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DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía anticorrupción ultimaba ayer una segunda querella contra el ex regidor de Urbanismo en el anterior gobierno municipal del PP de Palma, Javier Rodrigo de Santos, acusado en otro sumario de presunta malversación de caudales públicos por pagar vicios privados con una tarjeta de crédito oficial.
Ahora, y entre otros expedientes dirigidos por el ex responsable de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos de Palma (EMOP) que están siendo revisados, las pesquisas se han centrado en el enorme castillo de juegos infantiles instalado en el Parc de sa Riera, un equipamiento que emula al castillo de Bellver y que costó a las arcas municipales 1,4 millones de euros (232 millones de pesetas).
La fiscalía anticorrupción de Balears lleva varios días investigando la contratación de los juegos infantiles y ayer inició los interrogatorios de personas del entorno del ex concejal de Urbanismo, entre ellas personal del EMOP .
Contrato verbal
Las pesquisas, que podrían traducirse en una segunda querella contra el político conservador y otras personas, intentan esclarecer cómo se contrató la construcción del castillo infantil y si el entonces responsable del EMOP pudo favorecer a alguien de su entorno con esta operación.
DIARIO de MALLORCA publicó el pasado día 23 que el nuevo Ayuntamiento presidido por la socialista Aina Calvo se había encontrado con la sorpresa de que los juegos infantiles del Parc de sa Riera habían costado 1,4 millones de euros, una cantidad que reclamaba la empresa instaladora.
Desde el consistorio se destacaba que el contrato para dicho equipamiento, de 3.500 metros cuadrados y 10 metros de altura máxima, se había hecho a "dedo" sin el preceptivo concurso público.
Las irregularidades detectadas eran aún mayores puesto que se afirmaba que el castillo para los niños no aparecía en ninguno de los presupuestos del parque.
Ahora también se ha sabido que se está tratando de clarificar si De Santos contrató verbalmente el conjunto de toboganes, rampas y pasarelas imitación del castillo de Bellver y en qué condiciones realizó dicho encargo.
También se quiere determinar si el ex concejal del PP pudo beneficiar a alguien próximo con dicho contrato.
En Cort, por otro lado, no están de acuerdo con la factura que se les reclama por los juegos infantiles y han encargado un peritaje sobre su posible coste.
Este informe ha llegado a la conclusión de que el castillo para los pequeños ha podido costar unos 140.000 euros menos de lo que se reclama, lo que supondría un desvío al alza de un diez por ciento del 1,4 millones facturado Aunque esta partida del concebido como el futuro pulmón verde de la ciudad es llamativa, los actuales responsables del Ayuntamiento han cuantificado en un 66 por ciento el sobrecoste del Parc de Sa Riera en relación a lo presupuestado.
El aumento del gasto se debió a la decisión de ampliar el recinto con los cerca de 40.000 metros cuadrados que antaño ocupaba la Fira del Ram. Así se planteó la necesidad de llenar el espacio con una serie de equipamientos, entre ellos una gran fuente y el castillo infantil, objeto de investigación en la fiscalía.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA - 29 de marzo de 2008
Foto: Palma_de_Mallorca, vista - Lothar Velling (wikipedia.org)
Palma: La Fiscalía ultima una nueva querella contra De Santos por el castillo del Parc de sa Riera
La CHJ impugna el acuerdo de Urbanismo para que el Estado recurra el plan Rabasa
INFORMACIÓN/Alicante* : La Abogacía del Estado impugnará, previsiblemente, el plan parcial de Rabasa ante los tribunales de justicia tras la decisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de presentar un voto particular ante la Comisión Territorial de Urbanismo. Dicho voto se justifica al no garantizarse el suministro del agua en un plan que prevé 13.500 viviendas y unos 40.000 habitantes.
Además, la CHJ cuestiona la legalidad del acuerdo tomado el pasado jueves por el citado organismo de la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo.
El propio portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes, Ángel Luna, manifestó ayer que la presentación del voto particular por parte de la CHJ "hace pensar en un recurso del abogado del Estado porque el proyecto no respeta la normativa vigente".
El recurso, sin embargo, no se podrá interponer hasta que el plan de Rabasa obtenga el visto bueno definitivo, con la firma del conseller de Medio Ambiente y Urbanismo, José Ramón García Antón, por lo que tendrá que esperar aún meses.
El voto particular de la CHJ impugnando el informe favorable de la Comisión Territorial de Urbanismo sobre Rabasa se centra fundamentalmente, según las fuentes consultadas, en dos aspectos, la inexistencia de garantías para el suministro del agua y las irregularidades del acuerdo del pasado jueves.
Con respecto al primer punto, el voto particular de la CHJ advierte claramente que las empresas suministradoras del agua, en referencia implícita a Aguas Municipalizadas que abastece a Alicante, carecen de legitimidad para informar sobre derechos del agua, y recalca que esta competencia corresponde, de forma insustituible, a los organismos de cuenca.
En cuanto al informe del Ayuntamiento, en el que esgrime un convenio suscrito entre Aguas de Alicante con la sociedad estatal Acuamed, para abastecer a Rabasa con agua de la futura desaladora prevista entre El Campello y Mutxamel, el voto particular de la CHJ subraya, categóricamente, que el destino de este agua está perfectamente definido en el convenio y en ningún momento se hace referencia a Rabasa.
Además, la CHJ afirma que desde que emitió su informe en contra, hace 14 meses, no ha recibido ningún escrito municipal al respecto, ni siquier el citado convenio entre Aguas y Acuamed.
En cuanto al segundo aspecto, la CHJ advierte de que el jueves se modificó el informe desfavorable de Rabasa por otro favorable en base a unos supuestos informes del Ayuntamiento, presentados dos días antes de celebrarse la Comisión Territorial, que no pudieron ser analizados por ninguno de los vocales de la citada comisión.
* Información - MANUEL DOPAZO - 29 de marzo de 2008
Foto: Vista aérea de la ciudad, con los terrenos destinados al plan de Rabasa en primer término/ A. I., diarioinformacion.com
La Fiscalía pide cárcel y no multas en el acuerdo sobre los casos urbanísticos de Marbella
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LAOPINIÓN* : La Fiscalía de Málaga ha pedido penas de cárcel en el pacto para unificar las causas urbanísticas de Marbella en las que están implicados ex concejales del GIL. Fuentes judiciales confirmaron a este periódico que el Ministerio Público ha solicitado la pena de prisión como alternativa a la multa para todos los ex ediles acusados de delitos contra la ordenación del territorio.
Las bases del futuro acuerdo han quedado fijadas con los abogados de la defensa, y se han remitido a la Fiscalía Superior de Andalucía, órgano competente para autorizar o no este pacto.
El fiscal coordinador de Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo, se ha vuelto a reunir esta semana con los letrados defensores y el pasado miércoles concertó un encuentro con el fiscal superior de la comunidad andaluza, Jesús García Calderón, quien deberá dar la última palabra sobre la idoneidad o no del acuerdo. Pero previsiblemente remitirá antes el caso a la Fiscalía General del Estado, para que consulte las bases e informe sobre su posible aplicación.
Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicitará inhabilitación en el cargo público para los ex ediles.
Sin pacto e independientemente del número de causas pendientes, los acusados podrían permanecer encarcelados hasta un máximo de seis años de cárcel, resultado de aplicar la triple de la pena mayor del delito, que es de dos años. Con el acuerdo, tanto la Fiscalía como las defensas intentan agilizar los procesos estancados en los juzgados penales y muchos todavía en instrucción.
Pero para alcanzar el consenso ha sido necesario que los procesados reconozcan los hechos delictivos, es decir, haber concedido licencias de obra a sabiendas de que incumplían la legalidad urbanística.
El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, que actualmente cumple condena por un caso urbanístico, está implicado en casi un centenar de causas relativas a supuestas licencias de obra ilegales. El pacto le beneficiaría en cuanto a la condensación de las penas.
Juicios. Mientras se estudian las bases de este acuerdo marco, los juzgados penales han señalado varios juicios. El próximo 2 de abril comenzará la vista oral en el juzgado Penal 1 por un caso en el que Julián Muñoz y seis ex ediles se enfrentan a una pena de dos años de prisión y diez de inhabilitación por autorizar presuntamente 74 viviendas ilegales. La siguiente semana se ha fijado otra vista oral en el Penal 6.
La conformidad en ningún caso se aplicaría a los procesos que se instruyen por supuestos convenios urbanísticos irregulares, en los que están imputados miembros de la última corporación del GIL como la ex alcaldesa Marisol Yagüe o el que fue asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca.
* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 28 de marzo de 2008
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es
El alcalde de Mogán pedía terrenos a sus propietarios a cambio de recalificaciones
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El alcalde de Mogán, Francisco González, extorsionaba a vecinos del municipio que querían construir en solares propios para que éstos le cedieran parte del suelo. A cambio de que el Ayuntamiento otorgara la correspondiente recalificación del terreno y la licencia de obra oportuna, González pedía una parte del solar a sus propietarios que, en algunos casos, llegó a ser de hasta el 70%, puesto que a un vecino de Mogán le pidió la cesión de 700 metros cuadrados sobre un solar de 1.000.
La desclasificación de parte del sumario correspondiente a la operaciónGóndola ha confirmado varios de los datos adelantados en su día por LA PROVINCIA/DLP. Entre ellos, que diferentes vecinos se presentaron en la comisaría de policía para denunciar que se sentían extorsionados por el alcalde y por el hombre fuerte del urbanismo en el municipio de Mogán, Marcelino Martín.
Una mujer denunció que había comprado un solar de mil metros cuadrados y había solicitado al Ayuntamiento la licencia para el desmonte, pero el consistorio le contestó que no era posible porque el suelo estaba calificado como área de juego, a pesar de tener una sentencia que le permitía construir. Una vez que González alcanzó la alcaldía y tras varias reuniones con Martín el alcalde le dijo a la propietaria que si quería que le modificase el uso de la parcela "debe dejar de desmontar la parte de la curva que ocupa la misma", a lo que contestó que no estaba de acuerdo.
En la misma conversación, González le dice a la propietaria que tiene que hacer una cesión del 30% de la parcela al Ayuntamiento y que eso es lo que hay si quiere que se incluya el solar en el Plan General. Cuando la propietaria accede, inicia las obras y deja el 30% del solar sin desmontar, pero posteriormente el alcalde le dice que tiene que firmar un convenio con el Ayuntamiento de Mogán y ceder el 70% del solar.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 29 de marzo de 2008
Foto: mogan puerto - puertosdecanarias.com
Mundo Ilusión, de parque temático a PAI
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ELPAÍS/Castellón* : Como si careciera de importancia el orden de los factores, el vicepresidente del Consell y presidente de la sociedad pública Mundo Ilusión, Vicente Rambla, trató ayer de solventar todas las dudas sobre el futuro del parque temático alegando que éste está condicionado al desarrollo de la macrourbanización prevista para su entorno.
Rambla obvió que fue el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, quien presentó Mundo Ilusión, en 1999, como un proyecto aislado y que posteriormente fueron varias empresas constructoras las que lo ligaron a la construcción de viviendas, hoteles y campos de golf. No solo eso, sino que ambos, tanto Fabra como Rambla, pretendieron remontar el proyecto a hace solo tres años, a 2005, momento en el que se creó la sociedad pública en la que están representadas ambas instituciones. De esta manera, quisieron responder a las acusaciones de los socialistas, que responsabilizan al PP de haber consumido casi diez años en la redacción de estudios y millones de euros en el pago de los mismos.
Así, Vicente Rambla habló de Mundo Ilusión como un proyecto "referenciado" al desarrollo de otro proyecto, el del PAI previsto para su entorno, que está pendiente de la aprobación definitiva que le tiene que otorgar la propia Generalitat. Sin embargo, la idea del parque temático que las administraciones impulsan para Castellón nació como un proyecto independiente y fue un grupo de constructores (Lubasa, PGP y Ortiz) el que lo unió a la construcción de una gran urbanización entre los municipios de Oropesa y Cabanes.
Fueron éstos también los que presentaron una oferta en la que vinculaban la urbanización al parque temático, comprometiéndose a ceder a la Administración los ocho millones de metros cuadrados de suelo necesarios. Finalmente, los Ayuntamientos de Cabanes y Oropesa tomaron la iniciativa de la cesión del suelo como "obligatoria" para todas las ofertas que se presentaran, entre las que, finalmente, escogieron la del grupo Marina d'Or, que ya cuenta con importante arraigo en ambas poblaciones. Si sale adelante, el PAI se desarrollará en una zona con yacimientos que van desde la Edad de Hierro hasta el periodo andalusí, como desvela un informe de la Consejería de Cultura dado a conocer ayer.
Tras el consejo de administración de Mundo Ilusión celebrado ayer, Vicente Rambla manifestó la "firme voluntad de la Generalitat de seguir apoyando el proyecto" y dio a conocer el resultado del informe de viabilidad encargado durante el último año. Según dijo, "estos trabajos son los preparatorios del proyecto" e indican que un parque temático sí tiene cabida en la provincia de Castellón, pese a la existencia de los centros de ocio de Valencia (la Ciudad de las Artes y las Ciencias, L'Hemisfèric y Bioparc), Terra Mítica en Alicante y Port Aventura en la colindante Tarragona.
El presidente de la sociedad pública indicó además que se está recabando la información suficiente para que cuando se ponga en marcha "con participación de la iniciativa privada", sea un proyecto viable, "que tenga unas dimensiones, un público destinatario concreto y un nivel de oferta determinado", con lo que despejó la duda de si será la Administración la que corra con los gastos de construcción del parque o serán empresas privadas. "Por supuesto, tendrá cabida toda la iniciativa privada que quiera participar"
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, aprovechó la visita de Rambla para reiterar su deseo de que las consejerías de las que depende la aprobación de los PAI, y "especialmente de éste que tiene incidencia en Mundo Ilusión agilicen sus posiciones y su trabajo para que puedan salir adelante por el bien de la economía de la provincia, por el futuro del aeropuerto y de la industria castellonense".
* ELPAIS.com - M. FABRA - Castellón - 28/03/2008
Foto: Marina d'Or, Oropesa_Mar (Castellón) - elpais.com
Cabezas de hierro, leyes de paja
ÁNXEL VENCE* : Ahora que la vivienda ha dejado de ser un negocio para convertirse en un problema, el Gobierno gallego prepara una ley que vedará a conselleiros, alcaldes, concejales y mandamases en general el ejercicio de la profesión inmobiliaria. Tarde han piado los gobernantes. Justa y sin duda necesaria, la medida podría haber sido también eficaz si se aplicase hace una década, cuando comenzó el boom del ladrillo que ha dejado a Galicia alicatada de pisos hasta el techo.
Infelizmente, no parece que ahora vaya a ser de gran provecho, estando como estamos en pleno derrumbe del imperio inmobiliario que amenaza con sepultar bajo sus cascotes a la economía española.
No son pocos los constructores gallegos que, huyendo de la quema y de la quiebra, han liado los bártulos para instalarse en Polonia, Brasil, Cabo Verde y otros exóticos destinos donde el negocio ofrece todavía prometedoras expectativas de futuro. Difícilmente les alcanzará allí la ley de incompatibilidades que, con el retraso habitual, se dispone a aprobar el Parlamento gallego.
Tampoco parece que las nuevas disposiciones legales vayan a constituir un especial motivo de inquietud para los promotores que aquí siguen, seguramente más preocupados por la sequía de ventas que por la imposibilidad de compaginar la política con la construcción.
La experiencia sugiere que la eficacia de este tipo de leyes es más bien relativa. Tanto como para que sus rígidas limitaciones puedan vadearse mediante el recurso a la tradicional figura del testaferro.
Traducida literalmente del italiano, la expresión significa "cabeza de hierro" y alude a la persona que presta o alquila su nombre para ejercer la representación de un negocio que en realidad pertenece a otra. Testaferro es la denominación que en Italia se daba antiguamente a la celada de la armadura con la que los caballeros solían cubrirse el rostro. Ninguna imagen más apropiada para representar la idea de alguien que usa la cara de otro para ocultar la suya por razones de conveniencia.
De esto sabemos un montón aquí en Galicia, donde los contrabandistas del otrora pujante "chollo do fume" -ahora reconvertidos a la fariña y el chocolate- solían y suelen usar de toda suerte de testaferros, empresas interpuestas y abogados expertos en buscarle las vueltas a la ley. Acaso eso explique la circunstancia un tanto chocante de que la mayoría de ellos aleguen -y a menudo prueben- ser insolventes cuando se ven obligados a rendir cuentas ante algún tribunal.
Nada cuesta imaginar que las gentes simultáneamente tentadas por la política y la construcción encuentren también una solución a su problema en los testaferros de toda la vida. Aunque, en realidad, la práctica demuestre que las operaciones más o menos subrepticias en el ramo de la edificación pueden perpetrarse sin necesidad de que el alcalde o cualquier otro gobernante sea al mismo tiempo empresario del ramo.
Un modesto concejal de Urbanismo, pongamos por caso, tiene en sus manos la varita mágica que, adecuadamente usada, convierte de un solo toque -hale, hop- terrenos agrícolas sin apenas valor en parcelas edificables donde los billetes de banco crece con mucha mayor rapidez que las lechugas.
Cuentan quienes saben del asunto que esas magias no han escaseado en Galicia -y no digamos ya en Marbella- durante la década prodigiosa del ladrillo. Y, naturalmente, parece razonable pensar que los magos autores del truco obtuviesen alguna recompensa de los beneficiados sin necesidad de que en la operación mediase testaferro alguno.
Quiere decirse, en fin, que no resulta imprescindible ejercer de alcalde-constructor para edificarse un buen patrimonio personal a cuenta de la política. Con o sin el uso de testaferros -también llamados hombres de paja- el derrumbe del negocio inmobiliario reduce a mera paja una Ley de Vivienda que llega con diez años de retraso. Menuda novedad.
* Faro de Vigo - Opinión - 24 de marzo de 2008
