ELPAÍS* : La política madrileña se pasea a menudo por los juzgados. Una ristra de mandatarios locales han desfilado este año acusados de delitos muy graves. Hasta 13 alcaldes o ex alcaldes están actualmente imputados. La campaña electoral que se avecina el próximo año, predicen las fuentes consultadas, se va a desarrolllar en paralelo a lo que ocurra en los tribunales. Para bien o para mal. Lo cierto es que también un buen número de políticos se han visto envueltos en causas que no trascienden el ámbito administrativo. Es difícil encontrar un municipio donde no haya denuncias enfrentadas de Gobierno y oposición. Por cualquier asunto. Cada semana es común que un cargo o antiguo cargo tenga que ir a declarar. Se espera que ahora aflore todo el arsenal judicial que han ido acumulando los partidos políticos durante estos cuatro años.
"Los hay que esperan el momento oportuno de casos ya archivados para presentar recursos y hacerlo coincidir con periodos electorales. Supone un muy mal uso de la justicia, de su tiempo y sus recursos", dice el coordinador del Grupo Municipal Socialista en Leganés, Pedro Atienza.
No es nada bueno aparecer manchado tan cerca de las elecciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra José Luis Pérez Ráez, ex alcalde socialista de Leganés, por aprobar un pago a una empresa que no pasó por ningún concurso público. Antes se había archivado la causa por entenderse que, a lo sumo, suponía una irregularidad administrativa. Un nuevo recurso de la oposición, del PP, aviva el caso y lo mantiene en circulación el tiempo suficiente como para desgastar políticamente al adversario. No es un caso único. La historia se repite en un buen número de municipios de la región, acabe archivada la causa o se abra finalmente un juicio.
La mancha de verse envuelto en un proceso judicial, de cara a la opinión pública, es muy difícil de eliminar. "La prevaricación se puede dar con el mejor de los motivos o con el peor de ellos. Hay que distinguirlo. Hay muchos casos que tienen que ver con la desviación de poder, es decir, usar los privilegios de tu cargo con un objetivo público, no para tu beneficio. No tiene que haber corrupción, que es una desviación para beneficio privado. Directo o indirecto. A ojos de la gente, todo entra en el mismo saco", cuenta Manuel Villoria, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos. "Imputado igual a sentenciado. He ahí el error. A veces sí es cierto que la imputación conlleva medidas cautelares por indicios muy claros de delitos, pero a veces simplemente es alguien que va a declarar. La complejidad de diferenciar las dos situaciones se aprovecha en política", añade el profesor.La clase política es consciente de que, a cinco meses de las elecciones, es necesario manejar los tiempos judiciales. Alargar procesos. Recurrir. Un destacado cargo de un municipio del sur de Madrid reconoce que, desde el escándalo de Marbella, colgar el sambenito de corrupto a un cargo público es un objetivo. Los hay que son corruptos, como se ha demostrado pero, a partir de ahí, si se consigue abrir cualquier proceso dudoso contra alguien que puede estar limpio le hace mucho daño. Esa imagen queda. Cuesta muchísimo borrarla. En 2011 aparecerán nuevas acusaciones, algunas fundadas seguramente, pero las habrá que se limitarán a hacer ruido. Levantar polvo. La maquinaria para hurgar en el pasado de los candidatos está en marcha. Basta un hilo del que tirar.
El desempeño del cargo de alcalde se ha convertido en la última legislatura en un trabajo de riesgo, habida cuenta de que en los ocho últimos años más de una veintena de regidores de la Comunidad han tenido que acudir a los juzgados como imputados por diferentes delitos, entre otros los de malversación de fondos, cohecho o prevaricación. En los últimos meses, varias denuncias han sido archivadas, como por ejemplo las presentadas contra los mandatarios de Alcorcón, El Boalo, San Fernando de Henares y Fuenlabrada. No obstante, y a riesgo de que los juzgados trabajen estas Navidades, un mínimo de 13 alcaldes mantienen pendientes acusaciones, algunas tan serias como las incluidas en el caso Gürtel, y otras más ligadas al trabajo diario de los regidores. Estos son los casos en los que la justicia está investigando las presuntas actividades ilegales de alcaldes de la Comunidad de Madrid:
- Boadilla del Monte. El municipio (43.414 habitantes) ha vivido en los últimos años un auténtico vía crucis, con un alcalde, Arturo González Panero (PP), imputado en el marco del caso Gürtel como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. Fue precisamente el ex alcalde, conocido en el sumario como El Albondiguilla, quien en febrero de 2009 dimitió, dejando en su puesto a Juan Siguero (PP).
Pero este relevo no ha acabado con los escándalos urbanísticos. Un reciente informe policial sostiene que Siguero también mantuvo conexiones con las empresas de Francisco Correa. El PP ya ha dicho que no presentará a Siguero como candidato en las próximas elecciones. La ex alcaldesa Nieves Fernández Crespo (PP) también fue condenada recientemente por el Tribunal de Cuentas por haber pagado complementos irregulares a las pagas extra de los funcionarios municipales entre 1998 y 2000.
- Pozuelo de Alarcón. El actual regidor, Gonzalo Aguado (PP), tendrá que declarar como imputado el 11 de enero en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo. Junto a Aguado, otros cinco cargos y altos funcionarios de este Consistorio deberán declarar en el caso del Arroyo de las Cárcavas, que también está siendo investigado en el caso Gürtel. Aguado es el segundo alcalde de Pozuelo de Alarcón (81.365 habitantes) que está siendo investigado por la justicia, pues su predecesor, Jesús Sepúlveda (PP), también está acusado de ser el presunto autor de los delitos de cohecho, blanqueo, fraude fiscal y tráfico de influencias en el marco del caso Gürtel. Los investigadores acusan a Jesús Sepúlveda de recibir regalos de la trama de Correa, entre ellos un Jaguar, al mismo tiempo que se le han detectado propiedades en empresas con el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.
- Arganda del Rey. El ex alcalde de Arganda del Rey, Ginés López (PP), también está implicado en el caso Gürtel. El magistrado del TSJM que instruye el sumario, Antonio Pedreira, le ha impuesto una fianza de 1,5 millones de euros por su participación en una trama de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Según el sumario, el ex regidor del municipio de 50.369 habitantes habría percibido comisiones ilegales por un importe de 523.439 euros.
- Majadahonda. El magistrado Antonio Pedreira ha requerido al ex alcalde del municipio, Guillermo Ortega (PP), uno de los imputados en el caso Gürtel por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, para que abone 300.000 euros de fianza que se le impuso para asegurar las responsabilidades pecuniarias en el proceso. La investigación ha descubierto que Ortega, que en el momento de ser imputado por el juez ya no era alcalde de Majadahonda (66.585 habitantes), tenía un importante patrimonio.
- Guadarrama. El ex alcalde de Guadarrama y diputado regional José Ignacio Fernández Rubio (PP), el concejal de Urbanismo y ex edil de Medio Ambiente, Miguel Rodríguez Bonilla, y otros tres concejales populares han sido acusados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba de un delito de prevaricación con consecuencias contra el medio ambiente. La alcaldesa de Guadarrama (14.318 habitantes), Carmen María Pérez del Molino (PP), y sus 10 concejales del Partido Popular fueron citados a declarar en el Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba tras la querella del empresario Luis Álvarez García, fallecido recientemente. El juez admitió a trámite una querella presentada por la familia de este empresario que considera que todos los miembros del PP de la Corporación municipal podrían haber cometido un delito de prevaricación al haber solicitado en la Junta de Gobierno municipal el desahucio de su empresa de unas naves situadas en el polígono industrial de La Mata, sin la indemnización prevista en el contrato que firmó en 2006 el anterior alcalde y diputado regional del PP Ignacio Fernández Rubio.
- Coslada. El ex alcalde del PP de Coslada, Raúl López Vaquero, está pendiente de que se celebre el juicio en el que afronta una posible condena de cuatro años de cárcel y 18 de inhabilitación para cargo público. El PSOE le denunció por prevaricación y malversación en junio de 2008 por mantener el salario a Ginés Jiménez cuando una sentencia judicial le obligaba a suspenderle de empleo y sueldo. El juez que instruyó este caso ha concluido sus pesquisas y ha señalado la apertura de juicio oral. La petición de la fiscalía para el ex alcalde del municipio de 90.280 habitantes es de cuatro años de prisión y 18 años de inhabilitación. El juez le ha impuesto una fianza de 21.639 euros.
- Torrejón de Ardoz. Los magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ultiman en estos días la sentencia relativa a la acusación de prevaricación contra 14 ediles del PSOE y del Partido Demócrata Español (Pade) de 2001. Entre los acusados se encuentran la ex alcaldesa del municipio (109.483 habitantes) y actual secretaria de Organización del PSM, Trinidad Rollán, y el ex edil de Urbanismo, Francisco Martín Rojas. A los procesados se les acusa de aprobar un convenio urbanístico con una empresa privada con un informe negativo del secretario municipal, que advirtió por escrito de las posibles irregularidades.
- Torremocha del Jarama. El alcalde independiente de Torremocha del Jarama, Carlos Rivera, se enfrenta a tres años de cárcel por haber construido y asfaltado sobre varias vías pecuarias para dar servicio a una urbanización. Esa es la pena que pide la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid por un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio. El fiscal considera que, además, concurre el agravante de abuso de cargo público. Rivera es alcalde independiente de Torremocha del Jarama (769 habitantes) desde hace tres décadas. La urbanización Los Tomillares-El Jaral del Pajarito se extiende por los términos municipales de Torremocha y de Torrelaguna.
- Leganés. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra José Luis Pérez Ráez, ex alcalde de Leganés (184.209 habitantes) y actual diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid. Junto al ex alcalde, seis concejales y cargos de confianza están siendo investigados por aprobar el pago de 101.478 euros a una empresa que no pasó por ningún concurso público. El magistrado había archivado previamente el caso por prevaricación entendiendo que, como máximo, se trataría de una irregularidad administrativa. El PP interpuso un recurso de apelación que fue finalmente aceptado.
- Aldea del Fresno. El ex alcalde José Luis Tellos, ex militante del PSOE y actual primer teniente de alcalde como independiente, fue el primer alcalde al que un juzgado le quitó sus competencias urbanísticas. Después fue expulsado del PSOE. Ya en la presente legislatura, fuera del PSOE, Tellos se ha enfrentado a varias denuncias relacionadas con el urbanismo. "Lo dejo, abandono la política", dice por teléfono. "Soy inocente. Mi nombre está manchado. Mi hijo me dijo que si me presentaba a las elecciones me retiraba la palabra".
- Pinto. La ex alcaldesa popular de Pinto, Miriam Rabaneda, y su hermana Tamara, ex concejal de Hacienda de la localidad de 42.445 habitantes, han sido imputadas por un delito de prevaricación. En el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Parla se advierte de que, en el año en que el PP gobernó el Ayuntamiento pinteño (entre las elecciones municipales de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2008), los técnicos municipales realizaron informes con numerosos reparos de legalidad contra pagos autorizados por las imputadas.
- Torres de la Alameda. La alcaldesa de Torres de la Alameda (7.474 habitantes), Clara Torre Ruiz (PP), los cinco concejales de su partido y los dos de la formación política Alternativa Ciudadana El Olivo (ACO) declararán como imputados en enero como presuntos autores de un delito de malversación. El fiscal les acusa de aprobar y mantener subidas de sueldos presuntamente "ilegales" a 20 de los 29 funcionarios que trabajan en el Consistorio. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Arganda del Rey les ha citado al considerar que de los hechos investigados se "presume la posible existencia de una infracción penal".
* El País - 24.12.10
Foto: Comunidad Madrid- esmadrid
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PÚBLICO/Madrid*: Creative Team, la empresa investigada en el caso Gürtel' a la que el ex ministro facturó 69.600 euros, declaró en 2007 un trabajador que ni Hacienda localiza. Los documentos incorporados al sumario Gürtel denotan que Creative Team SL, una de las empresas de la vastísima constelación de la trama dirigida por Francisco Correa, funcionaba en efecto como un equipo creativo. De lo investigado hasta la fecha se desprende que la sociedad, a la que la Policía incluye entre las "directamente relacionadas" con Correa, se dedicaba básicamente a mover dinero. Es esa misma Creative Team SL la compañía a la que el ex vicepresidente, ex ministro de Fomento y aspirante a candidato de PP en Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, facturó 69.600 euros en 2008 a través de su empresa Tecnas SL. En qué consistió el servicio prestado por Tecnas SL constituye una incógnita.
Las referencias a Creative Team abundan en el sumario En una de las ampliaciones de la comisión rogatoria a Suiza, el juez Antonio Pedreira ya atribuía la propiedad real y oculta de la empresa al ex alcalde del PP en Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, uno de los imputados de primera hora en el caso Gürtel y sobre el que pesa una fianza civil de 300.000 euros en previsión de las responsabilidades pecuniarias en que hubiera incurrido.
Venta oculta de títulos
Los archivos incautados en el despacho de Luis de Miguel Pérez, administrador de Creative Team, avalan la tesis de Pedreira sobre quién es el verdadero dueño de la compañía. La Policía encontró un contrato privado por el que Tuscan Inversiones, otra pieza de la red, vendía sus 3.000 acciones de Creative Team a Guillermo Ortega. Al tratarse de un archivo informático, no hay firma. Pero sí una fecha de creación: 13 de marzo de 2003.
Los agentes hallaron también una serie de documentos que vinculan a Creative Team con el ex alcalde conservador, miembro de la ejecutiva del PP de Madrid hasta su imputación. El más señero de todos es una carta datada el 27 de enero de 2004 y en la que Luis de Miguel pide a Guillermo Ortega instrucciones para la declaración de IVA de Creative Team SL y Sundry Advices SL, otra compañía que presuntamente pertenecía al ex regidor. De Miguel impartió directrices a una empleada para que todas las cartas que llegaran a nombre de Creative o Sundry fueran entregadas a Ortega.
Al cierre de 2008, Creative declaró pagos por 233.980 euros a siete proveedores, incluida la empresa de Cascos. Entre esos proveedores figuran tres sociedades ligadas a Luis de Miguel Pérez, administrador a su vez de Creative Team SL hasta abril de 2009 e imputado en la causa. Y una de esas tres es Soluci SA, de la que Hacienda dice lo siguiente en uno de sus informes: "La documentación analizada escribieron los peritos de la Agencia Tributaria ya en octubre de 2009 nos induce a considerar que Soluci SA podría ser una sociedad utilizada por el despacho de don Luis de Miguel Pérez como emisora de servicios que no son prestados en la realidad". O sea, un mero instrumento para fabricar facturas falsas, práctica habitual en el grupo de Correa.
Si Creative Team se valió de facturas falsas no consta aún. Pero hay un dato revelador: que en 2007 declaró un solo trabajador que el fisco no logró localizar en sus bases de datos. Pese a ello, facturó 140.463 euros en ese ejercicio. La empresa se había constituido en 2002.
Los avances en la instrucción judicial señalan la existencia de varias categorías de empresas ligadas a la red: en una de ellas, se situaban las empresas que, mediante contratos amañados y comisiones ilegales, pertenecían estrictamente a Correa y sus subordinados; en otro escalón aparecían las compañías creadas por la trama para que los sobornados pudieran blanquear el dinero recibido. Los informes del sumario indican que Creative Team se encuadraba en ese segundo estrato.
* Público - 24.12.10
Foto: Majadahonda, ayuntamiento - madridiario
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EUROPAPRESS* : El joyero y constructor Rafael Gómez, uno de los acusados en el caso Malaya y al que el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha impuesto una multa de 24,6 millones de euros por levantar sin licencia las llamadas naves de Colecor, ha anunciado este jueves que optará a ser alcalde de Córdoba en las municipales de 2011. En una rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de su empresa constructora y promotora, Arenal 2000, ubicada precisamente en dichas naves, Gómez, ex presidente del Córdoba CF y al que popularmente se conoce como 'Sandokán', ha detallado que se presentará a las elecciones al frente de la candidatura de un partido político denominado Unión Cordobesa, donde estará acompañado por un equipo de "gente joven y preparada", cuyos nombres no ha avanzado, pero de los que ha dicho que van "a dar la vida por Córdoba".
Él mismo ha dado este paso, que afirma llevar pensando dar desde hace 20 años, porque no se podía "ir de este mundo sin ser alcalde de Córdoba", ya que tiene la "obligación" de "hacer muchas cosas por Córdoba y por todos los cordobeses", para que se sientan "contentos, felices y las cosas les vayan cada día mejor", algo que va a lograr con toda seguridad, porque da por hecho que llegará a la Alcaldía de la ciudad "por mayoría absoluta".
Ello será posible porque su único fin es "trabajar por los demás", ya que no busca su "beneficio personal", sino "hacer de Córdoba una gran ciudad", hasta el punto de que, gracias a la puesta en marcha de "proyectos grandiosos y maravillosos", sobre los que no ha ofrecido información y que servirán a su objetivo principal de "erradicar el paro", Córdoba se convertirá en un foco de atención mundial.
Gómez, de 66 años, quien ha recordado que empezó de cabrero y que ha llegado a tener 10.000 trabajadores, tiene claro, además, que ahora que se sabe que se presenta a alcalde la gente le "abrazará" por la calle, porque él es "una persona normal", que no ha hecho "nada" para que se le esté juzgando, acusado de cohecho, en el caso Malaya, afirmando, por otro lado, que no aprovechará su posible entrada en el Ayuntamiento para resolver en su favor la cuestión de las naves de Colecor.
NAVES DE COLECOR
De hecho, según ha argumentado, la multa de 24,6 millones de euros que le impuso el Consistorio por construir dichas naves le importa "tres pepinos", ya que, según asevera, no le importa "el dinero", aunque ha recurrido a todas la instancias administrativas y judiciales para, hasta ahora, eludir el pago de dicha multa, lo mismo que también ha recurrido el plan urbanístico que le obligaría a derribar una parte de las naves que construyó sin licencia.
Al respecto de este tema y a la pregunta de si tenía autorización verbal de la entonces alcaldesa de Córdoba y hoy ministra, Rosa Aguilar, o del entonces responsable municipal de Urbanismo y hoy alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), para construir las naves, Gómez ha respondido con otra pregunta: "¿creen que un empresario se puede gastar 80 millones por amor al arte?", porque, según ha recordado, las naves no se levantaron "con una varita mágica". De hecho, "las obras duraron más de un año", es decir, que pudo construir las naves porque le "dejaron", ya que, sino, le habrían "parado" las obras.
* Europa Press - 23.12.10
Foto: Sandokan frente ayuntamiento -elmundo.es
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HERMINIO PICAZO* : "Los paisajes protegidos, las ZEPA, los LIC o la conservación de los montes han entrado de rondón en nuestras vidas para alegría de muchos
y preocupación de unos pocos". Al principio de esta semana el Gobierno regional aprobaba el plan de gestión del área protegida de la Sierra de la Almenara y en paralelo derogaba su propia norma del año 2006 que permitía la urbanización del paraje de la Zerrichera en el interior de esta área. Punto y final, agraciado y positivo punto y final a una desquiciada temática que nunca debió de sustanciarse y que concitó unas enormes dudas legales y la lógica presión ambientalista y ciudadana que a la postre, como ahora se ha visto, resultó la única posición sensata. El episodio de La Zerrichera, destinado a partir de ahora a formar parte de la carpeta de las cosas a arrojar a un olvido que no obstante genera enseñanzas, ha sido enorme y gratuitamente lesivo para los intereses de esta región y de su imagen y supuso uno de los peores exponentes de esa época reciente en la que algunos pensaron que en materia de urbanismo —nunca mejor dicho— todo el monte era orégano. El coste de la Zerrichera ha sido alto. Los expedientes, tanto de protección como de desarrollo, entraron como por ósmosis en terrenos de incertidumbre, paralización y surrealismo. La seguridad jurídica se demostró como una entelequia. La comunicación externa de esta bendita región se hizo complicada. La duda sobre la limpieza de las cosas se extendió imparablemente. La conservación de las áreas protegidas —una batalla que parecía estar semiganada— volvió a entrar en el desafortunado terreno de los asuntos inciertos.
Quizás el coste, a partir de ahora, se amplifique más o menos anecdóticamente si hubiera requisito legal para compensar en alguna forma los gastos incurridos por los propietarios a los que se les aprobó la iniciativa. Si fuera así, y con independencia del montante, tampoco convendrá olvidar que ese coste lo pagaremos todos.
Ahora, el plan de gestión de la ZEPA de la Almenara, Moreras y Cabo Cope ha sido aprobado. Bienvenido sea, y más si en alguna forma —psicológica, política o técnicamente— supone algún tipo de espoleta para la aprobación de los muchos otros planes de gestión de áreas protegidas y planes de ordenación de los espacios naturales que esta región lleva años esperando.
Y es que hay que entender que proteger los espacios naturales es un reto que conforma un nuevo valor prioritario para las sociedades avanzadas y democráticas. Así de sencillo: guste más o guste menos. Son ya muchos los datos, las investigaciones, los documentos, las legislaciones, las directivas comunitarias o los pronunciamientos internacionales que demuestran que la conservación de la naturaleza no es un caprichoso lujo hippie producto del radicalismo de unos cuantos, sino una obligación estratégica sin el que las sociedades serán a medio plazo más pobres y contarán con menos recursos y perspectivas. Partiendo de esos conceptos, los parques, los paisajes protegidos, las ZEPA, los LIC o la conservación de los montes han entrado de rondón en nuestras vidas para alegría de muchos y preocupación de unos pocos. Y su planificación y gestión es una obligación ineludible, allegando suficientes recursos, aun en estos tiempos de crisis, y realizando políticas activas que consigan la siempre teorizada y pocas veces concretada resolución de las múltiples tensiones que convergen sobre el territorio.
Las áreas protegidas son uno de los principales activos de nuestro territorio, nuestra cultura y nuestra propia identidad regional. Y esos son conceptos muy gruesos que merecen, creo, toda nuestra atención.
* LaOpinión Murcia - Opinión - 24.12.10
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INFOBAE* : Mientras en el Indoamericano permanecen más de 5.000 "okupas", también ingresaron en la cancha de fútbol de un club de Lugano, en un frigorífico de Bernal y en una fábrica de González Catán. Ahora está cortada la AU Dellepiane, la AU General Paz y hay una marcha en Soldati. La seguidilla de ocupaciones y tomas de tierras se agravó en las últimas horas. Mientras la Nación y el Gobierno porteño intentan solucionar la toma del Parque Indoamericano, se produjeron varios movimientos de ocupantes ilegales en distintos puntos del Área Metropolitana. Por otro lado, un grupo de vecinos de Villa Soldati y Bajo Flores cortaron la autopista Dellepiane, a la altura de Escalada, para protestar por las ocupaciones ilegales de tierras y contra la instalación de villas de emergencia en la zona. Se originó un importante embotellamiento en el tránsito hacia Provincia.
Anoche, cerca de las 22, un grupo de habitantes del asentamiento Ciudad Oculta tomó instalaciones que habían sido cedidas al Club Alvariño, en Villa Lugano. Los "okupas" se enfrentaron con el sereno del lugar, al que confinaron a su domicilio y dividieron el terreno ante la impotente protesta de vecinos.
Por otro lado, unos 250 ocupantes ilegales se asentaron en los terrenos pertenecientes a un frigorífico abandonado de la zona de Bernal, entre la calle Montevideo y el Arroyo Las Piedras.
El predio pertenence frigorífico Finexcor, cuyos propietarios ya habrían solicitado a la justicia el desalojo, aseguraron las fuentes consultadas por la agencia DyN. En el lugar existen unos piletones de tratamiento de fluidos que conllevarían un grave riesgo de contaminación.
En horas de la tarde, el intendente local, Héctor Gutiérrez, se reunió con representantes de los ocupantes y los instó a abandonar el predio, con el fin de negociar una posible entrega de terrenos para construir viviendas por intermedio del municipio. La firma tendría algunos problemas fiscales, trascendió en forma extraoficial.
En tanto, en la zona de Villa Dorrego, en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, cientos de pobladores entraron ilegalmente al predio de una hilandería y se desplegó un importante operativo policial en el lugar.
También en La Matanza, pero a varios kilómetros del lugar, en Villa Madero, vecinos y policías impidieron la toma de un predio que perteneció a la fábrica de Jabón Federal, sobre la calle Agrelo y una vía abandonada.
El incidente se produjo alrededor de las 13:30 cuando unas 70 personas intentaron ingresar al predio, aunque fueron rechazados por los vecinos, además de agentes comunales y policías bonaerenses.
"Esto no es Capital Federal, es La Matanza y acá todos los vecinos unidos vamos a impedir que se tomen un predio privado y se instalen en forma ilegal", sostuvo Antonio Rego, vecino de la zona, a Infobae.com.
Cerca de las 15, un grupo de personas intentó violentar las puertas de la nueva escuela de la Policía Metropolitana que se encuentra en el Bajo Flores, a pocas cuadras de donde comenzó todo la semana pasada: el Parque Indoamericano.
Según explicaron a Infobae.com, los atacantes sólo intentaron violentar algunas puertas, pero no hubo enfrentamientos entre policías y ocupantes.
Tarde de piquetes
Cerca de las 16, un grupo de vecinos de Villa Soldati cortó la autopista Dellepiane, a la altura de Escalada, para manifestar su oposición a la toma del Parque Indoamericano. Esta protesta provocó el corte total de la autovía durante varias horas y aún perdura.
Otros vecinos de Villa Lugano llegaron a la General Paz, a la altura de Piedrabuena, y cortaron ambas manos de circulación, generando un caos de tránsito en la zona.
Además, un grupo de personas se manifiesta frente al Parque Indoamericano en contra de la ocupación ilegal del predio.
* Infobae - 13.12.10
Foto: Buenos Aires, protestas vecinales - infobae
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ELPAÍS* : Sucede en muchos barrios: albergan algo que les marca, que condiciona su carácter y define su centro de gravedad, para bien o para mal. Ocurre por ejemplo en el barrio de Exposición, hogar del estadio del Valencia CF, el Mestalla. Si un forastero necesita llegar y pide indicaciones, la respuesta será: ¿Sabes dónde queda el campo de fútbol? Y a partir de ahí, el resto. En el caso de Natzaret, la barriada anclada a Valencia por el puente de Astilleros, el puerto es su principio y fin, su Mestalla, el origen o consecuencia de cualquier charla sobre su situación. Hace décadas, antes de la ampliación de las instalaciones portuarias, Natzaret gozaba de la playa como hoy El Cabanyal o la Malva-rosa. El puerto creció hacia el sur y Natzaret perdió uno de sus principales activos. Y no solo eso, pues la autoridad portuaria controlaba desde antes dos espacios gigantescos entre sus fronteras y las casas del barrio: una fábrica de aceites ahora en desuso y una antigua escuela deportiva que gestionaba el arzobispado.
La fábrica es impresionante. Altísimos y viejos silos de obra y otros nuevos de metal; cintas transportadoras oxidadas, cristales rotos, edificios camino de la chatarra y cientos de palomas con sus plumas y deshechos por doquier. No hay nadie, no se hace nada. La empresa podía explotar la planta hasta 2022, fecha en que vence la concesión, pero decidió buscarse otro puerto y abandonar las instalaciones de Valencia. La asociación de vecinos reclama ahora a las administraciones que recuperen el suelo y lo destinen a zonas verdes y equipamientos públicos. "Mientras tanto, alguien debería encargarse de vigilar la fábrica y su desmantelamiento", razona Julio Moltó, representante de la asociación. Cada vez que habla de la fábrica, Moltó critica los silos, tan cerca de las casas. "Es que trabajaban con disolvente. Imagina si eso llega a explotar... ¡es que se cargan el barrio entero!". Explotar no, pero la fábrica sí ha generado problemas medioambientales al barrio, desde incendios hasta vertidos.
Luego está el caso de Benimar. Pegada a la fábrica de aceites, el arzobispado de Valencia administraba esta popular escuela deportiva. El titular del suelo es también el puerto y cuando la iglesia renunció, los terrenos quedaron de nuevo bajo su tutela. Se trata de un caso similar al de la aceitera, aunque aquí las administraciones, ya sea el Ayuntamiento, la Generalitat o el propio Estado, no tienen que recuperar nada. Pero, al menos de momento, el terreno se desperdicia.
El puerto preparó hace más de un año un plan para regenerar su frontera con Natzaret. Contemplaba la construcción de edificios de seis a 20 plantas y zonas verdes. Al principio se consultó a los vecinos, se les prometió agilidad y un futuro casi dorado. De momento solo ven chatarra y hierbajos.
* El País - 7.12.10
Foto: Vista de los silos de obra de la empresa de aceites de Natzaret en la zona más cercana al puerto de Valencia - elpais
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