ELCOMERCIO/Asturias* : El ex alcalde de Ribadesella y su mujer han sido condenados a seis meses de cárcel y a demoler la vivienda que construyeron en el terreno protegido de Covarosa, en el término municipal de Ribadesella.
La sentencia, que incluye también una multa de 3.600 euros para cada uno y la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante seis meses, responde a la condena por un delito contra la ordenación del territorio del que habían sido absueltos en el dictamen inicial del caso.
El ex alcalde del PP fue declarado culpable, en octubre de 2008, de un delito de prevaricación urbanística por el que se le condenó a ocho años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. Además, tendría que pagar una multa de 4.500 euros. Se le acusaba de concederle una licencia a su esposa, sabedor de que las obras superaban notoriamente las descritas en el documento. En aquella sentencia se condenó también a su mujer, Irene Vidal, como cooperadora necesaria en lo sucedido. Sin embargo, ambos quedaban absueltos del delito contra la ordenación del territorio del que también se les acusaba.
Recursos de apelación
Ninguna de las partes quedó conforme con aquel resultado y, este mismo mes, la fiscalía, la acusación personal y la defensa recurrían la sentencia. Los dos primeros lo hacían al entender que sí había existido un delito contra la ordenación del territorio, ya que «la primera sentencia recoge que se construyó en un espacio protegido y no pasó por la CUOTA». Incluso, el letrado de la acusación particular, Guillermo Medina, solicitó un aumento de la multa, por considerar que no se valoró la circunstancia personal del acusado.
La defensa también recurrió la sentencia aunque, en su caso, para pedir la absolución de la condena por el delito de prevaricación que implicaba una multa y la inhabilitación por un periodo de ocho años. No obstante, hay que decir que el riosellano decidió retirarse de la vida política al quedar fuera de la alcaldía en las últimas elecciones.
La jueza Paz González Tascón hacía pública ayer la sentencia firme en la que se admitía parcialmente el recurso de apelación presentado por la acusación e íntegramente la solicitud del fiscal, por lo que se condenaba al ex alcalde y a su mujer de un delito contra la ordenación del territitorio.
El letrado Guillermo Medina confirmaba ayer que sería «una sorpresa» que José Miranda y su mujer tuvieran que cumplir los seis meses de prisión, ya que ninguno de los dos tienen antecedentes penales y su condena es de menos de dos años. «Con toda seguridad pedirán la suspensión de la pena de privación de libertad, porque cumplen todos los requisitos», aclaró el abogado, que no quiso quitarle hierro al asunto: «La condena es muy seria, son seis meses de cárcel». El abogado confirmó también que la sentencia es firme. El ex alcalde de Ribadesella, José Miranda, no quiso hacer ayer declaraciones a este medio de comunicación y se justificó por el tiempo que lleva alejado de la política.
* El Comercio Digital - 13.02.09 -A. M. / I. C.
Foto: Ribadesella - elcomerciodigital.com
Condenan al ex alcalde de Ribadesella a seis meses de cárcel
El TSJ anuló una permuta de suelo público en La Nucía que duplicó su valor en un año
INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) anuló unas permutas de suelo aprobadas por el Ayuntamiento de La Nucía a favor de la empresa Dragados después de que la promotora que adquirió posteriormente los terrenos lo vendiera en menos de un año por el doble de lo que pagó.
La permuta, consistente en nueve fincas rústicas repartidas por el término municipal, se adjudicó en concurso público a Dragados a cambio de la ejecución del centro cultural, además del aparcamiento y otras infraestructuras complementarias. El valor de la operación ascendió a 16.690.000 euros y la superficie total del suelo sumaba 362.866 metros cuadrados.
A instancias de otra constructora, el TSJ anuló en 2007 la operación urbanística al entender que no precisaba la "urgencia" con que la aprobó el Ayuntamiento de La Nucía, gobernado por el Partido Popular, además de considerar que la permuta de suelo público debe ser una medida extraordinaria y no de carácter general, como pone de manifiesto la sentencia.
Dragados escrituró las parcelas el 8 de junio de 2005. Ese mismo día las vendió a la promotora Gestrumar 2001 por el mismo importe de la operación, 16,6 millones de euros. Gestrumar 2001 hipotecó las fincas con CAM y Bancaja y las revendió en menos de un año, en sendas operaciones realizadas en mayo de 2005 y septiembre de 2006. Como consecuencia de ello, obtuvo el doble de dinero de lo que pagó.
La mercantil se quedó con una de las parcelas (la mayor de todas, de 115.383 metros cuadrados), seis se las vendió a Iberdrola y dos a Capital Golf. El montante de la operación superó los 34 millones de euros y las plusvalías de la misma rebasaron los 17, 3 millones de euros. La mayor parte de las fincas se incluyen en el plan de actuación integrada La Serreta.
Todo en menos de un año y mientras se tramitaba el citado PAI, aprobado por el Consistorio nuciero el 28 de septiembre de 2005 y ratificado por la Generalitat Valenciana en mayo del año siguiente.
Sin embargo, el TSJ ratificó en 2007 la suspensión del plan urbanístico, que prevé la construcción de 3.884 viviendas y de un campo de golf sin plenas garantías de recursos hídricos, de acuerdo con los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El proyecto aumentaría la población de La Nucía en 16.000 personas, el doble de su censo actual.
El fallo judicial se sumaba a otro anterior de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ redactado en términos similares. La resolución insistía en los mismos argumentos que sirvieron para paralizar el desarrollo de la macrourbanización en marzo de 2007 y consideraba que la documentación aportada por el consistorio que controla Bernabé Cano no variaba "en exceso las conclusiones del auto sobre el enorme incremento poblacional" que supondría el desarrollo del polémico PAI nuciero.
Los administradores de Gestrumar 2001 aparecen como socios de la sociedad Cases del Pinar junto a Andrés Ballester, presidente del grupo inmobiliario que lleva su nombre, y al empresario benidormense Roc Fuster, agente urbanizador del PAI La Serreta. La cúpula de Gestrumar también está ligada al Consejo de Administración de la mercantil Montera La Nucía, de la que es presidente Francisco Murcia Puchades. El máximo dirigente de los promotores alicantinos es el agente urbanizador del PAI Pie de Monte, el plan al que se vincula en la investigación abierta por el juez Garzón y del que intentaron hacer negocio algunos de los investigados en la presunta trama de corrupción ligada a la empresa Orange Market.
* Información - J. FAURÓ - 13.02.09
Foto: La Nucia - tagarinet
