LAVOZ/Pontevedra* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó un mandamiento de demolición de parte del edificio nº2 de la rúa Noria. El mandamiento fue dirigido al Concello de Cangas y a la empresa constructora, propiedad de José Luis Álvarez Souto, pero aún no tuvo entrada en el registro municipal. De hecho, la alcaldesa de Cangas, Clara Millán, desconocía por completo la existencia del citado documento y no pudo ocultar su sorpresa por no haber sido informada. Había sido el Tribunal Supremo el que ratificó el fallo del TSXG que consideraba ilegal la licencia otorgada por el Concello y ya anunciaba que debía procederse al derribo de gran parte del inmueble. Transcurridos dos años después de la sentencia del Tribunal Supremo y de que la parte demandante solicitase la ejecución de la misma, todo el proceso fue devuelto al TSXG, que es el que dicta ahora el mandamiento de demolición.
Tiene fecha del día 1 de marzo y otorga al Concello y a la empresa constructora un plazo de tres meses para efectuar el derribo. Según el mandamiento, el día 1 de junio tiene que estar derribado gran parte de este edificio, la que se construyó encima del río Bouzós. Alrededor de 60 familias pueden perder sus viviendas como consecuencia de este fallo judicial. Los vecinos recibieron la noticia el lunes y no ocultaban su profundo malestar. Pese a que perdieron todas las demandas judiciales, guardaban ciertas esperanzas de que el derribo no se produjera. Ahora, la posibilidad de recurrir al tribunal de Estrasburgo, barajada en su día, le parece un poco alejada de la realidad y que no impediría la demolición. Sí es verdad que hay diferencias de criterio entre la comunidad de vecinos y la empresa constructora, respecto a cómo se debe afrontar la situación futura. No se descarta consultar casos similares como el de las Torres del Club Financiero de Vigo o el de la urbanización de la Colina de Castrelos.
La alcaldesa Clara Millán fue ayer la primera sorprendida. Hasta hace poco había estado en contacto con el letrado que defiende la legalidad del otro edificio gemelo, el Noria 4, que se encuentra en parecida situación. Éste edificio, al contrario que el número dos, carece de licencia municipal. El número 2 la tenía pero fue considerada ilegal por invadir el cauce del río. También sobre éste hay amenaza de derribo judicial. Reiteró su apoyo a los vecinos y que estaba a su disposición para encontrar soluciones que impidan el derribo de gran parte del inmueble.
El abogado de los demandantes y que es a su vez parte en el conflicto, José Carlos Lovera Núñez, aseguraba el día 1 de abril de 2009 que no había posibilidad de acuerdo y pedía ya que el Concello procediera a cortar la luz y el agua a los vecinos y a ejecutar la sentencia. El litigio surge al entender los colindantes que la construcción de estos edificios había dañado a otros dos de su propiedad. En el año 2007, el conflicto se pudo zanjar por 740.00 euros, según señala José Carlos Lovera, pero los constructores consideraron excesivo el dinero que solicitaba los demandantes, que alegaban que en esta cantidad no entraban los daños morales causados a la familia y que no había intención lucrativa de ningún tipo, simplemente se contabilizó el coste de lo que valdría tirar y levantar de nuevo los edificios de sus padres y tíos. Los distintos alcaldes desde que se inició el proceso judicial apelaron las sentencias que ganaba la parte demandante, pese a que estaba claro que los edificios invadían el cauce del río Bouzós. "Que lo tengan claro los propietarios actuales. Nosotros queremos tirar las viviendas ahora que la sentencia es favorable. ¡Después de las que nos hicieron pasar!"
Estos dos inmuebles de la calle Noria enfrentan también desde hace tiempo al líder de ACE, Mariano Abalo, y al ex alcalde de Cangas, el popular, José Enrique Sotelo. En enero de 2007, el regidor culpabilizaba a Mariano Abalo de consentir la construcción de estos inmuebles cuando fue presidente de la gestora de Cangas en el año 1990. Afirmaba que tales edificios habían sido levantados con el consentimiento de Mariano Abalo, a pesar de existir tres requerimientos judiciales para paralizar la obra. Abalo dejó claro que fue la comisión municipal de 18 de noviembre de 1999 la que otorgó la licencia para legalizar la situación del edificio Noria 2, y que la gestora de Cangas lo que sí hizo fue tratar de evitar la construcción. Abalo aportó expedientes relacionados con la denegación de la licencia cuando él ejercía como presidente de la gestora, así como los expedientes de infracciones urbanística que se le abrieron a la empresa por invadir el Río Bouzós, con fecha de diciembre de 1990.
También recordó que las licencias comenzaron a tramitarse en época de Lois Pena y mencionó que el edil de Urbanismo en época de la gestora, Marín García Cordeiro fue denunciado por impedir las citadas obras.
* La Voz de Galicia - 9.03.11
Foto: El edificio número 2 de la calle Noria, de Cangas, situado al lado del número 4, de iguales características y sobre el que también pesa una demanda - lavoz
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MADRIDIARIO* : La Comunidad de Madrid ha modificado la composición y las funciones del Consejo de Medio Ambiente, el único órgano de participación ciudadana en esta materia que se salvó del recorte de la Ley de Acompañamiento. En diciembre el Gobierno regional eliminó más de cien organismos y empresas públicas para reducir gastos, entre ellos los consejos y patronatos relacionados con el medio ambiente. Ahora, a través de un decreto, se ha reformado el Consejo de Medio Ambiente, que es el único lugar donde asociaciones ciudadanas y ecologistas pueden participar todavía. Ecologistas en Acción, ARBA, GRAMA y El Soto han denunciado esta situación y han recordado que ninguno de estos órganos costaba dinero a la Comunidad de Madrid. Además, han anunciado que crearán órganos de participación ciudadana paralelos.
Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente indicó a Madridiario que la medida se ha tomado para simplificar y agilizar la estructura organizativa de la Comunidad. "No supone un límite en la representación. Siguen estando los mismos que estaban", recalcó.
Sin embargo, las asociaciones ecologistas critican que de su composición se "ha sacado a los consumidores, se ha reducido el número de miembros de asociaciones ecologistas (pasando de 3 a 2) y de universidades (pasando de 2 a 1), el de expertos (pasando de 3 a 2)". Además, critican que antes la frecuencia era trimestral y que ahora es anual. La norma establece que debe haber una reunión al año, pero pueden celebrarse más si se estima conveniente, aseguran desde la Comunidad.
Cuatro secciones
Los ecologistas también critican que pierden funciones, como emitir informes o impulsar la coordinación entre la iniciativa pública y privada en materia de medio ambiente. La Comunidad, en cambio, desmiente este extremo y asegura que el Consejo podrá emitir informes, como hasta ahora.
Por otra parte, para suplir la eliminación en diciembre pasado de los órganos consultivos de los espacios protegidos, vías pecuarias, caza y pesca, el mismo decreto crea, dentro del Consejo de Medio Ambiente, varias secciones: Parques Regionales y Naturales, Caza y Pesca, Vías Pecuarias y Calidad del Aire.
"Todo ello reduciendo hasta casi lo imposible la participación ecologista. Por ejemplo, la sección Parques Regionales y Naturales reduce a los representantes ecologistas de siete a uno. Antes había dos representantes en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, dos en el Parque Regional del Sureste, dos en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y uno en el Parque Natural de Peñalara. Ahora un solo representante tendrá que dar respuesta a la situación de cuatro espacios protegidos. Igual sucede con los representantes de las universidades", denuncian en un comunicado las asociaciones ecologistas. En el caso de la sección de Calidad del Aire, directamente se omite la participación de ningún representante ecologista.
* Madridiario - 9.03.11
Foto: Madrid, edificio Medio Ambiente - madridiario
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LEVANTE/Valencia* : El conseller de Medio Ambiente Juan Cotino aseguró ayer que los trámites administrativos de la macrourbanización Nou Mil·lenni de Catarroja seguirán adelante y que si se plantea «alguna pega», se subsanará «como es normal en cualquier expediente de estas características». Cotino respondía así a la decisión del Tribunal Supremo de confirmar la suspensión cautelar de las obras del Plan de Actuación Integrada (PAI), que ya había dictado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, a raíz de un recurso contencioso-administrativo del grupo socialista en las Corts Valencianes. Asimismo, el conseller calificó el proyecto urbanístico de «una iniciativa buena» dado que «su desarrollo contempla un importante número de viviendas sociales». En realidad, el PAI incluye 12.000 pisos, de los que una parte serán de protección oficial.
Cotino incidió en que «si en los planteamientos de la tramitación se ha hecho algún tema que no es adecuado», se preparará «la documentación pertinente para que las personas que tengan la competencia resuelvan» y consideró que «no hay más problemas que en muchos lugares cuando se impulsa un nuevo plan». «En este caso concreto, como es habitual ya en cualquier cosa, es al PSOE el que no le parece bien que se haga casi nada en la Comunitat Valenciana», concluyó el conseller.
Por su parte, los socialistas de Catarroja consideran «una incoherencia» las declaraciones del conseller «cuando ayer mismo la alcaldesa decía que ´no es momento ahora de pensar en construir´» a causa de la crisis.
Desde el PSPV, el candidato a la alcaldía, Alberto Gradolí, considera que el fallo del Supremo es «un nuevo varapalo judicial» en este caso y critica que el ayuntamiento «haya invertido cerca de 100.000 euros entre informes y defensa jurídica» del PAI, ya que el consistorio ha recurrido, con el Consell y la promotora Llanera la decisión del TSJCV. Los socialistas opinan que es «sospechoso» que el PP siga defendiendo «esta salvajada urbanística que tiene un fuerte olor marbellí, a capa y espada con dinero público». Para Gradolí es «penoso que nos estén escurriendo los bolsillos a los vecinos a golpe de impuestos desorbitados y que nos hayan endeudado hasta los dientes para gastarse ese dinero defendiendo en los juzgados un plan privado que beneficia a unos cuantos».
* Levante - 8.03.11
Foto: Catarroja (Valencia), maqueta urbanización Nou Mileni - levante-emv.com
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SUR/Málaga* : El decreto de la Junta de Andalucía que despejará el camino de la legalización a once mil viviendas de la Axarquía construidas en suelo no urbanizable ha sido acogido con cautela en Mijas, aunque con la certeza de que puede servir para arrojar algo de luz sobre las cerca de tres mil casas irregulares repartidas a lo largo y ancho del término municipal. «Cada municipio es un caso diferente, aunque si se puede dar una solución en la Axarquía, creemos que aquí también, y por eso estamos trabajando para estar en primera línea», comentaba ayer a este periódico el concejal de Urbanismo, Juan Cruz. No obstante, hay un matiz importante, y es que en el caso de Mijas, el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol ha incluido como zona protegida varios diseminados donde ya se había construido, casos de La Atalaya, Entrerríos o Macorra. «Habrá que valorar qué había antes y después de la protección», recalca.
En cualquier caso, para encontrar una solución lo principal es saber de cuántos inmuebles fuera de ordenación se está hablando. El catálogo de construcciones en suelo no urbanizable en el que están inmersos técnicos del Ayuntamiento desde hace más de dos años y que se encuentra en su recta final ha constatado hasta la fecha unas 2.500 viviendas y casas de aperos, por lo que en el Consistorio estiman que en el recuento completo no se llegarán a las tres mil. Para el Ayuntamiento, las opciones de regularización pasan por la aprobación de modificaciones de elementos y planes parciales que abarquen al mayor número posible de inmuebles y en el que los propietarios corran con las cargas urbanísticas y los gastos en urbanización, infraestructuras y equipamientos.
El conflicto de las viviendas irregulares será uno de los principales puntos a tratar en la reunión que hoy mantendrán en Sevilla el alcalde mijeño, Antonio Sánchez, y la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón. Como anticipo, el regidor municipal se entrevistó ayer con la presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares, María del Mar Vázquez, para conocer de primera mano los planteamientos y propuestas de este colectivo, que agrupa a más de 60 colectivos de afectados en la provincia. «Es un problema genérico que debemos abordar en profundidad y sin atajos y desde el Ayuntamiento tenemos voluntad de solucionarlo. Por ello, apoyaremos todas las medidas que se planteen siempre que éstas sean plenamente legales», afirmó Sánchez.
Pero no serán los únicos trámites que se realicen hasta el momento. Mañana, a petición del PP, se celebrará un pleno extraordinario en el que los populares van a proponer una serie de medidas encaminadas a que se redacte una innovación del planeamiento en el suelo no urbanizable, donde se establezcan los parámetros para la regularización de las viviendas.
Paralización de las multas
Con esta medida, los miembros de la Asociación de Viviendas Irregulares de Mijas (ARV) consideran que se puede «ganar tiempo mientras se pone al día el PGOU». Sin embargo, ellos también solicitan «la paralización de los trámites que siguen , tanto los expedientes administrativos como los judiciales», y evitar así que se desarrollen nuevos casos «que se podrían solucionar con el desarrollo urbanístico», apuntó el presidente, Juan Antonio Blanco.
En este sentido, desde el Ayuntamiento recuerdan que eliminaron las multas coercitivas en la tramitación de los expedientes que permite a las familias ganar tiempo hasta que se alcance la solución definitiva. Sin embargo, desde el colectivo critican que las sanciones continúan llegando a muchos de los vecinos afectados.
* Sur - 8.03.11
Foto: La mayoría de las edificaciones se encuentran en los diseminados - sur
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LEVANTE* : El escritor Juan José Millás, columnista de Levante-EMV, manifestó ayer en Castelló que «toda la zona de Levante se ha berlusconizado, y parece que cuantos más casos de corrupción tienen más le gusta a la gente y más les votan. Y eso es porque la corrupción ya está dentro de la sociedad. Aclamar a sujetos de esta calaña implica que la sociedad está también corrompida. Una sociedad que vota y aclama a Berlusconi está enferma. Una sociedad que vota a Carlos Fabra está enferma». Millás levantó ayer con su conferencia el aplauso de más de 350 personas que colmataron el aforo del salón de actos de la Universitat Jaume I. La presencia de Millás no era casual y tenía por objeto celebrar de forma conjunta el XX aniversario de la Universitat Jaume I y del diario Levante de Castelló, una cabecera que se ha convertido en referente informativo.
Estudiantes, profesores, personal administrativo, vicerrectores, personalidades del mundo intelectual castellonense... pocos quisieron perderse una intervención que se enmarcó en la fotografía siempre soñada por cualquier orador: la fila de asientos al completo; estudiantes con mochila acomodados en el suelo, en los pasillos, en las puertas del salón de actos...; y cientos de miradas atentas. El director delegado de Levante de Castelló, Pepe Beltrán, hizo los honores de presentar a Millás junto al rector de la UJI, Vicent Climent.
En la pluma leída de Millás, las palabras cobraron vida para convertirse en links del disco duro de los asistentes, tal vez la única forma que tenemos de entender, o de malentender, una realidad que nos supera: «palabras colibrí», «palabras rata», «palabras miedo», «palabras que curan», «palabras que matan» y, por supuesto, palabras que arrancan una sonrisa.
* Levante - 8.03.11
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elpais.com
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IGNACIO MORENO BUSTAMANTE* : Era, es, evidente. Alguien se estaba forrando. Alguien estaba mirando por su bolsillo y no por su pueblo. Sin importarle infringir la ley. Blanco y en botella. Tan solo hace falta darse una vuelta por El Puerto para darse cuenta. Desde Valdelagrana a Fuentebravía, pasando por la Ribera del Marisco, Crevillet, Puerto Sherry, El Aguila o Las Redes. Sin hablar de José Antonio, uno de los pocos focos de droga y marginación que quedan en toda la Bahía de Cádiz, más propio de los años 80 que del siglo XXI, o Los Milagros, otro de los barrios deprimidos. El Puerto es, desde hace años, de toda la vida, un quiero y no puedo. Y no puedo por culpa de los encargados de gestionarlo, de cuidarlo, de protegerlo. El portuense se siente orgulloso de serlo, defiende su ciudad y la ‘exporta’ allá donde va. Pero ese amor no se ve correspondido. Sus enormes posibilidades no se explotan. Es un enclave privilegiado, que podría ser el referente de la provincia como lugar de residencia o de veraneo, pero no acaba de dar el salto.
El Puerto es, o debería ser, sinónimo de luz, de playa, de tradición marinera, de ocio. Desde el punto de vista del marketing sería una marca perfecta, muy fácil de vender a toda España, para estar a la altura de Mallorca o Sotogrande para quien quiera disfrutarlo en verano, o de Las Rozas o Monte Alto para quien desee vivirlo todo el año.
Sin embargo, a día de hoy, pasear por él supone una frustración. Ver cómo han convertido Valdelagrana en una Benidorm del sur, o como el poblado marinero de Puerto Sherry se cae a cachos. O el estado abandono de parques y zonas comunes de todas las urbanizaciones del extrarradio -excepto Vistahermosa que se gestiona sola-. O las miles de viviendas ilegales que se han apoderado de zonas no urbanizables hasta prácticamente la Sierra de San Cristóbal. Un desastre.
Un desastre que no es casual. Que responde, insisto, a la pésima gestión que la ciudad viene padeciendo a lo largo de los años. A la pésima gestión y, obviamente, a la corrupción. El Puerto está como está por culpa de gente se ha creído el sheriff del lugar.Que durante años se ha pensado que podía hacer lo que le viniera en gana. Que se forraba concediendo licencias ilegales y se pavoneaba de ello construyéndose ‘chaletacos’ de tres plantas donde le venía en gana.
Esta semana, por fin, hemos asistido a lo que esperemos sea el comienzo del fin de unos cuantos presuntos delincuentes. El juez López Marchena y el fiscal Rafael Cienfuegos están poniendo toda la carne en el asador para quitarles ese cartel de presuntos y demostrar la culpabilidad delex concejal de Urbanismo y del cesado jefe del Servicio de licencias del ayuntamiento. Para demostrar con la ley en la mano lo que todo el pueblo viene comentando en los corrillos desde hace años. Y esta operación que estalló el miércoles no es más que una pequeña parte de todo lo que se está investigando en numerosas causas abiertas.
A ver si por fin se zanja un asunto, el de la corrupción, que ha tenido anestesiado, amordazado, a El Puerto durante años. Para que por fin pueda empezar a crecer y a convertirse en lo que, algún día, seguro que llegará a ser pese a tanto inepto y tanto corrupto.
* La Voz Digital - Opinión - 6.03.11
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