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ElDIARIOMONTAÑÉS* : "Algunos llevan más de 60 años viviendo en el mismo lugar, otros están terminando de pagar su hipoteca. Pero a todos les une un mismo interés: mantener su hogar. Se trata de 10 familias, propietarias de otras tantas viviendas situadas en los números 23, 32 y 33 de Cajo, a los cuales les quieren expropiar sus pisos. Un buen día, hace dos años, les llegó una carta, «el inicio de la pesadilla», según relata uno de ellos, en la cual les anunciaban que en el lugar en el que se levantaban sus casas la empresa Copesa Valdecilla (perteneciente al Grupo Pedralbes) iba a construir 140 pisos.
Su solar era una unidad de actuación junto a las naves derribadas de la vieja Canfrisa. Desde entonces «no hemos vuelto a dormir tranquilos», aseguró Cristina Ramírez, una de las propietarias afectadas que se niegan a vender su casa.
El problema es que al estar de acuerdo con vender la mayoría de los propietarios del área específica 122.3 y al crearse una Junta de Compensación, a estas diez familias no les queda más remedio que o bien llegar a un acuerdo de compra o esperar a la expropiación.
«Fuera de la realidad»
Pero, por ahora, ninguna oferta «se ha acercado a la realidad», señaló Ramírez. En la primera «nos ofrecieron mil euros por metro cuadrado. Mi casa tiene 66 metros útiles. ¿Qué compramos con 66.000 euros? ¿Nos vamos a vivir debajo de un puente?», se preguntó indignada.
En la segunda ocasión, a cambio de nuestra casa «nos ofrecieron un piso de 60 metros cuadrados, pero con la obligación de pagar una renta de 120 euros al mes durante 67 años [en total, 96.400 euros]. ¿Terminarían de pagarlo mis nietos, que aún no tengo!», exclamó más enfadada aún.
La última oferta de la constructora llegó el pasado mes de octubre: o un piso de 40 metros cuadrados construidos sin pagar nada -«somos cinco en la familia, ¿dónde nos metemos?», señaló- o uno de 60 metros cuadrados construidos, pagando 66.000 euros.
Pero, como dijo María del Carmen Cobo, «no tenemos porqué pagar nada. Nuestras casas no están en ruinas. No recibimos ningún tipo de subvención para pagarlas. ¿Por qué vamos a tener que pagar por una casa nueva si no queremos dejar las nuestras? Estamos orgullosos y encantados de vivir aquí. Tenemos un parque estupendo enfrente (Parque de la Vaca), Valdecilla a un paso, al igual que el colegio o el instituto para nuestros hijos».
Gabino Oria lleva 60 años viviendo en el número 23 de Cajo. Hace un año que murió su mujer «sin saber qué iba a ocurrir finalmente. Yo sólo quiero vivir tranquilo en mi casa, donde he criado a mis hijos».
Ramírez indicó que la mayoría de los inquilinos que viven en el resto de las viviendas «son alquilados. Las dueñas son unas señoras que no viven aquí y que han vendido encantadas. Otros se han dejado convencer. Pero nosotros todavía no entendemos por qué nos está ocurriendo esta pesadilla».
La ley les dice que tienen que ceder, pero ellos sólo piensan que son sus casas y no quieren abandonarlas.
* El Diario Montañés - M. Cores - 22 de julio de 2007
Foto: Algunos de los propietarios que se niegan a abandonar sus casas. / SE QUINTANA
Especulación en Santander: Un hogar en Cajo
Urbanismo: Alcaldes y concejales
JUAN CHIRVECHES* : "Las leyes otorgan a los ayuntamientos españoles 'la ordenación, gestión y ejecución del Urbanismo'. Pero vemos con tristeza y estupor cómo, en infinidad de municipios, grandes y pequeños, de todas las regiones y de todos los colores políticos, la ordenación urbana se muda en desorden y caos y capricho; la gestión, en mala gestión, en corrupción y en latrocinio; y la 'ejecución', en cambio, sí que se lleva a cabo y buen término: la ejecución y muerte de la ciudad tradicional, de la hermosa y dulce arquitectura popular, ejecutadas y sepultadas por opresivos, agresivos y vomitivos edificios que son como una violenta pesadilla de piedra en medio del apacible sueño del caserío.
Vemos con tristeza cómo, en cuestiones urbanísticas, en vez de ordenadores y gestores y ejecutores del bien común, y del sentido común, y aplicadores, muchos ayuntamientos (o muchísimos, porque si rascáramos un poco...) devienen cueva de ladrones; favorecedores y cómplices de la barbarie especuladora y de los sinvergüenzas; impulsores o justificadores de la destrucción de sus propios pueblos y ciudades a los que, en teoría, deberían defender.
Y todo ello, porque demasiados políticos municipales se meten a la actividad pública no con el deseo de gestionar y favorecer honradamente los bienes comunes, sino con la intención expresa y descarada de autogestionar y favorecer sus propios bolsillos: o séase, de enriquecerse.
Hoy, en España, el desprestigio y la mala fama que la clase política (no sólo la municipal) se ha ganado a pulso son tan elevados que sonroja y avergüenza a cualquiera. Leyendo, estos días, el libro de Félix Bayón 'Vivir del Presupuesto', que tan amablemente me ha regalado mi buen amigo Carlos Alvar, encuentro esta frase que el notable periodista escribió en noviembre del 2005, pocos meses antes de morir: «los partidos políticos se han llenado de buscavidas que ni se toman la molestia de disimular su condición»...
A pesar de esto, tenemos una inflacionaria inflación de políticos, tres cuartas partes de los cuales son prescindibles; nadie sabe qué hacen ni para lo que sirven, y, de hecho, no sirven para nada: los tenemos locales, comarcales, mancomunales, provinciales, forales, regionales, estatales, continentales, supranacionales, y, ya mismo, los de las alianzas de civilizaciones que aún no tienen nombre. Todos cobrando y con dietas. Pues bien: de todos ellos, la palma del desprestigio es, sin duda, para los políticos municipales.
Hay personas admirables y decentes, apasionadas por la política local, que luchan por mejorar sus municipios y se entregan con entusiasmo y honradez a conseguirlo.
Pero: el excesivo margen de autonomía municipal; las listas electorales bloqueadas y cerradas; la imposibilidad de que los electores elijan de forma directa a su alcalde; la no limitación temporal de los mandatos; los cambalaches poselectorales; las lagunas e insuficiencias de las normas que regulan las incompatibilidades; el poder de contratar de forma directa las obras públicas y de nombrar, a dedo, asesores y diverso personal; la potestad de hacer, rehacer, alterar o suprimir a capricho los planes de ordenación urbana; la posibilidad de recalificar terrenos de forma arbitraria... todo esto, juega a favor de la entrada en la política municipal de una tropa de vividores y caraduras al asalto del Presupuesto.
ASÍ, vemos cómo en innumerables localidades, auténticos paletos sin sensibilidad ni preparación alguna, o de una moralidad menos que justita, personas fácilmente corrompibles, llegan a puestos de mucha responsabilidad y se encuentran, de pronto, manejando presupuestos que se les escapan. Y, sobre todo, gozando del poder de decidir sobre cuestiones urbanísticas que les pueden reportar, a poco que anden listos, una interminable lluvia de monedas de oro. A cambio, claro, de autorizar o promover toda clase de desaguisados y disparates en materia de urbanismo.
Nos deja perplejos que, en las listas electorales municipales, puedan figurar candidatos directamente vinculados a empresas inmobiliarias o constructoras, cuando no constructores ellos mismos. Claro que, también, se da mucho el caso de los que, sin tener vinculación alguna con el ladrillo, es llegar a alcaldes o concejales del ramo, y, oiga, su mujer, sus hermanos, sus cuñados, y hasta sus primos, empiezan a fundar empresas ligadas a la construcción como el que hace rosquillas: vaya, que les entra, de pronto, la vocación por edificar.
SI a esto añadimos los ingredientes de unas cuantas pirañas inmobiliarias, siempre al acecho en estas turbias y selváticas aguas para dar el bocado que arranque un trozo de paisaje común; y de unos cuantos arquitectos sin escrúpulos, o poco escrupulosos, a la hora de aceptar la elaboración de planos y planes, tenemos el cóctel que ha emborrachado a toda España de ladrillajo, de corrupción, y de edificaciones ilegales.
Es éste el contexto donde, por doquier, caen a diario preciosas casas de arquitectura popular, de alturas adecuadas a la calle donde se ubican, y aparecen, en su lugar, espantosos edificios hinchados de piedra y volumen, con estética de arrabal y altura desmedida. Edificios que entierran las calles y las aplastan con murajos agresivos, ajenos por completo a la tipología de siglos de la localidad.
Alcaldes y concejales que deberían defender y fomentar la estética urbana tradicional y propia, que dota de personalidad y hace únicas y hermosas y reconocibles universalmente a sus localidades, son quienes autorizan la transmutación de sus bellas poblaciones en vulgares urbes despersonalizadas como barrios clónicos construidos y diseñados por los más ineptos y castrojas tardoimitadores de Walter Gropius y Le Corbussier.
PORQUE si son graves y perniciosas la corrupción urbanística y las construcciones ilegales, no son menos graves muchas de las construcciones con apariencia o costra legal: en materia de Urbanismo, en muchos lugares de nuestro país, lo 'legal' es tan pernicioso y salvaje, o a veces más, que lo ilegal. Basta con tener un poco de aseo en los papeles y en las licencias, para que cuelen como legales auténticas salvajadas. Lo vemos a diario: sólo hay que darse una vuelta por ciudades y pueblos de cualquier sitio.
¿Quién puede parar toda esta infernal maquinaria? Juzgados y políticos decentes, que los hay y muchos. Pero han de actuar con prontitud y valentía, lo cual no es nada fácil. También ayudaría la concienciación y presión social para poner freno a tanta barbarie.
Se ha dejado un poder enorme de hacer y deshacer en manos de ayuntamientos que son dirigidos, en más ocasiones que las deseables, por garrulos codiciosos, ignorantes y presas fáciles para los corruptores.
SERÍA conveniente que el Poder Central recuperara buena parte de las decisiones y planeamientos urbanísticos. Ya hemos visto a lo que nos ha llevado tanta autonomía municipal y regional: al caos urbanístico, a las decenas de miles de construcciones ilegales, a los precios insufribles y escandalosos de la vivienda, a la destrucción de nuestros paisajes y nuestras poblaciones, a la corrupción generalizada, y a que nos señalen desde toda Europa con el dedo del ladrillajo y del disparate.
* Ideal Digital - Granada - 16 de agosto de 2007
La Xunta levanta la Cidade da Cultura con cuarcita de una cantera ilegal
ELPAÍS/Santiago* : La cascada de irregularidades detectadas en el negocio de las canteras en Galicia también desemboca en el monte Gaiás. Los edificios de la Cidade da Cultura se recubren de una cuarcita extraída en la mina Angelita, ubicada en el municipio de Muras (Lugo). Sobre esta explotación pesa una orden de paralización de actividad dictada en enero por la Consellería de Política Territorial, ya que funciona sin licencia de la Xunta y del Ayuntamiento. La falta de permisos no le impidió al Grupo Campo obtener en 2003 el contrato para suministrar el mineral por 6,6 millones.
"Será para la Cidade da Cultura como el titanio para el Guggenheim". Así se referían en la anterior Xunta a la cuarcita que recubre el mastodóntico complejo cultural que se levanta en el monte Gaiás. Este mineral procede de la mina Angelita que explota la empresa Piedra Natural de Muras, propiedad del Grupo Campo. La extracción promovida por el empresario Epifanio Campo se realiza sin licencia y, según el colectivo ecologista Adega, los responsables de la firma han invadido con sus máquinas terrenos de gran valor ecológico protegidos por la Red Natura y en los que existen hábitats en peligro de desaparición.
Adega ha presentado una denuncia en el Seprona por todos estos hechos. La Consellería de Política Territorial dictó en enero pasado una orden de paralización de la actividad en la cantera porque se desarrolla "sin la preceptiva licencia urbanística municipal y sin autorización autonómica". El portavoz de Adega, Daniel López Vispo, asegura, sin embargo, que los trabajos en el lugar continúan.
Adega sostiene que el Gobierno del PP dio "trato de favor" al grupo de empresas de Epifanio Campo, ya que le permitió extraer la cuarcita de Muras sin autorización y suscribir contratos de suministro de este mineral a diferentes administraciones. La asociación ecologista sostiene que la empresa Piedra Natural de Muras vendió también una partida para recubrir la residencia oficial del presidente de la Xunta en Monte Pío, construida durante el mandato de Manuel Fraga.
La cuarcita de Muras le permitió al Grupo Campo hacerse con uno de los contratos millonarios de la Cidade da Cultura. La Fundación Cidade da Cultura convocó un concurso en 2003 para el suministro de este mineral que recubre los edificios del complejo. La licitación sólo se publicó en periódicos, no en diarios oficiales, y únicamente se presentaron dos ofertas, aunque una no fue admitida porque no entregó la documentación requerida.
Así fue cómo se hizo con el contrato la UTE Campo-Ipisa, integrada por Campo Lombao, SL y Europizarras, SA, ambas del Grupo Campo, y por Iberoitaliana de Pizarras, SA. La empresa cobró más de 6 millones de euros de dinero público por este encargo. El Consello de Contas advierte en su informe sobre la gestión de la Cidade da Cultura que la cuarcita se entregó con retraso pese al riguroso protocolo de envío que exigía el pliego de condiciones. "Se produjeron importantes retrasos que afectaron al cumplimiento de los plazos de ejecución de las obras", critican los auditores oficiales, quienes también censuran la escasa publicidad dada al concurso.
La tramitación de la concesión minera de Epifanio Campo en Muras no se completó. El anterior Gobierno gallego sí redactó una declaración de impacto ambiental de la cantera en 2003. En aquel documento, los técnicos reconocen que el Grupo Campo inició la extracción de la cuarcita de Muras en agosto de 2000 sin ningún tipo de permiso ni estudio sobre las consecuencias ambientales de su actividad.
Los enviados de la Xunta comprobaron que en 2001 la explotación estaba abierta, que se habían ejecutado "dos grandes pistas de acceso", una de ellas de cinco metros de ancho y "dotada de una gruesa capa de firme". En la explotación ilegal trabajaba "una retroexcavadora de grandes dimensiones, así como diferente personal".
Esta situación no impidió que la Consellería de Medio Ambiente diera el visto bueno a la declaración de impacto ambiental en abril de 2003. Tres meses después, la Consellería de Industria le otorgó al Grupo Campo una concesión de seis cuadrículas mineras en Muras, Sin embargo, aquella resolución no fue publicada en el Diario Oficial de Galicia hasta casi cuatro años después, en febrero de este año, cuando el bipartito ya controlaba la Xunta.
La Administración autonómica nunca llegó, sin embargo, a otorgarle a la explotación la preceptiva autorización urbanística y el Ayuntamiento de Muras tampoco. Los responsables del Grupo Campo eludieron ayer dar su versión de los hechos.
Una Red Natura a medida
La parcela en la que se ubica la mina Angelita, de la que se extrae la cuarcita para la Cidade da Cultura, estuvo incluida durante dos años en los espacios propuestos por el anterior Gobierno del PP para ser protegidos dentro de la Red Natura, un catálogo europeo de parajes de alto valor ecológico.
En 1999, se publicó en el Diario Oficial de Galicia una relación de terrenos que la Xunta de Manuel Fraga consideraba dignos de preservar y entre ellos estaba en de la cantera de Muras, dentro del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Serra do Xistral.
La explotación empezó a funcionar en 2000, pero la zona no se retiró de la Red Natura hasta dos años después. La Xunta de Fraga tomó esta decisión en el momento en el que la Consellería de Medio Ambiente empezó a tramitar la declaración de impacto ambiental de la mina promovida por Epifanio Campo.
En la denuncia presentada por Adega ante el Seprona, el colectivo ecologista asegura incluso que la actividad de la cantera "se ha salido de las zonas de explotación delimitadas en la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, invadiendo terrenos del LIC Serra do Xistral". En esta área hay hábitats prioritarios que la UE cree en peligro.
* ELPAIS.com - S. Vizoso - 15/08/2007
Foto: Santiago, Cidade da Cultura /cidadedacultura.es
