ELPAÍS/Murcia* : Entre 1957 y 1990, una mina sepultó la rada murciana de Portmán con metales pesados. Manuel se arrodilla sobre la arena negra y toma un poco en las manos. "Mire cómo brilla. Es el mineral que queda". Y señala los destellos que emanan aquí y allá. Pasea por la playa de Portmán (La Unión, Murcia), lo que fue una majestuosa bahía, puerto natural usado desde la época de los romanos, es hoy el mayor vertedero de residuos mineros al aire libre de España. Los desechos de 33 años de la mina en la que Manuel trabajó como palista saturaron la rada (hasta 14 metros de profundidad) y arrasaron 12 kilómetros mar adentro. Es posiblemente el mayor desastre ambiental del Mediterráneo y, 20 años después de que cesaran los vertidos, la bahía sigue aterrada y sin solución a la vista.
Santiago Guillén, ingeniero técnico de minas jubilado del Ayuntamiento de La Unión, sabe que cuesta entender cómo se ha llegado a esta situación. "En 1957 la empresa francesa Peñarroya pidió instalar aquí uno de los lavaderos de flotación más grandes del mundo", cuenta en un céntrico café de La Unión, "ciudad minera y flamenca". Las minas, de plata, oro, blenda, pirita..., habían sido explotadas desde los romanos. Pero lo de Peñarroya era otra cosa. "Un monstruo", como define Santiago al lavadero, bautizado como Roberto.
Como las vetas eran malas, la empresa pasó a volar enormes cantidades de tierra y en el lavadero a tratarla con productos químicos para separar los minerales. Una ínfima parte era valiosa. El resto, la tierra mezclada con los reactivos y restos de plomo, zinc, cadmio, una especie de lodo parduzco, se vertía a la bahía. "Tiraban 40.000 toneladas al día al Mediterráneo", se escandaliza Santiago.
Casi cada mes había que mover "el chorro", como llamaban al tubo por el que salía el vertido mar adentro, pues ya se había comido el mar. Los pescadores, los únicos que se quejaron, fueron compensados con 25.000 pesetas y un punto de amarre en Cabo de Palos, unos kilómetros al este.
El Ayuntamiento de La Unión empezó un contencioso contra el vertido, pero contra el permiso franquista no tuvo nada que hacer. El Supremo falló que "el interés nacional" de la explotación de la mina, de la que salían el 20% de la plata de la Península y el 70% del plomo, era superior al del Ayuntamiento a proteger su bahía. Así, uno de los mayores atentados ecológicos del Mediterráneo siguió a la vista de todos hasta 1990. El alcalde de La Unión, el popular Francisco Bernabé, define el lavadero como "el Auschwitz del medio ambiente". El Ayuntamiento está en un bello edificio modernista, herencia de la rica ciudad que fue La Unión.
Luis Martínez, ex presidente del comité de empresa de Peñarroya y mecánico en la explotación durante 25 años, pide comprensión: "En aquel momento no se veía la gravedad. La mina daba 400 empleos y nadie se quejaba. Era de la banca Rothschild, ganaron fortunas y nadie les pidió cuentas". Martínez, que entró en la mina en 1965, no encuentra explicación a que la situación no haya cambiado en dos décadas: "Que se haya arreglado el Prestige y el vertido de Aznalcóllar y esto siga igual... Se cerraron los chorros sin pensar en las consecuencias", afirma sobre la desprotección en la que quedaron los trabajadores y las vanas promesas de recolocación.
En 1989, cuando Greenpeace ya se había encadenado a los chorros, Peñarroya vendió la sierra entera, seis millones de metros cuadrados, a un precio ínfimo: una peseta el metro cuadrado. Martínez explica la operación: "España estaba ya en la Comunidad Europea. Ellos vieron que tendrían problemas con el principio de quien contamina paga; así que vendieron". Compró Portmán Golf, de un promotor de la zona, que esperaba construir algún día allí. El temor de Peñarroya eran injustificado: en 1993 la justicia les absolvió de delito ecológico porque el vertido se había realizado con permiso.
La minería sin control ambiental es riqueza unos años y una carga durante generaciones. Así ocurrió en Aznalcóllar y en el vertido de Hungría. Pedro Baños, profesor de la Universidad de Murcia y autor de un libro sobre Portmán, dice que los materiales pesados en la arena "son relativamente inertes" y que no es un riesgo que la gente del pueblo se bañe allí.
La Administración ha presentado tres planes de recuperación de Portmán. Uno con Cristina Narbona como secretaria de Estado de Medio Ambiente, otro con el Gobierno de Aznar y un tercero con Narbona de ministra. El último proyecto, presupuestado en 120 millones, trataba de retirar un 10% de los 58 millones de toneladas de residuos -que ocupan 35 millones de metros cúbicos, como 35 veces el Bernabéu, por seis millones que se vertieron en Aznalcóllar-. Su objetivo es recuperar la lámina de agua en mitad de la bahía (solo en apariencia, no en profundidad). Fue anunciado en 2006 y sigue en tramitación.
El plan está pendiente de declaración de impacto ambiental, de que la Universidad de Murcia concluya un estudio pionero sobre cómo retirar metales pesados mediante calizas y de que la Comunidad de Murcia y el Ministerio de Fomento renuncien al puerto de contenedores de El Gorguel, a solo 700 metros. Francisca Baraza, jefa de la demarcación de Costas de Murcia, de Medio Ambiente, admite que ambos proyectos son incompatibles: "No tiene sentido gastar 120 millones si al lado va a haber un macropuerto". Quedan muchos flecos, como que el dueño del terreno ponga dinero o compense con suelo al Gobierno. Portman Golf no ha querido hablar para este reportaje.
Mientras, la bahía romana de Portus Magnus es un chiste de mal gusto. En el antiguo club náutico, los puntos de amarre dan a tierra firme. Una placa en la pared reza: "Este es el club más modesto de todo el gran litoral, que espera ese presupuesto para que el mar pueda entrar".
* El País - 7.11.10
Foto: El desastre de la bahía de Portmán - EL PAÍS
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LAVERDAD/Alicante* : La mancha de la 'Operación Brugal' ha traspasado fronteras y superado localismos. Invadió al menos una docena de municipios alicantinos, se ha extendido a altas instancias de la Generalitat y salpica incluso a la Región de Murcia. La investigación inicial se ha desdoblado en unas veinte tramas diferentes a medida que se iban revelando nuevas sospechas. Un error del Juzgado de 1ªInstancia 3 de Orihuela, que instruye el sumario desde el año 2007, ha permitido a la opinión pública conocer los entresijos de casi todas ellas, que se encontraban secretas. El hedor de la podredumbre tira hacia atrás, pero paradójicamente en la calle predomina una sensación de escepticismo no exento de resignación. «Al final todo quedará en nada; acabarán por librarse», puede escucharse con frecuencia en cualquier tertulia de café.
La realidad, por el momento, está cargando de razón a esas voces. En el PP, que cuenta en sus filas con más de veinte cargos públicos y orgánicos imputados o implicados en la causa, no se ha producido ninguna dimisión. El discurso oficial es que sin condenas, sin sentencias firmes, no hay culpables. En cambio, el vendaval 'Brugal', esa hidra feroz, se ha llevado por delante a los portavoces del PSPV-PSOE en la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, Antonio Amorós y Roque Moreno, por ese orden.
Resulta en cualquier caso prematuro extraer conclusiones. Todavía restan siete meses para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y muchos folios de las las diligencias judiciales, varios miles, pueden salir a la luz en ese tiempo. Cosa distinta, e incuestionable, es que el sumario, en el que se men ciona a más de un centenar de sospechosos, ha dejado tocada de muerte ante los ciudadanos de toda España la imagen pública de una región zarandeada previamente por las revelaciones de otro asunto de corrupción, el 'caso Gürtel', donde hasta la máxima autoridad de la comunidad autónoma está encausado.
Independientemente de lo que decidan los múltiples órganos judiciales llamados a resolver sobre el asunto en un futuro lejano -la Justicia se rige por sus propios ritmos, por lo general lentos como el andar de una tortuga-, las escuchas telefónicas del 'caso Brugal' demuestran una connivencia y una familiaridad poco saludables entre el mundo de la política y el de los negocios, un cordón umbilical que conecta desde hace mucho tiempo sin pudor alguno ambición, poder y dinero.
El 'caso Brugal' pivota constantemente alrededor de dos figuras omnipresentes en las pesquisas policiales: Ángel Fenoll, dueño y señor de la gestión de residuos en el sur de la provincia, con varios antecedentes penales a sus espaldas, y Enrique Ortiz, uno de los promotores de referencia en todo el territorio nacional, que ha amasado una inmensa fortuna y alumbrado un auténtico emporio con la diversificación de sus actividades comerciales en los últimos años.
Con estilos diferentes y una voracidad compartida, los dos supieron manejar sus hilos, desplegar sus tupidas redes de influencias y colmar de lujosas dádivas cuando no de ingentes cantidades de dinero a quienes podían favorecerles con la adjudicación de contratos públicos.
Curiosamente, el primero de ellos ostenta el dudoso honor de haber hecho saltar la liebre en la primavera del año 2006, al denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción, que dirige Felipe Briones, los supuestos sobornos que jalonaban el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras de Orihuela. Esos tejemanejes, claro, le dejaban a él fuera del 'pastel'. Respecto de Ortiz, existen fundadas sospechas que apuntan a que utilizó a su antojo al ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y a su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, ex edil de Urbanismo, para convertir la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en un traje a medida de sus intereses.
Cruce de caminos
Los caminos de ambos empresarios se cruzaron con motivo del Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII, el que corresponde a la Vega Baja, que garantiza las próximas dos décadas una auténtica lluvia de millones de euros al adjudicatario. El pulso personal repleto de golpes bajos que sostuvieron Fenoll y Ortiz, las maniobras irregulares y soterradas que simultáneamente pusieron en práctica entre 2008 y 2009, terminó por estallar y se convirtió en una especie de big bang que ha irradiado todos los despachos oficiales donde latía una galaxia corrupta, de norte a sur de la provincia, desde Calpe hasta el Pilar de la Horadada.
De una u otra forma, a falta de una concreción procesal que el error judicial que propició la filtración ha alterado, la 'Operación Brugal' puede acabar salpicando a cuatro consellerias (Educación, Infraestructuras, Economía y Justicia), al vicepresidente del Gobierno valenciano Juan Cotino, a once localidades de la provincia, la capital de la Región de Murcia, los principales partidos nacionales (PP y PSOE), a un guardia civil o a una funcionaria de Hacienda.
Igualmente, los 'pinchazos' telefónicos arrojan sombras de duda sobre el comportamiento de decenas de directivos de empresas, algunas tan potentes como Sufi o Cespa, filiales de Sacyr y Ferrovial, respectivamente, abogados, técnicos municipales o altos ejecutivos de las más importantes cajas de ahorros del espectro autonómico, Bancaja y CAM. No en vano, el ex presidente de esta última entidad Vicente Sala figura en el listado de sospechosos del fiscal Briones en relación a la trama del PGOU alicantino.
El mastodóntico sumario pone en tela de juicio la licitud de la construcción de escuelas infantiles, algunos tramos del Tram alicantino, la edificación de palacios judiciales e incluso el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. «Está todo el pescado vendido», llega a advertir a Ortiz sobre esa contrata Vicente Cotino, hermano del conseller del mismo apellido. «Es para Iberdrola por un compromiso del presidente», añade poco después en velada alusión al jefe del Consell, Francisco Camps.
La ambición de un promotor
Como publicó este diario, la ambición del promotor alicantino llegó hasta el punto de intentar, presuntamente, modificar toda una norma autonómica, la Ley Urbanística Valenciana (LUV), para favorecer sus intereses en el sector del ladrillo. El artículo que establece la obligación de los constructores de ceder a la Administración un metro cuadrado de suelo protegido por cada metro cuadrado reclasificado como urbanizable en otras zonas se erigía como un enorme obstáculo para los empresarios del sector.
Briones, que lleva años sin disfrutar de vacaciones estivales y debe lidiar con una gran precariedad de medios –no tiene asignado funcionario alguno en exclusiva a su departamento–, sostiene que el dueño del Hércules corrompió con dinero, inversiones, viajes, empleos, viviendas y coches a Castedo, Díaz Alperi y un buen puñado de concejales del Ayuntamiento de Alicante. También se habría mostrado tremendamente solícito en las dádivas con amigos íntimos de los consellers Gerardo Camps y Mario Flores.
Su yate estaba siempre a punto para zarpar si un amigo del PP lo requería. Bien provisto siempre del mejor marisco y champagna y de los puros más exquisitos. En él disfrutaron de días soleados y noches templadas el entonces alcalde de Alicante y su concejal de Urbanismo junto a otros compañeros de la corporación. Fotografías y vídeos realizados por los agentes de la Udef así lo atestiguan.
También gozaron sobre su cubierta o en sus camarotes el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y su mujer, Margarita de la Vega, empedernida amante del lujo según la describen las diligencias policiales. La investigación señala precisamente al jefe del PP provincial como el presunto cerebro del pacto al que habrían llegado Ortiz y Fenoll con la oportuna intermediación de otro empresario, Rafael Gregory, un personaje clave en toda la trama, para repartirse en secreto los beneficios del contrato del Plan Zonal.
Ripoll está imputado por cohecho, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y fraude. La Policía sospecha que recibió dos pisos, ayuda para imponerse en los comicios internos de su partido o respaldo en la operación de recapitalización de una televisión local, Canal 37, que él mismo impulsó, como contraprestación a sus gestiones.
Por su parte, Fenoll no dejó nunca de controlar su entorno natural, la comarca de la Vega Baja, donde parecía actuar como un auténtico cacique. El polémico industrial se aseguró presuntamente de forma encubierta el contrato de las basuras de Orihuela, cuya alcaldesa, Mónica Lorente, también está en el punto de mira de Anticorrupción. Lo mismo que una larga lista de ediles de ese mismo partido en el Consistorio.
Existen igualmente indicios de que sobornó supuestamente a varios alcaldes y portavoces del PP en seis localidades de la Vega Baja con entregas de dinero en metálico para garantizar su monopolio en las basuras en el sur de la provincia.
Fenoll estuvo siempre en medio de todo, allí donde su afilado instinto de lince de los negocios le dictaba que debía estar. La Fiscalía le acusa de financiar ilegalmente a los populares de su comarca, pero también a esa formación en Fortuna y al PSOE de Abanilla ( ambas en Murcia), donde tiene uno de sus famosos vertederos.
Ortiz, Fenoll, Fenoll y Ortiz, el brutal encontronazo de estos dos meteoritos en llamas ha alumbrado un particular sistema solar plagado de planetas y satélites sospechosos en las instituciones públicas. Albert Enstein enseñó a la humanidad que el Universo carece de límites. ¿Los tendrá esa galaxia corrupta que ha puesto ahora al descubierto un sumario con nombre de ron añejo?
LAS TRAMAS DE UN SUMARIO SIDERAL
Plan Zonal. Ripoll, Ortiz, Fenoll y Gregory son los principales imputados por la contrata de basuras de la Vega Baja.
Orihuela. Contrato local de basuras. La lista de sospechosos incluye a la alcaldesa, Mónica Lorente, y a muchos de sus ediles. Se investigan también delitos electorales en la campaña de 2007.
Calpe. Implica al ex alcalde Morató, otros dos concejales del PP y un ex edil de IU en irregularidades con el pesaje de residuos.
Vega Baja. Fenoll pudo dar dinero a los alcaldes o portavoces municipales de Rafal, Callosa, Bigastro, Algorfa, El Pilar y Jacarilla.
Autisa. Alzamiento de bienes y blanqueo en las empresas de los hermanos Gregory.
Hacienda. Una funcionaria del Estado es sospechosa de avisar de una inspección fiscal a Fenoll.
Hércules. Un juez archivó la presunta compra de partidos de fútbol en la temporada pasada.
Abanilla. Financiación irregular del PSOE.
Fortuna. Investigación sobre el alcalde y el PP de ese municipio.
Medio Ambiente. Posibles irregularidades en el vertido de residuos recogidos por Fenoll.
PGOU Alicante. Con varias subtramas, están implicados el ex alcalde Díaz Alperi y su sucesora, Sonia Castedo, junto a Ortiz y otra veintena de empresarios y directivos de cajas de ahorro.
Generalitat. Presuntas irregularidades en el Tram, Parques Eólicos, Educación y Justicia.
Algas. Salpica a una contrata de la costa oriolana.
Economía. El Parque Cultural de San Vicente, un crédito del IVF y una contrata de Ciudad de la Luz están bajo sospecha. Afecta al conseller Gerardo Camps.
Murcia. La Policía investiga el proceso para dotar de tranvía a la capital de la Región.
Fundación. Esta entidad vinculada al Hércules pudo financiarse con contratistas de la Diputación.
Proambiente. Licencias sospechosas en las licencias para los accesos a una empresa de Fenoll.
Callosa de Segura. Se investiga su contrata de limpieza viaria.
Vinalopó. Supuestas irregularidades en Monóvar y Villena.
* La Verdad - 8.11.10
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn
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DIARIODECÁDIZ* : El Ayuntamiento de Barbate ha finalizado el proceso de reclasificación urbanística de la parcela de 300.000 metros cuadrados situada entre la ensenada de Trafalgar y Zahora que comenzó a principios de la década para dar cabida al histórico complejo hotelero de Trafalgar. El terreno es urbanizable desde el martes, día en el que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Barbate para habilitar el cambio de uso del suelo: de rústico a urbanizable con fines turísticos.
La publicación oficializa los parámetros de desarrollo de la parcela hotelera: en Trafalgar se pueden construir 600 habitaciones en edificios de dos alturas como máximo (bajo más primera planta) en una superficie de 45.000 metros cuadrados de suelo edificable; 250.000 metros cuadrados se reservan para espacios libres.
El Ayuntamiento de Barbate y la Junta de Andalucía pactaron estas condiciones de desarrollo en 2005. La modificación puntual del Plan General fue aprobada en noviembre de 2006, pero, entonces, la Administración regional instó al municipio a subsanar una serie de deficiencias para obtener la resolución favorable definitiva, entre ellas, la elaboración de un informe de impacto visual, recordó el alcalde de Barbate, Rafael Quirós (PSOE). El plan completo, con nuevos informes de Cultura, Medio Ambiente y Costas, fue examinado otra vez este verano por la Junta en la Comisión de Ordenación del Territorio. Su visto bueno definitivo es lo que ahora ha sido publicado en el BOJA.
La peculiaridad de la reclasificación de Trafalgar es que se produce sin que haya inversores dispuestos a construir los hoteles. En 2006, los propietarios del suelo -la familia Castro- y las cadenas Robinson Club (Grupo TUI) e Hipotels iniciaron un conflicto sobre las condiciones de compraventa de la parcela pactadas a principios de la década y que se vieron afectadas por la larga tramitación del proyecto y por la reducción del terreno edificable y del tamaño de los hoteles impuesta por la Junta. Ese conflicto enconado hundió el proyecto de Trafalgar. Hipotels, cuya parcela quedó mermada tras los recortes, abandonó el plan, y Robinson Club permanece al margen de su desarrollo desde hace años.
En 2008, el alcalde de Barbate, Rafael Quirós (PSOE), tras fracasar en sus intentos de mediación entre los Castro y los empresarios, anunció que el Ayuntamiento continuaría los trámites urbanísticos del proyecto hotelero por su cuenta. La aprobación de la modificación del PGOU conseguida ahora es un avance, aunque se haya producido con extrema lentitud.
Quirós asegura que el nuevo trámite habilita al Ayuntamiento a reclamar alrededor de 300.000 euros a los promotores (en este caso, Robinson), según una cláusula del convenio urbanístico original. "Lo vamos a hacer", asevera el regidor, que sigue presionando a las partes. Su intención es elaborar el plan parcial del sector, que incluye los hoteles, un colegio y zonas verdes, e iniciar su urbanización reclamando las cargas establecidas por la ley a los propietarios del suelo, "bien en euros, bien en terreno". Quirós, al frente de un Ayuntamiento endeudado y con poca capacidad de maniobra, tendrá que demostrar la solidez de su órdago.
* Diario de Cádiz - 5.11.10
Foto: La costa de Trafalgar vista desde las inmediaciones del faro, en una imagen de archivo. Al fondo, la parcela hotelera, junto a las viviendas irregulares de Zahora.- diariodecadiz
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ELECONOMISTA* : El precio de la vivienda en España tendrá que ajustarse hasta un 40% para que el excedente de casas construidas sin vender pueda absorberse, según el experto José Luis Ruiz Bartolomé, autor del libro Adiós, ladrillo, adiós sobre la situación del sector tras el 'pinchazo' de la burbuja inmobiliaria. Ruiz Bartolomé, que ha trabajado en varias firmas del mundo inmobiliario como la consultora Knight Frank y la promotora Nexity, ha asegurado que el ajuste variará en función de la zona, y que en las áreas costeras podría llegar a ser de un 60%, mientras que en Madrid rondaría el 25%. Asimismo, ha indicado que, si en las localidades del litoral se concentra gran parte del 'stock', esto se debe a que los compradores extranjeros han perdido interés por las viviendas de segunda residencia en la costa porque resulta "mucho más barato comprar una casa en ciudades como Burdeos y Hamburgo".
Los compradores ya no "viven engañados"
A su juicio, este fenómeno se corresponde con lo que sucede también dentro de España, ya que considera que los compradores han pasado de "vivir engañados" en los años del 'boom' inmobiliario a ser "muy escépticos" a la hora de decidirse a adquirir una vivienda.
No obstante, Ruiz Bartolomé cree que la supresión de la desgravación fiscal a la compra de viviendas a partir de 2011 ha generado una aceleración de las ventas. Aun así, ha apuntado que la construcción residencial está "prácticamente muerta", por lo que es necesario un cambio del modelo productivo que potencie "a los jóvenes emprendedores".
Para Ruiz Bartolomé, la crisis que vive la construcción es la "digestión lenta" de "una orgía de liquidez" monetaria que se inició a principios de los años 2000, como resultado de la bajada generalizada de tipos de interés. Ha añadido que la banca canalizó este "exceso" de dinero hacia el sector inmobiliario, al "estirar el chicle al máximo" y ofrecer préstamos hipotecarios con plazos de hasta 40 años, lo que incentivó la demanda y generó una especulación "a todos los niveles".
Difícil el reciclaje de los trabajadores
Asimismo, ha indicado que los especuladores no fueron únicamente los dueños de las inmobiliarias ni las promotoras, sino que también fueron muchos particulares que "se reían de los tontos" que no invertían en el ladrillo y ahora "están arruinados".
Además, ha criticado el papel de las tasadoras, a las que acusa de ser los principales responsables del alza de los precios del suelo. "En dos años, un suelo en el que el metro cuadrado tenía un valor de 60.000 pesetas (unos 360 euros), podía incrementarse hasta 420.000 pesetas (unos 2.524 euros)", aseguró.
En cuanto a la corrupción urbanística, el autor señaló que "es imposible" cuantificar el número de ayuntamientos que han podido verse implicados, ya que, en su opinión, en los últimos años de expansión del sector "daba asco" realizar negocios inmobiliarios, porque "todos querían sacar partido".
Por lo que respecta a los trabajadores del sector que se encuentran en el paro desde el inicio de la crisis, este experto ve muy difícil "poder reciclarles", ya que se trata de "mano de obra poco cualificada".
* El Economista - 6.11.10
Foto: Construcción crepúsculo - eleconomista
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ELCOMERCIO/Asturias* : El urbanismo llanisco está gafado, no hay manera de que la norma que rige la ordenación del ladrillo salga adelante sin que la sombra continua de la justicia enturbie el documento que la materializa. O es una cuestión de mala suerte o, como ha dicho la alcaldesa del municipio, Dolores Álvarez Campillo, es que simplemente «Llanes es para los tribunales un campo de experimentación en temas urbanísticos». Porque, desde el PSOE de Llanes no creen que las cosas se estén haciendo tan mal como para acumular tal cantidad de sentencias y denuncias, sino que «hay intereses que hacen que así sea». Bien mirado, uno se plantea si los mismos dirigentes políticos que han visto llegar sentencia tras sentencia puedan cometer tantos errores sin percatarse de que están en el ojo del huracán y de que sus movimientos son mirados con lupa, desde todos los sectores.
Algo falla en Llanes para que el hormigón no fragüe como en cualquier otro sitio de España.
El último varapalo jurídico ha llegado desde el Tribunal Supremo. El Plan General de Ordenación -anulado en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias- , según el Supremo «no llegó a entrar en vigor porque no se publicó correctamente el informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), entidad que aprobaba el Plan. Cuando el documento se hizo público a través del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) no aparecían ni fichas ni planos en los que se incluye información, al parecer, trascendental, de la calificación y uso de determinados suelos, así como de la ordenación porque, según la sentencia «cuando las normas urbanísticas no resultan descifrables ni entendibles por sus constantes remisiones a las fichas, haciendo de éstas no un instrumento auxiliar de la norma, sino un elemento esencial para su comprensión, al tiempo que se les confiere un contenido normativo impropio (...) les alcanza la exigencia de la publicación, que se extiende a todo cuanto tenga contenido normativo». Un paso que se omitió.
Y esto se conocía el mismo día en que el Ayuntamiento de Llanes hacía pública su decisión de rescindir el contrato con la empresa encargada de la redacción del nuevo Plan General. Después de que una sentencia anulara el proceso por irregularidades en la adjudicación -hay que pagar una indemnización de 19.000 euros a la empresa demandante-, de la presión de poner fin al proceso por parte de la oposición y de que desde el Ayuntamiento se consultaran hasta seis gabinetes jurídicos y tres informes, el equipo de Gobierno llanisco ha decidido «por transparencia y por garantizar la seguridad jurídica» dar por finiquitado el trabajo de la empresa que hasta hace poco redactaba un nuevo plan urbanístico para Llanes.
Un Plan al que no pararon de nacerle percances desde el mismo día que se conoció. Desde el día en el que se anunció consenso para su elaboración y se inició un proceso histórico desde el Ayuntamiento, el de congregar a todos los sectores y asociaciones para aunar ideas con el fin de materializarlas en lo que llamaron el Plan de todos.
Aunque parece que no es de todos, porque su fondo arrastra una maldición. La misma que han tenido absolutamente todas las normas urbanísticas desarrolladas en Llanes, desde las Subsidiarias hasta los planes generales urbanos. La última mala noticia llegó hace ocho años y fue cuando se inició el nuevo proceso que hoy está en tela de juicio.
La CUOTA aprobó el documento inicial en julio de 2002 y, posteriormente, este organismo hizo lo propio con un texto refundido en abril de 2003. En el año 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaró nulo el documento. El texto refundido había incorporado algunas recomendaciones hechas desde la propia CUOTA para subsanar algunas deficiencias observadas en el Plan inicial, así como 16 de los 54 recursos que habían presentado particulares. El cambio era susceptible de un nuevo proceso de información pública que nunca se hizo, lo que motivó su anulación. Sin embargo, la norma y sus correspondientes posibilidades continuaron adelante.
Pero eso no evitó que la justicia siguiera su curso para estudiar los recursos interpuestos ya fuera contra toda la norma, o contra alguna de sus partes. Por ejemplo, en mayo de este año la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló el plan parcial de La Talá. La decisión judicial supone un nuevo varapalo para el Ayuntamiento de Llanes y el Gobierno del Principado, que suman ya cuatro anulaciones -dos parciales y dos generales- en torno al vigente Plan General de Ordenación (PGO), aprobado en octubre de 2002. La anulación del plan de La Talá tiene un significado especial, dado que esta actuación urbanística, que contempla la construcción de medio millar de viviendas junto a la costa, ha sido considerada desde hace veinte años como la «perla», el «escaparate» y el «mejor ejemplo» del modelo urbanístico propuesto por los socialistas de Llanes, basado en la construcción de segundas residencias y urbanizaciones de chalés adosados y unifamiliares.
Son decenas las sentencias que acumulan los ladrillos llaniscos. Tal vez ahora, con el cambio en el equipo redactor y la última advertencia del Supremo, se inicie un nuevo proceso, ahora sí, el que dé vida a la ordenación urbana de Llanes. Para siempre.
* El Comercio - 7.11.10
Foto: Cientos de tejados, en una vista general de la capital llanisca, con los acantilados al fondo - elcomercio
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EL PRISMA* : Para qué demonios sirve pasarse ocho años estudiando, redactando y discutiendo un PGOU si no es para recualificar la ciudad, para dar solución a sus problemas, para prever un crecimiento sostenible que incluya la regeneración de espacios urbanos ya consolidados, que aproveche la oportunidad del Metro para liberar espacios del tráfico y acometer operaciones de ambición?. Un ejemplo del despropósito del documento urbanístico, al fin y al cabo una herramienta eminentemente recaudatoria para el Ayuntamiento más que un instrumento realmente de ordenación. El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) es la supuesta joya de la corona de la tambaleante economía malagueña, que ahora pasa como puede su mono del ladrillo y el pelotazo. Tiene empresas que pueden ser símbolo de las bondades de la nueva economía, pero también otras naves en las que trabajan teleoperadores hacinados como gallinas ponedoras de huevos.
El caso es que es nuestra única gran apuesta, junto con el turismo de calidad, para salir del pernicioso monocultivo de la construcción, una actividad que genera mucho movimiento especulativo de dinero pero poca o ninguna riqueza. Así que uno pensaría todo está pensado y repensado cuando llevamos años hablando de la nueva ampliación de la tecnópolis, de que dentro de una década podría tener hasta 50.000 trabajadores (una ciudad como Antequera) y de su conjunción con el nuevo campus de la Universidad. Pero no es así.
Resulta que en esta Málaga Valley que quiere compararse con San Francisco simplemente poniendo pegatinas en un mapa, nadie ha caído en la cuenta de que hay que reservar suelo para llevar el Cercanías al PTA. Si ya de por sí parece escandaloso que se esté abriendo en canal la ciudad para construir un metro ligero, de juguete, sin capacidad para atender los flujos masivos de un campus y un centro productivo de cierto tamaño, y por tanto no llegue hasta Campanillas, peor es que ni Urbanismo, ni los responsables del Potaum tocanarices de la Junta, ni los dirigentes de Adif, hayan pensado en la oportunidad que se pierde.
¿Para qué sirve además tener una empresa como Ferrocarriles Andaluces, teórica depositaria de la competencia en la materia, si no hace alegaciones y propuestas por escrito, si no presiona a Fomento para que atienda las necesidades de la comunidad?
Felipe Romera lleva veinte años predicando en el desierto -cada vez menos desierto, la verdad- sobre la necesidad de acometer el acceso norte al aeropuerto, el dichoso vial distribuidor que Obras Públicas retrasa una y otra vez, advirtiendo que si el tráfico estrangula al PTA, éste difícilmente podrá venderse como un lugar atractivo para instalar una sede. Se ha entrevistado con los responsables de Fomento, ha hecho piña con ese otro lujo para Málaga que es Miguel Ruiz, gerente de la EMT, pero, como a los viejos sabios, nadie le hace demasiado caso.
* Málaga Hoy - Opinión - 7.11.10
Foto: Málaga, zona Guadalhorce y PTA - malagahoy
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