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ELCORREO* : Prevaricación urbanística, falsedad documental y ahora, también, cohecho. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, Susana Junquera, que investiga la denuncia interpuesta por el fiscal jefe contra Antón Sáenz de Santa María, ex director municipal de Urbanismo y 'mano derecha' del titular del área en el anterior gobierno del PP, Jorge Ibarrondo, por el caso del sobreprecio de los 24 chalés bioclimáticos tasados de Ibaiondo, ha decidido ampliar las imputaciones contra el funcionario.
Lo hizo ayer ante la sorpresa de la Fiscalía, las acusaciones particulares de PNV, EB y EA, y, sobre todo, de la defensa de Sáenz de Santa María.
En su primera declaración ante la magistrada, el anterior director de Urbanismo negó tajantemente la comisión de los dos presuntos delitos de los que le acusa el fiscal y también del cohecho -cobro de comisiones ilegales-. El funcionario aseguró no tener ninguna relación personal ni empresarial con Opacua, la constructora que levantó los polémicos chalés, y que finalmente cobró a los adjudicatarios -elegidos por sorteo- 315.000 euros por casa, 54.000 más del precio fijado por el pleno del Ayuntamiento.
La constructora justificó este fuerte incremento en los elementos bioclimáticos de los que dotó a los chalés -como placas solares o dispositivos de aprovechamiento de aguas pluviales-, que Fiscalía y acusaciones sostienen ya estaban incorporados al precio inicial establecido por el Consistorio. Y lo hizo tras recibir en julio de 2003 una nota informativa firmada por Santa María que estimaba en 54.000 euros el aumento a aplicar a cada vivienda por su especial equipamiento. El funcionario envió la nota apenas 24 horas después de que Opacua preguntara al Consistorio cuánto podía cobrar por cada vivienda.
El ex alto cargo de confianza del PP sostuvo ante la juez que la nota informativa era «una mera opinión, sin alcance jurídico». Agregó que no consultó previamente el contenido a su jefe, el entonces concejal Jorge Ibarrondo, al que sí envió copia. No hizo lo mismo «ni a la mesa de contratación, ni a ningún otro órgano municipal».
Entonces, ¿por qué la Agencia Municipal de Renovación Urbana, la sociedad encargada de gestionar los sorteos de pisos protegidos, elevó el precio de los chalés exactamente en esos 54.000 euros «compartiendo» el criterio del ex director? Santa María se limitó a hablar de «coincidencia», tras dejar claro que él «no participó en la Agencia» y que ésta, presidida por Ibarrondo, no le solicitó el informe.
Subvenciones
El siguiente paso de las averiguaciones judiciales irá dirigido a conocer cómo llegó la nota a la sociedad municipal, y quién y por qué le dio rango de oficialidad, lo que permitió a Opacua cobrar 54.000 euros más por chalé, lo que se avisó a los compradores antes de que escrituraran su vivienda. Para ello EB pedirá que declare Ana Aguirre, directora-gerente del organismo.
El testimonio de José Ignacio Urdiain, técnico jefe de la Unidad de Valoración, podría resultar clave para dar luz al caso, pero ha fallecido. Él fue quien emitió el informe en el que se tasaba el precio medio de cada chalé que fijó el pleno municipal. Sin embargo, el día en el que Opacua pidió aclaraciones al Ayuntamiento se encontraba de baja. Sáenz de Santa María declaró ayer que al estimar que su ausencia «iba a prolongarse» decidió elaborar él mismo la nota para «dar respuesta inmediata a la solicitud».
El ex alto cargo añadió que en ese escrito avisó a la constructora que el coste final de las casas «podría variar en función de las subvenciones y que éstas deberían servir para abaratar el precio final, no para quedárselas ella», como a su juicio se deduce de los anexos del acuerdo del pleno, que fijó el valor de cada chalé en torno a los 250.000 euros.
Y es que, Sáenz de Santa María justificó en todo momento la idoneidad de su actuación con el argumento de que el precio por casa acordado por el pleno municipal era «sin instalaciones bioclimáticas». «No debía de estar tan claro el pliego de condiciones cuando Opacua hizo una oferta de 1,7 millones (por quedarse con la promoción) y el otro ofertante, Sarkis, de 60.000 euros», zanjó.
* El Correo Digital - 17.11.07 - ADOLFO LORENTE
Foto: Vitoria-Gasteiz, ayuntamiento - Miguel A. Garcia (vitoria-gasteiz.org)
Vitoria: La juez imputa también por cohecho al ex director de Urbanismo en el caso Ibaiondo
El fiscal acusa al alcalde y varios concejales de Orpesa por una denuncia urbanística
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LEVANTE-EMV/Castelló* : La Fiscalía ha presentado acusación en el juzgado contra altos cargos del Ayuntamiento de Orpesa tras encontrar indicios de delito en una denuncia presentada por el Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen), que acusa al alcalde, Rafael Albert, y otros 9 concejales de prevaricación urbanística y «unas ilegalidades por valor de más de 40 millones de euros» en la venta de 200.000 metros cuadrados del paraje de la Renegà, según confirmaron fuentes de la Audiencia Provincial.
Dicha determinación, ratificada en un decreto firmado el 26 de septiembre de 2007, surge como resultado de las diligencias de investigación penal abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que tras varios meses de pesquisas ha confirmado la existencia de posibles delitos y ha decidido remitir una denuncia al juzgado. La denuncia original remitida por Gecen a la Fiscalía refleja la supuesta venta de terrenos municipales de la Renegà a un urbanizador privado al precio de entre 6 y 24 euros euros por metro cuadrado y en contra de los informes emitidos por la Intervención en noviembre de 2003.
El colectivo ecologista acusaba de delitos de prevaricación general y prevaricación urbanística a todos los ediles de Orpesa que (con la mayoría del PP y el GIO y un edil del PSPV) aprobaron los siguientes planes urbanísticos de la sierra de la Renegà: Torre Bellver, Ampliación de Torre Bellver, Torre Colomera, La Renegà, El Tossal Natural y la ampliación de El Balcó. El único edil del pleno que no votó a favor fue el portavoz del Bloc, Josep Lluis Romero.
La mencionada denuncia advierte que el gobierno local autorizó la venta de directa de terrenos pertenecientes al Patrimonio Público del Suelo a sabiendas de su «ilegalidad» . Además, la asociación recuerda que el artículo 404 del código penal indica que se castigará «a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictara una resolución arbitraria en un asunto administrativo» .
La denuncia de Gecen también recalca que esta operación supuso «unas ilegalidades por un valor monetario superior a 40 millones de euros (unos 6.666 millones de pesetas) procedentes de la venta de más de 200.000 metros cuadrados en las actuaciones urbanísticas citadas derivadas de los excesos de aprovechamiento urbanístico, cesiones del 10% de aprovechamiento y aprovechamiento de terrenos municipales» . A este respecto, el escrito que ha motivado la denuncia de la Fiscalía precisa que la venta de los mencionados terrenos (enmarcados dentro de los planes urbanísticos) «se adjudicó a la empresa sin subasta y sin justificación de valor al precio de 6 euros por metro cuadrado, (con un aprovechamiento de 24 euros el metro cuadrado) cuando el precio medio en el mercado roza los 200 euros y el precio después de urbanizar es de 600». Fuentes de la Audiencia precisaron que, al margen de las posibles acusaciones contra miembros de la corporación, la Fiscalía podría pedir que se investigue si hubo responsabilidades por parte de algún responsable técnico que también aprobó la operación.
* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 17 de noviembre de 2007
Foto: Oropesa del Mar (Castellón) - navymar.com
El juez imputa a quince personas más en el caso de la 'Ciudad del Golf' de Las Navas (Ávila)
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ELPAÍS* : El juzgado de Ávila que instruye el caso por la aprobación de la ciudad del Golf -una urbanización de 1.600 chalés, hotel y cuatro campos de golf, en un pinar de Ávila especialmente protegido- ha ampliado drásticamente el número de imputados. Tras declarar por la presunta corrupción en la aprobación el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez, el secretario municipal, el director de Medio Natural de la Junta, Mariano Torre, y el ex presidente de la Diputación, Félix San Segundo, el juez ha aceptado la petición de la asociación ecologista Centaurea y llama a declarar a ocho miembros de la comisión territorial de urbanismo, al promotor del complejo, Francisco Gómez, alias El Paloma, y a seis técnicos que avalaron la recalificación.
En un auto fechado el 12 de noviembre, el juez llama a declarar a todos los miembros de la comisión de urbanismo "vista la existencia de acuerdos adoptados por unanimidad tendentes a conseguir la urbanización en suelo especialmente protegido desde la perspectiva de los delitos relativos a la ordenación del territorio". La comisión aprobó la recalificación de un pinar especialmente protegido que incluye una parte considerada área crítica para la cigüeña negra, una especie en extinción. El plan le permitía a la empresa la tala de más de 35.000 pinos maduros. Un vecino molesto porque a él no le recalificaron el suelo recurrió y en 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la urbanización. Ahora, como en Marbella, el juez trata de dirimir si hubo prevaricación.
Años antes de iniciar la urbanización, el ayuntamiento, la Junta y la diputación, del PP, habían pactado por escrito con el promotor que le recalificarían el pinar. El alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez, del PP, pactó en 1999 con el Banco Santander, propietario de Unión Resinera, la compra de 7.000 hectáreas de monte del pueblo por nueve millones de euros que saldrían de una recalificación de 95 hectáreas de pinar para hacer una urbanización. Para el banco no era garantía suficiente, ya que la Junta podría frenar la urbanización. Así que ésta entró en la operación.
La Consejería de Medio Ambiente entró con el 20% de la sociedad pública Montes de las Navas, SA. El Ayuntamiento se quedó con el 70% y la Diputación, el 10%. En 2001 buscaron un promotor para edificar el pinar. Según un consejo de administración, contactaron entonces con la empresa Residencial Aguas Nuevas, del promotor alicantino Francisco Gómez, alias El Paloma, también presidente de varios equipos de fútbol. Entonces la empres ya firmó "su intención de adquirir 95 hectáreas de pinar por 9,157 millones de euros".
El pinar salió a subasta y se lo quedó la empresa que diseñó la urbanización. El solar era ya de 215 hectáreas (de las cuales el municipio sólo había recalificadas la mitad). Era más del doble del terreno pactado inicialmente pero or prácticamente el mismo precio. Era febrero de 2002 y en julio, al firmar la escritura, la constructora introdujo una cláusula por la cual, si el terreno no estaba recalificado en dos años, la empresa pública le indemnizaría.
Sólo el Tribunal Superior de Castilla y León, contra todo pronóstico, anuló la urbanización para proteger el medio ambiente, ya que consideró que la Junta vulneró su propia normativa de protección de la cigüeña negra. La sentencia no impidió que El Paloma talase unos 3.000 pinos antes de que el fiscal de Medio Ambiente lograse parar la tala.
Por el juzgado ya han declarado cuatro imputados y ahora pasará un representante de la empresa Aguas Nuevs, José Ángel Arranz, que firmó informes favorables junto a Mariano Torre; Juan Manuel Pardo Ontoria, jefe del servicio territorial de Medio Ambiente de Ávila; Sabas Yagüe que emitió informes contradictorios; José Ignacio Molina entre otros técnicos. La llamada se produce porque los ya imputados se han escudado en los informes de los técnicos y en la unanimidad de la comisión territorial de urbanismo para justificar la urbanización.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - 17/11/2007
Foto: Las Navas del Marqués (Ávila), tala en la Ciudad del Golf - J.Martin ( EFE )
Manos Limpias se querellará contra Gallardón por no adoptar medidas contra la trama de corrupción
EUROPAPRESS/Madrid* : El sindicato de funcionarios Manos Limpias se querellará contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y las ex concejales de Medio Ambiente y Urbanismo, Paz González y Pilar Martínez, respectivamente, por no adoptar medidas para frenar la presunta trama de corrupción de empleados públicos destapada en la denominada 'Operación Guateque'. Miguel Bernad, secretario general de este sindicato, adelantó que solicitarán la responsabilidad penal de Gallardón, las ex ediles y los concejales de varias Juntas de Distrito por un supuesto delito de comisión por omisión.
La acusación contra el alcalde y las citadas concejales se incluirá bien en la querella criminal que presentarán la próxima semana para personarse como acusación popular en el 'caso Guateque' o en una querella independiente. "La ley es igual para todos. El órgano de vigilancia era conocedor de los hechos y no tomó las medidas necesarias para frenarlo", se quejó Bernad, que recordó que ya se denunciaron estos hechos hace un año y medio.
En el escrito de personación, el sindicato de funcionarios incluirá al menos 18 denuncias de particulares que dan cuenta de las extorsiones a las que fueron objeto por parte de funcionarios de la Gerencia de Urbanismo por negarse a entregar dinero a cambio de la concesión de la licencia para abrir o reabrir un local.
INVESTIGACIÓN A ALCALÁ 20
Como ya apuntó ayer, Bernad subrayó que el sindicato extenderá la investigación del 'caso Guateque' a más Juntas de Distrito de la capital y a la discoteca Alcalá 20, al traslado de Pachá a Núñez de Balboa y al cambio de Joy Eslava a la calle Cleofrás.
"Detrás de estos traslados hay una operación urbanística tremenda. Si se hacen que se haga con todas las garantías", apostilló secretario general de Manos Limpias.
* Europa Press - MADRID, 16 Nov
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE
El Consell lleva dos años sin impulsar la vivienda protegida
ELPAÍS/Valencia* : El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los valencianos. Pese a ello, la Generalitat lleva dos años sin firmar un solo convenio con los municipios para impulsar la construcción de pisos subvencionados. No es de extrañar que los socialistas preguntaran ayer por segunda vez consecutiva al presidente Francisco Camps por esta cuestión. Ángel Luna, portavoz del PSOE, volvió a pedir los datos de las actuaciones del Consell en Vivienda de Protección Oficial (VPO) y la inactividad del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) respecto de los Ayuntamientos.
Camps, lejos de responder, glosó las actuaciones presentes, pasadas y futuras, -sobre todo futuras- de su Gobierno. Así, dijo que las actuaciones de la Generalitat ascenderán a 148.500 en esta legislatura. A través del Ivvsa, ya sea en actuaciones directas en promoción de vivienda o de suelo, se han acabado 1.117 pisos protegidos, 1.100 están en ejecución y otros 3.069 en tramitación. El presidente de la Generalitat habló además de una reserva de suelo para otros 82.000 pisos, así como de planes aprobados para la ejecución de otras 34.000 viviendas. El instituto sumaría otros 3,3 millones de metros de suelo para la edificación de 28.334 pisos protegidos más.
En su turno de réplica, Luna cuestionó el rosario de cifras que Camps dio en la Cámara y se remitió a las 205 viviendas protegidas que aparecen accesibles en la actualidad en la web del Ivvsa. Desde su escaño, la diputada socialista María José Salvador preguntó a Camps si en la última década -el PP gobierna la Generalitat desde 1995-, el Ivvsa sólo había firmado 28 convenios con Ayuntamientos valencianos para promover pisos subvencionados y si el último protocolo suscrito databa de hacía casi dos años.
La respuesta fue afirmativa, aunque la ofreció el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, José Ramón García Antón, no el presidente. El último convenio se firmó en 2005. Del vacío de dos años ni palabra y de ahí al futuro: tres nuevos convenios para edificar un total de 3.200 VPO en Santa Pola, Vinaròs y Alboraia. García Antón repitió la reserva de suelo para 82.000 pisos a la que aludió Camps al principio e insistió en que 34.000 casas están ya tramitadas. "No está mal ¿eh?", dijo García Antón.
El Consell prometió en 2003 100.000 nuevas VPO. Los datos oficiales no reflejan este impulso y la desproporción entre viviendas libres y protegidas, pese al parón de las primeras, es palmaria. En el segundo trimestre de este año se visaron en la Comunidad Valenciana 975 VPO frente a 21.975 de renta libre.Uno de los escaparates comerciales donde podrá apreciarse más crudamente el desequilibrio entre vivienda de renta libre y escasez de VPO será en Urbe Desarrollo, feria del sector inmobiliario que se celebra en Valencia entre el 22 y el 25 de noviembre. Los organizadores del certamen han explicado que los 240 expositores que acuden esta edición ofertarán 180.000 inmuebles en un momento de cambio de ciclo en el sector de la construcción.
Los organizadores apuntan a la oferta de VPO como uno de los productos estrella del certamen, pero cuando se les pregunta por su importancia numérica en el conjunto de la oferta, reconocen que todavía es escasa. Según explicó, el portavoz del certamen, José Luis Berenguer, "se ha pasado de unos años de auge inmobiliario, que alcanzó las 760.000 viviendas a las 400.000 que se hacen actualmente", dijo refiriéndose al conjunto de España.
La nueva convocatoria de la feria Urbe Desarrollo ofrece 70.000 metros cuadrados de exposición, donde se presentarán "todo tipo de hábitat" desde primera vivienda, Vivienda de Protección Pública (VPP), de alquiler y residencial, hasta vivienda vacacional, e incluso locales comerciales.
Los responsables de Urbe reconocieron que uno de los elementos que salpicarán esta edición es el cambio de ciclo en la edificación, que, tal y como indicaron, "pasa por un reajuste de la oferta inmobiliaria a la demanda estructural".
El sector intenta, no obstante, mantenerse optimista y ayer destacaron que juegan a favor del futuro del sector ciertos elementos como "el comportamiento de la economía española y la evolución sociodemográfica de la sociedad", así como "algunos aspectos culturales muy arraigados", entre los que citaron la propiedad de la vivienda.
La vivienda sigue siendo una de las primeras necesidades de la población española, según los organizadores, que añadieron que la industria de la construcción está "receptiva" a esta situación, por lo que "seguirá aportando al mercado lo que éste demanda". Resaltaron que en medio se encuentra Urbe Desarrollo, porque actúa como "un punto de encuentro de referencia para satisfacer a las partes implicadas en esta relación".
En la feria inmobiliaria expondrán empresas de ocho autonomías como son la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Canarias y la comunidad de Madrid. Además, mostrarán sus productos y servicios referentes a este sector compañías procedentes de Rusia, Bulgaria, México e Italia.
Según los responsables del evento, las empresas expositoras de Urbe Desarrollo presentarán sus proyectos en las condiciones más atractivas que permite actualmente el mercado. La mayoría de los promotores que acuden a la muestra aprovecharán la concentración de agentes del sector para dar a conocer los descuentos, regalos y ofertas de servicios añadidos como financiación, decoración y viajes que ofrecen a los posibles interesados en la adquisición de un inmueble.
A la cita de este año han confirmado su asistencia inversores procedentes de 12 países. Así, a los "tradicionales" grupos de Reino Unido y Alemania, se unen en la próxima edición visitantes de Bélgica Eslovaquia, Rumania, Rusia, Ucrania, Bulgaria, Costa Rica, México, Dubai y Andorra.
El certamen inmobiliario patrocinará el concurso La casa de tus sueños, que apoya con 30.000 euros la compra de una vivienda entre el público visitante. Se trata de una iniciativa con la que la feria pretende atraer a más público.
* ELPAIS.com - C. VÁZQUEZ - Valencia - 16/11/2007
Foto: Valencia, protesta Vivienda Digna 2006 - EFE
La fiscalía investiga ´pelotazos´ urbanísticos en el Plan Territorial de Mallorca
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DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía de Palma está investigando los pelotazos urbanísticos que se han podido producir en Mallorca tras la aprobación del nuevo Plan Territorial, que entró en vigor en 2004. Esta investigación está en sus primeros inicios y se está comprobando la titularidad de los terrenos que se han podido beneficiar con un cambio de calificación urbanística, tras la entrada en vigor del Plan Territorial de Mallorca (PTM) que fue efectivo en 2004 tras ser aprobado por el Consell Insular cuando estaba gobernado por Unió Mallorquina y PP.
Ante la gran complejidad de esta investigación, que se ha convertido en el caso de mayor envergadura que se está tramitando en estos momentos en la fiscalía, se ha solicitado la colaboración de la Guardia Civil para que se encargue de la recogida de toda la documentación. Cuatro agentes del instituto armado han recibido la orden de dedicarse en exclusiva a esta investigación, según confirmaron fuentes policiales.
Esta investigación se centra en cinco municipios de Mallorca y afectaría a un millón de metros cuadrados (mil hectáreas) de terrenos que cambiaron de calificación urbanística tras la aprobación de este plan. El pasado martes la Guardia Civil acudió a los cinco ayuntamientos a solicitar información sobre determinados solares. Fue una actuación conjunta coordinada por la fiscalía. Se pidió documentación en los ayuntamientos de Campos, Marratxí, Sóller, Pollença y Alcúdia, que son las localidades de la isla donde se produjeron más cambios de calificación urbanística acordados por este plan de ordenación. Los agentes volvieron ayer a las oficinas de Campos a solicitar más documentación.
Fuentes policiales indicaron que esta investigación pretende averiguar si poco antes de la aprobación del plan se han producido cambios de titularidad de terrenos que se habrían visto beneficiados con una nueva calificación urbanística. Se estaría averiguando si los propietarios que adquirieron estas fincas se habrían aprovechado de una información privilegiada sobre las directrices políticas que se seguían para aprobar este plan de ordenación. Este millón de metros cuadrados, que se conocen como las áreas territoriales de reconversión directas, habrían pasado de ser terrenos rústicos a urbanizables y, por tanto, su precio se habría multiplicado. En todo caso, no todos los propietarios que se han visto beneficiados con este plan urbanístico estarían bajo sospecha, sino sólo los que habrían comprado los solares poco antes de la aprobación de este plan urbanístico.
El fiscal ha actuado tras una denuncia presentada por el GOB. Esta denuncia fue presentada hace casi un año. Sin embargo, hasta ahora, debido a la gran carga que soporta en estos momentos la fiscalía, no se han podido realizar las primeras gestiones para averiguar las presuntas irregularidades. El fiscal jefe de Balears ha autorizado estas diligencias y también se ha informado a la Fiscalía General del Estado. Fuentes policiales señalaron la dificultad que supondrá demostrar si alguno de estos nuevos propietarios ha podido aprovecharse de una información privilegiada para enriquecerse.
* Diario de Mallorca - J. F. MESTRE/ F.A. - 16 de noviembre de 2007
Foto: Protesta contra el nuevo plan urbanístico de Mallorca/ S. Llompart (Diario de Mallorca)
