el suelo y entre las que se encuentra una del constructor alicantino Enrique Ortiz. "La administración pública se ha puesto al servicio de las mercantiles privadas", denunció el concejal de Urbanismo de Benidorm, Jaime Llinares. El pasado 21 de febrero, Cotino firmó en una resolución la modificación nº6 del Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras (PEDUI) de Terra Mítica, que llegó al Ayuntamiento de Benidorm el 4 de marzo y que regula esa zona, que en principio formaba parte de un área de 700.000 m2 concebida para una futura ampliación del complejo de ocio y que al final ha acabado por reservarse para edificar hoteles y apartamentos turísticos, a pesar de que es suelo "no urbanizable no protegido". Esa parcela fue adquirida por las empresas privadas en subasta pública por 85 millones de euros.
Los cambios ahora incorporados por la Conselleria, que ayer fueron desgranados por Llinares, amplían la densidad urbanística de la zona, hasta el punto de que el edil se lamentó de que "desaparece hasta el último pino y el último arbusto y ahí se van a poder construir un equivalente a 2.000 apartamentos". Así, se elimina la parcela mínima de 2.000 m2, se disminuye la distancia entre edificaciones, se incrementa el número de plantas a bajo más tres pisos, más ático y se aumenta la altura de cornisa a 16,5 metros y la de cumbrera a los 18.
El concejal de Urbanismo anunció que propondrá al próximo pleno que el Ayuntamiento de Benidorm lleve estas modificaciones a los tribunales -en concreto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana- después de que la Conselleria haya rechazado las alegaciones presentadas por el Consistorio. En este sentido, Llinares esgrimió un informe del secretario municipal que advierte de la "falta de legitimidad de la Generalitat" en la tramitación de estos cambios , que en realidad suponen "una clara intromisión en el Plan General de Benidorm", toda vez que ya no se trata de una tramitación al servicio del interés público sino de unas sociedades mercantiles. Y en este sentido, Llinares realizó una revelación: "Lo que Cotino no ha contado es que en el plan de participación ciudadana del PEDUI, la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana admitía que la modificación había sido promovida por las mercantiles Creambiente Mediterránea S.L., Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras e Implantación de Técnicas Innovadoras". Es decir, que "son las mercantiles privadas las que le dictan a Cotino los cambios en esas parcelas", agregó el regidor.
Llinares instó tanto a "los partidos progresistas de las Cortes Valencianas" como a los "grupos ecologistas" a sumarse a Benidorm en esta vía judicial. Y también exhortó al grupo municipal del PP de Benidorm a que se vote en el pleno a favor de la misma propuesta.
El Consistorio también se opone a las variaciones del Consell porque a juicio de los técnicos municipales la administración autonómica pretende una modificación trascendental del planeamiento de Benidorm (en cuyo suelo se ubica un 80% de los diez millones de m2 del PEDUI) y de Finestrat (con un 20%). Y ésta no es sólo una cuestión técnica sino también económica: según Llinares, Benidorm tendría derecho a un 10% del aprovechamiento de esos terrenos, algo que sin embargo Cotino le niega porque se trata de suelo no urbanizable. "Parece que la Generalitat se haya decidido a implantar una especie de territorio de Liechtenstein dentro del término municipal de Benidorm", dijo Llinares para añadir, ya en un tono muy crítico, que "lleva a la confusión que en una zona arbolada quemada se implante un parque temático que acaba siendo un cortijo; porque es increíble que en pleno siglo XXI sigan existiendo cortijos".
Por si fuera poco, el informe del secretario municipal cree que algunos de los cambios "de los parámetros urbanísticos" sancionados por la Sociedad Parques Temáticos no se ajustan a la ley, como la eliminación de la parcela única de 2.000 m2 o el radical fraccionamiento de las manzanas de esta futura zona residencial, toda vez que el mismo se realiza en suelo no urbanizable.
En las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento se le recordaba a Cotino que en toda España sólo existe una autonomía que regula este tipo de problemática, Cataluña, que lo está haciendo desde 1989 con su Ley de Centros Recreativos Turísticos para hoteles y zonas residenciales y comerciales. Según Llinares, esa ley sí que hubiera reconocido el derecho de la capital turística a cobrar el 10% del aprovechamiento urbanístico. Sin embargo, en un tono ácido y un tanto sorprendente, Cotino señaló que la alusión a ese cuerpo legal era "improcedente y entraba en contradicción con el Estatuto de la Comunidad Valenciana y con la soberanía de esta última".
* Información - 18.03.11
Foto: Benidorm (Alicante), TerraMitica - Me (wikipedia.org)
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ELPAÍS/Andalucía* : La prescripción de la infracción por construir viviendas en suelo no urbanizable, que la ley fija en cuatro años, no implica que las construcciones puedan ser legalizadas, por lo que los Ayuntamientos no tienen autoridad para otorgarle licencias de primera ocupación. La consejería de Obras Públicas y Vivienda ha tenido que hacer este recordatorio a los Ayuntamientos tras comprobar que en los últimos meses un buen número de ellos han aprobado ordenanzas municipales sobre la asimilación de casas en situación de fuera de ordenación que exceden lo establecido por la La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y por el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA), porque vienen a significar una legalización indiscriminada de las viviendas construidas en suelo no urbanizable.
Las leyes autonómicas estipulan que las viviendas en suelo no urbanizable cuando han transcurrido cuatro años de su construcción sin que haya existido ningún procedimiento disciplinario quedarán en situación de fuera de ordenación -no podrán ser asimiladas en el planeamiento-. "Su régimen asimilado no constituye un procedimiento de legalización de edificaciones en sentido estricto, sino un régimen de tolerancia". Solo podrían obtener licencia aquellas casas que se ajusten a lo que la LOUA permite en suelo no urbanizable, y es que estén vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
"No queremos que se creen expectativas a los propietarios de que se les va a legalizar sus viviendas, ni que hagan ningún gasto en permisos que no tienen ninguna base jurídica alguna y que podrían encontarse después con problemas legales", explica el director general de Urbanismo, Daniel Fernández.
Dada la enorme proliferación de viviendas en suelo no urbanizable en Andalucía, que algunas organizaciones llegan a estimar en medio millón, la Junta prepara un decreto para la normalización de estas casas. La norma establecerá la posibilidad de que obtengan un permiso de pervivencia de efecto similar a la licencia de ocupación si cumplen una serie de requisitos y se dotan de los suministros e infraestructuras esenciales por cuenta de sus propietarios, sin causar nunca gastos a las arcas públicas.
El problema es que estas ordenanzas aprobadas por los Ayuntamientos sobre la asimilación del régimen de fuera de ordenación es la confusión que generan porque explícitamente no está recogida que se trate de una legalización, pero los propios municipios se han encargado de publicitarlas como la solución al problema de las viviendas ilegales.
Es el caso por ejemplo de las ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento de Marchena el pasado octubre, que incluyen las ordenanzas fiscales para determinar la cuantía de los pagos por equivalencia, un concepto de compensación creado por la ley para los casos de viviendas ilegales sobre las que hay una resolución de reposición de la realidad física alterada cuando ésta resulte imposible de reestablecer, y que, advierte la Junta, no es aplicable para el caso de las viviendas en no urbanizable que han prescrito.
El Ayuntamiento de Lebrija hizo una consulta a la Junta sobre estas ordenanzas para aprobar unas similares en caso de que no hubiera impedimento. La consejería contestó que el texto de la ordenanza no conculca la ley porque no se desprende que se trate de un proceso de legalización, pero que "cuestión diferente es que de la lectura de las octavillas informativas pueda interpretarse que se va a producir una masiva legalización de edificaciones o transmitirse la expectativa de un indiscriminado otorgamiento de licencias de ocupación que no tienen sustento en la legislación".
* El País - 21.01.11
Foto: Axarquía (Málaga), casas diseminadas ilegales - sur.es
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LEVANTE* : La Comunitat Valenciana lidera la balanza de carbono de las comunidades autónomas españolas. Según el informe "Sostenibilidad en España 2010", presentado esta semana en Madrid, la valenciana es la autonomía que más kilotoneladas de carbono al año emite a la atmósfera (casi 300) que los expertos achacan a los cambios en la ocupación del suelo experimentados entre 2000 y 2006. No obstante, en el balance neto de CO2, lo que se emite más lo que se absorbe, la Comunitat Valenciana desciende a la cuarta posición (25.000 kilotoneladas de Co2 al año) por detrás de Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha. El informe "Sostenibilidad en España" se elabora desde 2005 por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), con sede en Madrid. Los datos de la balanza de carbono los elaboran técnicos del Observatorio a partir de los datos del Corine Land Cover (la base de datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El caso valenciano se destaca "por encima de todas las demás" comunidades en el capítulo 15 dedicado al cambio climático del Informe de Sostenibilidad 2010. El caso de la Comunitat Valenciana destaca en la "balanza de carbono" que analiza la "variación de la cantidad de carbono acumulada en las comunidades autónomas a partir de los cambios de ocupación en el suelo entre 2000 y 2006 y el balance neto de CO2 (lo que se emite menos lo que se absorbe), calculado a partir de los datos del Inventario Forestal Nacional y de las emisiones de CO2". La Comunitat Valenciana destaca en esta balanza porque "tiene una elevada emisión de gases de efecto invernadero (GEI) debida a los cambios de ocupación del suelo muy superior al resto de comunidades". La siguiente comunidad que más carbono emite por nivel de ocupación del suelo es Andalucía pero apenas supera las 100 kilotoneladas de carbono al año, frente a las casi 300 de la Comunitat Valenciana.
Unas cifras que quedan avaladas cuando el Informe de la Sostenibilidad 2010 realiza un análisis por provincia de las mayores extensiones de superficie artificial. Entre las cuatro primeras, dos son valencianas. "Las provincias que que presentan mayor extensión de superficies artificiales en 2006 son Madrid (110.249 hectáreas), Barcelona (85.356 ha), Alicante (49.966 ha) y Valencia (46.350 ha)".
De Madrid y Barcelona, los técnicos del Observatorio recuerdan que "son las principales regiones metropolitanas del país, donde se concentran las actividades y donde la expansión urbana es históricamente continuada, aunque no está justificado por el aumento poblacional". Sobre las provincias de Alicante y Valencia, los autores del estudios destacan que el "proceso intenso de artificialización está relacionado con el hecho de que son focos atractores del turismo litoral (además de constituir también áreas urbanas importantes) y basar su modelo de desarrollo turístico en la vivienda vacacional, lo que ha fomentado una fuerte expansión inmobiliaria y de infraestructuras asociadas".
Parte de esta suelo artificial fue a costa del suelo agrícola ya que, según señala el Observatorio, cinco provincias españolas perdieron más de 4.500 ha de zonas agrícolas entre 2000 y 2006 y de nuevo dos son valencianas: Madrid (12.915 ha), Valencia (6.585 ha), Toledo (5.316 ha), Zaragoza (4.886 ha) y Alicante (4.771 ha).
* Levante - 20.01.11
Foto: Una urbanización en la Serra Calderona, con fuerte impacto en el paisaje y construida a costa de suelo forestal.- levante
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ELPAÍS/Lleida* : La Generalitat pretende levantar muchas de las restricciones a la construcción que fija el plan urbanístico del Val d'Aran, aprobado hace menos de un año por el Gobierno tripartito. En la primera reunión convocada por el Ejecutivo de CiU, la Comisión de Urbanismo de Cataluña modificó ayer la normativa para dar más autonomía a los Consistorios al planificar el crecimiento urbanístico. Los alcaldes de Vielha y Naut Aran, de Convergència Democràtica Aranesa, formación afín a CiU, han liderado el frente que exige una flexibilización de la ley para recuperar el control para acometer grandes operaciones urbanísticas en la capital y en el norte del valle, donde está ubicada la estación de esquí Baqueira Beret, participada por Catalana de Occidente, empresa que ha financiado a la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya.
Según la Generalitat, la modificación se hace para interpretar preceptos del documento del anterior Gobierno que generaban dudas sobre las competencias municipales; según la Comisión de Urbanismo, los nueve municipios del valle estaban preocupados "por la vulneración del principio de autonomía y las competencias de los Ayuntamientos".
El Ejecutivo de CiU ha atendido todas las reclamaciones municipales. Las dudas que se pretende resolver afectan al parque del Garona, espacios de protección patrimonial, infraestructuras viarias, normativa de edificación, regulación del enclave de Era Bordeta como suelo urbano, y reconocimiento de asentamientos preexistentes, mantenimiento y preservación de las antiguas cabañas de pastor, entre otros.
La Dirección de Urbanismo redactará el nuevo documento con la participación de los Ayuntamientos araneses. Este proceso no requiere la suspensión temporal del plan vigente, que fijaba numerosas restricciones en algunas zonas para nuevas edificaciones respecto a la normativa de 1982.
* El País - 19.03.11
Foto: Vielha (Val d'Aran) - fotonostra
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VEGAMEDIA/Murcia* : Medio centenar de personas, convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Región de Murcia, han impedido esta mañana que la entidad bancaria Banesto desahuciara a una familia con seis hijos, de una vivienda ubicada en la calle Peñón de Gibraltar de Molina de Segura. El piquete ciudadano se había instalado media hora antes de la hora prevista para el desahucio, las 11 de la mañana, con la determinación de evitarlo. Finalmente, los funcionarios del juzgado de Molina, a pesar de que iban a acompañados por media docena de agentes de la Policía Nacional, desistieron. Ahora, la familia tiene al menos tres meses de tregua hasta que reciban una nueva orden de desahucio, “aunque para esa vez vendrán con un amplio despliegue policial para ejecutarlo”, dijeron a VMPress fuentes de la plataforma.
Quince minutos después, el piquete ciudadano se dirigió a ocupar la sucursal de Banesto ubicada en la plaza del Casino de Molina, irrumpiendo por sorpresa y gritando consignas contra los banqueros.
El intento de un vigilante de seguridad de la sucursal de retener, o "detener" al portavoz de la plataforma, José Coy, terminó en un enfrentamiento entre el guardia y manifestantes indignados, produciéndose algunos empujones e insultos. Cinco minutos después de haber desalojado el banco voluntariamente, dos unidades de la policía nacional llegaban a la entidad, alertados por los empleados.
En la comarca de la Vega Media hay previstos cerca de 200 desahucios para 2011, 9.000 en toda la Región de Murcia.
José Coy explicó a VMPress que la familia “pierde la casa, pero también una condena de por vida. Hemos planteado la dación en pago al banco. Pero es una vergüenza que en esta tierra haya 400.000 personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Los bancos tienen más de un 25% de beneficios, y los ricos cada vez son más ricos y los pobres más pobres”.
Coy pide que “la gente se rebele, porque está naciendo un movimiento muy fuerte en el país. Hay que perder la vergüenza. Las entidades bancarias saben que hay deudas incobrables pero no ponen voluntad de resolver los problemas. La gente tiene derecho a empezar de nuevo. Hay una gran insensibilidad de los gobiernos de la nación y de la Región”.
El candidato de IU a la alcaldía de Molina, Antonio López Vidal, criticó que “los bancos no entienden de humanidad ni de dignidad humana. Lucharemos por esta y otras familias para que no vayan a la calle”.
Asimismo, entre los vecinos se encontraba Teresa Rodríguez, que será desahuciada de su casa de Las Torres de Cotillas el 24 de marzo, por la CAM. A pesar de que fue la misma caja la que propuso la dación en pago, ahora pretenden embargar y además reclamar una deuda de intereses de 90.000 euros: “Yo firmé el contrato de alquiler, con la cuota, y la dación en pago. Me dieron ilusiones y esperanzas en la CAM y me han engañado. Si me echan de mi casa, todavía me quedo con una deuda millonaria que se han inventado”.
* Vega Media Press - 18.03.11
Foto: Molina de Segura (Murcia), contra desahucio - vegamedia
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DIAGONAL* : Castilla León aprueba por ley un vertedero que incluye también una incineradora para la quema de distintos residuos peligrosos. Las organizaciones ecologistas y sociales se oponen. Los vecinos de la comarca de Tierra de Campos en Palencia ven peligrar su entorno. El pasado 14 de febrero la Junta de Castilla y León dio el visto bueno al estudio de impacto ambiental del macrovertedero que se situará en el municipio palentino de Ampudia y que también albergará una incineradora. La Junta de Castilla y León aprobó en 2010 por ley el vertedero como un Proyecto Regional de interés, lo que permite que éste salga adelante sin que las sentencias judiciales de posibles recursos puedan pararlo. Esta artimaña legal blinda el proyecto, como ya pasó con los macrovertederos de Santovenia, Valladolid y Freno del Río en Zamora que gestiona la constructora ACS.
El macrovertedero de Tierra de Campos ha sido adjudicado a la empresa Complejo Medioambiental Tierra de Campos S.L., creada ex profeso por Befesa, filial de la constructora Abengoa y una de las principales empresas de gestión de residuos tanto en el Estado español como en la UE, lo que hace que la zona se convierta en el destino de residuos de todo el país, pese a la ausencia de industrias importantes en el entorno.
El proyecto, denominado Centro de Tratamiento Integral de Residuos Industriales no Peligrosos, consta de una superficie de 18 hectáreas y una capacidad de tres millones de toneladas, y contará con una planta de estabilización, tratamiento de lodos y evaporación de lixiviados, así como un horno incinerador de residuos industriales en masa, bautizado como Planta de Valoración Energética, algo que Ecologistas en Acción de Palencia ha calificado como una “completa novedad” en Castilla y León, “no contemplada en el Plan de Residuos Industriales de la comunidad”.
Se prevé que acoja 190.000 toneladas de residuos anuales, de los que solamente el 10% podrán ser reciclados, 76.000 de ellos en la citada incineradora. Ecologistas en Acción denuncia que “la mayor parte de los residuos que se pretenden quemar serán lodos industriales, que previamente habrá que desecar, lo que invalida la justificación de que quemándolos se pretende producir energía”.
Además, esta organización apunta que también “se quemarán rechazos de papel y plástico de todo tipo, incluyendo plásticos clorados como PVC, lo que garantiza la emisión de importantes cantidades de sustancias tóxicas orgánicas como dioxinas y furanos, conocidos alteradores hormonales de carácter cancerígeno, además de hasta 2,3 toneladas al año de metales pesados cuyo alcance el propio proyecto se fija en 25 km”, lo que supone afectar a localidades importantes, incluida la capital palentina.
Para luchar contra este macrovertedero se ha constituido la Plataforma Meseta Limpia, integrada por varios ayuntamientos de la comarca, organizaciones ecologistas, sindicatos agrarios y ganaderos, cooperativas agroalimentarias y empresas turísticas de la zona.
MÁS DE 600 ALEGACIONES
La Plataforma contra el vertedero de Tierra de Campos ha presentado 600 alegaciones, entre las que destacan que no existe un estudio sobre el volumen y características de los residuos que se generan y el tratamiento que precisan, lo que vulnera la Ley de Residuos y la Directiva 2006/12/CE, que obliga a establecer una jerarquía que prioriza la prevención de residuos, y, si no fuera posible, su preparación para la reutilización, reciclado y en última instancia otro tipo de valorización y eliminación.
También afirman que con la incineración se crea un problema mayor que el que se pretende resolver incluso si se hace caso a la calificación dada por la Junta de residuos “no peligrosos” que la empresa aplica a éstos, ya que las dioxinas sí están consideradas como residuo extremadamente tóxico.
Las alegaciones al proyecto ponen de manifiesto que en las inmediaciones se encuentra la Nava de Pedraza, una de las zonas húmedas más importantes del Estado español, una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) incluida en el Espacio Natural de La Nava Campos de Palencia. Según las organizaciones en contra del proyecto, éste también supondrá empobrecer la comarca “ya que perjudica al turismo rural y natural y el establecimiento de industrias limpias o de carácter agroalimentario, inutilizando los grandes esfuerzos a favor de un desarrollo sostenible realizados en los últimos años”.
El sindicato agrario COAG señala que una planta de este tipo no puede situarse en una zona agrícola sino junto a las empresas que producen los residuos.
Además, los alcaldes de la zona han tachado de demagogo al representante de la empresa promotora, Alfredo Velasco, y le acusan de ocultar del proyecto de adjudicación y de no cumplir las condiciones para licitar el proyecto.
Las organizaciones ecologistas criticaron que el periodo de alegaciones fuese sólo de 10 días y en fechas festivas (en Navidad de 2010). Tras la declaración favorable del estudio de impacto ambiental, la Plataforma contra el macrovertedero anuncia que continuará con las movilizaciones.
CUATRO INCINERADORAS EN 125 KM.
de la Planta de Residuos Industriales de Ampudia, que contempla una incineradora de 76.000 Tonelada/año, Palencia albergará la mayor concentración de incineradoras de residuos del mundo en el mínimo espacio, ya que la provincia ha autorizado ya cuatro incineradoras, de las que actualmente funcionan dos.
Palencia va a contar con cuatro incineradoras en 125 kilómetros de distancia, tres en 55 kilómetros aproximadamente y dos separadas por una distancia de 30 kilómetros.
* Diagonal - F. Pastor - 18.03.11
Foto: Palencia, protesta macrovertedero - diagonal
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