ELPAÍS* : El paisaje del norte de Madrid tendrá, dentro de una o dos décadas, no cuatro hitos recortándose contra el cielo, sino hasta catorce. Alguno de ellos superará en quince plantas a las torres del Real Madrid. Serán los rascacielos de la Operación Chamartín, como se ha dado en llamar la Operación Prolongación de la Castellana de Madrid. El Ayuntamiento prevé aprobar en el pleno de este mes el plan parcial, que es tanto como describir el diseño de este nuevo barrio de Madrid con el que se agota y maciza el territorio por el norte. Crecerá en torno a 2,6 nuevos kilómetros al norte de la Castellana, la arteria que divide Madrid de norte a sur, sobre 312 hectáreas, el mismo tamaño que todo el barrio de Ventas. La dimensión, ubicación y equipamiento de este desarrollo estrella le equipara con otros similares europeos, como el de La Défense de París, al que triplica en suelo bruto.
Y si el distrito de negocios La Défense lleva 40 años gestándose, aquí tampoco falta antigüedad.
El acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y el Ministerio, que han permitido en esta ocasión sacar adelante este proyecto iniciado en 1993, no es el primero, aunque parece el definitivo. En el gráfico pueden verse las viviendas proyectadas: 17.000, de las que 4.000 serán protegidas; los más de 500.000 metros de zonas verdes y de equipamientos, además de 165.000 para hoteles, y otros tantos para centros de negocio que competirán con las Cuatro Torres.
José María Ezquiaga, director del equipo de arquitectos redactor del plan parcial, destaca cuatro grandes diferencias respecto a versiones anteriores que, a la vez, definen el modelo de ciudad. "En primer lugar, gravita sobre el transporte público. Los edificios de oficinas rodean en forma de racimos las estaciones de metro y tren, con lo que se garantiza que quienes trabajen allí puedan acceder por transporte público. El 76% de la población estará a menos de 300 metros de la estación".
En segundo lugar, destaca la conectividad con los barrios del entorno: "Es respetuoso con el antiguo pueblo de Fuencarral, tiende puentes con él y el barrio de Las Tablas, que se diseñó dando la espalda al tren. Elimina barreras mediante túneles y puentes, y conecta incluso la Isla de Chamartín". El soterramiento de la playa de vías del tren (60 hectáreas) no es la única herida del tejido urbano que se cierra, si bien esta miniciudad que podría acoger 50.000 habitantes no será una nueva vía de penetración a Madrid desde la M-40 por el Norte.
El tercer elemento diferenciador es la vivienda protegida. Serán 4.000, más de las obligatorias, lo que supone renunciar a plusvalías por parte de Adif. El mayor propietario de suelo es esta sociedad pública heredera de Renfe. El Ministerio de Fomento, de quien depende prevé ir ampliando por fases la nueva estación que financiará con cargo a estos aprovechamientos urbanísticos liberados que le correspondan por el convenio acordado con la sociedad concesionaria Duch (Desarrollos Urbanísticos Chamartín).
Coyuntura desfavorable
Duch es una entidad privada constituida por el BBVA (72,5%) y Constructora San José (27,5%) que asume los costes de tramitación urbanística, la urbanización y el pago de las infraestructuras -metro incluido-, que dan servicio al resto de la ciudad.
La cuarta diferencia que subraya Ezquiaga es la ecológica. Cuando se acaben las viviendas -en torno a 2020- habrán entrado en vigor nuevas normas comunitarias exigentes en ahorro energético de los edificios, tendente al autoconsumo. Se contempla la posibilidad de que calefacción y refrigeración se centralicen por áreas y también el reciclaje del agua.
"Es una operación comparable solo con otras de grandes dimensiones, como la intervención en la zona central de los Docklands en Londres o La Défense de París. Su valor diferencial es la accesibilidad, por su ubicación estratégica respecto al área metropolitana", indica Ezquiaga. Para el arquitecto prolongar el centro urbano supone "aprovechar la ciudad, el transporte público y combatir la dispersión territorial, que es enemiga del buen urbanismo. Y en Madrid las grandes instituciones terciarias se van por falta de oferta de calidad y tamaño".
La densidad de edificación fijada en 1,05 m2/m2 -semejante al tramo anterior de La Castellana hasta el nudo norte- se modificó al alza igual que varias normativos, para que pueda autofinanciarse. Es decir, que las promociones paguen las infraestructuras que no asumen los particulares. En total la operación prevé unos 4.300 millones en este capítulo y unos 6.800 a invertir en edificación. Antes de cinco años debería acometerse el soterramiento de las vías del tren y el trazado de la Nueva Castellana, obras que no se pueden hacer por tramos y requerirán un importante desembolso. Por lo que se refiere a tramitación, Duch tiene que delimitar las unidades de ejecución, crear la junta o juntas de compensación y acometer el complejo proyecto de urbanización.
Este escenario futuro choca con la realidad. El sociólogo Jesús Leal alerta de que hay suelo vacante calificado para 90 años. A Chamartín le salvaría su excelente ubicación, pero el mercado está ausente. Un experto en suelo se lamenta de que han hecho los números con parámetros del pasado boom. "La operación se basaba en que los ingresos por el aprovechamiento lucrativo, viviendas, oficinas y comercios, absorbería el coste de las infraestructuras pero todo ha bajado un 50%".
En los barrios vecinos de Monte Carmelo o Las Tablas el metro cuadrado de suelo edificable que se vendía en 2.500 euros en 2005 y 2006, bajó a 1.000 en 2008. Y en la Prolongación de la Castellana se cerraron operaciones a 1.000 euros un metro cuadrado de suelo cuando ahora se ofrece por 200. No está nada claro la viabilidad para el resto de promotores privados que tendrán que afrontar un elevado coste de urbanización, si lo explotan de forma directa.
En cuanto a los inversores extranjeros, Cristina Calvo Ortega, socia del despacho jurídico Ashurst, explica que, hoy por hoy, apuestan por activos con inquilinos y descartan invertir en suelos o en promoción sin financiación. No ayudará nada que los reversionistas, según Antonio Vázquez de la Asociación No Abuso, están pendientes de un recurso de casación ante el Supremo. El tribunal empleará, al menos, dos años, que, como dice el tango, "no es nada", cuando de tramitación urbanística se trata.
* El País - 16.02.11
Foto: Así quedará la Castellana una vez se lleve a cabo la Operación Chamartín.- elpais
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ELPAÍS/Pontevedra* : Al día siguiente de poner fin a su primera etapa en la Xunta, en enero de 2004, el ahora jefe territorial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Pontevedra fichó para una empresa a la que adjudicó obras, en su calidad de delegado provincial de las consellerías de Medio Ambiente y de Agricultura. Antes de recorrer al menos 13 sociedades relacionadas con Sedesa, grupo que aparece implicado en el sumario del caso Gürtel por presunta financiación ilegal del Partido Popular, José Luis Díez Yáñez fichó por Ploder Uicesa, también tocada por las ramificaciones de la Gürtel. A ella adjudicó al menos dos contratos: el primero, en octubre de 1987, y el segundo, en septiembre de 2001 y en UTE con Audeca, por 64,92 y 25,38 millones de pesetas, respectivamente.
Díez Yáñez dejó la Administración autonómica el 14 de enero de 2004, después de haber pasado por dos delegaciones provinciales y por la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. El 15 de enero, fichó por Ploder Uicesa, a la que había adjudicado un concurso para el sellado del vertedero de O Saviñao y una red de caminos de servicios y obras en una zona de concentración parcelaria de Cerdedo. En Ploder permaneció hasta el 17 de febrero de 2005, cuando inició su periplo por las compañías de Sedesa. Como representante de este grupo, el ahora responsable de Urbanismo en Pontevedra presentó un contencioso contra el Ayuntamiento de Sanxenxo para reclamar 4,8 millones de euros, como consecuencia de un polémico acuerdo firmado dos semanas antes de que Telmo Martín dejara la alcaldía.
Ploder Uicesa, que acabó en quiebra, está relacionada de forma indirecta con la Gürtel, por la adjudicación de obras millonarias por Administraciones del PP. La más relevante, la construcción y explotación de un hospital de Vallecas que se adjudicó en unión con el imputado José Luis Ulibarri. Ploder estaba presidida por el suegro del entonces concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herráez. El sumario del caso Gürtel desvela que la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid, presidida por Herráez, amañó un contrato en 2004 de 153.000 euros a la empresa Special Events, de Francisco Correa. Herráez también mantuvo negocios con Francisco Bravo, un polémico constructor relacionado con el tamayazo.
El nombramiento de Díez Yáñez fue debatido ayer en el Parlamento, donde el secretario general de la consellería, José Antonio Fernández, apeló a la ley de incompatibilidades para avalar las actividades privadas del jefe territorial. "Presentó un escrito que demuestra que causó baja
con anterioridad al ingreso", afirmó, para concluir: "Por tanto, no hubo incompatibilidad". Preguntado por el diputado socialista José Manuel Lage sobre la ética del nombramiento, el portavoz de la consellería replicó: "Las normas éticas ya están incluidas en las de incompatibilidades, y a ellas hay que remitirse, no yendo más allá".
La compatibilidad de Díez Yáñez con su reingreso en la Xunta está también plagada de incógnitas. El ahora jefe territorial regresó a la Administración gallega el 7 de junio de 2010, pero no firmó el acta de renuncia a sus poderes en las empresas de Sedesa hasta el 2 de agosto, ni consta que formulara solicitud de compatibilidad alguna, según confirmaron fuentes de la consellería que dirige Agustín Hernández. La ley de incompatibilidades exige a los funcionarios un reconocimiento previo de compatibilidad para ejercer cualquier actividad privada, que en ningún caso puede estar relacionada con su departamento. Antes de ser nombrado jefe territorial, entre junio y agosto pasado, Díez Yáñez permaneció como funcionario en la Consellería de Presidencia. Su nombre todavía figura en el registro mercantil como apoderado de Mirador de Zapateira, del grupo Sedesa.
El anterior delegado abandonó el cargo "ante las suspicacias"
El antecesor de Díez Yáñez en la jefatura provincial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Evaristo Juncal, mantuvo negocios con testaferros de narcotraficantes, levantó un chalé ilegal y permaneció 24 años sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles. Pero la consellería solo lo destituyó "para evitar suspicacias", según afirmó ayer en comisión parlamentaria el secretario general de la Consellería, José Antonio Fernández.
En su comparecencia para explicar los negocios privados de Juncal y Díez Yáñez, el representante de Medio Ambiente evitó hablar de cese. "Fue la no prórroga de una comisión de servicios para evitar suspicacias", manifestó, por la "existencia de vínculos entre su negocio y su actividad pública". Fernández rebajó al máximo las competencias del jefe territorial, al asegurar que "no tiene facultades resolutorias". El cargo de jefe territorial de la consellería de Agustín Hernández lleva aparejadas competencias en Urbanismo como la presidencia de la Comisión Provincial de Vivienda y del Instituto Galego de Vivenda e Solo. Díez Yáñez fue de hecho el instructor del recurso presentado por la empresa del exalcalde de Sanxenxo Telmo Martín, Construcuatro, contra la sanción por cobrar sobreprecios en viviendas protegidas de Navia, en Vigo.
El secretario general de Medio Ambiente negó "incompatibilidades" de Juncal, ya que se le aplica la ley que afecta a los funcionarios, no a los altos cargos. El socialista José Manuel Lage, autor de la pregunta parlamentaria, se preguntó si "la ética que pregona [el presidente de la Xunta] Feijóo es compatible" con las "suspicacias". Lage acusó a Hernández de "poner a los zorros a cuidar de las ovejas".
* El País - 17.02.11
Foto: Santiago, Xunta Galicia - skycrapercity
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ELDÍA/Tenerife* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Güímar tomará declaración al alcalde del municipio, Rafael Yanes, y a la exconcejal Sonia Fernández el próximo día 23 en calidad de imputados en el marco del proceso abierto por una presunta infracción urbanística en la que pudo incurrir el aparejador municipal al construir su vivienda, la cual está en proceso de legalización en aplicación del Plan General de Ordenación (PGO), vigente desde el año 2007. Hace más de 16 años que comenzó este expediente urbanístico, cuando, siendo Víctor Pérez alcalde, el funcionario afectado adquirió el inmueble en el que realizó obras con una licencia municipal, siendo dichos trabajos objeto de una denuncia por parte de un particular, comprobándose que los mismos no se ajustaban a lo autorizado. Así lo explicó Rigoberto González, exalcalde de Güímar, quien ya compareció ante su señoría por este mismo asunto en calidad de imputado.
El exregente aseguró que, siendo alcalde, paralizó la construcción mediante el decreto correspondiente, permitiéndole posteriormente reanudarla "en la parte que estaba amparada por la licencia"; sin embargo, "volvió a incumplir y, nuevamente, fue denunciado y cesaron los trabajos". Ahí concluyó la parte de este expediente correspondiente a la gestión de Rigoberto González.
Un vez entró en vigor el Plan General de Ordenación, el afectado solicitó la legalización de la construcción, comprobándose que debía demoler parte del ático al objeto de ajustarla al planeamiento, por lo que le sería concedida la licencia de primera ocupación.
Rigoberto González aclaró que "por este asunto hemos pasado por el juzgado media humanidad", refiriéndose con ello a que la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Güímar ha tomado declaración no solo a representantes políticos, sino a funcionarios.
Por su parte, Rafael Yanes informó ayer de que abrió un expediente informativo para esclarecer las circunstancias por las que su nombre figura en la relación de "concejales de Urbanismo con competencia en Disciplina Urbanística" desde el año 2000 solicitada por el juzgado. Ayer entregó al mismo una certificación oficial en la que se afirma que "se ha detectado un error" en la misma, haciendo constar que el actual alcalde "nunca ha sido responsable del área de Urbanismo, con competencia en Disciplina Urbanística". En dicho documento se aclara que "por error" se incorporó en la relación el decreto 1305/1999, de 08 de julio, que se correspondía con "la delegación de competencias en materia de Ordenación del Territorio" a favor de Rafael Yanes, pero específicamente para iniciar los trabajos del Plan General de Ordenación.
* El Día - 17.02.11
Foto: Güímar (Tenerife)- webtenerife
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LAVOZ/Lugo* : Al pie de una recta en la N-634 en Barreiros, en la fachada de un edificio impecable, cuelga doblada, como abandonada y solo sujeta por un extremo, una pancarta de lona en la que con grandes caracteres se indica que hay pisos a la venta. Los coches pasan; ninguno se detiene. Es la metáfora de Barreiros. En el año 2006, cuando el municipio se proyectaba como el Sanxenxo del norte de Galicia, pocos podían prever que cinco años después casi no se iba a mover un ladrillo. Aquel año, la Xunta anticipó varios meses en Barreiros el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, con una intervención que tuvo efectos demoledores. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de sentenciar que la actuación fue correcta y que las normas provisionales que se dictaron en el año 2007, y que prácticamente impiden volver a hacer edificios, deben seguir en vigor en tanto no se apruebe un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal.
En la recta de San Miguel, en las otrora codiciadas huertas y fincas, se levantan esqueletos de edificios con el ladrillo a la vista. No se ve a un obrero. Las grúas están paradas. En los pocas promociones concluidas no hay movimiento; las persianas están bajadas y si se alcanza a ver tras alguna cristalera se observan las paredes nítidas y las habitaciones sin muebles. «Nas oficinas de venta xa non hai ninguén, porque os construtores teñen as mans atadas ata que se resolvan os contenciosos. Non teñen marxe para subir ou baixar prezos, non poden facer nada», explicó el responsable de una inmobiliaria. De las cinco que había hace años en Barreiros, ahora solo queda una.
Negocio redondo
En el 2006, las promociones llegaban a venderse enteras sobre plano. El negocio era redondo para todos. Bastaba con pagar la entrada y sentarse a esperar, a revender incluso antes de que el edificio se iniciase. Pero la intervención de la Xunta dio al traste con todo eso.
Presentó contenciosos solicitando la anulación de las licencias y la Justicia ordenó la paralización cautelar de las obras. Muchas no se iniciaron y quizás ya no lo hagan tampoco. «Aínda que a Xunta retire agora os contenciosos, non se van facer 3.000 pisos. Non hai bancos dispostos a poñer os cartos. Con que se remate o que está comezado e se venda o que hai feito xa sería moito», opina el titular de una inmobiliaria.
Constructores asfixiados
José Pulpeiro lleva toda la vida haciendo edificios en A Mariña. Heredó la profesión de su padre y se la ha inculcado también a sus hijos. «A anterior Xunta cebouse con Barreiros. Eu tiña unha finca e unha licenza en San Pedro, con todo pagado. Ía empezar a edificar e mandáronnos parar. Levo 220 millóns de pesetas investidos alí», explica. Pulpeiro no es demasiado optimista: «Hai moitos construtores totalmente asfixiados. ¿Como aguantan? Supoño que moito xa é dos bancos».
Barreiros fue un pozo de ambiciones y hoy sigue pagando las consecuencias. Abocados a un túnel sin salida, constructores, Xunta, Concello y Diputación están poniendo de su parte para buscar una solución, que básicamente parece pasar por retirar los contenciosos. Eso enerva a parte del PSOE y del BNG. En este contexto, el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no es más que otra piedra en ese camino, a la espera de si se depuran o archivan las diligencias abiertas contra el gobierno local de Barreiros por la concesión de licencias.
* La Voz de Galicia - 16.02.11
Foto: Barreiros (Lugo) - mma
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20MINUTOS/Reportaje* : Los niveles de contaminación que padecen nuestras principales ciudades están empezando a resultar difícilmente soportables. Y la situación se agrava cuando, como ocurrió la semana pasada, se suceden varios días anticiclónicos, con escasas lluvias y poco viento. Aparecen entonces las famosas "boinas", las grandes urbes como Madrid o Barcelona se vuelven irrespirables, las alertas se disparan y resurge la polémica... Hasta que un poco de agua (como la anunciada a partir de este domingo para la capital de España, por ejemplo) apacigua la situación y el tema queda aparcado de nuevo. La contaminación atmosférica provoca actualmente unas 370.000 muertes prematuras en la UE, 16.000 en España, según datos de la Comisión Europea. Sin embargo, hincarle el diente a una de las principales causas del problema, el imparable incremento del tráfico rodado en las ciudades, no parece fácil. En una sociedad en la que el coche se ha vuelto intocable, las poco electoralistas apuestas por otros medios de transporte más ecológicos (bicicleta, vehículos eléctricos), o por restringir o encarecer la circulación, siguen lejos de la agenda real de los grandes ayuntamientos.
Y la crisis, con el consiguiente miedo a aumentar cualquier tipo de impuesto o a dañar al comercio, no alienta precisamente las iniciativas más osadas.
Los ciudadanos, por su parte, tampoco están por la labor: Según señala el estudio Ciudadanía y conciencia medioambiental en España, publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas en 2010, sólo el 10% de los españoles se muestra dispuesto a usar menos el automóvil por cuestiones ambientales, frente al 17% de media de la UE.
¿En qué consiste exactamente la polución que envenena nuestros cielos? ¿Cuáles son sus efectos para la salud? ¿Qué dice la Ley? ¿Cómo ha sido la controversia, política y medioambiental, creada por la situación crítica de estos días? ¿Qué soluciones se proponen, y qué medidas han adoptado ya otras ciudades europeas? Estas son las claves de un fenómeno propio de las sociedades urbanas e industrializadas al que, sin embargo, no habría por qué resignarse.
¿Qué es la contaminación del aire?
El aire que compone la atmósfera, la capa que envuelve la Tierra, está formado por una veintena de gases en proporciones constantes. Cuando, debido fundamentalmente a la actividad del hombre, se alteran las proporciones naturales de esos gases o se detectan sustancias ajenas a las de la propia composición atmosférica, se contamina y degrada la calidad del aire, en ocasiones, en niveles superiores a lo tolerable para la salud.
La Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, en vigor desde el 16 de noviembre de 2007, define la contaminación del aire como "la presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o la salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza".
¿Qué la provoca?
Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones residenciales, y que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes.
¿Qué efecto tiene sobre la salud?
En España, la contaminación del aire causa 16.000 muertes anuales prematuras (370.000 en toda la Unión Europea), según datos de la Comisión Europea sobre Medio Ambiente. Otro informe, el del II Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente 2010, realizado por la Fundación Ecológica y Desarrollo (ECODES) y DKV Seguros, señala que unas 300.000 personas podrían fallecer en Europa cada año a causa de la contaminación atmosférica.
Los médicos indican que para las personas sanas, sin ningún síntoma respiratorio, las concentraciones excesivas de elementos contaminantes en el aire no representan un riesgo inmediato, aunque sí pueden tener efectos a largo plazo. Sin embargo, las personas que sufren alergias, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) u otras enfermedades respiratorias, así como niños y ancianos, son grupos especialmente sensibles.
Según la directiva de la UE al respecto, las partículas contaminantes emitidas por la industria, el tráfico y la calefacción doméstica contribuyen a desarrollar problemas de asma, deficiencias cardiovasculares, cáncer de pulmón y muertes prematuras. La misma UE señala que el ciudadano europeo pierde de media ocho meses de esperanza de vida como consecuencia de la presencia en el aire de partículas tóxicas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de dos millones de personas mueren al año por la contaminación del aire (datos de 2006). Para la ONG Ecologistas en Acción, los episodios graves de contaminación que se mantienen durante varios días pueden aumentar la mortalidad hasta en un 5%.
¿A cuántos afecta?
Teniendo como referencia las limitaciones establecidas por la UE, 16 millones de españoles respiran aire contaminado. Esta cifra se elevaría a 37 millones si se aplican los parámetros de la OMS.
El último informe del Observatorio de la Sostenibilidad (OSE), publicado en febrero de 2008 con datos de 2005, señala que las ciudades con más de 500.000 habitantes rebasaron sistemáticamente ese año los límites de contaminantes.
Trece ciudades españolas, encabezadas por Alcorcón, Madrid, Getafe, Barcelona y Valencia, presentaron concentraciones medias anuales de NO2 superiores a las fijadas para 2010, y el 75,7% incumplía el límite diario en partículas en suspensión.
España, donde tres de cada cuatro ciudadanos respiran aire contaminado, dedica 16.839 millones de euros a afrontar los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica, según el citado informe del OSE.
¿Qué leyes hay al respecto?
En general, la Constitución establece en su artículo 45 que "todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo".
Más concretamente, la mencionada Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera regula desde 2007 las actividades potencialmente contaminadoras y establece máximos para la emisión de gases.
A finales del mes pasado, el Gobierno aprobó dos decretos relativos a la normativa sobre contaminación. El primero revisa los límites legales de contaminantes en el aire y las medidas a adoptar para cumplirlos, y el segundo actualiza –con más de dos años de retraso sobre las previsiones de la Ley– la relación de actividades emisoras de contaminantes a la atmósfera y las medidas de control sobre las mismas.
¿Cuáles son las sustancias contaminantes y cómo están reguladas?
La relación de materias contaminantes es muy amplia, pero, por su relevancia y toxicidad, destacan, las siguientes:
* Partículas en suspensión (PM). Son sustancias sólidas y líquidas, orgánicas e inorgánicas, compuestas por nitratos, sulfatos, amoniaco, carbón, agua, cloruro sódico y polvo de minerales que, o bien se emiten a la atmósfera tras el uso de combustibles en hogares, actividades industriales o motores de combustión, o bien se transforman en el aire debido a reacciones químicas. Según su diámetro, se clasifican en PM10 (diámetro menor de 10µg (microgramos) y PM2,5 (menor de 2,5µg). Las PM2,5 son las más peligrosas, ya que una vez inhaladas, pueden entrar en el flujo sanguíneo y derivar en enfermedades que pueden ser mortales, informa la agencia Efe.
El Decreto de 2002, adaptado a la Directiva de 1999, establece que el valor límite diario de las PM10 será de 50 µg/m3, y que éste no podrá superarse en más de 35 ocasiones al año, mientras que el valor límite anual será de 40µg/m3. Las PM2,5 se incluyen, por primera vez, en la Directiva aprobada por el Consejo de Europa en abril de 2008, que obliga a reducir un 20% para 2020 la exposición a esas partículas en las zonas urbanas con respecto a los niveles de 2010.
* Monóxido de Carbono (CO). Es un gas incoloro e inodoro, resultado de la combustión incompleta del carbón, la gasolina, la madera, etc. Es altamente tóxico, ya que dificulta la distribución del oxígeno en la sangre. El Decreto de 2002, adaptado a la Directiva de 2000, establece un valor límite de 10µg/m3 como media de ocho horas máximas en un día.
* Ozono (O3). De color azulado y olor fuerte, es altamente tóxico y se encuentra como contaminante de la troposfera. El Real Decreto de 2003 fija el nivel en 120µg/m3, una marca que no deberá superarse más de 25 días por año de promedio, en un periodo de 3 años.
* Dióxido de Nitrógeno (NO2). Es de color rojizo, venenoso y corrosivo. Su principal fuente de emisión procede de la quema de combustibles a altas temperaturas. Es el principal responsable de la "boina" en las ciudades y provoca inflamación en las vías respiratorias. El Real Decreto de 2002 establece el límite en 40µg/m3 de media anual y 200 µg/m3 de media en una hora, que no podrá superarse en más de 18 ocasiones por año.
* Dióxido de Azufre (SO2). Gas incoloro, se produce por la combustión de carbón y petróleo. Provoca irritación de las vías respiratorias y puede alterar la función pulmonar. El Decreto de 2002 establece un límite de 359µg/m3; se fija el valor límite diario en 125µg/m3, que no podrá superarse en más de 3 ocasiones por año, y el umbral de alerta en 500µg/m3 durante tres horas consecutivas.
¿Qué suponen los nuevos decretos aprobados por el Gobierno?
Según el Gobierno, estos decretos endurecen la legislación, ya que obligan al Ejecutivo a elaborar un plan nacional de lucha contra la contaminación, con medidas, calendarios y objetivos concretos, que servirá de pauta para los que aprueben las comunidades autónomas y las entidades locales que miden la calidad de su aire.
El Gobierno destaca asimismo que se va a prestar especial atención a las partículas en suspensión PM2,5, relacionadas con el aumento de la mortalidad y los ingresos hospitalarios, y que España se va a adelantar al resto de países de la UE al incluir el control de otro contaminante, el amoniaco (NH3).
Para Ecologistas en Acción, sin embargo, los nuevos decretos aumentan los límites de partículas permitidos y posibilitan niveles de contaminación atmosférica nocivos para la salud pública, en algunos casos muy por encima de los estándares recomendados por la OMS. En este sentido, destacan que el valor límite diario de dióxido de azufre es seis veces superior a la recomendación de la OMS, los valores límite anuales de partículas PM10 y PM2,5 duplican los recomendados por la OMS, y el valor objetivo de ozono es un 20% superior al de la Guía de la OMS.
Añaden que, en el caso de las partículas PM10, se va a derogar el valor límite anual establecido para 2010 de 20 μg/m3 (microgramos por metro cúbico), manteniendo el mucho más permisivo establecido para 2005 (40 μg/m3). Respecto al valor límite diario para este contaminante (50 μg/m3), la normativa en vigor permitía que se superara un máximo de 7 días en el año 2010, que ahora se elevará a 35 días al año, cuando la recomendación de la OMS es que no se rebase más de 3 días al año.
¿Qué dice la normativa europea?
La directiva europea de Calidad del Aire establece que desde 2005 deben respetarse unos niveles máximos de exposición a las partículas PM10 de 40 microgramos por metro cúbico anuales, con un máximo diario de 50 microgramos, que no puede superarse más de 35 veces en el conjunto del año.
¿La estamos cumpliendo?
No. El Tribunal de Justicia de la UE ha comenzado a tramitar una denuncia contra España, formulada por la Comisión Europea el pasado 24 de noviembre, por no respetar los límites máximos de micropartículas gruesas en suspensión en el aire (las PM10) en diferentes zonas del país, ni adoptar medidas efectivas para reducir esos niveles de contaminación.
Madrid, Barcelona y otras zonas industriales españolas solicitaron una moratoria para cumplir esas exigencias, pero la Comisión Europea rechazó ambas solicitudes por estimar que los planes para mejorar la calidad del aire propuestos no eran suficientes para garantizar el objetivo previsto. El Ejecutivo comunitario sólo concedió la moratoria a la zona de Puertollano, en Castilla-La Mancha.
La Comisión Europea envió su último aviso por escrito a España a comienzos de 2010, y le advirtió de que, de continuar con el incumplimiento, el siguiente paso sería la denuncia ante el Tribunal de Justicia comunitario.
Por lo pronto, la Fiscalía española de Medio Ambiente ha abierto una investigación para determinar si las grandes ciudades de nuestro país están cumpliendo o no la directiva europea de Calidad del Aire, para lo cual ha pedido información detallada de sus niveles de contaminación atmosférica y de las medidas que están tomando para combatirlos.
¿Vamos a mejor o a peor?
Los niveles de contaminación en las grandes ciudades españolas se van reduciendo año tras año, pero demasiado lentamente, dada la magnitud del problema.
Según el Informe sobre la calidad del aire en el Estado español durante 2009, realizado por Ecologistas en Acción, al igual que en 2008, durante 2009 se apreció una reducción de la contaminación con respecto a años precedentes. No obstante, el informe, elaborado con los datos que facilitan las Administraciones autonómicas a partir de sus redes de medición de la contaminación, indica que esta reducción se debe más a razones coyunturales que por la aplicación de medidas orientadas a reducir esta polución.
Así, entre las causas de esta bajada destacan, según la ONG, la reducción de la movilidad originada por la crisis (el consumo de combustibles de automoción bajó un 5,1% en 2009); la disminución del consumo eléctrico también por la crisis, lo que conllevó un menor funcionamiento de las centrales térmicas (13% menos); una meteorología más inestable que en años precedentes (lo que favorece la dispersión de contaminantes); y por último, ciertos cambios en el parque automovilístico hacia vehículos más pequeños y eficientes y, por tanto, menos contaminadores (en 2009 se incrementó la venta de estos vehículos un 42%, mientras que descendieron todos los demás tipos y también el número total de coches, en un 18% con respecto a 2008).
En cualquier caso, la organización ecologista subraya que las superaciones de los límites legales se vienen repitiendo de forma sistemática en los últimos años, que la información al ciudadano no es adecuada, y que los planes de Mejora de la Calidad del Aire, obligatorios según la legislación vigente, en muchos casos no existen, y en otros apenas tienen efectividad.
¿Por qué ha habido niveles tan altos de contaminación estos días?
A lo largo de la semana pasada se instaló en nuestro país un anticiclón que se prolongó hasta el fin de semana. Los anticiclones, al no llevar viento, provocan una tapadera que impide que el aire de las capas bajas de la atmósfera vaya hacia arriba y haya ventilación. El resultado es la llamada "boina", una gran nube de polución y humos formada por dióxidos de nitrógeno, de azúfre y partículas en suspensión, que cubre las ciudades más castigadas por la polución, como Madrid y Barcelona.
¿Qué niveles llegaron a alcanzarse?
Madrid padeció el martes y el miércoles concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) superiores a los 60 microgramos por metro cúbico, y en zonas concretas del sur de la Comunidad se rebasaron los 100 ug/m3.
En menos de dos meses, dos estaciones de medición del centro de Madrid, la de la plaza Fernández Ladreda, en Carabanchel, y la de Ramón y Cajal, en Chamartín, ya han superado el valor límite legal para todo el año de NO2. La directiva europea permite un máximo de 18 superaciones (en una hora) de los 200 microgramos por metro cúbico en un año. El pasado día 8 Fernández Ladreda sumaba ya 21 y Ramón y Cajal, 19.
Barcelona, por su parte, registró el pasado jueves picos máximos de polución que duplican y hasta triplican las medias anuales de dióxido de nitrógeno. Los registros más elevados se daban en las zonas de Gràcia- Sant Gervasi y Montcada i Reixac, donde se midieron más de 120 microgramos por m3 de NO2. Pese a todo, no se rebasó el nivel de alerta (200 en una hora).
¿Qué reacciones ha habido en Madrid?
El Ayuntamiento de Madrid hizo, con poco éxito, un llamamiento a los ciudadanos para que dejasen el coche en casa y utilizasen el transporte público. No obstante, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, sostiene que la contaminación que ha registrado estos días la capital se consideraba "normal" hace cinco años y está "muy lejos de los niveles de alerta", ya que actualmente los ayuntamientos han puesto el nivel de exigencia "extraordinariamente alto".
Ruiz-Gallardón (PP) pidió al Gobierno socialista que no siga bonificando los coches diesel, los más contaminantes, y le acusó de "cargar" contra el Ayuntamiento madrileño por la cercanía de las elecciones municipales de mayo, haciéndolo ahora a cuenta de la contaminación, a pesar de que el Ejecutivo "no adopta en esta materia las medidas que debería".
Mientras, el Consistorio ha sido acusado de maquillar los resultados de los medidores de contaminación, al situar algunas estaciones en zonas verdes, como la Casa de Campo.
En noviembre del año pasado el alcalde de la capital anunció que se cortaría el tráfico en el centro, pero no antes de los próximos comicios. Para Ruiz-Gallardón, en tiempos de crisis, limitar el acceso a Madrid del millón de personas que se desplazan diariamente con sus vehículos a la capital dañaría la ciudad y a sus comerciantes.
La mayor polémica, no obstante, la provocó la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, al afirmar que "nunca es un tema sanitario, sino una cuestión medioambiental. Estamos lejísimos de una alerta, que nunca se va a producir. Estamos un momento en el que la gente está deprimida por el paro. Eso asfixia más".
¿Y en Barcelona?
La directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat, Assumpta Farran, señaló también que la contaminación de Cataluña es ahora menor que hace cinco años, y pidió que no se haga "alarmismo".
Pese a que los niveles de polución en Barcelona no son tan altos como en Madrid, la situación creada por el anticiclón de estos días llevó a las autoridades a mantener la controvertida limitación de la velocidad a 80 Km/h en los accesos a la capital catalana.
En cualquier caso, el Ayuntamiento barcelonés, que preside el socialista Jordi Hereu, ha indicado que no piensa limitar el tráfico en la ciudad, y la concejala de Medio Ambiente (Imma Mayor, de ICV), ha descartado restringir el acceso de vehículos.
El Ayuntamiento de Barcelona está negociando con los partidos de la oposición el llamado Plan de Energía, que contempla 70 medidas para reducir la contaminación en la ciudad.
Algunas declaraciones sobre el problema
* Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente: "El Gobierno no quiere cobrar más impuestos por la mala calidad del aire. La respuesta y la solución a la contaminación no está sólo en la fiscalidad".
* Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, en RNE: "Hay que apostar por el transporte público en detrimento del transporte privado y por una descentralización de la vida en la ciudad. Hay que sacar las Administraciones a la periferia. No pueden llegar 4 millones de madrileños todos los días a Madrid a hacer gestiones, trabajar o comprar. No se pueden hacer carreteras más anchas sino usarlas menos".
* Pere Navarro, director general de Tráfico: "En todos los debates que se están produciendo a nivel europeo sobre tráfico hay dos palabras claves: limpio y seguro. El camino lo estamos haciendo, pero los indicadores nos dicen que no es suficiente, que hay que ir más allá".
* Antonio Serrano, catedrático de Ordenación del Territorio y numero dos del Ministerio de Medio Ambiente con Cristina Narbona, en El País: "Hablamos con 40.000 alcaldes a los que les pedíamos que limitaran el tráfico. La mayoría decía que sabían que había que hacerlo, pero que mejor después de las elecciones".
* Juan Ruiz Manzano, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR): "Está demostrado que con los picos altos de contaminación hay una mayor cantidad de recaídas, ingresos (tanto a urgencias como admisiones en los hospitales) y una mayor mortalidad en pacientes crónicos, ya que los pulmones están expuestos al aire que respiramos".
¿Qué posibles soluciones hay?
Las soluciones más eficaces al problema de la contaminación en las grandes ciudades pasan por reducir los efectos del tráfico de automóviles. Antonio Cerrillo concreta en La Vanguardia algunas de las opciones básicas:
* Cambiar el parque de vehículos. La sustitución de los vehículos de motor de gasolina por vehículos diesel ha llenado las ciudades de coches sucios, que emiten menos CO2, pero más más partículas y más NO2.
* Reducir el tráfico. Más del 80% de los contaminantes proviene de los coches. Según el Centro de Investigación de Epidemiología Ambiental, la reducción debería ser de al menos un 30%.
* Cambiar los valores. Más y mejor transporte público, más caminar en trayectos cortos, más bicicletas, más zonas peatonales, más espacios verdes. Los avances tecnológicos en los coches no bastan. Barcelona, según indica el mencionado artículo, tiene 6.000 vehículos por Km2; Londres, 1.400.
* Limitar las congestiones. Reducir los atascos en las vías de entrada a las grandes ciudades, combinando la mejora de las vías con los límites de velocidad, y estableciendo los llamados carriles de alta ocupación (restringidos a coches que estén ocupados por un mínimo de tres pasajeros).
¿Cómo combaten la contaminación otras ciudades europeas?
Cerrar al tráfico el centro urbano cuando suben los niveles de contaminación, impulsar el uso de la bicicleta y del vehículo eléctrico compartido o penalizar la utilización del vehículo privado son algunas de las opciones por las que diferentes ciudades europeas han optado para mejorar su calidad del aire.
Reino Unido
En Londres, el Ayuntamiento decidió declarar sus áreas de mayor tráfico como Zonas Penalizadas de Congestión (CCZ en sus siglas en inglés) en el año 2003. Todos aquellos conductores que quieran acceder a estas áreas penalizadas, excepto los que circulen en un coche eléctrico, tendrán que pagar una cuota diaria de 10 libras (11,8 euros) entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, de lunes a viernes, bajo multas de incumplimiento de entre 60 y 180 libras. Los fondos recaudados se destinan a mejorar el sistema público de transporte de la ciudad.
Ocho años después de la implantación del CCZ, las autoridades aseguran que las emisiones contaminantes se han reducido entre un 17 y un 20%, al tiempo que el tráfico ha bajado un 20%.
Además, se ha implantado la llamada Zona de Bajas Emisiones (LEZ en sus siglas en inglés), que, desde 2008, obliga al pago de una tasa a los vehículos comerciales con motores diesel de más de 1,2 toneladas que circulen por la capital y su zona metropolitana.
Italia
Una norma obliga a cerrar al tráfico los centros urbanos como mínimo una jornada en cuanto se registren valores de contaminación por encima de los niveles fijados por la UE. Esta medida se ha aplicado ya en varias ocasiones en ciudades italianas como Milán, Turín, Roma o Nápoles.
Por otra parte, el acceso de los coches a los centros de las ciudades italianas con mayores índices de contaminación sólo está permitido para aquellos vehículos que cumplan la normativa Euro4 sobre emisiones contaminantes.
Francia
París ha apostado por una intensa promoción del transporte público, con la prolongación de la red de tranvías, la ampliación de carriles para autobuses y bicicletas o el proyecto Autolib, que pondrá a disposición de los ciudadanos 3.000 coches eléctricos para uso individual o colectivo a partir del otoño de 2011.
Tambien se ha promocionado el uso de la bicicleta, con un eficiente servicio de bicicletas públicas, que cuenta con más de 160.000 abonados.
El Ayuntamiento de París asegura que ha conseguido reducir la intensidad del tráfico en un 24% y duplicar el uso de la bicicleta en los desplazamientos.
Alemania
En 2007 en Alemania se abrió la posibilidad legal a las ciudades de decretar de terminados sectores urbanos como Zonas Ecológicas, en las que sólo pueden entrar vehículos con matrículas especiales que tienen que ser adquiridas y que acreditan que el auto en cuestión no sobrepasa determinado límite de emisiones de gases contaminantes. Las primeras ciudades en hacer uso de esa posibilidad han sido Berlín, Colonia, Hannover y Stuttgart.
Desde 2008, las normas sobre emisión de partículas se han hecho más estrictas. Entrar en estas áreas sin placa está penalizado con una multa de 40 euros.
¿Qué se ha hecho en las ciudades españolas?
* Madrid. En 2006 Gallardón anunció que los coches más contaminantes no podrían pasar al centro. Nunca se aplicó. En 2009 presentó las Zonas de Bajas Emisiones, que no establece qué medidas aplicar ni cuándo.
* Barcelona. Está pendiente de aprobar el mencionado plan de más de 70 medidas para combatir la contaminación. Además, han estrenado un pavimento que absorbe la contaminación del aire. Su sistema de alquiler de bicicletas, bicing, ha sido un éxito. Este plan también fue anunciado por Gallardón, pero ha sido aplazado de forma indefinida.
* Sevilla. Es la ciudad española que menos ha sufrido la polución debido, sobre todo, a su apuesta decidida por la bicicleta (ha creado 130 kilómetros de carril-bici) y la ampliación de Metrocentro.
* Valencia. También ha ampliado el carril-bici y ha puesto en marcha un sistema de alquiler de bicicletas.
(informa O. Fraile)
¿Qué se aconseja a las personas que más sufren la contaminación durante los días de niveles muy altos?
* Evitar las zonas más contaminadas de la ciudad y frecuentar las zonas verdes.
* Intentar evitar la práctica de ejercicio físico al aire libre.
* Extremar la disciplina en el seguimiento de los tratamientos médicos si se sufre una enfermedad respiratoria.
* 20 Minutos - 13.02.11
Foto: Contaminación industria - google
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DIARIODEMALLORCA* : La jueza instructora del "caso Can Domenge" ha desestimado el recurso presentado por la expresidenta del Consell Maria Antònia Munar contra su auto de final de instrucción de esta causa al entender que ella "por fuerza debía conocer, permitir y participar en la fraudulenta enajenación" del solar. El auto recurrido por el abogado de Munar, Gabriel Garcías, fue dictado en noviembre por la titular del juzgado de instrucción 12 de Palma, María del Carmen González, y en él pasaba la causa a procedimiento abreviado, lo que da por terminada su instrucción. En este caso se investiga un presunto cobro de comisiones en el pasado mandato por parte de miembros de UM gracias a la venta por el Consell del terreno palmesano de Can Domenge, que se adjudicó por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 60 millones), impulsor de la querella.
Según el auto de la jueza desestimando el recurso, al que ha tenido acceso Efe, sí existen indicios de delito por parte de Munar, ya que, como presidenta del Consell, "conocía y admitía la forma en que se enajenó Can Domenge (y aún hoy la avala)", un procedimiento que, argumenta, "no fue correcto".
"Existen indicios plurales -indica el auto- de que la finalidad auténtica del concurso era vender el bien a un precio muy inferior al de mercado a una empresa con la que se habían confabulado bajo la apariencia de un concurso, logrando dinero para el Consell pero en cuantía muy inferior a la que se hubiese podido obtener en un procedimiento justo".
Esta finalidad ilícita, añade la jueza, es "la que guió todo el concurso" y "siendo esto así", continúa, "no sería creíble que la presidenta se mantuviese al margen".
En su auto, fechado el 7 de febrero, la jueza afirma que el proceso de venta de Can Domenge "es del todo irregular en su conjunto", por lo que Munar no podía desconocerlo por mucho que otros imputados, como Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer, afirmaran que ella "no bajaba al detalle".
"El concurso de enajenación podría ser fraudulento y prevaricador, no solo en alguno de sus detalles, sino en su propia concepción global. No se trataría de meras irregularidades causadas por ignorancia o por una aplicación flexible de la Ley (...), sino que nos hallaríamos ante una aplicación totalmente torcida de la Ley", insiste la jueza.
Además, apunta que teniendo en cuenta que el de Can Domenge era el "proyecto estrella" del Consell "sin duda la señora Munar debía conocer cuando menos las líneas maestras del plan de enajenación".
La jueza plantea dos hipótesis sobre el papel de la que también fue presidenta del Parlament en este proceso: que participaba o incluso dirigía el proceso conociendo su finalidad real, aunque no conociera los detalles, o que fue engañada por sus personas de confianza y solo sabía que se vendía el solar.
En el primero de los casos, quedaría claro que participó en el delito, y en cuanto al segundo supuesto la jueza indica que en ninguna de sus declaraciones judiciales Munar dijo que Nadal, Flaquer o el exconseller Bartomeu Vicens le hubiesen mentido, por lo que "no existe el menor atisbo en la causa de que hubiese sido engañada".
La jueza también desestima el recurso presentado al auto de pase a procedimiento abreviado por parte de la defensa de otro imputado, el abogado Santiago Fiol. En cambio, acuerda el sobreseimiento de la acusación contra Mario Sanz.
En el caso de Munar, el recurso desestimado por la jueza pasará ahora a la Audiencia de Palma en apelación, por lo que el alto tribunal autonómico deberá pronunciarse al respecto antes de que se abra juicio oral.
* Diario de Mallorca - 14.02.11
Foto: Palma, expresidenta del Consell, Munar, en el juzgado (archivo) - diariodemallorca
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LAVOZ/Lugo* : La intervención que el anterior Gobierno de la Xunta de Galicia (PSOE-BNG) hizo en el urbanismo de Barreiros se ajustó a la legalidad y fue por «causas justificadas». Así lo entiende el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha desestimado los recursos que presentaron varios constructores y el propio Ayuntamiento contra el decreto autonómico del 1 de febrero del 2007 por el cual se suspendieron las normas subsidiarias de Barreiros y se dictó una normativa provisional tan restrictiva que, en la práctica, impide que se pueda construir algún edificio más. Las consecuencias de aquella intervención están hoy muy presentes en Barreiros. La anterior Xunta presentó contenciosos solicitando la anulación de medio centenar de licencias de obra otorgadas por la junta de gobierno local. En los juzgados se ordenó la paralización cautelar de las obras. El temor se extendió entre los clientes y las compras se ralentizaron y entraron en una atonía que se mantiene.
Hoy en día apenas se mueve un ladrillo en Barreiros; un municipio de unos 3.500 habitantes donde en el año 2006 el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia visó proyectos para construir más de 6.000 pisos.
En este asunto muchos promotores han manifestado ser víctimas de un enfrentamiento político, de una persecución de la ex conselleira del PSOE, María José Caride; del ex director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje; y del ex director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), Hipólito Pérez, contra un ayuntamiento gobernado por el PP. Son víctimas, dicen, porque la anterior Xunta logró que tuviesen que parar obras e inversiones millonarias a pesar de que contaban con la licencia de obra municipal.
Pero uno tras otro, el TSXG rechaza los argumentos de los recurrentes contra la suspensión de normas, que sostienen, por ejemplo, que la ordenación provisional es arbitraria porque lejos de garantizar un desarrollo sostenible lo único que ha garantizado es que no haya desarrollo urbanístico alguno.
Las normas provisionales que regulan el urbanismo en Barreiros se mantendrán durante algunos años más, hasta que el Concello apruebe el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal que ahora se está redactando. Pero es muy probable que la construcción se reactive en cuestión de meses, quizás semanas, con la aprobación de nuevos planes sectoriales. Esa es la voluntad de la actual Xunta (PP), de la Diputación (PSOE-BNG) y del propio Concello (PP), que han firmado un convenio para invertir 14 millones de euros en Barreiros. Con estas obras -que en gran medida sufragarán los constructores- se dotarán de servicios (agua, alcantarillado, suministro eléctrico, aceras y viales) a los solares en donde se concedieron las licencias de obra que recurrió la anterior Xunta. Y es que en caso contrario los constructores podrían reclamar indemnizaciones millonarias, con el argumento de que tienen la licencia de obra en su poder. Por eso solicitan que se retiren los contenciosos que pesan sobre las licencias.
* La Voz de Galicia - 15.02.11
Foto: Un grupo de edificios en construcción cerca de la costa en San Miguel de Reinante (Barreiros) - lavozdegalicia
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