GRANADAHOY* : "Colectivos ecologistas de la provincia se han unido en la plataforma Una nueva cultura del territorio de Granada que, bajo el lema "La Tierra no la heredamos de nuestros abuelos, la heredamos de nuestros hijos", trabajará para fomentar la participación ciudadana y su implicación para tratar de poner freno a los macroproyectos urbanísticos previstos en la provincia.
A través de blogs y una página web, la plataforma difundirá los proyectos que considera atentan contra la sostenibilidad de los municipios, en algunos de los cuales se ha llegado a consumir el cien por cien del suelo.
El nuevo colectivo pedirá a los ayuntamientos el cumplimiento íntegro de documentos oficiales que promueven la conservación del medio ambiente.
"Alguien nos quiere explicar para qué necesitamos diez campos golf en el Área Metropolitana", se preguntó durante su comparecencia uno de los portavoces del nuevo colectivo, quien agregó que tratarán de parar aquellos macroproyectos que sólo traerán problemas de movilidad e incomodidades a los municipios.
Los integrantes de la plataforma ecologista destacaron que su intención no es sólo vigilar supuestas irregularidades, sino desempeñar una labor educadora.
Entre las asociaciones ecologistas que se han sumado a la iniciativa se encuentran la Asociación la Huerta, las comunidades de regantes Río Verde de Almuñécar, Defensores de la Charca Suárez deMotril y la Asociación por un Transporte Digno en Atarfe
10/02/07
http://www.diariogranadahoy.com/41711_ESN_HTML.htm
Nace una plataforma contra el urbanismo desaforado
«Nuestra justicia es ineficaz, se ha descuidado la lucha contra la corrupción»
Entrevista al magistrado V.GIMENO* por M.GALLEGO :
-Usted ha afirmado que la corrupción urbanística no se persigue.
-Lo que digo es que nuestra justicia penal es lenta e ineficaz y no sirve para luchar contra los problemas que nos interesan. Se ha abundado mucho en la lucha contra la delincuencia callejera, fundamentalmente a través de la Ley de Juicios Rápidos de 2003, y la lucha contra esta pequeña delincuencia ha llevado al descuido o abandono de fenómenos tanto o más importantes, como es la corrupción en la política local. Hace tiempo que existe, aunque hasta ocurrir los sucesos de Marbella no se ha empezado a tomar conciencia de la necesidad de combatirla.
La Policía aún no ha comenzado a actuar y las unidades de la Guardia Civil de delincuencia urbanística están todavía en mantillas. El tema de la corrupción en la administración local nos ha caído del cielo a raíz de Marbella.
-Si nos ha caído encima es porque estaba ahí.
-Estaba, lo que pasa es que hay pactos de silencio porque son delitos de difícil prueba, en los que se suele manejar dinero «b» al que es complicado seguirle el rastro.
-¿Quiénes son los corruptos?
-Pues los políticos o los técnicos que cobran por recalificaciones de terrenos, por otorgar licencias constitutivas de auténticas prevaricaciones.
-Si hay corrupción, se sabe y no se persigue ¿eso es delito, no?
-Es discutible que sea un delito. El problema de la corrupción en urbanismo es que es un tipo penal que tiene las normas en blanco. Para que exista delito es necesario que haya habido un ilícito administrativo, una contravención a la legislación urbanística y lo que los jueces penales suelen hacer es pasarse la pelota y mandar primero a la vía contencioso-administrativa para después iniciar la penal. ¿Por qué suelen inadmitirse querellas o archivarse diligencias previas en delitos de prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio? Pues en muchas ocasiones porque no tienen medios y porque muchos jueces y fiscales no tienen ni idea de urbanismo.
-Además de formación y ganas, ¿qué más falta?
-Tampoco hay medios, los juzgados tienen una sobrecarga de trabajo considerable, ahora empieza a montarse una policía especializada en temas de urbanismo(...), pero la realidad es que, hoy por hoy, las fuerzas de seguridad tampoco tienen conocimiento de temas de urbanismo.
-¿Habría que modificar las leyes para facilitar la intervención de los ayuntamientos sin que fuera necesario llegar a situaciones límite como la de Marbella?
-No olvidemos que los municipios tienen autonomía local consagrada en la propia Constitución y que la intervención de los municipios está en la legislación desde Franco, cuando los gobernadores podían hacerlo. En nuestra democracia, que yo recuerde, la primera vez que se interviene es con el tema de Marbella y aquí con lo de Catral [municipio de Alicante a cuyo ayuntamiento la Generalitat ha retirado las competencias en Urbanismo tras contarse por miles la viviendas construidas la margen de la ley]. Me parece muy fuerte que una comunidad se vea obligada a utilizar estos instrumentos.
-¿Cabe otra salida en casos como el de Marbella o el de Catral?
-Lo que tiene que existir es un mayor control judicial después del administrativo. Supongo que a esos niveles los ayuntamientos cumplen con la legislación urbanística y que presentan sus planes de ordenación a la comunidad. Ahora bien, si se permiten, se consienten o se otorgan licencias urbanísticas en contra de los instrumentos de planeamiento, hay que acudir al Código Penal porque se estaría hablando de prevaricaciones. Y esos hechos hay que perseguirlos.
-Cuando eso suele ocurrir las casas ya están amuebladas.
-Hay un punto también de falta de sensibilidad por parte también de los jueces porque suele haber terceros de buena fe que ocupan esos edificios ilegales y es muy duro tener que utilizar después de un tiempo el Derecho Penal. Una mayor inmediación y un control judicial administrativo más efectivo evitaría mucho de lo que está ocurriendo.
-La aprobación por parte del Ayuntamiento de Alicante de las 15.000 viviendas del Plan Rabasa al margen del PGOU, ¿qué opinión le merece?
-Me parece una monstruosidad que se haya aprobado esto en el ayuntamiento al margen del plan general y sin un control.
-¿Control por parte de quién?
-Por parte de la comunidad autónoma, que tiene capacidad de intervención aunque no la suele ejercitar. Pero si se ha hecho con Catral, aunque me parezca muy fuerte, que se haga con todos aquellos que lo requieran. Sin olvidar que una intervención de esa naturaleza supone desapoderar a un ayuntamiento de todas sus facultades en materia de urbanismo y llevarlo todo desde la Comunitat. Supongo que, en el caso de Catral, habrá sido necesario, pero es muy fuerte que los ciudadanos tengan que ir cada dos por tres a la Conselleria de Urbanismo a pedir una licencia de obra. Me parece excesivo.
-¿Tiene el Código Penal elementos suficientes para luchar contra la corrupción o habría que endurecer las penas?
-Las leyes penales son suficientes aunque quizá algún tipo penal, como la prevaricación, tiene una pena leve. Dos años por cometer este delito, si hay mucho dinero en juego, creo que hay personas que no les importa pasarlos a la sombra, si es que al final acaban cumpliendo la condena. Habría que subir las penas por prevaricación urbanística y algún otro, el cohecho posiblemente también. Parece que Justicia está elaborando un anteproyecto para aumentar la severidad contra estos delitos (...)
-¿Cómo se tendría que actuar con los cargos públicos con poder ejecutivo que están imputados y que, aún así, siguen en sus puestos?
-Jurídicamente no se puede hacer mucho. Es un problema político y ético. Los políticos tendrían que ponerse de acuerdo en la necesidad de combatir la corrupción dentro de cada partido, y en el momento que existiera un funcionario o autoridad local sospechosa, pero sospechosa con fundamento, porque cabe subrayar que éste es un terreno político y que a veces hay querellas calumniosas, pero si existen fundadas sospechas de que una autoridad local ha cometido un cohecho o una prevaricación, decía, lo que se tiene que hacer es indicarle que presente su renuncia inmediatamente. Mientras los partidos no se tomen en serio que la corrupción puede acabar con el sistema democrático, que podemos llegar a niveles del tercer mundo, sucederá lo que sucede. Lo que tienen que hacer los jueces es acelerar al máximo el proceso penal. No se puede permitir que un delincuente esté ejerciendo de autoridad local. Pero estos procesos, como son complejos, llevan su tiempo.
-Si alguien conduce borracho o a más velocidad de la permitida es un homicida en potencia. Además del carné por puntos, ¿habría que endurecer las penas?
-Creo que está bien con lo que hay tanto desde el punto de vista administrativo como penal, aunque siga habiendo gente insensata.
-¿Existe solución contra los malos tratos?
-Viene a ser lo mismo que lo anterior.
-¿Y para la violencia escolar?
Educación y más inversión en el tema de menores. La Ley de Menores es una magnífica ley que busca por encima de todo la reinserción y evitar que el joven entre en un establecimiento penitenciario de donde saldrá peor que ha entrado. No hay que olvidar que las cárceles son escuelas de delincuencia, que un chaval entra por un delito contra la propiedad y se acaba convirtiendo en un criminal peligroso. Tenemos una buena ley, muy innovadora, pero no se está invirtiendo lo suficiente en equipos de psicólogos, en asistencia social, en lo que es necesario para que el sistema funcione.
«Los ayuntamientos no pueden ser reinos de taifas»
-El Tribunal Constitucional, del que usted fue miembro, dictó una sentencia en los 90 contraria a que el Estado asumiera las competencias urbanísticas. ¿Sigue pensando que están mejor en manos de ayuntamientos y autonomías?
-Hubo una sentencia sobre la Ley del Suelo en la que el Tribunal Constitucional decidió por una muy amplia mayoría, sólo con el voto discrepante, que yo recuerde, de Jiménez de Parga, reconocer las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de urbanismo.
-Visto la actualidad, ¿le sigue pareciendo una decisión acertada?
-En urbanismo hay distintos títulos competenciales, está el tema de Costas para las urbanizaciones en primera línea, están las facultades de ejecución de los ayuntamientos en materia de concesión de licencias y está la potestad normativa y de ejecución que tienen las comunidades autónomas. Lo que no se puede permitir son los reinos de Taifas de los ayuntamientos, es decir, que la autonomía local no esté en contra de que las comunidades ejerzan sus competencias de inspección de manera que no proliferen las construcciones ilegales como está ocurriendo. Lo que no se puede permitir a los ayuntamientos es que de su capa hagan un sayo en materia de urbanismo.
-¿Qué opinión le merecen jueces como la magistrada de Dénia a la que no le gusta casar a homosexuales y que arremete contra los fiscales?
-Creo que esta señora es una buena juez que se equivoca en el tema de la objeción de conciencia. Un juez no puede plantear esto porque su legitimación, según la Constitución, consiste en aplicar la ley. De manera que una norma aprobada por el Parlamento tiene que ser aplicada por los jueces (...).
-¿Qué me dice de los ataques que desde el PP y el Consell están lanzando contra el fiscal jefe de Tribunal Superior de Justicia?
-Me parece inaceptable, inadmisible y absolutamente reprobable que una autoridad autonómica se le ocurra la genial idea de crear una comisión para fiscalizar al fiscal jefe del TSJ. No lo había visto en la vida ni aquí ni en ningún otro país. Es algo increíble. Al revés, los fiscales son los que tienen que controlar que las autoridades sean las primeras en cumplir la ley.
LEVANTE, Noviembre 06
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=3347&pIdSeccion=19&pIdNoticia=248767&rand=1163911328033
*Tiene casi más libros publicados que años y en la actualidad se encuentra inmerso en la preparación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vicente Gimeno Sendra (Gandia, 1949) no sólo ha sido uno de los miembros más jóvenes del Tribunal Constitucional, donde ingresó con 39 años y permaneció una década, sino que posiblemente es el magistrado que más votos particulares ha presentado.
El Gobierno de Baleares bloqueó una denuncia de pelotazo en Andratx
FRANCISCO MERCADO* : "El Gobierno balear, presidido por Jaume Matas, a través de la Consejería de Medio Ambiente, cuyo titular es Jaume Font, retuvo casi un año una denuncia de sus propios agentes forestales contra el mayor pelotazo urbanístico ilegal en Andratx. El Ejecutivo del PP sólo tramitó esa denuncia, remitiéndola al Consell Insular de Mallorca, el órgano que tiene las competencias en materia de disciplina urbanística, tras ser detenido el alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), que autorizó tal plan, y una vez que la investigación judicial había destapado el escándalo.
El proyecto denunciado suma 26 bloques que albergarán más de 150 viviendas en una parcela de 15.000 metros cuadrados. Este desarrollo urbanístico se ubica en una zona especialmente protegida, donde la ley sólo permite una vivienda unifamiliar por cada 50.000 metros cuadrados. El pelotazo podría generar unas plusvalías superiores a los 10 millones de euros. Es la mayor operación urbanística irregular de las investigadas por el juzgado del caso Andratx, que ya ha recibido copia del expediente de esta denuncia congelada por el Gobierno balear. Un cargo de la consejería, consultado ayer por este diario, se comprometió a investigar el retraso de esta denuncia, hecho del que dijo que no tiene constancia.
La denuncia del agente forestal, de febrero de 2006, sólo fue despachada por la Consejería de Medio Ambiente el 7 de diciembre de 2006 -una semana después de la detención del alcalde de Andratx junto con el jefe del urbanismo balear, Jaume Massot (PP) y demás presuntos cómplices en su gestión urbanística municipal-. Desde esa fecha hasta que llegó a su destinatario, el Consell Insular de Mallorca, pasaron otras dos semanas. El habitual intercambio de documentos por mensajería entre sus sedes, ambas en Palma, no consume más de 10 minutos. La denuncia tuvo entrada en el Consell el 21 de diciembre de 2006.
El agente forestal con número 102.929 descubrió los hechos irregulares y los puso por escrito el 8 de febrero de 2006. Una semana después, el 14 de febrero de 2006, la denuncia entraba en la dirección general de Biodiversitat de la Consejería de Medio Ambiente con el número 151. Un mes después, el mismo agente emitía una ampliación de su denuncia. No habría más noticia de ella hasta su salida de Medio Ambiente, el 21 de diciembre de 2006.
La denuncia del forestal, que tardó 11 meses en ser entregada al Consell sumando las demoras previas y posteriores a su salida de la Consejería de Medio Ambiente, tenía un gran calado, según demostró después la investigación judicial. Afectaba a uno de los proyectos urbanísticos irregulares más ambiciosos de Andratx. No en vano, el fiscal solicitó una fianza de 10 millones de euros al alcalde de Andratx sólo por su responsabilidad en este proyecto urbanístico. En concreto, se trata del polígono 13 de Andratx, situado en pleno monte a las espaldas del hotel Monport. Allí se estaban (y se están) levantando a marchas forzadas 26 bloques con bajo y dos plantas, más piscinas, que albergarían más de 150 viviendas. El forestal escribió lo que sigue en su denuncia:
- Descripción de los hechos. "El 3 de febrero de 2006, el agente de Medio Ambiente 102.929 observó que se habían realizado unas construcciones en el polígono 13, parcela 9.002. El mismo día se hicieron las fotografías que acompañan esta acta. A la entrada de las obras hay una placa de licencia de obras del Ayuntamiento de Andratx con número MA 105/04, referenciada 42/05, que dice que la ordenación aplicable es general turística residencial".
- Descripción de las obras. "Ocupan una parcela de aproximadamente 15.000 metros cuadrados entre edificaciones y movimientos de tierra. Hay un total de 12 construcciones, algunas de considerables dimensiones".
- Conclusiones preliminares. "Consultando la cartografía del Plan Territorial Insular de Mallorca se constata que el terreno donde se ubican las obras está calificado de ARIP y ARIP boscosa. Por tanto, no son autorizables y presuntamente ilegales".
Posteriormente, el agente agregaría lo siguiente a su informe: "Las obras denunciadas no están dentro de la zona forestal (aunque el mapa del PTI clasifica la zona como ARIP boscosa). Se trata de terrenos agrícolas sin vegetación forestal que no entran en la definición de monte (según la ley de montes), por tanto, no se ha ocasionado daños al monte". Pero lo que el forestal mantuvo es que, boscosa o no, era una zona ARIP, el penúltimo grado de mayor protección urbanística en Baleares. Sólo permite la edificación de una vivienda unifamiliar por cada 50.000 metros cuadrados. Y aquí, en menos de 15.000 metros, se levantaban 26 viviendas y, por añadidura, plurifamiliares.
Cuando por fin la consejería de Font evacuó su denuncia en diciembre de 2006 al Consell de Mallorca mantuvo la definición dada por su agente: "Se adjunta copia del acta de denuncia de 8 de febrero de 2006, así como informe complementario de 14 de marzo, emitidos por el agente 102.929 de la Consejería de Medio Ambiente en relación con obras presuntamente ilegales en ARIP en el polígono 13, parcela 9002 en Andratx". En 10 meses ni añadió ni quitó una coma al informe inicial.
Si alguien intentó ocultar desde la Consejería de Medio Ambiente tal irregular proyecto urbanístico en Andratx, fracasó estrepitosamente. En enero de 2006 -un mes antes de la denuncia del agente forestal-, el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil recibió una denuncia contra dichas obras por iguales motivos. Y el instituto armado la trasladó sin dilación al Consell, cuyos servicios técnicos en marzo y abril de 2006 ya emitían sendos informes proclamando su criterio de que eran zona ARIP y, por tanto, "suelo no urbanizable de especial protección", donde no se podían levantar las 150 viviendas.
En mayo de 2006, la comisión de urbanismo del Consell, con el solo voto en contra de los tres representantes del PP, acordaba la interposición de un recurso contencioso administrativo contra todos "los actos administrativos (acuerdos y actuaciones) que legitimasen los actos de edificación y uso del suelo que se viene ejecutando" en los citados terrenos de Andratx, al tiempo que requería al Ayuntamiento por vía jurisdiccional toda la documentación pertinente sobre dicho proyecto.
La paradoja es que estas investigaciones del Consell sobre los mismos hechos denunciados y congelados en Medio Ambiente acabarían uniéndose a la causa penal abierta contra el alcalde de Andratx por el catálogo de irregularidades urbanísticas de su gestión. Y semanas atrás, el juzgado del caso Andratx, el número 12 de Palma de Mallorca, reclamó al Consell de Mallorca copia del expediente sobre las obras de Monport.
No en vano, el proyecto irregular es citado en las conversaciones grabadas al alcalde de Andratx con Juan Castell, hermano de un arquitecto contratado para diversas obras municipales y cuyo padre es amigo del regidor.
Eugenio Hidalgo. "Ayer vino el papel del juez pidiendo la licencia de Prosmi, las que están al lado de tu padre, la tuya y la de tu padre y la de los chinos. Será hija de puta lo que tiene montado, que tenemos el ayuntamiento colapsado lunes y martes haciendo fotocopias de lo de tu padre, el otro y el otro".
Juan Castell. "Sí, mi padre le llevó los papeles a Nacho [letrado del ayuntamiento imputado, Ignacio Mir], porque no los encontraba lo de la parcelación del 83".
La grabación prueba que algunos de los promotores que recibieron la licencia de Hidalgo para edificar en dichos terrenos protegidos eran amigos del alcalde.
El sindicato CC OO denunció en enero pasado que la Consejería de Medio Ambiente había vetado a sus agentes forestales tramitar directamente sus denuncias ante la Fiscalía, lo que había bloqueado un centenar de sus escritos. José Benedicto, secretario general del sindicato en Baleares, planteó que esta consejería se había convertido en "colaborador necesario" de los delitos medioambientales y de construcciones ilegales en Andratx. El Ejecutivo balear negó "haber recibido más denuncias de las que tramita", pero admitió haber ordenado a los forestales entregar sus denuncias a la secretaría general de la consejería que, si veía delito, la remitiría a la Fiscalía.
El País, 09/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/espana/Gobierno/Baleares/bloqueo/denuncia/agentes/mayor/pelotazo/Andratx/elpepunac/20070209elpepinac_1/Tes
