ELPAÍS/Alicante* : Una de las grandes debilidades de los sucesivos gobiernos y alcaldes del PP de Benidorm entre 1991 y 2009 es que han sido incapaces de desarrollar el Plan General de la ciudad que se aprobó en 1990, siendo alcalde el socialista Manuel Catalán Chana. Casi todos los planes parciales que pudieron ejecutarse al calor de la evolución de la legislación urbanística valenciana, que arrancó con la aprobación de la LRAU en 1994, han quedado paralizados, algunos con largos procedimientos judiciales todavía sin resolver.
De hecho, únicamente se ha ejecutado en todas sus fases uno de los 10 planes parciales previstos, el PP 6/1, conocido como Xixo, de aproximadamente 600 viviendas. El resto de sectores: Armanello, Poniente, Industrial, Ciudad Médico Residencial, Golf, Discotecas, Murtal, Serra Gelada y Salt de l'Aigua se han visto interrumpidos por diferentes motivos y algunos sufren procesos judiciales que duran un decenio.
Todo el crecimiento se ha basado en el suelo urbano que ya tenía. Y las consecuencias han sido que en 20 años no se ha construido ninguna vivienda protegida y que el consistorio apenas tiene suelo en su patrimonio procedente del 10% del aprovechamiento lucrativo que le corresponde de cada plan.
Dos ejemplos. El Armanello ha estado paralizado desde que fue adjudicado, en junio de 2000, a Enrique Ortiz, y no ha sido desbloqueado definitivamente hasta mayo de este año, tras 10 años de litigios. En sus 667.000 metros está previsto levantar 23 torres de hasta 29 alturas. El plan parcial Poniente, de 131.200 metros, también ha sido desbloqueado recientemente. Estaba parado desde marzo de 2003 a expensas de la aprobación por la Consejería de Medio Ambiente de su homologación y de la autorización por la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la canalización de sus barrancos.
Pero el caso más grave es el plan parcial Murtal, adjudicado en 2000, de 907.000 metros en los que caben 2.000 viviendas. El urbanizador, Prometosa Construcciones, SA, mercantil de Francisco Gómez Hernández, conocido como El Paloma, reclama al Ayuntamiento 74 millones por la paralización del sector. La denuncia sostiene que "la ineficiencia y la dilatoria actitud" del Ayuntamiento han impedido aprobar el proyecto de reparcelación. También denuncia que en la tramitación del expediente no han participado técnicos municipales, sino asesores externos, dado que el anterior alcalde, Manuel Pérez Fenoll, del PP, eliminó hasta al secretario municipal del procedimiento administrativo. Tanto el Armanello como el Murtal acabaron en el Tribunal Supremo.El plan parcial Ciudad Médico Residencial, que prevé construir chalés de lujo y servicios sanitarios privados en 43,7 hectáreas, está paralizado por la CHJ porque entiende que las canalizaciones de los barrancos deben hacerse en abierto y la mercantil Residencial Siglo XXI ha acabado demandando a la Confederación. Y así sucesivamente. Se ha llegado a firmar un convenio con el urbanizador del plan parcial Discotecas para liberar suelo y, por ejemplo, poder hacer los nuevos juzgados o la estación de autobuses, pero el sector sigue sin desarrollarse.
Así las cosas, un informe del arquitecto municipal, José Luis Camarasa, que sirvió de base para rechazar la urbanización de un millón de metros cuadrados de suelo no urbanizable junto al PAU de Serra Gelada, descubre que "el suelo residencial vacante clasificado todavía tiene un horizonte de colmatación de entre veinte y treinta años", en función del crecimiento demográfico. Para llegar a esta conclusión, Camarasa valora que la capacidad de los nuevos desarrollos es de unas 26.099 viviendas, mientras que entre 1991 y 2007 el parque residencial creció en 20.179 (10.674 viviendas y 9.505 apartamentos), lo que se tradujo en un crecimiento vegetativo de 30.403 habitantes. Pero también alude a que cuando se acabe de ejecutar el PGOU un gran número de viviendas habrá superado los 50 años de vida, lo que provocará su renovación "por obsolescencia estructural, funcional, energética, etc.", un fenómeno que retraerá la demanda de suelo.
El 25% del término municipal es urbano y los planes parciales consumirán cuando se ejecuten otro 17%, así que el 58% sigue siendo no urbanizable común o protegido. Camarasa alude a otros informes que abogan porque Benidorm "no se verá revitalizado con ningún desarrollo urbanístico suburbial de media o baja densidad, modelo territorial del resto de municipios de la comarca, sino todo lo contrario, se perdería (...) una futura oportunidad de continuidad de un modelo de ordenación basado en la concentración y la continuidad del tejido urbano".
Aunque el suelo urbanizable esté pendiente de ser desarrollado, la práctica totalidad de los PAI están adjudicados a diferentes urbanizadores pendientes de reparcelarse, así que la Concejalía de Urbanismo ha decidido ponerse a trabajar en un documento llamado Plan de Crecimiento de Benidorm 2010-2020, que apuesta por "las ideas consensuadas, escuchar a todos los vecinos y crear un plan de crecimiento que sea una síntesis del Laboratorio de Ideas Urbanas y las Jornadas previas a la revisión del PGOU de Benidorm", posterior a este plan decenal.
La metodología para generar nuevas ideas "para actualizar la estrategia de futuro de la ciudad e ir más allá", en palabras del edil de Urbanismo, Jaime Llinares, pasa por "generar el mayor número de ideas posibles, formar un grupo horizontal sin jerarquías y buscar un efecto multiplicador" en sesiones de tormenta de ideas de menos de una hora y 5 ó 6 personas, que podrán emitirse por internet.
Llinares reconoce que Benidorm ya "dispone de un modelo de ciudad físico", así que "ahora debemos fijarnos en aspectos más intangibles como la cultura ciudadana, la creatividad, la gestión de redes, el gobierno relacional o el compromiso cívico de la residencia urbana".
* El País - 22.08.10
Foto: Benidorm, desde playa - diarioinformacion.com
Los planes parciales de Benidorm están parados o en los juzgados
El pleitista urbanístico de Vigo pierde su primera gran batalla
ELPAÍS* : La definitiva legalización de la urbanización Jacinto Benavente, de 178 viviendas, ha abierto una importante fisura en la estrategia del pleitista urbanístico Eduardo Canabal, cuyos procedimientos contra el Ayuntamiento de Vigo ejerciendo la acción popular han generado órdenes de demolición de unas 1.500 viviendas. Entre ellas estaba, desde 1999 y de manera insistente en la prensa local hasta el mes pasado, la citada urbanización. Su legalización abre la puerta a otras futuras y, por añadidura, evita que Canabal perciba compensaciones como parte que desencadenó y mantuvo el proceso en candelero durante más de una década.
"Cada edificio es un caso singular", precisa el alcalde vigués, Abel Caballero, para atajar cualquier asomo de euforia. "Tanto el Tribunal Superior de Galicia como el Tribunal Supremo establecen, por una parte, que los edificios sean legalizables por un plan general y, por otra, que haya existido buena fe entre los distintos agentes que han participado en su construcción. Ambas cosas se dan en este caso, lo que ciertamente no sucede en todos", añade Caballero.
La causa que motivó la orden de demolición de la urbanización de Jacinto Benavente remite a la aplicación del polémico plan general de urbanismo de 1993, que el Ayuntamiento aprobó por unanimidad, y, singularmente, a "errores administrativos" de la propia Xerencia Municipal de Urbanismo. En lugar de subsanarlos y enfrentar la demanda de Eduardo Canabal, el Ayuntamiento, en una actitud que aún nadie ha explicado, se allanó y dejó correr la bola judicial sin hacer valer sus criterios. Lo mismo que la Xunta de Galicia, codemandada en el proceso y que tampoco compareció.
En 2005, cuando el proceso llevaba ya una década de rodaje, el abogado José Luis Barros, alegando la "teórica ignorancia de los propietarios", ya que las condenas judiciales se dirigían exclusivamente al promotor de la urbanización, Conproint, consiguió retraer la causa a su inicio en función de la tutela judicial que los propietarios no habían obtenido y que, a partir de ahí, se convierten en parte activa del procedimiento.
Todavía a finales del año pasado la prensa local, con datos y argumentos desfasados, jaleó la "inexorable" demolición del edificio, predicada y perseguida por Canabal. De ejecutarse esa demolición y habida cuenta de que el edificio está valorado en unos 50 millones de euros, al pleitista le hubiera reportado el 0,75% de ese valor, es decir, unos 375.000 euros. El auto judicial del pasado mes de julio declara "la inejecutabilidad legal de la sentencia" de 1999 "en lo que ataña a la demolición del inmueble", sin perjuicio, dice en sus razonamientos jurídicos, "de que por la parte interesada [Canabal] se pueda instar la compensación económica suficiente y sustitutiva".
El hecho de que esa compensación no se fije en la resolución del propio auto, como sería lo adecuado, y que este obligue a reclamarla en pieza separada anuncia al pleitista severos obstáculos si llegara a reclamarla, de lo que por el momento no hay constancia. El abogado Barros ya expuso su oposición a cualquier indemnización al pleitista por considerar que solo "se vistió con los ropajes del ciudadano honrado" para ejercer la acción popular, en la que subyace la pretensión poco altruista, que el propio Canabal explicitó en declaraciones a este periódico, de que se le reconozca el daño personal causado, se le pidan disculpas y se le paguen las minutas como condición para retirar sus contenciosos.
Barros anticipa que mantendrá su oposición a que se derive ninguna compensación para Canabal. "Si actúan, los esperamos", advierte también Caballero, "y confío que con el fiscal general del Estado al lado", añade.
"Inmenso pelotazo"
"En Jacinto Benavente no hubo ni pelotazo ni enriquecimientos oscuros: la gente compró los pisos de buena fe y han sido víctimas en la situación", aduce el alcalde de Vigo, Abel Caballero, al glosar la legalización definitiva del edificio y si esta marca un precedente para el resto de los condenados a la demolición. "Creo que hay muchos legalizables, pero cada caso ha de seguir su propio camino", insiste el alcalde.
Las circunstancias que han facilitado la salvación de Jacinto Benavente y que podrían ser aplicables a otras urbanizaciones remiten a que las licencias fueron dadas de acuerdo con la normativa del momento, con informes técnicos favorables y con demostrable buena fe. Ahora cada uno de los edificios condenados tendrá que pedir nuevas licencias de acuerdo al nuevo plan general, "cuyas normas no se alteran en régimen de excepción para dar entrada a esos inmuebles, sino que estos se integran a la generalidad normativa del planeamiento", precisa Caballero.
Finca do Conde (230 pisos) es una excepción en esa dinámica. El Ayuntamiento ya le negó nuevas licencias para iniciar el procedimiento "Ahí faltó buena fe: las licencias fueron dadas con informes jurídicos en contra y lo que se produjo fue un inmenso pelotazo", aduce el alcalde.
* El País - 22.08.10
Foto: Vigo, edificio Jacinto Benavente - lavozdegalicia.es
Santander.- Carencias urbanísticas
DIARIOMONTAÑÉS* : El Ayuntamiento deber revisar la calificación otorgada a zonas de Corbán, La Albericia, Ojaiz y Camarreal. Son las últimas objeciones, el listón definitivo que debe superar el Pan General de Ordenación Urbana de Santander (PGOU) tras varios años de tramitación. La gran discrepancia que dificulta su aprobación estriba en los errores en la calificación de suelos que han detectado los técnicos de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas. Y reclaman una modificación/revisión sin la cual será difícil que el nuevo planeamiento de la capital cántabra reciba el visto bueno.
A juicio de los evaluadores del Gobierno el Plan General presenta diversas carencias que deben ser subsanadas. Las más problemáticas son urbanísticas y requieren una modificación de la programación de usos y de la calificación de suelo que se ha otorgado a algunas zonas de la ciudad. Además, se han enumerado otras anomalías que afectan tanto a las proyecciones del número de viviendas del 'Santander futuro' como a las necesidades de infraestructuras derivadas de su desarrollo.
En materia urbanística, los informes -en teoría los últimos que se enviarán al Ayuntamiento para su discusión- plantean que hay defectos en la consideración urbanística de zonas como Ojaiz, Camarreal y La Albericia.
En otras casos, el documento es categórico: el PGOU presenta un «déficit general de partida de espacios públicos libres, más acentuado en la zona centro de la ciudad», con el añadido de que «en la propuesta se aprecia la ausencia de una distribución homogénea» de estas áreas en las zonas de nuevo crecimiento. Un «debe» que tendrá que justificarse y motivarse o, en su defecto, modificarse por los redactores del planeamiento y los técnicos municipales que ya vienen trabajando desde hace semanas en los documentos de 'rectificación' que plantea el Ejecutivo regional. La enumeración de defectos del texto es extensa, pero en fuentes cercanas a Obras Públicas se mantiene que «las discrepancias no son insalvables». Se confía en que pueda alcanzarse un consenso y que el PGOU sea sometido a la a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) en breve para su aprobación final.
Los requerimentos que el Gobierno demanda del Ayuntamiento de Santander para su inclusión en el Plan General no tienen carácter oficial (administrativamente a Urbanismo sólo le corresponde pronunciarse cuando se remita el documento final) pero se cree que un «trabajo previo» y consensuado facilitaría la aprobación.
Las propuestas incluidas en varios documentos de análisis son concretas. Se demandan cambios de calificación de algunas zonas y a veces se propone que se fije la categoría contraria de 'suelo no consolidado'. Es el caso de áreas ubicadas en Corbán (28.546 metros cuadrados), Peña de Peñacastillo (26.854 metros cuadrados), La Albericia Este (29.775 metros cuadrados), la zona destinada a sede del Cuerpo de Bomberos y talleres de ese servicio municipal (75.534 metros cuadrados), y el sur de La Remonta (22.138 metros cuadrados).
También se requiere que se proceda a la revisión de la calificación concedida a los terrenos ubicados en las áreas denominadas El Millajo (de 93.700 metros cuadrados y situada al Norte de la S-20 tras superar el túnel de Albericia), Ojaiz Norte y Ojaiz Sur y El Pedroso-Camarreal (en la periferia Oeste de Santander). En estos casos se explica que «gran parte de sus ámbitos no reúnen requisitos de suelo urbano y tienen características urbanísticas similares a los sectores urbanizables de su entorno».
Con carácter global, los técnicos mantienen que el Plan General adolece de una falta de programación lógica que defina el futuro desarrollo del suelo y una articulación de usos adecuada. Y es que se considera que esa 'articulación' no está garantizada y por ello se exigen mayores definiciones sobre qué se entiende por barrios y ámbitos funcionales. Específicamente, los técnicos creen que en las fichas urbanísticas de suelo que contiene el PGOU se regulan los usos previstos pero «no se favorece la mezcla de los mismos predominando el uso residencial como único uso en gran parte de ellos, reservando en otros casos porcentajes para uso terciario y productivo que oscilan entre el 3% y el 10%». El uso productivo masivo -se añade- se concentra principalmente al Oeste del municipio. Y otra sugerencia: «parece conveniente y en defensa de un desarrollo sostenible, fomentar el uso hotelero frente a la segunda residencia y viviendas vacías que de acuerdo con los datos de la memoria del Plan representan aproximadamente el 30% de las viviendas actuales».
La enumeración de defectos a corregir se extiende: el sistema general de Peña Castillo no cumple con los requisitos precisos de los estándares urbanísticos; los espacios libres proyectados junto a viales no tiene dimensiones suficientes; el futuro Parque Litoral Norte debe zonificarse de forma que se desarrollen en primer lugar las zonas más próximas a los núcleos ya existentes...
En materia de infraestructuras también se apuntan deficiencias a corregir y se demanda un estudio y planificación de los parkings disuasorios a construir; el estudio de las conexiones transversales, principalmente de General Dávila y la Calle Alta; la revisión de la categorización de la red viaria, incluyendo una red de itinerarios peatonales y de carril bici, y una modificación del ancho de las aceras, que se estima insuficiente.
El análisis de la calificación de suelo que detalla el Plan General es el que provoca los mayores reparos para la aprobación del texto. Hay discrepancias sobre la calificación que debe darse a aquellos suelos que hayan ido desarrollándose durante la tramitación de la norma urbanística. En este caso, y ante los diferentes criterios, el Ejecutivo requirió un informe jurídico que establece que no hay inconveniente en aceptar la consideración de suelos en vías de consolidación para 120 supuestos que así han sido registrados en la revisión del Plan General.
Como norma se prevén dos situaciones para aquellos terrenos que no cuente con la correspondiente licencia antes de la aprobación del Plan: que hayan alcanzado la consideración de solar, pero sin licencia; o que ni siquiera tengan esa consideración. Los jurídicos dan por correcta la interpretación municipal referida a los primeros, en tanto que para los segundos queda supeditada su consideración de suelo urbano consolidado a la propia modificación del Plan General.
Se pide también al Ayuntamiento que aclare con precisión qué es lo que ocurrirá con los suelos que habiendo iniciado su transformación no sean compatibles con el nuevo planeamiento, ya que los técnicos del Gobierno han detectado que el documento ha considerado como urbanos «todos los terrenos que se encontraban en esta situación».
La programación urbanística también es contestada.Como norma cree que el texto debe dejar sentado con total claridad que «a la hora de programar los nuevos crecimientos hay que plantear no sólo el desarrollo temporal sino también el espacial de manera que los sectores más alejados no se desarrollen en tanto no se edifiquen los bordes de la ciudad». Aunque para los técnicos son discrepancias 'menores' tampoco hay coincidencia a la hora de analizar la hipótesis de las que parte el Plan General para establecer las futuras necesidades de infraestruturas de servicios básicos de Santander.
* El Diario Montañés - 22.04.10
Foto: Suelo. Entre las sugerencias planteadas se propone la revisión del área de El Millajo, cercana a la Albericia, enclavada junto al túnel de salida de la S-20.- eldiariomontanes.es
Santa Cruz de Tenerife - Anticorrupción cerca al Ayuntamiento
LAOPINIÓN* : Desde la creación de la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz, el Ayuntamiento de la capital se ha convertido en uno de los objetivos principales de la fiscal, María Farnés Martínez. Entre los casos más conocidos está sin duda el de Las Teresitas. Pero ha habido más. Por ejemplo, todas las circunstancias que rodearon la remodelación del edificio García Cabrera, las contrataciones a determinadas empresas, la financiación del Partido Popular (PP) de Tenerife o la contratación de una trabajadora que durante años estuvo contratada por un empresa particular en Urbanismo. La última investigación que ha trascendido gira entorno a las cuentas del Carnaval 2008.Pero han sido múltiples las denuncias que los vecinos han planteado ante una Fiscalía que se ha convertido en una suerte de salvavidas a la hora de hacer valer sus derechos frente a la administración municipal.
Las Teresitas. La investigación se inició en el año 2004 y concluyó en 2006. A finales de este ejercicio, la fiscal puso en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) las circunstancias que rodearon la operación de compraventa del frente y la trasera de la playa. Años después todavía permanece el secreto sobre gran parte del sumario. Por el camino han ido surgiendo nuevas imputaciones que recaen sobre los protagonistas principales de este caso: el alcalde, Miguel Zerolo, el ex concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, así como una retahíla de funcionarios, cargos de la Junta de Compensación y concejales. Sobre ellos han recaído imputaciones como cohecho, malversación de fondos o prevaricación. Se trata del caso estrella de la Fiscalía Anticorrupción, aunque de su resolución final podrá depender también en gran medida la credibilidad de este órgano
García Cabrera. En este caso se investigan las circunstancias que han rodeado a las obras de remodelación del antiguo instituto de Ofra. Las actuaciones se ejecutaron con el fin de acondicionar este inmueble para que albergara a los funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz que iban a ser desalojados de las dependencias de la sede central por su mal estado. A grandes rasgos, los hechos que la formación política Ciudadanos de Santa Cruz denunció ante la Fiscalía se concentran en que el Ayuntamiento realizó diversas adjudicaciones por medio de contratos menores hasta sumar seis millones de euros. Todos ellos, además, a la misma empresa, Imes. Curiosamente, el TSJC desde Gran Canaria se ha interesado por este asunto, con lo cual se cree que el nombre del alcalde, aforado al ser diputado regional, podría de nuevo estar involucrado. También se habla de Guillermo Núñez, entonces concejal de Economía y Hacienda.
Contrataciones. El pasado verano, coincidiendo con el cese de Ángel Llanos como miembro del grupo de Gobierno y el consiguiente abandono del resto de integrantes de su grupo para seguirle durante la pequeña travesía del desierto, se produjo una acusación bastante fuerte de los populares hacia los miembros de Coalición Canaria (CC). Los primeros dijeron tener pruebas de que el Ayuntamiento elegía siempre sospechosamente a las mismas empresas para realizar obras. La concejal que firmó este escrito, Sheila Trujillo, fue llamada a declarar ante la Fiscalía después de que la ex edil, Odalys Padrón, presentara la denuncia en Anticorrupción. Nada trascendió de aquella entrevista hasta ahora. Ya se sabe que la concejal del PP se retractó de sus palabras y dijo que las acusaciones se limitaban al normal juego político de enfrentamientos entre partidos. El caso se ha archivado, aunque Padrón, que firmó la denuncia junto con otras 19 personas, no ha recibido ninguna notificación al respecto.
Lerena. Este caso tiene como vértice la contratación por parte del área de Medio Ambiente del Consistorio chicharrero de una trabajadora que durante años había prestado sus funciones en las dependencias de la Gerencia de Urbanismo, pero que había sido contratada por un empresario privado, el que da nombre a este caso. La denuncia apunta a que esta empresa pudo beneficiarse de contratos por parte del Ayuntamiento. En concreto se apunta a 80 adjudicaciones por valor de casi dos millones de euros.
´Bragasgate´. Hasta la Fiscalía Anticorrupción llegó también una denuncia de Justicia y Sociedad a raíz de que trascendiera la financiación supuestamente irregular del PP de Tenerife. Es el último caso que ha llegado al despacho de Farnés. La Intervención del Ayuntamiento detectó partidas elevadas referidas a comidas y viajes. Por ejemplo, de un total de 153.138,17 euros justificados, algo más del 30% correspondían a comidas y casi un 10%, a viajes. Pero también se entregaron facturas inferiores a 10 euros, lo que significa que no podían corresponder a comidas de trabajo, sino personales. El documento también aclaraba que en las cantidades asignadas a los grupos se prohibía "la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial". A pesar de ello, en el anexo se recogían un total de 2.302,91 euros en ropa y complementos, un concepto que no respeta la citada prohibición.
Parque Marítimo. Es otro de los asuntos especialmente peliagudos a cuya investigación está sometido el Ayuntamiento chicharrero. En estos momentos, el caso se encuentra bajo secreto sumarial en los juzgados de Santa Cruz sin que nada haya trascendido de su alcance. El abogado Felipe Campos, que fue el que inició las denuncias, no duda en señalar que este recinto se convirtió en una auténtica máquina de hacer dinero de la que se nutrió durante años, supuestamente, lo que el abogado suele llamar de manera peyorativa como "el régimen".
* La Opinión Tenerife - 20.08.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity.com
Las residencias advierten a 1.800 ancianos que pueden ir a la calle por los impagos del Consell
LEVANTE* : Las familias de 1.800 mayores dependientes de la Comunitat Valenciana atendidos en residencias han recibido una inquietante carta en la que los centros les comunican que sus seres queridos pueden verse literalmente en la calle. "Se trata de una situación muy grave que se puede producir con la plaza concertada de la que disfruta usted o su familiar en uno de nuestros centros a partir del próximo 1 de septiembre", asegura la carta recibida por una vecina de la Marina que tiene a su madre ingresada en una residencia.
Los responsables del centro explican en la misiva que "el secretario autonómico de autonomía personal y dependencia", Joaquín Martínez Gómez, "mantuvo en junio una reunión con las empresas con plazas concertadas con la Conselleria de Bienestar Social, dentro del llamado Plan de Accesibilidad Social". En este encuentro, el responsable autonómico comunicó la posibilidad de que, por motivos presupuestarios, no se renueven a partir del 31 de agosto los contratos de concertación de plazas, en vigor desde el año 2008".
Esta decisión podría afectar a 1.800 beneficiarios a quienes la administración paga, de media, un 80% del coste de la residencia. "Los centros se quedarían sin recursos económicos" para prestar los servicios, salvo que "cobren el precio privado de la plaza" a los familiares, "un precio que no podrán abonar con casi total seguridad".
"Si los contratos con la administración "no se renuevan, significaría la desaparición efectiva de las 1.800 plazas concertadas" y, para las empresas que dan el servicio "la imposibilidad de seguir ofreciendo este servicio con las condiciones actuales de estabilidad y precio".
Además, advierten las residencias, "con las 1.800 plazas desaparecerían casi 1.000 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana y suspenderían pagos algunas de las empresas que actualmente conciertan servicios con la Generalitat".
El Plan de Accesibilidad Social se puso en marcha en 2001 para conceder ayudas a la financiación de la estancia en centros residenciales a las personas con recursos económicos insuficientes. Dentro de esta planificación se distinguen las plazas privadas, el bono residencia y las plazas de accesibilidad social que se consideran como una especie de cupo de las plazas públicas que deben tener todas las residencias aunque sean privadas. En 2005 existían 1.118 plazas de accesibilidad social frente a 6.056 de bono residencia.
Este periódico intentó ayer obtener la versión de la Conselleria de Bienestar Social sobre el futuro de las plazas de accesibilidad social, sin éxito pese a haberlo intentado en tres ocasiones porque, alegaron, "la mayoría del personal está de vacaciones".
* Levante-emv - 21.08.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
Madrid.- El tijeretazo de la crisis se carga el local de los vecinos del barrio Prosperidad
ELMUNDO* : Ningunos 'okupas', dicen. Los integrantes de la Asociación de Vecinos Valle-Inclán (AVVI) de Prosperidad están indignados con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que les ha enviado una petición de desalojo 'urgente' para que dejen el local donde funciona la entidad desde hace cinco años. La propiedad, de 600 metros cuadrados, se encuentra ubicada en la calle Luis de Cabrera 51, paralela a López de Hoyos, a 150 metros de la plaza principal del barrio. Fue facilitada por Patrimonio a la asociación en 2004, a través de un contrato que venció hace alrededor de un mes.
Según explica la presidenta de la AVVI, María Gainzarain, en octubre de 2009, iniciaron las gestiones para poder continuar en el lugar más allá de la fecha de caducidad. "Mantuvimos distintas conversaciones con Educación, Patrimonio y Hacienda durante todo este tiempo y en ningún momento nos dieron muestras de que no podríamos seguir allí, hasta que llegó la carta de desalojo", relata.
La nota daba a la asociación cinco días para desocupar el inmueble a partir del 30 de junio, el día que concluía el convenio de cesión del local. Un mes después, recibieron otra petición de desalojo con carácter de "urgente", recuerda la responsable de la entidad.
Las llaves, no
Los vecinos no se fueron, interpusieron un recurso contencioso-administrativo y organizaron una campaña de protesta, con recolección de firmas en la web y una plataforma en Facebook. También anunciaron una serie de concentraciones en la plaza Prosperidad para este mes. La primera había sido prevista para el segundo fin de semana de agosto, pero se pospuso. La "kedada", finalmente, será este sábado 21 a las 12.00.
"Siempre hemos tenido una muy buena relación con las autoridades, pero nos sorprende la falta de diálogo, la imposibilidad de sentarnos a negociar porque alternativas hay muchas", se lamenta Gainzarain. Desde la Consejería instan a la AVVI a entregar el local y a solicitar subvenciones de las que ofrece la Comunidad de Madrid para iniciativas de estas características.
Los vecinos han anunciado que resistirán al desalojo y que no devolverán las llaves. Ante la negativa, Educación ha dicho que iniciará los trámites administrativos y judiciales necesarios para la recuperación del inmueble.
"Sentimos que nos han destrozado el proyecto", dice Gainzarain, al repasar las distintas actividades que la entidad tiene actualmente en curso y las que ha programado para las próximas semanas. Talleres, ciclos de charlas, estrategias de promoción de la lectura, acciones de intervención comunitaria y defensa de los distintos espacios barriales colman la agenda de la asociación.
Para septiembre, sus integrantes han convocado a un encuentro debate sobre educación y no saben si para entonces aún tendrán su sede para recibir a los expositores y al público que acudirá de toda la Comunidad de Madrid. "En la zona, hay muy pocas propuestas culturales y sociales y los vecinos notan nuestro trabajo", asegura la presidenta de la entidad, que lleva 35 años en Prosperidad y posee 450 socios.
'No es gratis'
Desde su fundación, la AVVI tuvo muchas casas alquiladas y prestadas. "No tenemos dinero ni lugar adonde llevar los muebles y demás pertenencias que hemos ido reuniendo entre todos los vecinos: nuestras cosas van a quedar en la acera".
Uno de los argumentos de Educación es que la asociación vecinal de Prosperidad es "la única en la Comunidad de Madrid que disfruta de un local gratuito para su sede social cedido por la Consejería". Gainzarain dice que no se puede hablar de una utilización sin costo alguno para la entidad porque, cuando les fue cedido, el local llevaba diez años cerrado, no tenía permiso de habitabilidad y debieron invertir unos 50.000 euros para ponerlo en condiciones y se hicieron cargo de los gastos cada mes.
Desde Educación, indican que el inmueble se pondrá en el mercado, al igual que se está haciendo con otras propiedades, pertenecientes a distintas consejerías de la Comunidad de Madrid. Las fuentes consultadas señalan que el desalojo obedece a "instrucciones de la Consejería de Economía y Hacienda, enmarcadas en el plan de reducción del déficit que todas las administraciones del país están afrontando con motivo de la crisis económica".
Para Gainzarain, abundan los locales vacíos dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid y el que le quitarán a su asociación probablemente permanezca muchos años en inactividad. "Si nos echan a nosotros, podrán hacer lo mismo con otras de las numerosas entidades, algunas privadas, que funcionan en locales del Gobierno Regional", sostiene.
* El Mundo - 20.08.10
Foto: El local de la Asociación de Vecinos de Valle-Inclán, sobre la calle Cabrera.- elmundo.es
