,+no+al+aeropuerto+-+madriddigital.info.jpg)
ELPAÍS/Madrid* : La Plataforma No al Aeropuerto, respaldada por 40 entidades vecinales, sindicales y políticas de municipios como Móstoles, Navalcarnero y El Álamo, tiene ya cerca de 6.400 firmas en contra de la construcción del aeródromo en la zona que proyecta la Comunidad de Madrid (con la denominación de Aeropuerto del Suroeste), según la portavoz del colectivo, Margarita Mora, que aseguró que las rúbricas se entregarán al Defensor del Pueblo.
El movimiento, surgido a finales del pasado año, cuando el Gobierno regional hizo pública su intención de construir un aeropuerto entre las localidades de El Álamo y Navalcarnero, se opone a la construcción de las instalaciones aéreas por considerar que afectarán negativamente al entorno y la calidad de vida de los ciudadanos de los municipios afectados. La plataforma ha solicitado al Gobierno central que decline conceder al aeropuerto la declaración de interés general.
Sin información
"Después de muchos meses no hemos recibido ningún tipo de información acerca del proyecto que nos aporte datos reales sobre el impacto ambiental y social que provocará esta infraestructura", indicó Mora, que acusó a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos afectados de mantener una política de opacidad respecto al proyecto.
Paralelamente, la plataforma ha puesto en marcha una campaña en su página web www.noalaeropuerto.org. A través de este sitio se pretende que los ciudadanos puedan exigir tanto a la Consejería de Transportes como a la de Medio Ambiente información relativa al proyecto y los estudios que amparan el futuro aeródromo, que supuestamente acogerá el tráfico del actual aeropuerto de Cuatro Vientos y parte del que se encuentra en Torrejón. Es decir, serán vuelos de aprendizaje, aviación de negocios, vuelos deportivos o trabajos aéreos como extinción de incendios, vigilancia, fotografía aérea o emergencias.
"Estamos hablando de un volumen altísimo de vuelos al año, que podría superar los 100.000", precisó la portavoz de la plataforma contraria al aeropuerto.
El Gobierno regional prevé reservar 230 hectáreas para el futuro aeródromo del Suroeste. Según los estudios de la Consejería de Transportes, la "única zona potencialmente afectada" sería la urbanización Calypo II, que soportaría una huella de ruido de hasta 50 decibelios.
* ELPAIS.com - J. S. M. - Madrid - 29/01/2008
Foto: El Álamo (Madrid), no al aeropuerto - madriddigital.info
6.400 firmas contra el aeropuerto de El Álamo
La Región necesita, como el agua, justicia contra la corrupción
VEGAMEDIAPRESS/Murcia* : La Justicia en Murcia tiene ante sí un reto hasta ahora inédito por sus vastas dimensiones y consecuencias de alto valor terapéutico para la sociedad a la que sirve por mandato constitucional. Es verdad que en los treinta años de democracia española y autonomía regional ha habido casos en esta comunidad en los que han sido sustanciados judicialmente supuestos hechos y actos delictivos en los que presuntamente han estado implicados cargos públicos de alto rango y representación institucional. Pero la situación actual, además de inédita, es de unas consecuencias impresionantes.
Son demasiados los casos de supuesta corrupción de carácter político-urbanístico en manos de los tribunales de esta región: el noventa y nueve por ciento de ellos tienen empapelados a directores generales, alcaldes, concejales, secretarios y arquitectos de ayuntamientos, empresarios y, por el momento, a un diputado regional del partido que, desde 1995, viene gobernando esta región y la mayor parte de sus municipios: el Partido Popular liderado por Valcárcel, Cámara, Barreiro...
No se trata en estos casos, en contra de lo que han dicho ciertos leguleyos y políticos al caso, de una judicialización de la política. Aclaremos este punto. El poder corrompe y el absoluto tiende a corromper absolutamente. Las mayorías políticas absolutas que se vienen sucediendo en el gobierno regional y en la mayoría de los ayuntamientos, la ley del Suelo de Aznar, que abrió la veda a todo el territorio sin miramiento alguno, y el enriquecimiento a través de procedimientos antijurídicos y corruptos ha estado originando decenas de denuncias no sólo políticas sino judiciales de los partidos de la oposición (PSOE e IU), de organizaciones ecologistas (ANSE y Ecologistas en Acción) y actuaciones de investigación de la Fiscalía.
Las insidias, más que insinuaciones, que desde el Partido Popular (Matínez Pujalte, Zaplana, Valcárcel, Cámara, Barreiro...) se han vertido sí que pretenden pervertir la actuación de la Administración de Justicia en este territorio. Atacaron la autonomía del fiscal jefe de Murcia a través de espurios ataques a su cónyuge. Hubo hasta un fiscal que “huyó”quizá despavorido ante lo que estaba en ciernes investigando. Se ha acusado veladamente de instrumentalización al ministro de Justicia y cabeza de la candidatura socialista en las próximas elecciones del nueve de marzo. Los gerifaltes de la derecha murciana sí que han pretendido torticeramente atacar a uno de los pilares básicos de la democracia española: la Justicia y su principio fundamental, la independencia.
Pero ello, de ser gravísimo, lo es aún más cuando los medios de comunicación hegemónicos en esta región dan la espalda a la verdad a la que están obligados no sólo por mandato constitucional sino por el código de ética profesional. Y ello es así porque están en estrecha connivencia con el poder absoluto de la derecha política, económica y financiera. ¿Por qué dan distinto trato informativo a los escasos casos de supuesta corrupción socialista frente a la ingente corrupción de la derecha, que es precisamente la que controla casi la totalidad de las administraciones regional y local en esta comunidad y cuyos políticos están acudiendo a un sin número de tribunales de justicia a prestar declaración la mayor de las veces como imputados? Su intoxicador producto está cada día menos valorado en el mercado editorial de esta región.
Y si esos medios no han tomado partido contra la corrupción de la casta dominante no es por otra cosa que porque forman parte de ella o la sirven como vasallos. ¿Cómo no se va a denunciar ante los tribunales de justicia el pago de más de seis mil millones de euros a las mismas empresas de la construcción (los dueños de El Pozos son los que más kilómetros cuadrados tienen amasados en sus manos en todo el territorio español) para controlar la radiotelevisión pública autonómica? Por mucho menos dinero los salmantinos se han echado en masa a las calles de su ciudad.
No de otra forma se entiende el masivo voto de los murcianos a quienes le están esquilmando el territorio y los dineros de forma masiva a través de corruptelas que los tienen empapelados en los tribunales de justicia. En manos del PP la pancarta del agua para todos es un agravio, la bandera con la que pretenden ocultar su corrupción y bajo la cual quieren quedar impunes de sus latrocinios.
La justicia tiene sus procedimientos, sus garantías jurídico-técnicas, pero es la que necesitan, como el agua, las murcianas y los murcianos. Una justicia que no debe caer en la trampa de las dilaciones de leguleyos y poderes más que fácticos. ¿A cuento de qué pide casi en proceso electoral las competencias de la Administración de Justicia el ex fiscal de Tráfico y desde mayo diputado regional del PP? ¿A qué juega tan insigne jurisconsulto metido a político en tiempos de la epidemia infame de la que estamos hablando? Si no hay justicia la democracia y el Estado de derecho no existe. Y la justicia murciana tiene que ser ejemplar.
* VegamediaPress - FM&M - 24/01/2008
La Guardia Civil imputa delito ecológico a un edil de Urbanismo
+-+concellodesamos.com.jpg)
ELPAÍS/Lugo* : Administrar una cantera sin licencia en terrenos protegidos, ejecutar en tu casa unas obras ilegales y estar imputado por un presunto delito ecológico puede ser un buen currículo para hacerse con una plaza de concejal de Urbanismo. Al menos en el municipio lucense de Samos.
El empresario José Manuel Pérez Rodríguez atesora todas estas cualidades y el pasado mayo el PSOE lo fichó en su candidatura a las elecciones municipales como número tres. Hoy en día es edil de Urbanismo y Obras. El alcalde socialista, Julio Gallego Moure, no entiende cuál es el problema: "Una cosa no tiene que ver con la otra", arguye.
Su concejal José Manuel Pérez es, desde hace 15 años, administrador de Pizarras del Oribio, SL. La empresa protagonizó en noviembre de 2006 uno de los más graves sucesos medioambientales que recuerdan los 1.800 habitantes de Samos. Un vertedero de la cantera Vetusta, que explota la compañía del concejal socialista en la aldea de Lampazas, se desplomó sobre el río Castelo y arrasó tres kilómetros de este cauce de O Courel. El alud de escombros se llevó por delante la vegetación de ribera y un rosario de patrimonio histórico: cinco molinos, un mazo, ocho presas y un pequeño puente.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) denunció el desastre en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sarria e imputó a José Manuel Pérez Rodríguez, como administrador de la empresa, un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El atestado levantado por los agentes tras visitar la zona certifica que la cantera carece de licencia y que el desplome de la escombrera arrasó tres kilómetros del río Castelo, dentro de un paraje integrado en la Red Natura. Vecinos y ecologistas abrieron otro frente en los tribunales para reclamar una indemnización por daños y perjuicios.
La magnitud de los destrozos llevó al entonces alcalde, Carlos Belón (PP), a ordenar la paralización de la actividad en la explotación de pizarra. Lo hizo en marzo y poco después dejó de regir el Ayuntamiento. Tras las votaciones del 27 de mayo, un pacto entre el PSOE y Terra Galega desbancó a los populares del gobierno de Samos. El socialista Julio Gallego fue investido alcalde y en julio delegó las competencias en urbanismo y obras en José Manuel Pérez, el administrador de la cantera ilegal que sólo unos meses antes había arrasado un paraje protegido y varias piezas de patrimonio cultural. "Lo que pasó fue por causas naturales. A veces las cosas se sacan de la realidad", alega el regidor.
Los destrozos de un espacio protegido por un derrumbamiento en su cantera sin licencia no son la única mancha en el expediente del concejal de Urbanismo de Samos. Unas semanas antes de las elecciones que lo auparon al cargo, la Consellería de Cultura descubrió que el entonces candidato del PSOE había realizado obras en su vivienda unifamiliar de la parroquia de Pontenova (Samos) sin contar con la preceptiva licencia. Según este departamento de la Xunta, José Manuel Pérez Rodríguez levantó una edificación en la parte posterior de la casa y rehabilitó el resto sin tener permiso. El director general de Patrimonio Cultural, Felipe Arias, ha instado al Ayuntamiento de Samos a abrir un expediente de reposición de la legalidad.
El edil y empresario pizarrero admite que la cantera que administra carece de licencia, aunque matiza que esta situación de ilegalidad se circunscribe a cerca de la mitad de la explotación. Es sólo en esa fracción no autorizada en la que José Manuel Pérez mantiene paralizada la extracción de losa, porque, recalca, en la otra zona sí tiene permitida la actividad.
Y para no dar pie a maliciosas sospechas, el socialista añade que fue el anterior gobierno del Partido Popular quien le levantó en esa área de la cantera la orden de paralización total que se dictó cuando se derrumbó el vertedero sobre el río. A lo que no alude el concejal de Samos es a la otra prohibición de actividad que pesa sobre la explotación: la ordenada por el alcalde de O Incio, el popular Ángel Camino. El regidor del otro ayuntamiento invadido por el yacimiento de Pizarras del Oribio, SL confirma que allí la empresa tampoco tiene licencia.
"Está en la misma situación que el resto de canteras de Galicia, es algo general", argumenta el alcalde de Samos para eximir de culpa a su concejal de Urbanismo, un hombre que, según admite, lleva años "colaborando con el partido". El socialista Julio Gallego se muestra incómodo al hablar del tema y se niega a confirmar qué autorizaciones le faltan a la explotación. "Pregúntele usted a la empresa", replica. El regidor se defiende entonces negando hasta la vinculación de José Manuel Pérez con la sociedad que gestiona el yacimiento. "Es sólo encargado o algo por el estilo", afirma en referencia al que desde 1995 figura como administrador de la empresa Pizarras del Oribio.
Gallego desmiente que José Manuel Pérez tenga asignada ninguna competencia en la corporación que él preside, una afirmación a la que también se agarra el empresario pizarrero reconvertido a político. "No soy concejal de nada", remacha Pérez, fastidiado por las preguntas sobre sus responsabilidades políticas. Sin embargo, una resolución firmada en julio de 2007 por el alcalde adjudica las competencias de urbanismo y obras a José Manuel Pérez Rodríguez. Esta delegación, añade el documento suscrito por Julio Gallego, abarca "tanto la facultad de dirigir" esas atribuciones "como de gestionarlas en general".
Sobre el derrumbe del vertedero que contaminó el río Castelo y arrasó piezas del patrimonio cultural, Pérez Rodríguez asegura que "está todo arreglado, todo tapado". El edil dice estar a la espera de que le llame a declarar el juez de Sarria que instruye la denuncia presentada contra él por el Seprona por delito ambiental. Daniel Vispo, portavoz de la asociación ecologista Adega, que denunció el desastre ambiental provocado por la cantera del concejal socialista, cree que la presencia de este empresario en el gobierno de Samos es "todo un ejemplo de travestismo político y tráfico de influencias que ninguna administración debería consentir".
* ELPAIS.com - SONIA VIZOSO - Santiago - 29/01/2008
Foto: Samos (Lugo) - concellodesamos.com
La Vila Joiosa: Los ecologistas denuncian el uso de suelo rústico como urbano en un plan parcial
+-+mma.es.jpeg)
INFORMACIÓN/Alicante* : El grupo ecologista Xoriguer ha denunciado ante el Ayuntamiento de La Vila que el plan parcial del sector 19 "El Xarquet" pretende establecer como suelo urbano lo que en el registro catastral figura como terreno rústico y que abarca el 92 % del total de su extensión.
Según este colectivo, el proyecto urbanístico infringe el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en cuanto a la conservación del patrimonio natural, pues "no contempla la recuperación y el aprovechamiento del suelo" y, además, "el catálogo de arbolado es incompleto en cuanto al número de ejemplares trasplantados".
La asociación no comprende que, "cuando todavía no se ha urbanizado la mayor parte del terreno urbano del municipio, ya se haya sacado al mercado inmobiliario suelo rústico, lo que provoca una gran pérdida del patrimonio natural". Asimismo, ha criticado que "en estos tiempos de desarrollo sostenible" el Ayuntamiento no obligue a la empresa urbanizadora a impulsar medidas de ahorro de agua con la creación de aljibes, aseos ecológicos o dispersores, y a potenciar el uso de bombillas de menor consumo energético.
El proyecto tampoco contempla la construcción de un carril bici, una medida que debería de ser "obligatoria", según establece una resolución alcanzada en el año 2000 por el pleno municipal y la comisión de gobierno sobre viales de nueva creación, ha recordado el grupo ecologista.
El plan parcial se desarrollará sobre una parcela de 87.519 metros cuadrados y prevé la construcción de 260 viviendas, lo que supondrá, según este colectivo, un "incremento demográfico insostenible e injustificado" que sólo busca fines "recaudatorios" y que conllevará la "desaparición de un importante valor paisajístico".
* Información - 29 de enero de 2008
Foto: La Vila Joiosa (Alicante) - mma.es
Mijas notifica multas de 120.000 euros y el derribo de 300 viviendas
+-+J.Rojas,+elpais.com.jpg)
ELPAÍS/Málaga* : Como caracoles en un día de lluvia, así han ido surgiendo en Mijas (Málaga) los propietarios de viviendas ilegales cuando el Ayuntamiento de esta localidad limítrofe con Marbella ha comenzado a notificar sanciones de hasta 120.000 euros y la necesidad de demoler estas construcciones.
Hasta el momento se han contabilizado al menos 3.000 construcciones con irregularidades, la mayoría diseminados. Entre ellos hay unos 300 decretos firmes de demolición con orden de ejecución por incumplimientos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Según fuentes consultadas, la mayoría son viviendas de autoconstrucción levantadas en terrenos rústicos.
La desesperación y la imposibilidad de afrontar sanciones que van de los 90.000 a los 120.000 euros ha llevado a los vecinos afectados, muchos de economía modesta, a agruparse en la Asociación por la regularización de viviendas Mijas. El colectivo reclamará hoy en la puerta del Consistorio mijeño que no se derriben sus domicilios.
La protesta se ha convocado a las 9.00, poco antes de un pleno ordinario en el que el alcalde, Antonio Sánchez (PSOE), presentará una moción especial para tratar de evitar los derribos. Sánchez asegura que se buscarán "todas las vías legales" pero también deja claro que sus propietarios tendrán que asumir las infracciones correspondientes.
Desde el Ayuntamieto mijeno inciden en que algunas viviendas no podrán acogerse a esta normalización. "Hay casos insalvables", reconocen. En esta tipología se incluyen viviendas levantadas en zonas de dominio público o la construcción en espacios rústicos con algún tipo de protección.
La oposición, PP, culpa a los anteriores equipos de gobierno socialistas de esta situación y reclama al alcalde que depure responsabilidades. "Al PSOE le ha salido muy rentable en cuestión de votos porque los afectados se sienten en deuda por permitirles construir y les siguen votando por miedo a que se descubra", explica la edil del PP, Lidia Conde. La concejal incide en que en 10 años no se han construido viviendas protegidas.
"La ruina de cientos de familias"
Trataban de conseguir una casa mejor de lo que les ofrecía el mercado y ahora están con el agua al cuello. Al menos 300 familias de Mijas tienen problemas para conciliar el sueño desde que el Ayuntamiento les notificó una multa millonaria por haber construido en zona rústica y la orden de derribo.
Los afectados, en su mayoría familias modestas que aprovecharon terrenos heredados de padres o abuelos para aspirar a algo más que un piso de 60 metros por 240.000 euros, lamentan ahora haber hecho oído sordos a las advertencias. "Pensaba que pagando una multa se arreglaba, pues no, han esperado a que la termine, dé el alta y pague la contribución, basura, agua, luz y viva con mi mujer y mi hija para ponerme una multa que no puedo pagar y encima me digan que la tengo que derribar", explica el propietario de una vivienda diseminada de 100 metros cuadrados de Mijas que ve como su economía familiar se tambalea por su imprudencia. "Esto es mi ruina para toda la vida, ¿creéis que si llego a saber esto lo hubiese hecho? Seguiría viviendo en casa de mis suegros", zanja en uno de los foros de Internet en el que los afectados comentan los avances de la recién constituida Asociación para la regularización de viviendas en Mijas.
El letrado encargado de asesorar a los afectados augura "la ruina personal y económica de cientos de familias" si el Ayuntamiento sigue adelante con sanciones que llegan a los 120.000 euros.
El abogado, que prefiere mantenerse en el anonimato, mantiene que muchos de los propietarios trataron de sacar la licencia de obra, pero se la denegaron y decidieron seguir adelante. "Saben que están fuera de ordenación, pero quieren una solución menos drástica", expone.
Después de todo, lo que más irrita es que las sanciones no se hayan dispuesto de forma homogénea. "Hay viviendas que tienen expediente pero las de al lado no, y eso crea agravios comparativos", mantiene.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 29/01/2008
Foto: Vista aérea de Mijas - JULIÁN ROJAS, elpais.com
España baja nota en el 'ranking' de países menos corruptos por culpa del 'ladrillazo'
20MINUTOS* : España ocupa el puesto 25 en una lista de menor a mayor corrupción de un total de 180 países, según el ranking elaborado por la ONG Transparency International. El Índice de Percepción de la Corrupción 2007, en el que son los ciudadanos quienes ponen nota a su país, otorga una puntuación de un 6,7 a nuestro país, que empata así con Uruguay. La razón de que España no llegue al notable se encuentra en la especulación urbanística, según apuntan desde Transparency International.
Desde 2004, cuando España alcanzó el 7,1, su nota ha ido bajando hasta llegar al 6,8 en 2006 y al 6,7 de este año.
Los primeros puestos del ranking de menos corrupción son para Nueva Zelanda, Finlandia y Dinamarca (los tres con un 9,4), Suecia y Singapur (9,3), Islandia (9,2) y Suiza y Holanda (9).
Los pobres, los más perjudicados
El informe publica otras conclusiones, como que son las personas con escasos recursos son los que resultan más afectados por la corrupción y los que son más pesimistas sobre su final.
Además, asegura que una de cada diez personas en el mundo ha tenido que pagar un soborno durante el año pasado y que son la Policía y el cuerpo judicial las instituciones que se perciben como "más corruptas" en la sociedad.
Por último, la mitad de los entrevistados -un número superior al de hace cuatro años- prevé que la corrupción en su país va a aumentar en los próximos tres años, con la excepción de algunos países africanos.
* 20 Minutos - 28.01.2008
Foto: Mapa global de la corrupción (Fuente: Transparency International)
El 'blanqueo' continúa
IGNACIO MARTÍNEZ* : Si Gil levantara la cabeza, estaría contento. No se va a tirar ni una de las 30.000 viviendas ilegales que dejó construir y a sus cómplices les van a hacer una iguala y les van a evitar 80 juicios. La Justicia se dispone a tratar a la banda de gilistas con guante blanco. Los pobres no se acuerdan de hechos tan lejanos, cuando firmaban los convenios urbanísticos en los capós de los coches. Bueno, son pobres, pero conducen Porsches, tienen chalés de lujo y les representan abogados caros, que se desplazan desde Madrid o Granada. En todo caso, les van a hacer una oferta de condena, de rebajas de enero, para que en vez de suponerle a un Julián Muñoz, es un poner, 160 años de cárcel, se le queden en seis añitos, al pobre.
Quienes ahora ponen tanto celo en evitar la molestia y el gasto en tantos juicios inútiles son los mismos que debieron investigar y perseguir en su día actuaciones escandalosas, que creaban una evidente alarma social. Por ejemplo, con escuchas telefónicas como las que encargó el juez instructor del caso Malaya. Pero no. En el 95, 96 o 97, la Fiscalía pedía sistemáticamente el archivo para todas las denuncias contra abusivos convenios, firmados en barras de bar, capós de cochazos o clubes de alterne. Todo ocurría ante la desidia de la administración de justicia. Los fiscales no estaban entonces por la labor de trabajar en exceso y ahora tampoco. Por eso han ideado un ofertón.
Durante el imperio gilista, los escándalos eran ostentóreos, aportación a la lengua española del famoso prócer marbellero, con la contracción de ostentoso y estentóreo. O sea, digno de verse y ruidoso. Aquel prohombre, Jesús Gil y Gil, no concebía la vida discreta, ni para sus negocios, ni para sus delitos. Todos eran ruidosos y magníficos. Pero los escándalos siguen en Marbella. Manuel Chaves dijo el pasado miércoles, en una visita a Málaga, que esperaba sentencias judiciales con sanciones ejemplares. Lo contrario, en su opinión, provocaría alarma social.
Personalmente, me declaro ya alarmado por las conversaciones de la Fiscalía con los abogados de los cómplices de Gil. En estos contactos no se ha contado con todas las partes. Y aunque se pacten penas de cárcel menores, no deberían ser objeto de trato alguno multas o responsabilidades civiles. El Gobierno socialista andaluz tardó en reaccionar ante los desmanes de Gil, pero hoy es el Ayuntamiento popular el que se resiste a cumplir las sentencias. No quiere demoler las casas ilegales; argumenta que se está redactando una revisión del plan de ordenación urbana. Pero con el lápiz no se puede legalizar una vivienda sobre la que hay sentencia firme de derribo: es contrario a la doctrina del Supremo. No llama la atención, porque en Marbella, en la actualidad, los escándalos son de baja intensidad. Pero si Gil levantara la cabeza, sonreiría satisfecho. El blanqueo continúa, ahora con su obra y su gente.
* Málaga Hoy - Opinión - 28.01.2008
Torrevieja no ejecuta los derribos en el 90% de los casos de infracción urbanística
.JPG)
ELPAÍS/Alicante* : Un informe del Defensor del Pueblo revela que el Ayuntamiento de Torrevieja (100.000 habitantes) no ejecuta las órdenes de demolición incluidas en el 90% de los expedientes por infracción urbanística incoados por el Consistorio. El departamento que dirige Enrique Múgica resalta la pasividad del equipo de gobierno, del PP, a la hora de restituir la legalidad urbanística en el municipio en la resolución de los expedientes sancionadores.
El pasado año, el Consistorio, presidido por Pedro Ángel Hernández Mateo, abrió 400 expedientes por otras tantas infracciones. El regidor, en el cargo desde 1997, está imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias derivado de la compraventa de una finca que le reportó una plusvalía de 5,2 millones de euros.
El informe del Defensor del Pueblo, desvelado hoy por el Grupo Municipal de Los Verdes y con fecha del pasado 1 de diciembre, se produce a raíz de la queja de una vecina de Torrevieja que denunció la arbitrariedad del Consistorio al resolver dos expedientes por infracción urbanística en una misma finca. Según esta denuncia, en uno de los casos se ejecutó la demolición de la obra ilegal, y en el otro el Ayuntamiento no cumplió la orden de ejecutar subsidiariamente el derribo.
Un ayuntamiento singular
El Defensor del Pueblo pone de manifiesto "su extrañeza" ante el hecho de que una Administración pública no ejerza sus competencias -en este caso, de disciplina urbanística- para impedir la comisión de actos ilegales. "Este Ayuntamiento [Torrevieja] constituye una rara avis (caso singular) en el mundo local al tener previsto en el negociado correspondiente la ejecución subsidiaria, aunque en la práctica se llegue a un porcentaje bajo por la caducidad de la acción", señala la resolución de Múgica, que anuncia a la alcaldía que dará traslado de su informe a la Cortes.
El portavoz del grupo de Los Verdes, el edil José Manuel Dolón, ha señalado que el informe de Múgica pone de manifiesto "que el Ayuntamiento de Torrevieja no protege la legalidad urbanística. Es más, pensamos que, en muchos casos, el Ayuntamiento se convierte en el principal infractor urbanístico". "El hecho de que sólo se cumpla el 10% de las órdenes de demolición implica una clara discriminación con respecto al 90% de los infractores amnistiados", ha añadido el edil. En este apartado, Dolón incluye las obras ilegales en una finca de la familia del ex concejal del PP Pascual Ortiz "donde los servicios municipales no sólo no persiguieron la infracción urbanística cometida, sino que se prestaron a dar la apariencia de legalidad de las obras".
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 28/01/2008
Foto: Torrevieja - Deran (Wikimedia.org)
