la alarma* : "Todo empezó el 6 de octubre de 2006, cuando en respuesta al desalojo de La Escoba decidimos okupar para continuar con el proyecto: decidimos mudarnos a un espacio mejor, el cual llevaba vacío entre 8 y 13 años, propiedad de la promotora Avantis. Caminando hacia la revolución interior, hacia la revolucion social.....
Para nosotr@s, okupar y construir un centro social es crear una sede física de la disidencia política, opuesta frontalmente al siniestro sistema establecido, intentando construir colectivamente nuevas formas de relacionarnos y de organizarnos, tratando de desmontar los esquemas que se nos han inculcado desde nuestro nacimiento. Consideramos que un espacio liberado como este es de la gente que lo está viviendo, y no de la que lo compra y lo vende.
Durante estos 10 meses hemos llenado el espacio de vida: Asambleas, jornadas, proyectos, conciertos, comedores, charlas, espectáculos, colectivos que se han ido sumando, la Universidad Popular....
Lo hemos hecho en una ciudad escaparate, donde en una misma calle conviven terrazas de ocio elitistas con personas viviendo en la calle ( o malviviendo ), donde no hay espacios que cubran las necesidades sociales, políticas y económicas de sus habitantes. Hay muchísimas casas vacías, y se sigue construyendo para beneficio de un@s poc@s.
Nuestro objetivo ha sido ( y seguirá siendo ) romper el escaparate. Hemos conseguido hacer una pequeña grieta, una grieta en la que han cabido la reflexión y la acción colectiva.
Esta orden de desalojo es una más dentro de la campaña represiva que vivimos en Madrid durante estos últimos meses, con el desalojo del KBO, la Ramona, La Facultad Okupada y Autogestionada, Navalquejigo, el Milano, la Perrera y varias viviendas okupadas.
Hacemos un llamamiento a la solidaridad activa y a la defensa de los espacios liberados. Frente a la represión contra la okupación, actúa ya.
Ven a defender La Alarma, habrá permanencias por la noche, actividades y mucho curro.
....Conspirar es respirar en colectivo, y no tenemos intención de dejar de respirar....
* http://alarma.ourproject.org
* OtroMadrid - 12 de Julio 2007
Foto: A dar Caña
Madrid: comunicado de la asamblea del CSOA La Alarma
A beneficio de los señores del ladrillo
Víctor Gijón* : "A beneficio de los huérfanos…”, cantaba, irónico, Moncho Alpuente en los años 60-70. A beneficio de los señores del ladrillo, podríamos cantar los santanderinos ante lo que se nos vienen encima con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El Colegio de Arquitectos de Cantabria ha puesto el dedo en la llaga: el PGOU que el alcalde Iñigo de la Serna ha recibido como herencia envenenada de su antecesor en el cargo, Gonzalo Piñeiro, reproduce y multiplica el desastre de urbanismo desarrollado en Valdenoja y la S-20. El nuevo PGOU, todavía pendiente de modificaciones, pretende colmatar el poco suelo urbano que queda en Santander mediante actuaciones inmobiliarias con el único fin de hacer aún más ricos a determinados promotores y constructores.
En esa operación de venta del Santander de todos a unos pocos, en detrimento de dotaciones sociales, suelo industrial y servicios, estarían implicados ex autoridades, importantes empresarios de la construcción y accionistas de referencia de un medio de comunicación. Pero, ¿está De la Serna, el nuevo alcalde, entre los implicados? Parece que no y, además tiene en su mano demostrar su distanciamiento de políticas especulativas.
La primera autoridad municipal dispone de los instrumentos legales precisos para que, cuando el proyecto de PGOU salga de nuevo a información pública, tal como ha prometido, no lo conozca ni la madre que lo parió, en este caso sus padres: Piñeiro y Víctor Gil, ex concejal responsable de Urbanismo. Y podría comenzar el alcalde por cejar en su empeño de enfrentar suelo para viviendas sociales y suelo para instalar industrias. Hay sitio para hacer frente a las dos necesidades si se diseña bien y se limita el asalto al territorio capitalino por parte de promotores y constructores.
En los últimos 12 años el PP no construyó ni una sola vivienda protegida en Santander, lo cual confiere casi nula credibilidad a sus promesas de presente. Si, en cambio, se levantaron miles de pisos de precio libre, sin reservas de espacio para dotaciones sociales y servicios, con malos accesos, y una nula visión de las más elementales normas del urbanismo moderno.
Miles de nuevas residencias que no respondían a un crecimiento ordenado y previsor de la ciudad, que a pesar de contar con un parque de viviendas multiplicado por dos sigue perdiendo población. Y ello porque se trataba de inversiones en ladrillo. Ahorro colocado en la construcción porque rentaba más en el mercado inmobiliario que en Bolsa o a plazo fijo en los bancos. Perseverar en ese modelo, cerrar el paso a la instalación de nuevas industrias, dificultando incluso la actividad de las ya existentes en la ciudad, como acaba de denunciar la CEOE, llevaría a Santander a un futuro de camareros y jubilados.
Y sin menospreciar a unos y a otros, ya me dirán que ciudad nos espera si se cumplen los sueños --de ellos, que son unos pocos, pero una pesadilla para los más-- de Piñeiro, Gil y un exclusivo club de promotores-constructores.
* Diariocrítico /Agencias - 11-07-2007
La nueva ley del suelo despierta pesimismo entre los expertos
Levante/Castelló* : "José Díaz Delgado, magistrado de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, manifestó ayer su pesimismo con respecto a la nueva Ley de Suelo estatal ya que «se le ha quitado contenido», y «se llegará a un punto en el que todo el suelo está en el mercado». De esta manera, la nueva ley «introduce el suelo rural en el mercado», permitiendo que se construya «en todos los sitios». Díaz Delgado explicó que «los que están haciendo la ciudad son los particulares, que compran los terrenos», e incidió en el hecho de que «el único que tiene derecho a quedarse con la plusvalía es la comunidad, no el urbanizador». Por último, destacó que actualmente, con la nueva situación urbanística «más que un desarrollo sostenible estamos con una necesidad de seguir el desarrollo».
El magistrado realizó estas declaraciones en la jornada de inauguración del curso de verano Nuevos retos en el urbanismo del siglo XXI , organizado por la Universitat Jaume I y el Colegio Oficial de Arquitectos de Castelló, que también contó con la presencia otros dos ponentes de reconocido prestigio como Luciano Parejo Alfonso, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid y Ricardo García Macho, catedrático de derecho administrativo de la UJI.
Por otro lado el catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid en su intervención hizo referencia al «distanciamiento brutal del modelo europeo» que se ha producido en España, y que «hemos importado un modelo de ocupación dispersa sobre el territorio, mientras que aquí siempre habíamos tenido el modelo mediterráneo, en el que primaba la eficiencia del territorio» . Dentro de esta situación, la nueva ley de suelo supone una «operación de resintonización» , una «vuelta a nuestro modelo cultural de relacionarnos con el territorio» .
Ricardo García Macho, por su parte, declaró en su conferencia que esta nueva ley «pretende hacer una regulación del urbanismo, de manera que por primera vez se ponga como motor del urbanismo el bienestar del ciudadano».
* Levante-EMV - 10 de julio de 2007
Denuncian el urbanismo incontrolado en los Espacios Naturales protegidos extremeños
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Extremadura al Dia* : "Ecologistas en Acción de Extremadura ha mostrado hoy su preocupación por la proliferación de construcciones ilegales en los Espacios Naturales extremeños y se ha interesado particularmente por las medidas que se están tomando ante el incremento de ''construcciones ilegales'' en el ZIR Llanos de Cáceres y el ZIR Embalse de Orellana y Sierra de Pela. La organización ecologista pide ''medidas efectivas'' contra estas edificaciones ''ilegales'' a las diferentes administraciones públicas implicadas, así como la reparación del daño ambiental causado.
Ecologistas en Acción de Extremadura, en un comunicado recuerda que desde el ámbito del ecologismo extremeño, se lleva ya bastante tiempo denunciando infracciones contra la ordenación del territorio.
Al respecto, afirma que la problemática de las construcciones ilegales es ''particularmente grave'' en las Zonas de Interés Regional (ZIR), como el de los Llanos de Cáceres y el del Embalse de Orellana y Sierra de Pela, donde se está llevando un ritmo de construcción ''desaforado'', ante la perspectiva de la aprobación de los Planes Rectores de Uso y Gestión, (PRUG) que en realidad, señalan, ''no suponen un gran cambio en la responsabilidad legal pero determinados sectores sociales han extendido un rumor infundado de que sería así''.
Apuntan los ecologistas que el delito contra la Ordenación del Territorio, viene recogido en el artículo 319 de la Ley Orgánica 10/1995 , de 23 de noviembre, del Código Penal, ''quedando perfectamente claro que es un delito el construir, sin las autorizaciones pertinentes, en los espacios que cuenten con algún grado de protección; pudiendo ser denunciados, tanto el promotor, como el constructor o los directores técnicos de las obras, reciente jurisprudencia ha aclarado el carácter de promotor del propietario de viviendas de autopromoción''.
Desde Ecologistas en Acción de Extremadura piden a los responsables de los organismos con competencias sobre la materia en Extremadura, en este caso la Consejería de Medio Ambiente, la Agencia Extremeña de la Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio y Ayuntamientos; más rigor en el cumplimiento de la normativa legal, que se aplique la ley a todos por igual y que se acabe de una vez por todas con las construcciones ilegales en Extremadura, recuerdan además las responsabilidades penales en que pueden incurrir los políticos o funcionarios que permitan estas infracciones urbanísticas.
Desde Ecologistas en Acción de Extremadura critican que los expedientes de la Junta de Extremadura tras las denuncias de Agentes de Medio Ambiente y del SEPRONA acaben con ''multas ridículas'', que no solucionan el problema.
Los ecologistas piden que se aclare si son ciertas las continuas denuncias que están recibiendo, de que desde cargos políticos de la Junta se dan ordenes expresas sobre qué denuncias se tramitarán y cuáles no, cuales serán tipificadas como graves y cuales leves; cuando todas las que se produzcan en espacios protegidos deberían ser tramitadas como delito ante los tribunales de justicia, ''y no como una simple infracción administrativa''.
La finalidad que temen pueda subyacer es que no salten a la actualidad casos de corrupción ligados a ediles, personajes públicos, o cargos relevantes de partidos políticos.
Ecologistas en Acción de Extremadura explican que el pasado mes de junio, enviaron una petición de información a la Dirección General de Medio Ambiente, sobre el estado de la tramitación de las denuncias formuladas, en los casos de construcciones ilegales dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura, interesándose particularmente, por los casos del ZIR Llanos de Cáceres y el ZIR Embalse de Orellana y Sierra de Pela. Señalan que han solicitado explicaciones de por qué no se remiten estos expedientes sancionadores a los tribunales de justicia.
Desde esta asociación, se propone que todas las denuncias por posibles ilícitos penales, sean remitidas directamente a los juzgados correspondientes por los agentes denunciantes y que la fiscalía se interese activamente en los mismos.
Además creen que deben aumentarse los efectivos del Seprona y reconocerse, para el caso de los Agentes de Medio Ambiente, su condición de Policía Judicial Genérica, establecida en la Ley 10/2006 de Montes , ''para que puedan investigar adecuada y convenientemente los ilícitos penales sobre Medio Ambiente y/o Urbanismo, a la vez que se elaboren protocolos profesionales de actuación, para que sea eficaz el servicio prestado por este cuerpo''.
Además consideran que no tiene sentido una simple sanción económica (en muchos casos más barata que la licencia de obras) de una construcción que ''de ningún modo'' puede autorizarse y la misma debe venir acompañada, en estos casos más graves que afectan a espacios protegidos y no respetan la normativa más esencial con la reparación del daño causado, mediante la demolición de la obra ilegal, que realmente será una medida disuasoria eficaz y evitaría que quienes más dinero tienen y pueden permitirse el pago de esta sanción perjudiquen el patrimonio ambiental de todos.
* Extremadura al Día - 11 jul 2007
Foto: chalet construido ilegalmente en ZIR embalse de Orellana /Ecologistas en Acción
Expertos y políticos apuestan por cambiar el urbanismo valenciano
A.Fenollar.- Levante* : "Diferentes personalidades de ámbitos en ocasiones divergentes, desde el ex conseller Esteban González Pons hasta Joan Romero, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia, defienden de forma unánime la necesidad de adoptar un nuevo modelo urbanístico valenciano en la publicación Nexe. La revista de debates, editada por la Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc, dedica su cuarto número a difundir las opiniones de un grupo de expertos sobre el futuro del territorio. Cada uno de ellos propone en sus artículos una solución propia.
El director de Nexe , Josep Vicent Boira, extraía ayer para la prensa tres conclusiones del total de los textos incluidos en el último número, dedicado al futuro del territorio: « todos están de acuerdo en la necesidad de cambiar el actual modelo de urbanismo, en reivindicar el paisaje como hecho diferencial valenciano y, por último, en la conveniencia de una planificación supramunicipal para acercarse a otra de escala regional o metropolitana ».
Otro punto de encuentro entre los articulistas es el imperativo de que el nuevo modelo surja del consenso entre todos los sectores implicados y no desde la imposición parcial, idea que comparte el director: « la solución no es una moratoria urbanística, sino una especie de conferencia de Estado a escala valenciana para definir entre todos las bases de una nueva fórmula », por ello, añadió, « continuamos pensando que las plataformas de debate como esta revista son muy importantes ».
Vicent Boira ponía de manifiesto la variedad de voces que protagonizan el contenido del último número de Nexe : « es una revista caracterizada por la pluralidad, moderación y vocación de servicio », de ahí que los participantes sean « tanto de izquierdas como de derechas, provenientes del mundo académico o del sector empresarial ». Elies Seguí, secretario de redacción de la publicación, de carácter semestral, insitió en la naturaleza plural de la misma: « el urbanismo es un tema polémico, sujeto a muchos puntos de vista, por ello la importancia de contar también con la opinión de promotores y empresarios ».
Entre los autores invitados figuran además Francisco Muria, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante, Carlos Hernández Pezzi, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, y Maria Josep Picó, especialista en periodismo ambiental y directora de la revista Nat . A lo largo de sus artículos se formulan demandas como la protección del medio ambiente o la disminución del precio de la vivienda .
« El respaldo de todos los colaboradores fue rápido, directo y eficaz », señaló el secretario de redacción, éxito del que responsabilizó al consejo de redacción de Nexe .
* Levante-EMV - 12 de julio de 2007
El alcalde y el edil imputados en Alhaurín fijaron una "tasa de soborno" a promotores
D.Narváez.- El País* : "El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, llegaron a fijar una "tasa de soborno" para permitir a determinados promotores de la ciudad construir con mayor edificabilidad de la estipulada en la normativa municipal: 80 euros por cada metro cuadrado autorizado de más y 6.000 euros por cada vivienda extra eran el baremo para las dádivas, según consta en un informe policial en el que se concluye que ambos tejieron una red de corrupción "generalizada" y "prolongada en el tiempo en el municipio malagueño. Martín Serón y Guerra, ambos del PP, están imputados de presuntos delitos de prevaricación y cohecho.
También están encausados 19 promotores, el asesor jurídico y el arquitecto municipal, que con sus informes técnicos favorables a los incrementos de los aprovechamientos urbanísticos, colaboraron en la red, y el propietario de una empresa constructora con el que el alcalde mantiene una estrecha relación y que era la encargada de cobrar los cohechos, siempre en efectivo y nunca a cambio de factura, todo lo más un recibí.
El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales (Udyco) de la Costa del Sol, existen datos contundentes y objetivos que "acreditan, sin ambages, la existencia generalizada, extendida y prolongada en el tiempo, de una situación de evidente corrupción vinculada al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, instalada en práctica habitual de la gestión urbanística llevada a cabo por el tándem formado por el alcalde y su concejal de Urbanismo".
En los registros practicados en el despacho de Gregorio Guerra, la policía intervino un documento manuscritos y un archivo informático, en los que se relacionan una serie de promociones urbanísticas con datos de la superficie del suelo, el índice de edificabilidad aplicable según la normativa municipal, el número de viviendas correspondiente y los finalmente autorizados. Todos ellos con una cantidad de dinero, la inscripción pagado, pagado todo o pendiente y el nombre de una persona o entidad. En el primero de la lista, figuran dos proporciones: 80 euros/metro cuadrado de techo y 6.000 euros/1 vivienda.
Del análisis de todos los proyectos relacionados y su cotejo con los expedientes urbanísticos correspondientes, la policía ha podido concluir que dichas cantidades eran la "tasa del soborno" que el alcalde y el concejal de Urbanismo habían fijado y aplicaban en todos los casos. Y así concuerdan en 14 expedientes analizados por los agentes, en los que se pudieron exigir comisiones por un total no inferior a 700.000 euros, cantidades según la policía no se justifican porque no tienen correspondencia con las tarifas de las licencias de obras.
Un primer ejemplo es el de Juan Burgos, el promotor por cuya denuncia se inició la investigación en noviembre de 2006, y que fue autorizado a construir 14 viviendas en un solar donde la normativa sólo posibilitaba 4,5 y a quien el concejal de Urbanismo pidió a cambio 122.600 euros. El incremento permitido fue de 820 metros cuadrados de techo edificado, que multiplicado por 80 euros suma 65.600 euros, y 9,5 viviendas de más que a razón de 6.000 euros por cada una hacen 57.000 euros. En total, los 122.600 euros exigidos que el concejal de Urbanismo pidió que fueran entregados a Conextram, la empresa de Manuel Márquez, amigo del alcalde que llegó a figurar como suplente en la candidatura municipal del PP y cuya mujer trabaja en la gestoría que dirige la esposa de Martín Serón.
Este mismo cálculo coincide en el resto de proyectos analizados por la policía. En todos ellos aparece además el nombre de la empresa a la que debía abonarse el dinero pedido por el incremento de aprovechamiento. En varios supuestos, según la policía, las cantidades recaudadas tenían como destino una sociedad "vinculada a la mujer del alcalde". Teresa Santos dirige una gestoría que recientemente ha sido registrada por la policía. Cuando Martín Serón fue detenido el 18 de enero, la policía encontró en su vivienda 64.780 euros en efectivo, dinero que el alcalde alegó que era provisión de fondos de empresas clientes de la gestoría de su esposa para la liquidación de impuestos. Un informe policial posterior determinó que la procedencia del dinero no estaba justificada, motivo por el que el juez denegó la devolución del mismo en resolución adoptada el 29 de enero.
Martín Serón y Gregorio Guerra fueron detenidos la tarde del 18 de enero pasado cuando salían de un almuerzo-mitin en Marbella con el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy. Aquella misma mañana, el denunciante, que en la causa figura como testigo, se entrevistó con Gregorio Guerra en el despacho de éste. La conversación fue grabada por la policía con autorización judicial. En ella, el concejal de Urbanismo admitió que le habían concedido una licencia "ilegal" y como Burgos se negó a pagar, le dijo que la iba a parar la obra y hacer una revisión de licencia.
La policía sostiene que hay "evidencias concluyentes sobre la existencia de una situación continuada que ha creado en Alhaurín el Grande una realidad de favorecimiento mercantil por medio de resoluciones municipales en detrimento del propio interés público, a promotores, constructores e inversores que con ánimo de lucro y a cambio de dádivas podían vulnerar la normativa urbanística".
* ELPAIS.com - 12/07/2007
Foto: Alhaurín el Grande (Málaga) /iupizarra.org
Activistas de Greenpeace desembarcan en el hotel de El Algarrobico para exigir su demolición
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A las 6.30 de la mañana una treintena de activistas, acompañados por el buque Rainbow Warrior de la organización ecologista Greenpeace*, han comenzado una acción de protesta en el hotel que la empresa Azata del Sol continúa construyendo en la playa de El Algarrobico (Carboneras), a pesar de que el Juzgado nº2 de lo contencioso-administrativo de Almería decretó la paralización cautelar de las obras en febrero de 2006. Los activistas han comenzado a pintar en toda la fachada del hotel el mensaje “HOTEL ILEGAL”. La pintada gigante, con letras de tres pisos de altura, ocupa una superficie de 1.200 metros cuadrados e incluye ventanas y balcones. Mientras, el Rainbow Warrior permanece fondeado frente a la playa de El Algarrobico y varias lanchas de Greenpeace han recorrido las aguas de este tramo de costa protegida portando pancartas con el mensaje “HOTEL ILEGAL. DEMOLICIÓN” y “RECUPEREMOS EL MEDITERRÁNEO”.
Greenpeace viene denunciando la falta de acuerdo entre las administraciones central y autonómica para acabar con este símbolo de la destrucción de las costas mediterráneas como una de las principales causas de que el hotel ilegal no haya sido demolido todavía. La construcción del hotel se encuentra en estos momentos terminada en su exterior y a falta de unos pocos detalles en el interior.
“Han pasado dos años desde nuestra primera denuncia. A pesar de los compromisos
expresados tanto por la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, como el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, asegurando que el hotel se demolería, las obras han seguido adelante este tiempo y nada hace pensar que el hotel vaya a desaparecer de esta playa” ha declarado María José Caballero, responsable de la Campaña de Océanos de Greenpeace desde la playa del Algarrobico.
Greenpeace considera culpables a todas las administraciones implicadas. La falta de coordinación entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente ha sido clave para permitir que el hotel permanezca en pie. A pesar de haber una confluencia de competencias, estas dos administraciones no han trabajado conjuntamente y el resultado ha sido un perjuicio claro tanto para el medio ambiente como para los ciudadanos.
A día de hoy, el Ministerio de Medio Ambiente sigue adelante con el dilatado proceso de expropiación de los terrenos ocupados ilegalmente por el hotel y sin llegar a un acuerdo con la empresa constructora, Azata, que, además, se ha embarcado en numerosas causas judiciales para dilatar el asunto y poder pedir mayores reclamaciones.
“Cada vez que uno mira este macrohotel se da cuenta de que las administraciones ambientales no están demostrando a los ciudadanos que se toman en serio su trabajo. Ha llegado el momento de pasar a la acción” añadió Caballero.
* Greenpeace - 12 julio 2007
Foto: El Rainbow Warrior frente al macrohotel Algarrobico. /A.RODRÍGUEZ / EFE
