CERCLEOBERTDEBENICALAP/Valencia* : Una larga lucha de casi veinte años en soledad para evitar la desaparición del legado patrimonial de Benicalap, mientras casi todo el mundo mira para otro lado y habla mucho pero nunca hace nada... La antigua fábrica de Benicalap, en Valencia, languidece tras años de desidia pública y privada.
De los hornos de La Ceramo salieron en los siglos XIX y XX cerámicas que hoy decoran edificios tan notables de la ciudad como la Estació del Nord, el Mercado Central, el jardín histórico de Monforte o el Ayuntamiento de Valencia. El pintor Ignacio Pinazo o el artista fallero Regino Mas prestaron sus bocetos y colaboraron con el fundador de esta fábrica, Josep Ros Furió, que recuperó a partir de 1855 la vieja técnica de los alfares musulmanes del reflejo metálico en la cerámica. 150 años después de su creación, el inmueble, propiedad de una sociedad con domicilio en Madrid, languidece a la espera de que el Ayuntamiento de Valencia se decida a protegerlo en su totalidad o autorice a su dueño un edificio de cinco plantas en parte del solar que ahora ocupa esta instalación de estilo neomudéjar, única en su género.
Hace unos días el concejal socialista en Valencia Juan Soto exigió al consistorio que lo proteja y lo restaure antes de que se caiga a pedazos. Y para ilustrar su estado de abandono mostró una fotografía del interior de La Ceramo, comida por las humedades y la vegetación espontánea, que se ha apoderado de parte de sus tejados por la desidia pública y privada. Los socialistas no son los únicos que han denunciado la situación, a la vez que exigen la protección del conjunto, organizaciones vecinales como Cercle Obert, de Benicalap, el Consell Valencià de Cultura o la Universidad Politécnica de Valencia Hasta la propia Consejería de Cultura han pedido en la última década al consistorio que preside Rita Barberá que catalogue la fábrica y la rehabilite. "Hubo incluso una partida de 50 millones de las antiguas pesetas en los presupuestos de la Generalitat hace años para restaurarla, pero la dirección general de turno se gastó la partida en otras cosas", recuerda Antonio Marín, vecino del barrio y portavoz de Cercle Obert.
El movimiento vecinal de Benicalap y otras asociaciones cívicas han pedido que la fábrica se rehabilite y albergue un centro cultural, así como un museo dedicado a la cerámica y especializado en la técnica del reflejo metálico, valorada en todo el mundo por su delicadeza y singularidad. El Gobierno español, a través del Ministerio de Cultura, barajó durante un tiempo recuperar el edificio y situar allí la ampliación del Museo Nacional de Cerámica González Martí, instalado en el Palacio del Marqués de Dos Aguas. De hecho, en su almacén están depositados los fondos de La Ceramo desde hace años.
Soto recuerda que el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia lo destina a equipamiento público, excepto una pequeña parcela recayente a la calle de José Grollo, que califica como residencial de cinco alturas. Las conversaciones entre el Ayuntamiento y el dueño, la mercantil Nuevas Promociones de Valencia están en marcha. La sociedad planteó incluso al equipo de gobierno local recuperar los hornos de La Ceramo, para permitir que cualquiera pueda visitarlos, a cambio de ampliar la superficie edificable. El consistorio todavía no ha resuelto la petición privada. "Y la fábrica se apaga poco a poco", insiste Soto, tras recordar las dos o tres peticiones de su grupo para que el Ayuntamiento lo incluya en el catálogo de edificios protegidos como Bien de Relevancia Local y se negocie con los propietarios su adquisición.
El concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, reaccionó a la petición de la oposición, que defenderá la protección en la Comisión de Cultura e incluso en el pleno, si es preciso.
La Ceramo, dijo Bellver, "es y será un servicio público", al tiempo que señaló que el acuerdo con los dueños está muy avanzado. "Nunca nos hemos planteado cambiar la calificación de La Ceramo", subrayó el concejal. El consistorio estaría estudiando una permuta con el dueño, según fuentes municipales. "Ya no sabemos qué creer. Lo único cierto es que desde que se cerró, hace 20 años, estamos intentado, sin éxito, que se proteja. Al final pasará como con El Cabanyal, que la perderemos", sentencia Marín.
* C. Vázquéz - El País - Antonio Marín Segovia - Cercle Obert de Benicalap
* Kaos en la Red - Opinión - 15.02.10
Foto: LA CERAMO DE BENICALAP, LA MEMORIA ARTESANAL EN PELIGRO
El brillo de La Ceramo de Benicalap se apaga
Desarticulada una presunta trama de especulación urbanística en El Puerto
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DIARIODECÁDIZ* : La Guardia Civil informó hoy de la desarticulación de una trama dedicada supuestamente a la especulación urbanística en la localidad gaditana de El Puerto. Por el momento hay once personas imputadas por los presuntos delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.
En un comunicado, el Instituto Armado explicó que la denominada operación 'Tequila' se inició cuando los agentes del equipo de Delincuencia Urbanística iniciaron una investigación a raíz de una denuncia presentada por un grupo político del Ayuntamiento de El Puerto, quien informaba de unas supuestas irregularidades urbanísticas ocurridas en el término municipal.
La investigación determinó que ciertos responsables políticos del Ayuntamiento de El Puerto, entre los años 2004 al 2007, concedieron licencias de obras y legalizaron viviendas en zonas donde ninguna de las dos actuaciones serían legales, al tratarse de suelos que, "o no tienen el carácter de urbano o, aún teniéndolo, no han adquirido el derecho a edificar por no haber culminado la tramitación urbanística".
Finalmente, señaló que hasta la fecha han sido imputadas once personas, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial por los presuntos delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.
* Diario de Cádiz - 16.02.10
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), aérea - cope.es
Axarquía: Las cabras de Beltrán pagan el pato
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MÁLAGAHOY* : El Ayuntamiento de Vélez clausura por orden judicial una nave ganadera irregular con sus 130 cabras dentro, en una comarca en la que apenas hay derribos ni clausuras de sus 20.000 viviendas ilegales. Los ecologistas calculan que en la Axarquía existen alrededor de 20.000 viviendas irregulares, que se han construido mediante proyectos de actuación basados en la construcción de casas de apero.
Ante esta presunta ilegalidad masiva, las administraciones han pedido a los municipios que redacten un inventario para buscarles una posible solución. Mientras, sus propietarios disfrutan de ellas a la espera de una regularización. Sin embargo, las 130 cabras de Beltrán González, no han tenido la misma suerte.
Sin previo aviso, según asegura este ganadero veleño, el Juzgado ha precintado su corral por no contar con licencia de obra la nave en la que se encuentran. La pasada semana, por mandato judicial, sus instalaciones fueron clausuradas por la Policía Local y un inspector de Urbanismo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
"En Andalucía no existe precedente de que cierren sin avisar un nave a un ganadero con los animales dentro", denunció el responsable regional de ovino y caprino de la organización agraria COAG, Antonio Rodríguez.
Lo cierto, es que Beltrán, por no tener licencia para la construcción de la nave que tiene en suelo rústico en Cabrilla (Almayate), se ha visto con un precinto que impide sacar a sus cabras y desarrollar su actividad ganadera. La razón por la que la Gerencia de Urbanismo le ha denegado el permiso es que las instalaciones se encuentran a menos de 250 metros cuadrados de otra parcela que tiene una concesión administrativa de minas para un manantial. Ese vecino le ha denunciado y por ello el Juzgado número 2 de Vélez-Málaga le ha cerrado las instalaciones, a pesar de que según dice esta actividad lleva parada desde hace diez años.
"Nos hemos reunido muchas veces con él y hemos tratado de regularizar su situación desde hace un año, pero el problema es que un vecino le ha denunciado", explicó el gerente de Urbanismo, Domingo Poyatos.
Beltrán González decidió hace dos años dedicarse al campo porque le gustaba y porque pensó que era una forma de ganarse la vida. Compró 130 cabras e inició la tramitación para obtener la licencia de obras al tiempo que gestionó una subvención con la Junta de Andalucía. Invirtió algo más de 300.000 euros. Consiguió entonces una "licencia de obra condicionada" que le obligaba a tener un punto de vertido autorizado y la calificación de medio ambiente. Para la primera construyó una depuradora ecológica, e instaló la ventilación adecuada del recinto. La segunda fue denegada por encontrarse a menos de 250 metros de otra finca. "Ese expediente fue archivado y ahora han abierto otro en el juzgado número 2 que sin previo aviso me ha cerrado la nave. Tampoco han tenido en cuenta ni las alegaciones ni la denuncia que yo interpuse a su vez", explicó este ganadero cuyas cabras han quedado cerradas en el interior sin que legalmente puedan ser alimentadas. Sin embargo, el inspector de Urbanismo le ha permitido de manera extraoficial entrar por una puerta trasera para que pueda alimentarlas, ordeñarlas o sacarlas.
"No sólo se trata del dinero que voy a perder, sino que además los animales pueden enfermar al no retirarles la leche", reflexionó Beltrán, quien extrae a diario 60 litros de leche por el que le pagan 3.204 euros. "Es una situación incómoda porque encima podría acabar con la demolición y la retirada de las cabras. Me siento agobiado, no me dan respiro. Tengo la ganadería porque así me gano la vida, qué mal hago", se preguntó Beltrán, quien asegura que "ni siquiera ha podido ver el expediente".
"No se puede permitir que ocurran estas cosas. Este muchacho trabaja en una zona agraria retirada. Ha invertido en dejar las instalaciones limpias para que no dejen residuos y ha apostado por este sector. Es una injusticia", aportó el representante de COAG. El gerente de Urbanismo también lamentó la situación pero reconoció que "legalmente es imposible".
* Málaga Hoy - 16.02.10
Foto: La nave de Almayate precintada por la Policía Local y Urbanismo en la que se guardan 130 cabras. - malagahoy.es
El juez busca responsables políticos en la conselleria por los chalés de Montroy
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LEVANTE/Valencia* : El alcalde socialista de Montroy, Antonio Polo, salió ayer de los juzgados de Picassent imputado por un delito continuado de prevaricación urbanística, omisión del deber de persecución de delitos y desobediencia. El juez buscaba responsables políticos y no sólo en el Ayuntamiento de Montroy, por las construcciones ilegales masivas durante los últimos mandatos.
El delito de desobediencia se debe a que se negó durante un año a remitir a la Fiscalía los expedientes sancionadores solicitados por infracciones urbanísticas.
Los nombres de los cargos de la Conselleria de Medio Ambiente entre 2003 y 2007 centraron también el interrogatorio del juez a Polo y al resto de imputados: un abogado, que declaró por un delito continuado contra la ordenación del territorio y estafa, y la titular de la notaría de Montroy, imputada por delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia.
El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Picassent preguntó insistentemente a los imputados por los nombres de los cargos de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda entre 2003 y 2007, periodo en el que se levantaron mas de 80 chalés en un terreno rústico de Els Mallars, en el término de Montroy, con el aval del Consell al aprobar el PGOU.
También quería saber los nombres de los técnicos del Ayuntamiento de Montroy que certificaron los acuerdos plenarios en los que se aprobó la mortificación urbanística.
Ayer estaba previsto que declarara también como imputado otro notario, que hasta ahora se ha mostrado reticente a colaborar con el juzgado. Ambos notarios habrían dado fe de las escrituras de las viviendas y los terrenos.
De esta forma, ya suman diez los imputados en las diligencias abiertas hace un año por construir en suelo rústico mientras era alcalde Francisco Javier Carrión del PP, también imputado en esta causa desde su detención el pasado 3 de febrero, junto con seis técnicos, constructores y promotores.
Mientras Polo esperaba ayer en el juzgado para declarar, se encontró precisamente con Carrión, quien había acudido a firmar -como está obligado los días 1 y 15 de cada mes-, al encontrarse en libertad provisional "apud acta". Ambos ediles departieron durante más de media hora, ya que el actual alcalde esperó más dos horas a que le llamaran.
Carrión "iba a ganar mucho dinero"
Los tres imputados quedaron ayer en libertad provisional, y sólo al alcalde se le ha impuesto como medida cautelar la retirada del pasaporte. La investigación judicial continúa abierta y bajo el secreto de las actuaciones.
De otro lado, en las diligencias abiertas hace dos años por una denuncia de seis matrimonios ingleses por estafa contra la promotora Morarim SL y la inmobiliaria Zodiac Villas SL, el titular de ésta última ya implicó al ex alcalde Francisco Javier Carrión.
En su declaración, Chris M., imputado junto a los socios de Morarim SL, dos abogados y otro agente inmobiliario, explicó que todos estaban convencidos de que las casas se iban a construir y urbanizar.
El socio de Zodiac Villas insistió hace un año ante el juez en que el antiguo alcalde, Carrión, les transmitió "el optimismo y la certeza" de que se iban a construir las casas en Montroy, ya que "él mismo iba a ganar mucho dinero con la instalación eléctrica".
Reclaman el certificado médico de defunción
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Picassent quiere cerciorarse de que el otro socio de la promotora Morarim SL, Klaus D. S., ha fallecido de verdad y no se trata de una estratagema.
Su chalé en Montroy también fue objeto de registro el pasado 3 de febrero, en su ausencia y en la de su mujer, que se encuentra en Alemania y que se mostró muy compungida por teléfono. No obstante, al juez no le basta con el certificado de fallecimiento emitido por las autoridades alemanas y ha pedido también el certificado médico de defunción. r. l. valencia
* Levante-EMV - 16.02.10
Foto: El alcalde de Montroy, Antonio Polo (derecha), saliendo ayer de los juzgados de Picassent. abelard comes, levante-emv.com
Un millar de eibarreses solicitan protección para la zona de Arrate
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ELCORREO/Guipúzcoa* : El grupo 'Arrateballe' mostraba ayer su preocupación por las obras que Tekniker viene ejecutando en la zona de Erisono. Un malestar apoyado por más de un total de 1.010 firmas que entregaban ayer en Pegora. Más de un millar de documentos que muestran su desconfianza ante el futuro que se proyecta en esta zona de la ciudad.
«Por un lado, es censurable la forma en que el Ayuntamiento ha otorgado a Tekniker la licencia de obras, llamándola 'provisional' aun cuando supone la realización de un movimiento de tierras absolutamente irreversible», explican desde 'Arrateballe bizirik'.
La moción recoge también críticas con respecto a la posible ocupación, para el año 2015, de otros 310.000 metros cuadrados en la zona de Erisono, ya que «ello supondría llegar casi hasta el barrio de Maltzaga y se consumaría una agresión al medio ambiente sin precedentes, desapareciendo Arrateballe tal y como hoy lo conocemos».
La agrupación recuerda la existencias de alternativas como Matsaria I o Ibur Erreka. En los documentos presentados ayer en Pegora se añade también que el Plan General de Ordenación Urbana califica la totalidad de esta zona de Arrate como zona agropecuaria y de campiña. Los componentes de la agrupación señalaban que esta zona se encuentra en la escala más baja en cuanto a nivel de protección de los suelos no urbanizables, siendo susceptible de recalificaciones «que posibilitarían su aprovechamiento para usos como los que Tekniker pretende».
'Arrateballe bizirik' ha presentado esta moción para que se debata en el pleno ordinario que se celebrará el próximo lunes, 22 de febrero. Los componentes de la agrupación realizan un llamamiento a la ciudadanía para acudir a apoyar esta moción a la sesión plenaria.
Una moción que se resume en dos puntos fundamentales. Por un lado, que el Ayuntamiento valore como patrimonio colectivo el suelo rural, la zona de Arrate incluido. Por otro, que los responsables municipales se comprometan a encontrar la fórmula jurídica que garantice a la zona una calificación urbanística para su protección futura, modificándose el Plan Generald e Ordenación Urbana.
El Plan General
Los responsables municipales aseguran que valorarán la moción presentada por 'Arrateballe bizirik' y apoyada por más de mil firmas. Aún así, recuerdan que el Plan General no contempla la ampliación que preocupa a la agrupación. En el documento se recoge y regula la actuación en el espacio que actualmente se está trabajando. Ahora toca estudiar la moción y tomar una decisión al respecto.
El consistorio trabaja para desarrollar el nuevo polo tecnológico, impulsado por el centro eibarrés Tekniker, y que irá ubicado en Erisono. En él tendrán cabida empresas con base tecnológica.
* El Correo.com - 16.02.10
Foto: Componentes del grupo 'Arrateballe Bizirik' ayer en Pegora. :: L. L.., elcorreo.com
El cerebro del 'caso Polop' cobraba a cambio de tolerar obras ilegales
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ELPAÍS/Alicante* : Juan Cano, ex alcalde Polop, del PP, y supuesto autor intelectual del asesinato de su antecesor, Alejandro Ponsoda, cobraba un impuesto a los promotores a cambio de no demoler obras ilegales. El móvil del crimen, según el sumario, fue el urbanismo. Cano fue concejal de Urbanismo del Polop desde 1999 hasta 2003 y desde 2007 hasta el 23 de noviembre pasado cuando fue arrestado por su implicación en el asesinato de Alejandro Ponsoda.
Cano acumuló durante su etapa al frente del urbanismo del municipio un cúmulo de irregulares, la mayoría relacionadas con obras ilegales en suelo rústico. Un elemento común en todos los casos fue que esas obras ilegales fue el pacto tácito entre el promotor y el Consistorio.
Un caso que revela esta práctica de Cano acabó en los juzgados. En 2002, un constructor que responde a las iniciales J. A. B. fue denunciado por el Ayuntamiento por un delito contra la ordenación del territorio, aunque finalmente fue absuelto. Como en muchos otros pueblos de la Comunidad Valenciana, la construcción de casas en suelo no urbanizable acabó provocando conflictos, en este caso porque el promotor se negó a seguir pagando a los políticos. Aunque la juez eliminó del juicio las preguntas relativas al modus operandi de Cano por no ser objeto de la causa, J. A. B. dejó claro que las obras ilegales se pactaban con el Consistorio.En el juicio del Ayuntamiento de Polop contra el promotor J. A. B. fueron citados como testigos como testigos el alcalde asesinado, Alejandro Ponsoda, y el entonces concejal de urbanismo Juan Cano. El proceso consistía en pedir licencia en suelo no urbanizable, pagar las tasas de una licencia que no se podía conceder (en este caso fueron 205.000 pesetas de 2001), recibir después un aviso de paralización de las obras que nunca se ejecutaba y pagar una sanción por infracción urbanística, que para el caso de J. A. B. fue de 986.368 pesetas, esperando luego que pasaran los cuatro años para la prescripción del delito. Sin embargo, nunca se incoaba el expediente de restauración de la legalidad urbanística, que implicaba la demolición del inmueble, dado que no era legalizable, entre otras cosas porque, según reconoció J. A. B. a su abogado, se le pagaba a Cano un "impuesto" de importe similar al de la sanción que se ingresaba en el Consistorio.
Con esta manera de proceder Ponsoda reconoció en el juicio que en 2001, cuando denunciaron a J. A. B. por negarse a seguir pagando, ya se habían realizado en Polop unas 150 obras ilegales. De una actuación similar en el casco urbano se derivó la queja de un constructor al PP por una grabación en la que Cano y Joaquín Montiel Montiel, también concejal y presidente del PP local, le pedían dinero por la obtención de unas licencias. Julio de España, entonces presidente provincial de los populares, consiguió apartarlos de la lista, pero nadie evitó que en 2007 volvieran al consistorio.
Entre 2003 y 2007, ya fuera del Ayuntamiento, Cano siguió haciendo negocios urbanísticos. Sólo de la compra y venta de una parcela en 2005 obtuvo 420.000 euros de plusvalía. Su sustituto al frente del urbanismo polopino, Juan Andrés Lloréns, declaró a la Guardia Civil que entonces Cano "abusaba de su relación con Ponsoda" y que consiguió que para adjudicarle el sector número 8 a la urbanizadora Blauverd, pusiera como condición que la empresa comprara la parcela de Cano y otras dos del concejal Jaime Narbó y su padre por un millón de euros.
En el sumario del caso Polop también figura la declaración voluntaria de un empresario de la jardinería de Callos d'En Sarriá, que elevó una queja al Defensor del Pueblo por entender que había sufrido una extorsión por parte de Cano a principio de 2009. Según explica este empresario que responde a las iniciales I. P. S., Cano le obligó a deducir un 10% del importe de la deuda de 36.823,56 euros que mantenía con él el consistorio desde 2007, utilizando para ello la mediación de un funcionario. I. P. S. aportó la documentación que demostraría que de la cuenta municipal acabaron saliendo los 36.823,56 euros, aunque el empresario sólo cobró 33.141,20.
Son algunos ejemplos de la trama urbanística que tejió Cano y que pretendía engordar. En el registro practicado en el despacho consistorial del entonces alcalde la madrugada del pasado 23 de noviembre, día de su detención, la Guardia Civil encontró unos planos que demuestran que el ex regidor pretendía recalificar más de 1,5 millones de metros en la falda de una montaña. La policía llegó a la conclusión de que las reuniones de Cano con los promotores de los planes pretendían eludir el control urbanístico del Consell. Otra de las líneas de investigación partirá de la gestión de un ingeniero de caminos que llegó a Polop en 1999 con Juan Cano al frente del urbanismo local. Este empleado creó una empresa externa llamada Urbanismo e Ingeniería de la Marina con la que contrataron al menos siete urbanizadores. La policía señala la vinculación de este ingeniero y sus actividades con Cano.
La encargada de esclarecer la trama urbanística será la magistrada del Juzgado número 3 de La Vila, luego de la separación de estas diligencias de las estrictamente relacionadas con el crimen.
* ELPAIS.com - 15.02.10
Foto: Polop (Alicante) - flickr.com
