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VEGAMEDIA* : Un juzgado de Cartagena acaba de anular la licencia de cuatro torres de apartamentos que están prácticamente terminadas, a instancias de una comunidad de vecinos que se sintió perjudicada por la construcción de las edificaciones, en la zona de Veneciola, sobre la línea marítima del Mar Menor, en el municipio murciano de San Javier. El Ayuntamiento de San Javier otorgó la licencia siendo alcalde José Hernández, del PP. La promotora inicial, Urbagon S.A., pertenecía a su predecesor en la Alcaldía, José Ruiz Manzanares, ya fallecido.
Y es hora el gobierno municipal que encabeza Josefa Hernández (PSOE) quien ha de hacer frente al fallo. Se trata de cuatro bloques de viviendas, con un total de 223 apartamentos, dos de los cuales están terminados, el tercero ha cubierto aguas y el cuarto está a punto de hacerlo. Urbagón S.A. (Urbanización Las Góndolas) obtuvo la licencia en 2002, pero fue “transmitida” mediante una modificación acordada por la Junta de Gobierno de San Javier, a la sociedad Asone S.L. en 2005.
Esta promotora tiene como administrador único a Enric Pérez Mas, y está participada mayoritariamente por Amci Habitat, de la que Pérez fue nombrado director general en diciembre pasado. Esta segunda promotora inició la construcción, y una comunidad de propietarios, la del polígono J-8 de Veneciola, interpuso recurso contra la licencia en base a supuestas irregularidades (ahora estimadas por el juzgado) solicitando la declaración de nulidad de la licencia, la suspensión de las obras y el restablecimiento del orden infringido.
Los cuatro nuevos bloques se interponen entre el J-8 y la orilla del Mar Menor. Uno de los argumentos de los recurrentes, recogido en los fundamentos de derecho de la sentencia, era que “el Ayuntamiento [en aquel momento del PP] ha concedido aprovechamiento urbanístico a terrenos deslindados por la Demarcación de Costas, Propiedad del Estado”. Se basaba el recurso en el incumplimiento de las normas urbanísticas municipales y en que no se había deducido de la superficie de la parcela los terrenos correspondientes al nuevo dominio público marítimo, que se había modificado.
En su momento, la organización ecologista ANSE denunció que esa modificación había sido posible gracias al relleno con vertidos sólidos de la zona del Mar Menor que baña la parcela. El caso está recogido en el informe Destrucción a Toda Costa-2006, de Greenpeace.
Mientras la Justicia procedía, las obras de las cuatro torres continuaban su curso. Ahora, seis años después de iniciadas, el fallo del juzgado número uno de lo Contencioso Administrativo de Cartagena ordena al Ayuntamiento de San Javier, gobernado por los socialistas, “la revisión de oficio de la licencia 16/2005 otorgada a Asone S.L”.
* Con la autorización del autor y elconfidencial.com
* Vegamedia Press - Vidal Coy - 1.03.10
Foto: San Javier (Murcia), ayuntamiento - regmurcia.com
San Javier: Un juzgado murciano anula la licencia de 4 torres construídas sobre la playa
Denuncian presuntas irregularidades en la licencia de la Torre Cajasol
DIARIODESEVILLA* : Seis entidades integradas en la plataforma ciudadana contra la Torre Cajasol han presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla por presuntas irregularidades en el proceso de concesión de licencias urbanísticas al rascacielos que la caja de ahorros construye en la Isla de la Cartuja. La denuncia se dirige contra "los funcionarios públicos y autoridades que resultasen ser autores o colaboradores necesarios" en la comisión de una serie de hechos que, según afirman en un comunicado los denunciantes, pudieran ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio.
La han suscrito cinco profesionales, Ecologistas en Acción, la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía, la Andaluza de Antropología, de Profesores Ben Baso, Arquitectura y Compromiso Social, y la de Defensa del Territorio del Aljarafe, que piden a la fiscal jefe de la Audiencia, María José Segarra, que inicie, si así lo estima, "las actuaciones pertinentes" para esclarecer los hechos.
Las entidades de la Plataforma Contra la Torre Cajasol ¡Túmbala! denuncian que la licencia de obra de la primera fase de construcción del rascacielos la concedió "de forma personal" el gerente municipal de Urbanismo, Manuel Marchena, el 16 de julio de 2007. Esto ocurrió, según la denuncia, el mismo día que Marchena recibió un "informe desfavorable" de la subjefe del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia a dicha concesión porque, según la normativa vigente, "no se dan los requisitos necesarios para que la licencia pudiera resolverse favorablemente".
Además, han resaltado que Urbanismo aceptó una fianza a aportar por la promotora "Puerto Triana" en una cuantía "muy inferior a la que le correspondería", pues por ser una licencia de obras por fases es "obligatorio constituir una fianza que comprenda el coste total de la reposición de los terrenos a su estado original".
La promotora propuso una fianza que sólo cubre la reposición de las tierras excavadas para el aparcamiento subterráneo y la demolición de los muros perimetrales de contención, por 2,84 millones de euros y que aceptó el director técnico de la Gerencia, cuando el coste total de reposición serían 4 millones más.
Han afirmado que a final de 2005 un informe técnico de Urbanismo indicó que lo más significativo del Plan Especial "Puerto Triana" era la construcción de "un cuerpo esbelto con una altura máxima de 50 plantas", pero el mismo día de su presentación el entonces edil Emilio Carrillo elevó el plan al Gobierno municipal recogiendo ese informe, pero "ocultando" la mención a la torre.
También han denunciado que el Ayuntamiento hizo "caso omiso" al informe "desfavorable a la aprobación" de dicho Plan Especial que elaboró un arquitecto de la Delegación de Obras Públicas en Sevilla, el 19 de marzo de 2007, al señalar "deficiencias y contradicciones" con respecto al PGOU "que exigían su corrección y aclaración".
Este informe requirió "la paralización de la tramitación del expediente del Plan Especial hasta su subsanación", según estos colectivos, que precisan que los incumplimientos señalados son "cambios de calificaciones urbanísticas, reducción de las zonas verdes y reducción de los equipamientos previstos en el PGOU".
Denuncian que el delegado de la Junta asumió el informe el 22 de marzo de 2007, pero no lo remitió al Ayuntamiento hasta el 16 de abril, cuando "curiosamente" cinco días antes éste ya había aprobado definitivamente el plan.
* Diario de Sevilla - 3.03.10
Foto: Sevilla, montaje torre Cajasol - diariodesevilla.es
El Supremo sentencia que un edificio de lujo se levantó de forma ilegal en Santurtzi
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ELCORREO/Vizcaya* : Para la mayoría de los santurtziarras es el edificio mejor ubicado del municipio marinero. Residencial Los Bolintxes ocupa una amplia parcela situada al inicio de la calle Capitán Mendizabal, con vistas al puerto pesquero y al parque central. Un piso de tres habitaciones cuesta 470.000 euros y algunos áticos siguen a la venta por 850.000. En total, son 92 viviendas y 500 parcelas de garaje.
Los pisos se remataron en 2007 y el Tribunal Supremo concluye ahora que la promoción se levantó de manera ilegal durante el último mandato del anterior alcalde, el socialista Javier Cruz. Los magistrados han confirmado que el bloque se elevó una planta más de lo permitido y se construyeron alrededor de 1.500 metros cuadrados más de lo que permitía el Plan General, lo que supuso un claro beneficio para la constructora.
Dictada en noviembre pasado, la sentencia del alto tribunal confirma las irregularidades cometidas durante el proceso de edificación y constata también que las autoridades locales de entonces no tomaron medida alguna para hacer cumplir la legalidad vigente. El Consistorio, que se personó en el proceso judicial junto a la firma Imbiz, aprobó años después una norma urbanística complementaria para tratar de dar cobertura a su actuación. Este 'parche', que fue también recurrido, permite que el fallo del Supremo no tenga un efecto directo sobre los propietarios, apuntaron ayer fuentes municipales y también de la propia firma inmobiliaria.
La polémica operación urbanística de Los Bolintxes arrancó en 2002. La parcela era de titularidad pública. Durante décadas, fue el espacio que ocuparon las rederas y sardineras de Santurtzi para reparar los útiles de pesca. Con su venta, las arcas municipales ingresaron 22 millones de euros, que se dedicaron a financiar, entre otros proyectos, el polideportivo de Kabiezes, según declaró el por entonces alcalde, Javier Cruz, hoy consejero delegado de Euskotren.
Las obras del edificio comenzaron poco después, pero los problemas no tardaron en aparecer. En 2004, un vecino de la zona denunció que el nuevo inmueble de lujo le iba a quitar vistas a su vivienda. Se hizo con una copia del expediente y decidió interponer un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento al entender que se estaba incumpliendo la ley. En mayo de 2005, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) le dio la razón de manera contundente. Anuló el Estudio de Detalle aprobado por los socialistas. Esta herramienta urbanística, según los jueces, violaba los principios del Plan General, que sólo autorizaba en el solar la construcción de un bloque de 5 alturas, cuando el proyecto presentado por la empresa inmobiliaria preveía levantar al menos 6.
El fallo desató un fuerte enfrentamiento en el seno de la Corporación. Ezker Batua y el PNV solicitaron la dimisión de Javier Cruz. El regidor se negó a abandonar su puesto. Tampoco paralizó las obras y puso a trabajar al Departamento de Urbanismo en pleno para tratar de buscar una salida jurídica al entuerto. En el verano de 2006, el PSE aprobó una norma complementaria al Plan General para legalizar el desmán de Los Bolintxes y una treintena de promociones que se encontraban en una situación parecida (Patronato de Santa Eulalia o el Callejón de los Tanques de Mamariga, por ejemplo).
«Todo está legal»
El 17 de abril de 2007, el TSJPV admitía a trámite un nuevo recurso del vecino que interpuso la primera demanda. El residente trataba de tumbar en los tribunales una modificación legal que fue calificada por el PNV de «amnistía urbanística a gusto del constructor». EB también cargó contra la medida y dijo que se expedía «un cheque en blanco» para los promotores inmobiliarios.
Sin embargo, un tiempo después de acudir al TSPJV por segunda vez, el vecino demandante retiró el contencioso porque fue «indemnizado» por la firma inmobiliaria, según confirmó ayer Imbiz. El mismo hombre intentó retirar el caso también del Supremo, pero el Consistorio -gobernado ya por los nacionalistas- se negó a que decayera la causa para tratar de esclarecer de forma definitiva la controvertida operación urbanística.
Imbiz emitió anoche un comunicado en el que asegura que el fallo no tendrá «repercusión» alguna para los compradores. «El edificio está plenamente legalizado gracias a la norma complementaria, que fue avalada por el Gobierno vasco y la Diputación. Dispone de todos los permisos», insistió la promotora. «Queremos hacer un llamamiento a la opinión pública y, especialmente, a nuestros clientes, ya que la citada sentencia del Supremo no crea ningún tipo de problema ni al Ayuntamiento ni a los propietarios».
* El Correo - 3.03.10
Foto: La promoción inmobiliaria de Los Bolintxes alberga noventa pisos de lujo y en sus bajos alberga quinientas parcelas de garaje. :: PEDRO URRESTI, elcorreo.com
El 'pelotazo' de un concejal frustra el plan urbanístico de Alpedrete
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ELPAÍS/Madrid* : La aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de Alpedrete (12.500 habitantes) que el equipo de Gobierno del PP consideraba "inminente" está hoy en el aire. El municipio planeaba crecer hasta 15.500 vecinos con la construcción de 1.114 viviendas. La causa de la paralización es la existencia de una opción de compra firmada en 2005 entre el hoy concejal de Urbanismo, Tomás Carrión Guillén y un empresario local, Lisardo Cortés.
Este acuerdo estaba supeditado a la posterior recalificación en el PGOU de más de 60.000 metros cuadrados de suelo rústico y ha obligado al edil popular a apartarse de la votación final, de acuerdo con las instrucciones de la secretaria municipal, Nieves Elvira Palacio. Él, ya edil de Urbanismo, había participado en la votación inicial en 2009.
La abstención del concejal ahora es crucial porque el PP tiene mayoría, pero justa. De los 17 concejales, nueve son populares, cuatro del PSOE, dos de IU y otros dos de la Unión del Pueblo de Alpedrete (UNPA). Todos los grupos de la oposición han anunciado ya su rechazo al PGOU y la ausencia de un edil del PP hará que el plan tenga que esperar. Julián Jiménez, de UNPA, anunció que quiere un consenso, "pero después de que se oigan a todas las partes, incluyendo a asociaciones como Alpedrete Sostenible. No vamos a apoyar un plan que sólo ha hecho el PP", explica.
La alcaldesa, Marisol Casado, ha anunciado que quiere pactar. Ayer hubo una reunión entre los partidos en la que se discutió un plan que lleva tramitándose cinco años sin participación ciudadana, y que sólo está pendiente de la aprobación del Ayuntamiento y el de la Comunidad. La existencia de la opción de compra, por la que el concejal ya ha cobrado como adelanto 102.500 de los 676.500 euros que le corresponden, se conoció en el pleno del viernes pasado.Los ediles de la oposición preguntaron a la secretaria del Ayuntamiento por qué había permitido que el concejal del PP votara la aprobación inicial del PGOU, en julio de 2009. La funcionaria aseguró que éste no había comunicado la existencia del acuerdo con el constructor. Esta explicación se puede leer en el informe realizado por la propia secretaria, en el que asegura: "En la declaración de bienes presentada por el señor Carrión aparece declarada la propiedad de una doceava parte de las fincas citadas. No así el contrato de opción suscrito". Por eso resalta que "deberá abandonar el pleno mientras se discuta y vote el asunto".
Asimismo, y dado el carácter "decisivo" del voto del edil para la aprobación inicial de julio de 2009, la secretaria recomienda: "Por la seguridad jurídica que debe tener un PGOU, sería conveniente que se sometiera al pleno la ratificación de la aprobación del avance, adoptada en la sesión del 31 de julio de 2009, en la que el voto del señor Carrión fue decisivo para alcanzar la mayoría absoluta, puesto que ya se daba la causa de la abstención". Tomás Carrión Guillén ya ha anunciado su intención de inhibirse en la próxima votación. Pero no obstante, considera que no es necesario: "Existe un informe jurídico de la secretaria del Ayuntamiento que dice que podía votar. Yo no he cambiado nada del PGOU", explica este edil, que rechaza haber tenido información privilegiada, porque, asegura: "Todo el mundo sabía que se iba a aprobar el plan en la zona sur, en Los Llanos".
La oposición lo niega, al igual que la asociación vecinal Alpedrete Sostenible, considerada por la Comunidad "organismo consultivo" del plan de Alpedrete. "Nosotros no nos enteramos de todo hasta después de que se aprobara el avance en el pleno. Sólo unos pocos sabían qué estaba pasando", explica Pedro López, uno de los portavoces de la organización vecinal, que ha solicitado la paralización del PGOU.
El contrato entre la familia del concejal y el constructor, al que ha tenido acceso EL PAÍS, fue firmado en julio de 2005, apenas unos meses antes de que el anterior concejal del PP de Urbanismo, Vicente Guillén, familiar lejano del actual responsable, aprobara el avance del mismo y lo remitiera a la Comunidad.
En la opción de compra destaca que el precio base de la compraventa se acordó en función unos criterios, como por ejemplo la densidad urbanística, que se determinaran en el plan del PP. Así, el planeamiento de Alpedrete y la opción de compra determinaron finalmente que el concejal y sus siete familiares podrán vender a 220,50 euros el metro cuadrado, lo que supone un precio final de 8,1 millones de euros.
Precisamente es este punto el que levanta las mayores suspicacias en la oposición. Ya que la participación del concejal Carrión Guillén en el PGOU entre 2007 y 2009 pudo beneficiar a su familia, algo que este político niega: "Se puede comprobar que el plan no se ha modificado. Tenemos la misma densidad de edificación que en 2005. Si lo hubiera modificado hubiera sido como para cortarme el cuello". En cuanto al aspecto ético de haber pilotado desde 2007 el PGOU, asegura: "La ética depende de cada uno. Yo no tengo ni idea de lo que me van a pagar. Nosotros pusimos una serie de cláusulas porque no sabíamos la cantidad exacta. No estoy preocupado por si me van a pagar medio millón o un millón de euros".
IU ha anunciado que presentará una denuncia ante la fiscalía. Carrión Guillén ya presentó el pasado 26 de febrero una denuncia en los juzgados de Villalba por calumnias e injurias contra los miembros de IU, según anunció a este periódico.
1.100 viviendas más
- El nuevo plan de urbanismo de Alpedrete prevé 1.114 viviendas más en torno al núcleo actual. Se sumarán a las 6.671 actuales (más 616 pendientes de levantar) hasta alcanzar
las 8.401. La población pasaría de 12.357 a 15.520 habitantes.
- El suelo urbano consolidado pasa de 360 a 493 hectáreas AlpedreteLos terrenos protegidos (no urbanizables) ascienden desde las 432 hectáreas actuales a 668
* ELPAIS.com - 3.03.10
Foto: Alpedrete (Madrid) - webalpedrete.com
El teniente de alcalde de Ourense declaró ante el juez por una querella del fiscal por prevaricación y falsedad
LAVOZDEGALICIA* : El teniente de alcalde de Ourense, Andrés García Mata, del BNG, abrió ayer la ronda de declaraciones judiciales por la querella que la Fiscalía ha presentado contra él y otras cinco personas, incluido su antecesor y un director general del Concello de Ourense de la misma organización política.
El fiscal aprecia indicios de los delitos de falsedad continuada y prevaricación en la gestión desarrollada en el área nacionalista del bipartito ourensano para la adjudicación sin concurso de un servicio de explotación de paneles publicitarios en la vía pública, que, de acuerdo con la querella, reportaría millonarios beneficios durante cuarenta años.
García Mata negó ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense que hubiese tenido conocimiento o participación en la trama que el fiscal presenta en su querella. El líder del grupo municipal del BNG en Ourense aseguró que no conocía, ni siquiera sería capaz de identificarlos físicamente, a los socios de la empresa Afiador Produccións, con la que su antecesor había firmado un contrato/convenio para la explotación de una serie de paneles cuando, según el Registro Mercantil, la sociedad no estaba constituida.
Aunque el convenio lleva fecha de febrero del 2008 y a García Mata, entonces concejal de infraestructuras, atribuye el fiscal haber dado en junio del 2008 el «visto e prace» al inicio de las obras en la vía pública, el actual teniente alcalde afirmó que no tuvo conocimiento del contrato hasta que llegó a una junta de gobierno local en octubre del 2008. Fue entonces retirado del orden del día al advertirse que no se podía hacer una adjudicación directa, como se pretendía, sino que debería seguirse un concurso público.
El primer responsable del grupo municipal del BNG en Ourense, cuya intervención material en este asunto incluye el visto e prace al inicio de las obras a espaldas de los socios socialistas que gestionan el área de urbanismo, explicó que él había firmado la solicitud de obras atribuyendo a la rúbrica el carácter de mero recibí , con el fin de que siguiese el trámite administrativo. El sello y su nombre, afirma, se los colocaría a continuación algún empleado municipal.
Con posterioridad, tras ser denunciado el caso por la oposición, se interesaría por la trascendencia de su firma, pero, según declaró ayer, no llegó a hacer averiguaciones para identificar al autor. El fiscal pidió expresamente que se hiciesen.
Después de esta primera declaración, para el viernes están citados los otros cinco querellados: el funcionario municipal Elías Domínguez, el ex teniente de alcalde Alexandre Sánchez Vidal (que dimitió antes de que el bipartito local anulase toda su actuación) y el director general de turismo, David Cortón, ambos del BNG, así como los dos socios de la empresa que resultaría beneficiaria, Daniel Conde Ramos y José Omar Bouzo. El «plan conjunto» para la obtención de «cuantiosos beneficios» sería, según las investigaciones realizadas por el fiscal, fruto de un acuerdo entre los cuatro últimos.
* La Voz de Galicia - 3.03.10
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
Las defensas frente a futuras riadas tendrán que costearlas los vecinos
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ABC/Córdoba* : La seguridad futura de los vecinos que ahora se ven afectados por las inundaciones depende, en esencia, de ellos mismos. Éste es el mensaje que lanzó ayer el alcalde, Andrés Ocaña, después de visitar las parcelaciones que más han sufrido los efectos de las fuertes precipitaciones y de los desembalses de los pantanos de la pasada semana. ¿Y por qué los propietarios de las viviendas anegadas tienen sobre sus tejados la responsabilidad de su integridad?
Porque la mayoría de los inmuebles son ilegales. O siendo más precisos, no reconducibles. El matiz es importante. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2001 reconocía la existencia de estos núcleos de casas irregulares, pero las dejaba en una especie de limbo legal que permite que sigan en pie a no ser que la situación de riesgo sea extrema y se demuestre su condición de inhabitables.
Aunque la inspección de los en torno a los más de doscientos inmuebles alcanzados por la crecida, que inició ayer el Consistorio, determinará cuántos de ellos se encuentran en una situación de ruina, parece claro que las órdenes de desalojo de las casas serán excepcionales. Existe, empero, el precedente de las tres viviendas de la parcelación de Guadalvalle que, tal y como avanzó este periódico, tienen una orden de derribo desde comienzos de este año por estar al borde del río y concentrar un peligro muy serio de que sus habitantes padezcan daños de entidad.
Con todo, el escenario más probable de los núcleos de parcelaciones a medio plazo es que sean los propios dueños de las casas los que sufraguen las obras para evitar daños futuros por riadas del Guadalquivir. Ése será el caso, al menos, de las urbanizaciones no reconducibles de Altea, Guadalvalle y San Isidro. El de Fontanar de Quintos, que además ha sufrido en menor medida el azote de la climatología, tiene otras connotaciones ya que se trata de un núcleo reconducible.
Plan de mejora rural
En este sentido, el alcalde precisó ayer que «el PGOU les da la posibilidad a estas parcelaciones no reconducibles de que pongan en marcha un plan de mejora del medio rural, que entre otras medidas recoge las que contrarrestran las inundaciones». Pero el coste de estas obras de defensa frente al agua correrán, si se producen, por cuenta de los propietarios, que además no están obligados a hacerlas. Se podría dar el caso, por tanto, de que si la inspección municipal que acaba de comenzar no determina el desalojo de los inmuebles, éstos sigan en pie y sus moradores no promuevan infraestructura alguna de contención de avenidas fluviales, por lo que estarían de nuevo a merced de que una tormenta perfecta llenaran sus casas de fango y pusiera en riesgo su integridad.
«El Ayuntamiento no se plantea realizar ninguna actuación para frenar las posibles riadas futuras», indicó en este punto el regidor. «No se lo plantea, al menos, a no ser que se produzcan situaciones de emergencia», agregó.
Al menos La Altea, tocada de lleno por la descarga de agua de la pasada semana, sí ha iniciado los trámites para activar un plan de mejora ambiental, y a él se quieren unir los vecinos de Guadalvalle. «Aquí, el papel del Consistorio se limita a tramitar y a validar los citados planes, nada más», indicó el regidor.
La figura urbanística de no reconducible ha provocado que la mayoría de las casas afectadas por la riada tengan expedientes sancionadores abiertos, que el Ayuntamiento inicia e tiene conocimiento del comienzo de la obra. La autoridad municipal insta a sus propietarios a la paralización, y en caso de que no se produzca fija una sanción por quebrantamiento de la disciplina urbanística.
* ABC - 3.03.10
Foto: Monturque (Córdoba), inundaciones - diariodecordoba.es
