El Gobierno aragonés se encargará de las infraestructuras y los servicios de Gran Scala

ELPERIÓDICO/Aragón* : El protocolo de colaboración firmado ayer entre el Gobierno de Aragón y los promotores del macro complejo de ocio Gran Scala compromete al Ejecutivo autonómico a impulsar las infraestructuras y servicios necesarios para el desarrollo de Gran Scala. Entre ellos se encuentran las vías de comunicación, el suministro de agua, electricidad y gas además de centros de salud y colegios, entre otros.

Mientras que los promotores, International Leisure Development (ILD), se encargarán de proyectar y construir de forma autónoma las diferentes áreas de Gran Scala.

Así lo explicó hoy el vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Angel Biel, en las Cortes de Aragón donde apuntó que "como el proyecto salga adelante, vamos a transformar la Comunidad aragonesa y si, por el contrario, no sale no hemos perdido nada, ya que se trata de capital privado".

La localización exacta en los Monegros de Gran Scala está todavía en el aire. Ni los promotores lo desvelaron ayer ni tampoco el Gobierno de Aragón lo concretó hoy en las Cortes. Biel indicó que se barajan varias posibilidades, pero ninguna establecida. Sin embargo, apuntó que será en una zona en la que "la autopista, el AVE y el agua estén cerca".

Asimismo, explicó que el protocolo firmado ayer entre ILD y el Gobierno de Aragón compromete al Ejecutivo autónomo a asistir a los promotores en la definición y localización de los terrenos para la ubicación de Gran Scala que podrán ser "privados, públicos o mixtos".

Por otro lado, Biel afirmó que el Gobierno de Aragón no podía dejar pasar una oportunidad como ésta, que "va a generar empleo y va a suponer un empuje importante para Aragón". Además, Biel recordó que la instalación de Gran Scala que incluye 32 casinos y hace necesario cambiar la ley del juego actual.

El portavoz del Partido Popular, Adolfo Suárez, afirmó que su grupo parlamentario está de acuerdo con la generación de puestos de trabajo, pero criticó que el protocolo firmado ayer "establezca muchos compromisos al Gobierno de Aragón y ninguno a los promotores".

Es decir, comentó, el Ejecutivo Autónomo "ha firmado un cheque en blanco y más cuando no se conocen los terrenos". Además, el protocolo "no establece una cuantía fija de inversión y de generación de empleo", puntualizó Suárez. Suárez resaltó que un proyecto de tal envergadura y magnitud como es Gran Scala supone la creación a su alrededor de muchos servicios como la limpieza, labores de seguridad y suministro eléctrico "que van a ser competencia del Gobierno de Aragón".

El diputado de Chunta Aragonesista, Chesús Yuste, resaltó que el Gobierno de Aragón debe ahora responder a los asuntos que "ayer se quedaron sin resolver como los impactos medioambientales, la gestión del agua, infraestructuras y la reforma legislativa necesaria para el desarrollo del proyecto Gran Scala".

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida (IU), Adolfo Barrena, indicó que un proyecto como Gran Scala "agrede al modelo de cultura de un país mediterráneo y, además, promueve una sociedad consumista y despilfarradora de recursos".

Por otro lado, recordó la asistencia del consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, a la cumbre sobre el cambio climático que se está realizando en Bali "mientras que aquí se está hablando de un proyecto que atenta contra el medio ambiente", indicó.








* El Periódico de Aragón - 13/12/2007 EUROPA PRESS
Foto: proyecto Gran Scala

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Más de 2.000 personas se unieron en Merexo contra la planta de Stolt

LAVOZ/A Coruña* : Los vecinos de Merexo (Muxía) no están solos en su lucha contra el Plan Acuícola de la Xunta y la consecuente ampliación en 270.000 metros cuadrados de la planta de Stolt Sea Farm. Más de 2.000 personas se desplazaron ayer hasta la pequeña aldea de la parroquia Ozón para participar en la cadena humana convocada por la Plataforma Veciñal. Vecinos de Seiruga (Malpica), Arou y Camelle (Camariñas), Quilmas (Carnota), Corrubedo (Ribeira) y O Courel (Lugo) se unieron a una particular cadena humana que, mirando hacia el mar, cubrió con creces los dos kilómetros que abarcará la nueva planta de la compañía noruega.

La protesta, bajo el lema de «Merexo non se vende», incluso consiguió una unión política poco habitual y representantes del PP y del BNG marcharon codo con codo junto a miembros de Adega, del Sindicato Labrego Galego y a los lugareños, que no se cansaron de gritar que los terrenos afectados por la futura ampliación de la planta acuícola «nin se venderán, nin se deixarán expropiar».

Entre los miles de manifestantes también estuvo el ex dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras, que, como los demás, se llevó un par de cebollas de Merexo, las mismas que los vecinos quieren convertir en la alternativa «ás toneladas de formigón coas que a Xunta pretende rodear o pobo para instalar piscinas dedicadas á acuicultura».

«Queremos que os políticos escoiten as nosas alternativas de agroturismo e agricultura ecolóxica», dijo la encargada de leer el comunicado oficial, que también hizo hincapié en la necesidad de que «a Costa da Morte salga do seu atraso e progrese, pero sen destruír nin vender a multinacionais o noso pobo».

«Os nosos profesores falan sempre da necesidade de manter os bens culturais e paisaxísticos e de defender o medio ambiente, pero o que se está a facer aquí é destruír o noso entorno», dijo Eva, una niña de 13 años que se subió al palco para leer su propio comunicado. Visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas, gritó a los asistentes que «hai alternativas sen estragar a nosa cultura, sen ter que facer más de 40 campos de fútbol de formigón, porque o Plan Acuícola da Xunta non respecta o medio ambiente nin aos que vivimos na beira do mar».

Próxima protesta

Los organizadores de la protesta aseguraron que la convocatoria había cumplido «con creces» sus expectativas y el portavoz de la plataforma vecinal, Antonio Devesa, fue el encargado de leer una carta enviada por el escritor Manuel Rivas, quien dejó patente que «o que se pretende facer en Merexo é un expolio, un abuso».

«Espero que a Xunta recapacite e desgote este Plan Acuícola, porque rectificar é de sabios. Espero que non teñamos que volver a manifestarnos», dijo Devesa. La próxima protesta, sin embargo, y según recordaron los propios vecinos, será el próximo día 28 en Camelle.







* La Voz de Galicia - 17/12/2007
Foto: ana garcía (LaVoz)

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Protestas a pie de huerta en Torrent y Catarroja

LEVANTE/Valencia* : Torrent y Catarroja, dos municipios que tienen previsto desarrollar actuaciones con más de 10.000 viviendas en zona de huerta, acogieron ayer dos protestas para reivindicar el valor patrimonial y cultural de ésta. En la capital de l'Horta Sud fue la Associació El Casino quien organizó un recorrido a pie por parte del millón de metros cuadrados donde el PSPV -y ahora el PP- tenía previsto levantar más de 10.000 viviendas.

Concretamente, se trata de la zona denominada el Safranar que separa Torrent con Picanya y que ya ha sido también mordida parcialmente por el trazado del AVE.

En Catarroja, cerca de cien personas acudieron, pese al mal tiempo, a la bicimanifestación convocada contra el PAI Nou Mil·lenni y contra el derribo hace dos meses de una antigua alquería situada en mitad de dicho PAI. Desde que fue demolida parcialmente un grupo de personas continua acampado allí Chirivella, açò no és Marbella , o otros como Nou Mil·lenni no, fora especuladors Catarroja resistix .






* Levante-EMV - I. Olmos, Torrent - 17 de diciembre de 2007
Foto: Los participantes en la bicimanifestación de Catarroja rodearon la masía de l'Hort dels Mestres para denunciar su derribo / levante-emv

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Las leyes llegan tarde contra la corrupción

JAVIER OTERO/TIEMPO* : Totana, Madrid, Mugardos... Los últimos casos de corrupción relacionados con el urbanismo y el poder municipal reinciden en las mismas claves sin que las reformas legales tengan efecto. Convenios urbanísticos a medida de un promotor que convierte en oro miles de hectáreas que se dedicaban hasta entonces al cultivo de lechugas, funcionarios o cargos políticos que cobran, a través de empresas con las que están relacionados, a cambio de licencias municipales.

En Totana, Murcia, la jueza que investiga el caso ha dictado prisión para el alcalde del PP, José Martínez Andreo, como principal implicado en la operación Tótem. El empresario gallego Manuel Núñez está en libertad bajo fianza de 150.000 euros. El dueño de la empresa Nuaria presuntamente pagó comisiones ilegales para que le recalificaran 2,2 millones de metros cuadrados para construir 5.000 viviendas.

En el caso de Totana se reúnen algunas de las claves de los casos relacionados con la corrupción urbanística que han señalado los expertos y que intentan atajar varias iniciativas políticas. En primer lugar, el empresario consiguió hace un año un convenio urbanístico que autorizaba la construcción de un número de viviendas con el que Totana duplicaría el número de habitantes.

Mayor transparencia

La nueva Ley del Suelo, aprobada por el Gobierno central hace pocos meses, posterior a la aprobación del proyecto de Totana, tiene como uno de sus principales objetivos conseguir una mayor transparencia en estos convenios. Los expertos señalan, por lo demás, que esta figura legal es una perversión de la planificación que deben hacer los poderes públicos, ya que finalmente con los convenios los planes de los ayuntamientos se hacen a medida del constructor y no de los intereses generales.

Otra de las claves del caso de Totana es la gran cantidad de suelo en manos del empresario Manuel Núñez: 2,2 millones de metros cuadrados. La ley tomó dos medidas para evitar la retención especulativa de suelo, como impedir que se valore éste según las expectativas de recalificación y establecer unos plazos para sacarlos al mercado. El Gobierno ha realizado un estudio en el que ha identificado a los principales propietarios de suelo de España, pero no los hace públicos por problemas con la ley de protección de datos personales. Según esta estadística, en Murcia un particular acapara la propiedad de 4,7 millones de metros cuadrados y en Madrid otro tiene en su poder un millón y medio de metros.

Por otra parte, tanto en Mugardos como en Madrid los escándalos se basan en que funcionarios municipales obligaban a los empresarios que necesitaban obtener licencias y otros permisos a pasar por empresas con las que estaban relacionados. Las últimas modificaciones en la Ley de Gobiernos locales, aprobadas el año pasado, establecieron un régimen de incompatibilidades y un registro de intereses similar al que ya funciona en las administraciones autonómica y central.

Endurecer las incompatibilidades

A pesar de la reciente aprobación de estas modificaciones, los socialistas han anunciado un nuevo endurecimiento de las incompatibilidades de los cargos municipales. En Madrid, responsables de las áreas de Medio Ambiente estaban relacionados con gestorías y empresas, por ejemplo, de jardinería. En Mugardos, como en Madrid, los funcionarios municipales detenidos estarían presuntamente relacionados con empresas de arquitectura que cobraban por agilizar los trámites.

Si se repasa el mapa de los casos más importantes de corrupción urbanística Marbella concentra dos de gran calado. El primero fue el conocido como operación Ballena Blanca. Se consideró el mayor golpe contra el blanqueo de capitales procedente del crimen organizado de Europa hasta la fecha, e incluía la posible “detracción ilegal masiva de fondos con origen en la empresa petrolera rusa Yukos”, del magnate Mijail Jodorkovsky, según informó la Policía española. El juez del caso ha decidido investigar en un procedimiento separado esta red que presuntamente usó el paraíso fiscal de Gibraltar para canalizar inversiones en urbanizaciones en la Costa del Sol. Sin embargo, en el caso de la operación Malaya, que llevó a la cárcel a la mayoría del Gobierno municipal de Marbella, el juez del caso se ha quejado de que Gibraltar “no coopera en absoluto” con las autoridades españolas. La falta de colaboración judicial de Gibraltar es un asunto perpetuamente aparcado en el Ministerio de Exteriores.

La última clave de los escándalos de corrupción urbanística se encuentra en las competencias que ostentan los municipios en esta materia y la falta de supervisión sobre ellos de las comunidades autónomas. En Marbella, tras la disolución del Ayuntamiento por la operación Malaya, el Gobierno central intentó adecuar una fórmula para tomar las riendas de la vigilancia de estas actuaciones. Sin embargo, su intención de crear consorcios con su participación y la de municipios y autonomías en las principales áreas metropolitanas del país no ha visto la luz. En su lugar, la Junta de Andalucía ha creado una nueva figura, un comisionado para la Costa del Sol que vigilará el urbanismo de estos municipios.

Entretanto, el caso Malaya continúa en fase de instrucción, mientras que sus principales protagonistas, desde el ex alcalde Julián Muñoz al ex asesor de Urbanismo José Antonio Roca, se enfrentan a otros juicios por irregularidades que llegaron a los tribunales antes de explotar el golpe que dinamitó definitivamente su red en Marbella.








* Tiempo de Hoy - 07/12/07
Viñeta: El Roto - elpais.com

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Notarios, registradores y la corrupción urbanística

ALICIA MARTÍNEZ GARCÍA* : Junto con el terrorismo, la corrupción urbanística que se ha desatado hasta límites que nuestra sociedad ha dicho basta ya, constituye la gran lacra de nuestro país que hay que atajar drásticamente, de una u otra forma. Dicha corrupción es la culpable, entre otras, de los escandalosos e inflados precios de las viviendas. ¿Por qué se produce la corrupción urbanística? Sencillamente, por los beneficios económicos que genera y reporta a unos cuantos. ¿Quién da lugar a dicha corrupción? Sin lugar a dudas, aludiremos a los personajes o instituciones más representativas, significando que no son todos los que están ni están todos los que son : ...

... promotores e inmobiliarias, empresas sin control, particulares, intermediarios, cargos públicos de la Administración estatal, autonómica y local (Ayuntamientos y Diputaciones), propietarios de terrenos e inmuebles, organismos que desvían fondos y subvenciones, corredores, agencias de la propiedad inmobiliaria, subasteros, notarios y registradores negligentes y tolerantes, funcionarios de las distintas administraciones que prevarican o admiten el cohecho archivando o activando expedientes o falsificando informes y documentos o haciendo la vista gorda en las inspecciones (aquí, hasta juegan con la seguridad física de las personas), jueces que prevarican también resistiéndose a tomar medidas cautelares que prevengan daños irreparables o percibiendo grandes sumas de dinero negro, políticos solapados con sus tráficos de influencias o presionando en demanda de dinero o favores de todo tipo, bancos muy poco colaboradores en la lucha contra el blanqueo monetario, directores y propietarios de banco que coadyuvan a la corrupción, constructores sin escrúpulos, empresas de suministros que compran para que su oferta se acepte, máximos dirigentes y responsables de partidos políticos que no cortan ni denuncian las desviaciones de sus cargos públicos, abogados y bufetes profesionales que trampean con contratos fraudulentos, arquitectos e ingenieros corruptos y permisivos, y algunos más que se nos quedan en el tintero.
En todos los casos, el dinero o el favor político, social o comercial lo es todo.

Con éste panorama tan desolador, a una le dan ganas de irse a Sevilla a conocer al primo de Rajoy. Hablaría, al menos con él, de los cambios que tan docto señor haya podido notar en las palmeras de la oronda Avenida del mismo nombre.

Ante las próximas elecciones, los partidos políticos tienen necesariamente que tomar cartas en el asunto y, en términos taurinos -de los que tanto gusta Sánchez Dragó-, apuntalar definitivamente al endiablado toro de la corrupción. Tienen que hacerlo con actuaciones y hechos reales, aquí y ahora, y no dejar a la falsa palabrería electoral lo que harán pero luego no hacen.

¿Quienes serán los beneficiarios de la decencia urbanística? Los millones y millones de votantes y habitantes de nuestro país.
Como primera medida, fácil de atajar dada la minoría de un colectivo súper privilegiado, es la de que los notarios y registradores dejen de ser funcionarios de arancel, pasando a ser los que están y los que vendrán, a funcionarios públicos bajo el control que ahora no tienen. Se matarían tres pájaros de un mismo tiro: primero, sin la negligencia ni la tolerancia de muchos de ellos, el grado actual de corrupción urbanística bajaría notablemente. Segundo, a los españoles nos tocaría la lotería y no saldría de nuestros bolsillos el cuantioso dinero que va a parar a los pujantes bolsillos de notarios y registradores (piénsese, que dichos privilegiados sociales ganan de 3 a 4 millones mensuales de las antiguas pesetas).Tercero, es absolutamente vergonzoso que cuando una persona tiene que comprar una casa, hacer un poder, hacer testamento, inscribir una sociedad, y un larguísimo etcétera, tenga que pasar por éstos certificadores de fe y pagar una especie de impuesto revolucionario, para que éstos señores y señoras puedan tener una vida de lujo. La seguridad jurídica viene dada por las leyes y el Estado. Nada más.

El partido político que, en su programa electoral proponga y cumpla después, reformar el actual status de notarios y registradores, de forma que pasen a ser funcionarios públicos a sueldo, evitando a la totalidad de los votantes el canon injustificado que ahora pagan y que en muchas ocasiones, ahoga sus economías, es seguro que tal medida sería jubilosamente aceptada por la totalidad de la comunidad, con el consiguiente incremento sustancial de votos. Es un aviso a navegantes, sabiendo que al PP tal medida le horrorizará. El PSOE y otros partidos, se lo deben pensar muy seriamente.

La mayoría por una minoría minoritaria.

Sería, un buen principio para empezar por terminar con la corrupción urbanística. El fin del principio.







* El Plural - Tribuna libre - 13/12/2007

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