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CANARIAS7/Tenerife* : El juez Nelson Díaz Frías ha ordenado hoy la detención del jefe del servicio técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona y arquitecto municipal, Eliseo de La Rosa, y de Arsenio Zamora, un intermediador inmobiliario, por su relación con la denuncia de la Fiscalía sobre presuntos delitos urbanísticos por parte de esta corporación, informaron a Efe fuentes de la investigación.
Ambos permanecen en estos momentos en la comisaría Tenerife Sur y mañana pasarán a disposición judicial, comentaron las mismas fuentes, que agregaron que no se descartan más detenciones durante los próximos días.
La Guardia Civil ha informado en un comunicado de que Eliseo de la Rosa está acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, y Arsenio Zamora de cohecho.
El juez Díaz Frías ha citado como testigos a representantes de diversas empresas que han prestado servicio al Ayuntamiento de Arona, a funcionarios y a otros técnicos municipales.
La anterior junta de gobierno local, encabezada por el actual alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, permanece imputada.
Sus once miembros declararon el 8 de mayo de este año ante el juez que lleva el caso.
La Fiscalía denunció a principios de este año presuntas irregularidades de prevaricación sobre el territorio y la concesión de 300 licencias urbanísticas y contratos con informes jurídicos desfavorables aprobados entre enero de 2004 y noviembre de 2006 y que fueron objeto de una denuncia presentada por el Partidos Socialista en Arona.
* Canarias 7 - EFE - 18/12/2007
Foto: Arona (Tenerife), LosCristianos - Mataparda, wikipedia.org
Dos detenidos por presuntos delitos urbanísticos en el ayuntamiento de Arona
Alzira saca del cajón un PAI de dos millones de metros en Aigües Vives
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ELPAÍS/Valencia* : Alzira no se escapa de la fiebre del golf y en unos tres años contará con un campo, 780 unifamiliares y un hotel-balneario ambientado en el medievo si el Consistorio le da hoy el visto bueno. El proyecto original, presentado en 2005, recogía la construcción de una fortaleza medieval con un hotel y 70 casas de este estilo, y una iglesia-auditorio. Finalmente, se ha variado.
La mercantil Sucesores de Vicente Sos Romeu, SL, urbanizará una superficie de 765.000 metros cuadrados en el Vall d'Aigües Vives, concretamente la finca de SOS. La extensión, donde ahora hay huertos de cítricos, linda al norte con la Sierra de les Agulles y al sur con la carretera comarcal CV-50.
El gobierno local de Alzira, del PP, que guardó en un cajón este proyecto la pasada legislatura, lo ha desempolvado ahora sin esperar a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), anunciada hace poco por la alcaldesa Elena Bastidas. El Consistorio deberá de reclasificar el suelo rústico.
En sus proximidades se encuentra el monasterio de Aigües Vives, que empezó a construirse en el siglo XVI, aunque su actual fachada data del siglo XVIII. A escasos metros, con la CV-50 de por medio, está prevista la construcción de otro campo de golf y un hotel, aprobado ya por el Ayuntamiento de Carcaixent.
El colectivo ecologista Salvem Aigües Vives se opone a esta gran urbanización por razones medioambientales y en el consejo de Medio Ambiente celebrado esta misma semana, representantes de las organizaciones sindicales y de la coordinadora de barrios pusieron serias objeciones al proyecto por estimar que afecta al paraje natural municipal Murta-Casella. La edil de Medio Ambiente, Carolina Lillo, considera esta iniciativa "equilibrada" y "sostenible".
* ELPAIS.com - XAVIER ESPANYA - Alzira - 19/12/2007
Foto: Alzira (Valencia) - cult.gva.es
Los jueces se dividen en las sentencias por delito urbanístico en Marbella
MÁLAGAHOY* : Julián Muñoz y otros cinco ex ediles del GIL han sido condenados al pago de una multa de 3.600 euros y a siete años de inhabilitación para cargo público por un delito urbanístico cometido al autorizar la ejecución de una vivienda en la zona de Artola de Marbella, cuestión dirimida en un juicio celebrado a finales de octubre. La sentencia es del juzgado de lo Penal número 8 de Málaga, que igual que hizo hace pocos días el Penal número 7, ha optado por una multa para penalizar un delito contra el territorio. Pero no todos los jueces han sentenciado así por hechos muy similares: el juzgado de lo Penal número 5 ha dictado ya dos condenas de cárcel y el número 2 se inclinó en su día por la absolución.
El primer juicio por delito urbanístico en Marbella, el del archiconocido caso Banana Beach, recayó en el juzgado de lo Penal número 5, que en marzo de 2005 condenó a Muñoz y a otros seis ex ediles del GIL a seis meses de prisión por dar la licencia para edificar casi 300 viviendas en un suelo no urbanizable. La sentencia fue ratificada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y está pendiente de una petición de indulto.
El segundo juicio, el del caso Proinsa, estuvo a cargo del mismo juzgado, que dictó otra sentencia condenatoria, en esta ocasión, de un año de cárcel. El fallo fue confirmado después por la misma Sala.
El tercer procedimiento tuvo un recorrido diferente, aunque el desenlace fue el mismo. El juzgado de lo Penal número 2 absolvió a los ex concejales del delito del que estaban acusados por autorizar el proyecto básico y el de ejecución de seis viviendas. Tras los pertinentes recursos, la Sección Segunda revocó el fallo y condenó a los procesados a un año de cárcel. Este caso supuso la primera pena por un delito urbanístico contra Pedro Román.
Más reciente es la condena a una multa dictada por el juzgado de lo Penal número 7. Hace apenas una semana, condenó a Muñoz al pago de unos 9.000 euros y a nueve años de inhabilitación. A los otros ex ediles –tres de ellos, como Muñoz y Román, se conformaron y dos se sentaron en el banquillo– también se les impuso una multa. Tanto la pena de cárcel como la de multa van acompañadas de inhabilitación en el Código Penal.
En la última sentencia por un delito urbanístico en Marbella, la del juzgado de lo Penal número 8 que ha sancionado con una multa a los ex concejales por el caso Artola, hay varios aspectos destacables. Por ejemplo, la Fiscalía pidió tras el juicio un año y medio de prisión para cada uno de ellos por un delito continuado contra la ordenación del territorio, ya que la construcción se autorizó en dos comisiones de gobierno diferentes.
La juez, que está pendiente de dictar otra sentencia, la del caso Incopromar, considera en la sentencia que los ex concejales de Marbella no cometieron ningún delito cuando, el 13 de febrero de 1998, concedieron la licencia al proyecto básico de construcción de la vivienda, ya que el expediente tenía un informe favorable. El escrito luego resultó “erróneo”, pero la magistrada entiende que los ex ediles no tenían por qué saber que esto era así. Éste es el motivo por el que Pedro Román, que presidió esa comisión de gobierno, ha sido absuelto.
Sí ve delito, en cambio, en la autorización al proyecto de ejecución, que cree tan “esencial” para una obra como el básico. Se dio el 10 de julio de 1998, después de que la construcción fuera denunciada en el juzgado. La juez entiende que este extremo debía ser conocido por los ex concejales del GIL.
La magistrada, a la hora de dictar sentencia, ha tenido en cuenta la dilación del procedimiento. Sobre la posibilidad de condenar a cárcel o a multa, se ha decantado por esta última opción por “la menor entidad del hecho, puesto que se trataba de la concesión de una licencia para una sola vivienda”.
* Málaga Hoy - Esperanza Codina - 19/12/2007
Foto: Marbella, puerto_deportivo - marbella.es
"Tengo trabajo, familia y estudios, pero vivo en un cuchitril"
ELPAÍS/Madrid* : Todos sospechaban. "En el bajo vive demasiada gente", comentaban los vecinos al cruzarse en las escaleras. La rotura de una tubería dejó al descubierto la realidad. En el piso que provocaba los cuchicheos, de unos 90 metros cuadrados, vivían 13 personas hacinadas. Menos de siete metros por cabeza. Tres o cuatro por habitación. Cinco nacionalidades con una sola cocina. Un piso patera en un edificio de gente bien de cinco plantas en Carabanchel.
El accidente, ocurrido hace dos meses, confirma una de las conclusiones del último estudio de Cáritas: hay chabolas más allá de los poblados, aunque sea un fenómeno casi invisible. En Madrid capital hay casi 122.000 infraviviendas verticales con 440.000 inquilinos. Son una de cada diez viviendas y la mayoría de las que hay en la región, con 184.665 casas insalubres.
Más de la mitad de los vecinos que se levantan cada día en una de esas chabolas verticales, en las que no disponen de intimidad, donde les toca sortear el frío porque la calefacción no existe, en las que se asean en baño compartido o donde tapan las grietas moviendo de sitio los armarios se consideran personas sin graves problemas de exclusión. Con trabajo, con familia, sin un entorno violento ni casos de abandono. Su situación no se puede considerar marginal aunque su casa sí lo sea.
Son el 52% de hogares "incluidos" recogidos en el informe de Cáritas de Madrid La infravivienda en la Diócesis de Madrid, presentado ayer. Es la primera vez que esta ONG realiza un estudio de estas características. Para alcanzar sus conclusiones, ha combinado las cifras de Madrid del Censo de Población y Viviendas del INE -los últimos datos disponibles son de 2004- más otros datos del Instituto de Rehabilitación e Integración Social (IRIS) de la Comunidad de Madrid. Su aportación es el trabajo del Equipo de Investigación Sociológica (EDI) de Cáritas, que realizó 415 encuestas entre mayo y junio de 2007 a inquilinos, con un error previsto del 4,8%.
Entre las viviendas analizadas en el informe incluyen 1.100 chabolas de las tradicionales. No figuran las casas de poblados como Cañada Real en los que no existen censos oficiales.
Una infravivienda, según la ONG, se define por cuatro medidores. El primero, la habitabilidad, analiza si la vivienda tiene servicios: agua corriente, electricidad... La accesibilidad se centra en los ingresos, la discriminación a la hora de alquilar un piso, el racismo del entorno o si los alquileres son muy caros. El tercer elemento es la estabilidad: si la vivienda es prefabricada, de integración social, subarrendada por habitaciones...
El último es la adecuación, si el inquilino vive en condiciones de hacinamiento (menos de 10 metros cuadrados por persona) o de lo que Cáritas define como promiscuidad: más de dos personas por habitación. La adecuación (74,7%) y la habitabilidad (55,7%) son los factores más comunes.
Según la encuesta, uno de cada cuatro inquilinos de esas chabolas en altura es extranjero. Los tres restantes son españoles, entre los que se encuentra un gitano. La mayoría de las infraviviendas están al este y al sur de la capital. Pero no sólo se concentran allí.
El distrito Centro es donde se concentran más edificios con problemas estructurales graves, sobre todo en los barrios de Embajadores y Universidad, con 2.389 y 1.157 viviendas. Son también los barrios con más casas sin cuarto de baño, 2.000 de las 12.000 de Madrid capital. Las viviendas con peor saneamiento están en el distrito de Fuencarral-El Pardo (220 de las 1.260 sin agua corriente). Las casas con los vecinos más hacinados se encuentran en el distrito de Puente de Vallecas (2.757 de las 26.240 de Madrid).
Aunque hagan falta sucesos inesperados como la rotura de una tubería para sacarlos a la luz, este tipo de pisos están al alcance de cualquiera. El 20% de los encuestados encontró el suyo en un anuncio o por Internet. El 10% a través de una agencia inmobiliaria.
La infravivienda en la capital
- Una de cada 10 casas de la capital puede considerarse una infravivienda.- En uno de cada cinco pisos insalubres vive más de una familia.- La situación de la estructura del edificio es grave en 21.000 viviendas.- 12.500 hogares carecen de baño y 1.260 de agua corriente.- En 5.675 viviendas de Centro conviven más de dos personas por habitación.- En 26.240 pisos, los inquilinos viven en menos de 10 metros por persona.- 6.382 pisos se encuentran en estado de ruina.
* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 19/12/2007
Foto: Pisos patera - terra.org
La fiscalía se querella contra el alcalde de Querol por prevaricación y soborno
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LAVANGUARDIA/Tarragona* : La Fiscalía ha presentado una querella criminal en el juzgado número 1 de Valls (Tarragona) contra el alcalde de Querol, Miguel Uroz (PSC), por los presuntos delitos de prevaricación, soborno y revelación de información privilegiada en la recalificación de una zona urbanística del municipio. El procedimiento comenzó hace más de un año cuando el grupo ecologista GEPEC y la plataforma Salvem Querol pusieron en conocimiento de las autoridades judiciales una serie de presuntas irregularidades.
Fuentes municipales han confirmado que la denuncia del Ministerio Público se dirige, además de contra Miguel Uroz (actual alcalde y ex concejal de Urbanismo), contra Albert Carreño (ex alcalde de Querol que actualmente pertenece al Grupo Mixto), Eduardo Bermejo (PSC) y Ricardo-Saúl Sánchea (arquitecto municipal).
Los presuntos delitos se cometieron en la recalificación de la urbanización L'Arboçar, que pasó, en tres años, de ser comprada por 70.000 euros a ser revendida por 700.000 euros, después de que la aprobación inicial del Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) contemplase 550 viviendas nuevas en la zona.
Tras la segunda aprobación inicial, que incluía otras 1.400 viviendas, se intentó vender dicha urbanización por cinco millones de euros, según el GEPEC y la plataforma Salvem Querol.
Estas entidades también afirman que, a raíz de la creación de la plataforma y del "eco obtenido", el equipo de gobierno "tomó represalias contra algunos miembros" del movimiento y "recalificaron el suelo donde viven, de urbano a agrícola".
* La Vanguardia - EFE - 18/12/2007
Foto: Querol (Tarragona) - salvem-querol.blogspot.com
Nos están engañando
Nos están engañando - Solbes dimisión
December 10, 2007
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Urbanismo y corrupción
NÉSTOR PADRÓN DELGADO* : Hace días se hacía público un manifiesto del Grupo de Estudios de Política Criminal, constituido por 200 penalistas y criminólogos de toda España, en la que se proponían fuertes medidas para luchar contra la corrupción urbanística. Al manifestar la ineficacia de los Ayuntamientos, las Autonomías y Estado para atajar la corrupción, están poniendo el dedo en la llaga ante la gran extensión de casos de corrupción que se vienen produciendo en los últimos años. Según este informe se señala como principal responsable del fenómeno a los Ayuntamientos, actuando con total arbitrariedad y amparándose en la autonomía local y de sus competencias, para su resistencia a otros controles.
Los casos conocidos de Marbella, Andraxt, Totana, Carboneras, Ciempozuelos etc., en Península y de Las Teresitas, Arona, Telde, Mogán etc. en Canarias son solo la punta del iceberg de la extensa corrupción extendida en el urbanismo que existe en muchísimos Ayuntamientos.
Resulta fuera de toda lógica que un Ayuntamiento de dos mil o cuatro mil habitantes, conceda autorizaciones mediante la recalificación de suelo agrícola para la construcción de 10.000 viviendas, acompañadas a su vez de hoteles, campos de golf etc., como resulta incomprensible y fuera de toda consideración que en un Ayuntamiento de 500 o 600 habitantes su corporación elimine miles de pinos y destruya un bosque para conceder licencias de miles de viviendas, provocando así un deterioro medio ambiental de incalculables consecuencias. La voracidad constructora en el litoral, invadiendo la zona pública, creando pantallas de edificaciones de alturas a gusto del constructor especulador, la construcción de puertos deportivos a capricho, no solo han deteriorado y destruido el paisaje natural, sino que además están contribuyendo a la degradación ambiental que provoca alejamiento y abandono del turismo.
Desgraciadamente ya hay daños irreparables, desgraciadamente hay enriquecimientos ilícitos por corrupción que posiblemente no entren en el campo de la justicia y por otra parte no ha habido concienciación ciudadana suficiente para una defensa de la calidad de vida, no solo de los presentes, sino también de las generaciones futuras. Pongo como ejemplo los grupos de manifestantes ante una comisaría en defensa de algún Alcalde imputado por corrupción o los apoyos a otro desde determinado periódico ante el mayor y fraudulento pelotazo de Canarias. Si los casos de urbanismo depredador mediante corrupción o complacencia municipal son graves a nivel general, en el caso de Canarias, por la fragilidad y limitación de su territorio son de acusada y extrema gravedad. El silencio y el temor a la decisión de tomar medidas drásticas no debería obstaculizar los cambios de las normas que impidan la impunidad de las tropelías que se vienen produciendo en los últimos años por parte de algunas administraciones.
Creo que la mayoría de los ciudadanos estarían de acuerdo con las propuestas que el Grupo de Estudios de Política Criminal ha formulado consistentes en la demolición obligatoria de construcciones ilegales en caso de delito, para "restaurar la situación inicial dañada, que se proceda a la disolución "sin vacilar" de ayuntamientos corruptos, que se establezcan controles para evitar la "connivencia o negligencia" de notarios y registradores de la propiedad, que se castigue como prevaricación el voto o informe favorable a planes manifiestamente ilegales, así como que se eleven las penas para los delitos urbanísticos. La gravedad del problema generalizado por desgracia debería llevar también a la anulación de las competencias en urbanismo a los Ayuntamientos para que sean gestionadas por un Ente, en el que tuviesen representación el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.
* Ex diputado socialista
* La Opinión de Tenerife - Tribuna abierta - 18 de diciembre de 2007
