LEVANTE* : El PGOU de Valencia incluye, dentro de la ampliación del parque de Benicalap, un conjunto de alquerías protegidas destinadas para servicio público. La singularidad de estos edificios respecto del resto de inmuebles del catálogo de la ciudad, es que los propietarios no pueden destinarlos a usos distintos a los previstos y, por tanto, es la administración quien debe adquirirlos para su rehabilitación y destinarlos al uso público establecido, según aseguró la entidad vecinal Cercle Obert de Benicalap.
Cercle Obert insta al Ayuntamiento de Valencia a recuperar este conjunto de edificios ya que, a demás de la alquería del Moro -compuesta por la "casa del señor", la Lonja y casa de Paco Lluna- también se encuentran en estado "lamentable" la alquería de la Torre, el Casino del Americano o Chalet del Inglés, conocido también por su última actividad como Saudí Park.
"El deterioro sobre este conjunto de edificios es preocupante, y la responsabilidad en que están incurriendo los responsables del Gobierno municipal es grave y sancionable a la vista del contenido normativo de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano" ya que en la alquería del Moro "se ha permitido su expolio, incluso de alguna columna medieval, y se ha deteriorado, también, por el paso permanente de vehículos", manifestaron fuentes de la organización.
* Levante-emv - 7.08.10
Foto: Valencia, alquería dels Moros - lasprovincias.es
Valencia.- Cercle Obert denuncia el ´lamentable´ estado de la alquería del Moro
Las constructoras frenan las obras públicas por los impagos de Fomento
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ELPAÍS/Andalucía* : El plan de recortes de obras públicas anunciado por el ministro de Fomento, José Blanco, el pasado día 22 de julio solo incluía en Andalucía tres tramos de la A-32 en la provincia de Jaén. Pero eso es solo la teoría. La realidad es que buena parte de las obras no se ejecutan al ritmo que deberían porque las constructoras han decidido frenarlas, cuando no paralizarlas, ante los retrasos en los pagos de las certificaciones por parte del ministerio.
"Algunas empresas han decidido que hasta aquí hemos llegado porque llevan hasta seis y siete meses sin cobrar", reconoce el presidente de la Cámara de Contratistas de Andalucía, Antonio Frade, que enfatiza que las constructoras que han echado el freno lo han hecho forzadas por esta situación de demora que a muchas de ellas no les da otra alternativa. "Ninguna empresa quiere dejar de hacer una obra, pero todas quieren cobrar por lo que hacen", insiste.
Entre las obras afectadas se encuentran el tramo Bobadilla-Granada que es el que corresponde a Fomento de la línea de alta velocidad transversal, los cinturones de circunvalación de las dos principales capitales (SE-40 e hiperronda de Málaga), o el soterramiento de la travesía de la A-7 por San Pedro Alcántara, uno de los puntos de más conflictividad en el tráfico en la red viaria andaluza. CC OO denunció ayer que sólo en esta última obra, que ejecuta OHL, se han despedido a 200 trabajadores y que si bien se ha reactivado la obra en la parte exterior, la construcción del túnel está paralizada.
También está ralentizada la construcción del segundo puente de acceso a Cádiz, aunque el ministro de Fomento se reserva "una solución ad hoc" que anunciará el próximo día 24 que permita que la obra esté concluida para 2012, ya que es uno de los emblemas de la celebración del bicentenario de la Constitución de 1812.
Según Frade, las dificultades para el cobro de las certificaciones se arrastran desde comienzos de año, pero ahora han llegado ya a una situación límite. Normalmente, en la mayoría de las infraestructuras, las certificaciones las firma el director de la obra designado por la Administración previa presentación mensual de una lista con los trabajos realizados por parte de las adjudicatarias. Lo habitual en los contratos es fijar plazos de pago de 30 o 60 días, pero el problema, según Frade, es que Fomento ya acumula en muchos casos hasta 150 días sin abonar certificaciones, lo que ocasiona serias dificultades financieras a las empresas, que encuentran además que las entidades financieras les exige la devolución de los adelantos sin admitir prórrogas. Y lo peor es lo que viene, pues según el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, José Prado, Fomento ha trasladado mensajes de que apenas dispone de liquidez para hacer frente a certificaciones en lo que queda de año.
"La situación es muy grave", insiste Frade. La Cámara de Contratistas trabaja en la elaboración de un inventario sobre todas las deudas acumuladas por las distintas administraciones con empresas constructoras. De momento sabe que sólo la Consejería de Obras Públicas adeuda casi 300 millones de euros, aunque según Frade, la Junta "paga muy bien y es posiblemente la comunidad que mejor lo hace". Pero no todos los departamentos, porque la Agencia Andaluza del Agua tiene la etiqueta de muy mala pagadora, con obras sin pagar desde hace más de siete meses.
De momento no hay una respuesta única de las contratistas, aunque el panorama para los próximos meses es de práctica paralización. Cada empresa actúa hasta ahora en función de sus posibilidades financieras y también del estado y características de las obras, ya que no se puede parar en cualquier momento. Por ejemplo, si se deja en suspenso una carretera que está a cota de tierra, pendiente de firme y refuerzo, se corre el riesgo de que unas lluvias la destrocen por completo.
* El País - 7.08.10
Foto: San Pedro de Alcantara (Marbella), ayuntamiento - Benito, picasaweb.google.com
Quieren una carretera por medio de la playa de Doñana
CÉSAR JAVIER PALACIOS* : Es el penúltimo despropósito de Doñana. Abrir una carretera entre Almonte y Sanlúcar de Barrameda a través de la inmensa playa del Parque Nacional en lugar de reducir al mínimo el actual y vergonzoso paso de vehículos por sus arenas, algo incompatible con su conservación. Así lo reivindican desde hace décadas ambos Ayuntamientos, quienes como medida de presión facilitan los accesos rodados en vez de prohibirlos. Resultado: los coches circulan a diario por el paradisíaco refugio de la naturaleza. Como recuerda WWF, los 32 kilómetros de costa virgen de la playa del Parque Nacional de Doñana son el último vestigio que queda en el sur de Europa de un ecosistema totalmente perdido por el urbanismo desmedido y las actividades humanas sin control.
La veterana ONG considera que esta joya necesita mayor grado de protección, investigación y ordenación, y no una mayor presión que podría dañarla irreversiblemente, como ha ocurrido con el resto de la costa onubense.
No por casualidad, la Comisión Permanente del Convenio de Patrimonio Mundial de la Unesco estudia si el Parque Nacional, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994, reúne las condiciones para seguir ostentando este título o se incluye en la lista de ‘lugares en peligro’. Campos de fresas, eucaliptos, vertidos, pozos ilegales, carreteras, contaminación,… No hay duda. Doñana está en grave peligro.
* Blogs 20 Minutos - La Crónica Verde - 5.08.10
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A Coruña.- Una alegación al plan general exige que se anule el proyecto de la Cantera de Mesejo
LAOPINIÓN* : Un propietario de terrenos en el entorno de la Cantera de Mesejo, en las proximidades de Penamoa, exige mediante una alegación que el nuevo plan general de urbanismo anule la recalificación de terrenos realizada en la zona en 2004 y el proyecto para la construcción de 139 viviendas aprobado en 2008, al considerar que se tramitó de forma irregular y que favoreció a los dueños de esas parcelas en perjuicio de los de toda el área que la rodea. El autor de la alegación afirma que el objetivo de la modificación puntual del plan general de 1998 que se efectuó en el polígono de la Cantera de Mesejo era "una clasificación y calificación que diera cabida legal a un proyecto con el que exprimir al máximo la superficie, el vuelo y el subsuelo del mismo", así como "la venta del suelo con pingües beneficios".
En lugar de buscar el mejor uso racional del suelo, la modificación urbanística realizada ha pretendido su "mejor uso mercantil", según el alegante, quien denuncia que se seleccionó "la fórmula que en mayor medida evitaba más filtros que los propiamente municipales"
El autor de la alegación solicita la exclusión como suelo urbano de los terrenos comprendidos en el área de planeamiento incorporado Cantera de Mesejo apelando a "razones de coherencia urbanística, racionalidad, igualdad e interdicción de la arbitrariedad", de acuerdo con la "igualdad de los administrados y la proporcionalidad" y asegura que su único objetivo es "el interés público y no el particular", al tiempo que anuncia que si el Ayuntamiento no tiene en cuenta esta alegación, recurrirá el proyecto ante los tribunales.
El 2 de noviembre de 2004 fue aprobada la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en la zona denominada Cantera de Mesejo, con la que sus terrenos pasaron de ser suelo rústico a urbano. Sólo cinco meses más tarde, el 11 de abril de 2005, José Manuel Mesejo y el resto de propietarios de las parcelas se las vendieron a la empresa Obras y Construcciones Alén, mientras que el proyecto de urbanización de la zona, que prevé la construcción de 139 viviendas agrupadas en cuatro bloques aislados con bajo y siete alturas, fue aprobado el 29 de febrero de 2008.
Esta última iniciativa municipal fue alegada entonces por la misma persona que ahora lo hace con la inclusión del proyecto en el nuevo PGOM, sin que el Ayuntamiento llegase a contestarle.
El autor de la alegación destaca que la modificación urbanística realizada en 2004 en la Cantera "se circunscribe a una única finca física" y que su objetivo era "clasificar/calificar como suelo urbano de uso residencial de alta densidad una única finca que, al momento de su aprobación y a fecha de hoy, carece de la mínima infraestructura... para poder ser así calificada".
La razón de este cambio de calificación sería evitar "la aplicación de la coherencia urbanística", que obligaría a desarrollar de forma conjunta toda el área de Penamoa "dotándola de coherentes y racionales infraestructuras comunes".
En la alegación se considera "fácilmente contrastable" que los terrenos recalificados "no contaban ni cuentan con la más mínima expresión de infraestructuras que garanticen el uso para el que la actuación urbanística ha sido proyectada" y que tan sólo disponen de un plan de infraestructuras no integrador, en referencia a la actuación aprobada por el Ayuntamiento el 30 de octubre de 2006, de la que dice que su "único mérito ha consistido en proyectar unos etéreos accesos al mismo" con la finalidad de "cubrir el expediente".
Para el alegante, la actuación lógica en esta zona habría sido la clasificación de todo el suelo -incluida la Cantera de Mesejo- como suelo urbanizable, cuando la situación actual es que esa propiedad queda "literalmente encorralada entre numerosas fincas colindantes" y que debe ser unida con la malla urbana "por un istmo artificial todavía a crear ad hoc".
La tramitación urbanística seguida en este caso recibe fuertes críticas del autor de la alegación, quien estima que, de acuerdo con la legislación, en lugar de una modificación puntual del plan general debería haberse redactado un plan parcial. Este mecanismo hace necesaria la solicitud de informes sectoriales a diferentes administraciones, entre los que figuran la Evaluación de Impacto Ambiental y el Informe de garantía de reservas de suelo para dotación de sistemas generales en proporción adecuada a las necesidades poblaciones, dos documentos que no se exigieron para recalificar la Cantera.
El cambio urbanístico de forma aislada realizado con estos terrenos pretendía, según el alegante, anticiparse al actual proceso de revisión del plan general y "burlar" el previsible paso de esta finca y de todas las colindantes a suelo urbano, con el fin de eludir las obligaciones a que se verían obligados los propietarios.
Como prueba de esta argumentación, se menciona que en todo el área que rodea a la Cantera de Mesejo la edificabilidad permitida es del 0,5 metros cuadrados por cada metro cuadrado, mientras que en los terrenos recalificados es de 1,16 metros cuadrados por metro cuadrado.
A esto hay que unir que el entorno de esa finca es necesario realizar una cesión de suelo para sistemas generales y locales y para equipamientos que suma 790.444 metros cuadrados, a lo que se une la reserva del 54% de la superficie edificable para viviendas de protección pública y la cesión del 2,5% de los terrenos para viviendas de promoción pública y del 10% del aprovechamiento al municipio coruñés.
Pero en la Cantera de Mesejo se excluye del cálculo para la edificabilidad el 8,27% del total de los terrenos, lo que permite a sus propietarios librarse de cesiones para sistemas generales y locales y para equipamientos, así como de la cesión del 10% del aprovechamiento al municipio, mientras que sólo se exige la construcción de viviendas protegidas en el 20% de la edificabilidad.
Otro de los datos que para el alegante revelan la existencia de un trato de favor es que el entorno de la cantera deberá desarrollarse mediante el sistema de cooperación, lo que implicará la redacción de planes parciales e informes sectoriales como la evaluación medioambiental y otros de la Consellería de Infraestruturas sobre accesibilidad, funcionalidad e integración en la estructura urbanística. La cantera, por el contrario, será desarrollada por iniciativa privada mediante un plan especial que no precisó ningún informe de este tipo.
"Uno comprende a las claras por qué el Área de Planeamiento Incorporado L25 tiene nombre propio: Mesejo, comprendiendo con rapidez las desigualdades en cuanto a los beneficios de una en contraposición con los de la otra", manifiesta el autor de la alegación, quien destaca también que la venta de la finca a su actual propietario se efectuó sólo cinco meses después de su cambio urbanístico y con un precio "directamente proporcional a los beneficios que la tan manida modificación puntual le otorgó en detrimento de sus convencinos, cuyas cargas urbanizatorias ahora han de soportar.
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* La Opinión A Coruña - 19.07.10
Foto: Terrenos de la Cantera de Mesejo, con el barrio de O Ventorrillo al fondo. - laopinioncoruna.es
Corrupción y sociedad
LUIS FERNANDO CRESPO* : Los delitos que presuntamente se han cometido en muchas Administraciones, el cohecho, la prevaricación y el tráfico de influencias, necesitan la colaboración de tres responsables: el político electo que lo autoriza, su valido o muñidor interpuesto (funcionario público o designado) que solicita o recibe las prebendas y el administrado que las paga o propone. Lo deseable sería que se depurasen todas las responsabilidades y que el peso de la ley cayese sobre ellos. Unos y otros son jugadores de ventaja, actuaron contra la Administración, que solo es servicio público cuando cumple las leyes, y contra los intereses de otros ciudadanos que por no prestarse a la comisión del delito vieron mermados sus derechos y posibilidades de atención por parte de la Administración afectada.
Durante el pasado debate sobre el estado de la nación, de contenido principalmente económico, todos callados; la corrupción, que influye absolutamente en la economía, es un asunto espinoso para todos los grupos parlamentarios.
Nos haría un flaco favor a los españoles que todo esto (Malaya, Gürtel, Pretoria, Ballena Blanca, Palma Arena, Palau de la Música, Brugal...) quedase solo en un asunto judicial del que el Gobierno y la oposición nada quieren saber, o peor aún, que se transformase en un asunto que, por implicar a demasiadas personas socialmente relevantes, fuese poco aclarado en sede judicial.
De ser así, la sospecha de irregularidad no sería solo de los implicados, sino de la sociedad española en su conjunto, por muy dura que nos parezca esta consecuencia.
* El País - Opinión - 6.08.10
