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MÁLAGAHOY* : El urbanismo de la comarca de la Axarquía malagueña vuelve a estar en el punto de mira sólo un mes después de que se destapara el caso de corrupción urbanística en Alcaucín. La Guardia Civil está investigando al Ayuntamiento de Colmenar por haber concedido certificados de licencia de primera ocupación para una nave agrícola cuando en realidad se trataba de viviendas.
El alcalde del municipio, el socialista Pedro Fernández Palomo, y la ex arquitecta municipal están imputados por un presunto delito de prevaricación urbanística, mientras que a otras tres personas, entre ellos un arquitecto y dos promotores, se les acusa de un presunto delito de falsedad documental.
Los hechos se remontan a 2003. Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación, la entonces arquitecta del Consistorio emitió un informe favorable para construir una vivienda en este municipio a pesar de que el proyecto urbanístico presentado por un arquitecto contemplaba una nave agrícola.
Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil constataron esta irregularidad durante una inspección en el inmueble que contaba tanto con la licencia urbanística como la de primera ocupación.
Pero al cotejarlo con el expediente abierto por el Ayuntamiento, descubrieron que el proyecto para construir la nave agrícola no estaba visado y que la licencia de primera ocupación había sido concedida sin el informe pertinente.
Al igual que la arquitecta municipal, el alcalde socialista de Colmenar también está imputado por un presunto delito de prevaricación urbanística ya que, según las mismas fuentes, hizo caso omiso a un informe del secretario municipal en el que advertía de las anomalías que se estaban produciendo.
La Guardia Civil también acusa a un arquitecto de Sevilla de falsificar el certificado final de obra que presentó al Ayuntamiento de Colmenar sobre el proyecto aprobado inicialmente para construir una nave de aperos.
Los dos promotores imputados en esta nueva trama admitieron además que cuando se aprobó la certificación había una vivienda y no una nave agrícola, para lo que habían hecho coincidir en los planos la distribución y la superficie de la vivienda con la nave que se suponía que se iba a construir.
Según apuntaron las mismas fuentes, ambos habían inscrito en 2004 la vivienda en el registro de la propiedad con un informe del arquitecto también imputado de que la obra tenía más de cinco años. Pero los agentes del Seprona comprobaron mediante las fotos realizadas y los certificados concedidos por el Ayuntamiento de Colmenar entre los años 2001 y 2002 que la licencia municipal otorgada era para una nave agrícola y fue autorizada en mayo de 2003, por lo que los dos promotores están acusados de falsificar el certificado de antigüedad de la vivienda.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no se ha producido ninguna detención.
El alcalde de Colmenar, Pedro Fernández Palomo, se enteró ayer de su imputación por un presunto delito de prevaricación por este periódico, y aseguró que "nadie me ha comunicado nada todavía". Sin embargo, el regidor socialista manifestó sentirse "muy tranquilo" porque en este Ayuntamiento "todo lo que se ha hecho siempre, se ha hecho con papeles". Fernández Palomo es alcalde del municipio de Colmenar desde 1999.
* Málaga Hoy - R. Garrido / málaga - 12.04.09
Foto: Vista general del municipio de Colmenar (Málaga).- malagahoy.es
El alcalde de Colmenar es imputado por prevaricación urbanística
Canarias: La moratoria contradice al Gobierno al permitir ocupar nuevo suelo turístico
LAPROVINCIA* : La Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial y del Turismo abre la puerta a la ocupación de nuevo suelo turístico a pesar de que el Gobierno insiste en que no habrá más consumo de territorio para la actividad turística en el periodo 2008-2012. Bajo la premisa de elevar la calidad de la oferta se permite el incremento de nuevas camas por cada plaza que se renueve y se obliga a dotar a los nuevos alojamientos turísticos de equipamientos de ocio, deportivos, culturales o de salud ligados a la oferta, lo que conduce a una ocupación de suelo superior a la que había en la zona turística en declive.
Esto quiere decir, por ejemplo, que si se traslada un complejo que se derriba en una zona antigua a un nuevo suelo, el nuevo alojamiento tendrá que tener como mínimo una categoría de cuatro estrellas si es un hotel o tres llaves si son apartamentos y se podrá construir un campo de golf, un área comercial, un complejo deportivo o un spa, infraestructuras que no había anteriormente y que requieren un mayor consumo de suelo.
La ley introduce dos excepciones a la limitación de ocupar nuevo suelo en el artículo 12. En el primer caso sería por un cambio en el modelo territorial que requiera trasladar la actividad turística a otra zona, mientras que en el segundo sería por una reforma interior o sustitución de edificaciones en zonas turísticas antiguas. En ambos casos se abre la puerta a una mayor extensión en la ocupación de nuevo suelo al cambiarse los parámetros de calidad de la oferta, incremento de camas y construcción de nuevos equipamientos.
En el artículo 13 se desarrolla los convenios de sustitución y los incentivos que se les ofrece a los promotores para sustituir un complejo antiguo por uno nuevo. Las enmiendas introducidas en el Parlamento al proyecto de ley reduce las nuevas camas por cada plaza sustituida y se pasa de hasta siete camas nuevas a cuatro, pero se añade que las nuevas plazas alojativas no podrán tener categoría inferior a cuatro estrellas en el caso de los hoteles o de tres llaves en el caso de los apartamentos turísticos y deberán disponer de equipamientos de ocio, deportivos, culturales o de salud. La ley no habla de crecer en altura sino de una "edificabilidad similar" lo que, unido a los equipamientos, puede dar lugar a ocupar más superficie que la desclasificada o sustituida.
* La Provincia - RUBÉN ACOSTA - 12.04.09
Los casos de corrupción colapsan la actividad judicial de Balears
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DIARIODEMALLORCA* : Ejercen o han desarrollado su trabajo en el Parlament, en el Consell o al frente de un Ayuntamiento pero su trayectoria acabó topándose con la justicia. Y es que más de una veintena de políticos se encuentran imputados en numerosos casos de corrupción que han desbordado la actividad judicial de Baleares, principalmente ante el aluvión de denuncias registradas contra delitos relacionados con el urbanismo ilegal y el desvío de caudales públicos a intereses privados.
Causas que en su mayoría se encuentran inmersas en pleno proceso de instrucción, frente a otras cuyas investigaciones están en su fase más inicial y algunas esperan en breve a ser enjuiciadas. Tres de ellas se perfilan como las próximas que irán a juicio oral e implican al ex concejal de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, y al ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, ambos a punto de sentarse en el banquillo de los acusados -éste último por tercera vez dentro del caso Andratx-.
Todo se desató cuando la Operación Voramar puso en jaque, por primera vez en los últimos años, a los responsables políticos de las islas. La Fiscalía Anticorrupción impulsó el 27 de noviembre de 2007 una gran investigación contra la corrupción urbanística, el mismo día en el que precisamente fueron detenidos el ex alcalde de la localidad mallorquina, Eugenio Hidalgo, y Jaume Massot, principales imputados dentro de una compleja causa dividida en casi setenta piezas.
De este procedimiento ya se han celebrado dos vistas orales y en la tercera que hay prevista Massot será el único acusado. Una vivienda en suelo protegido -la de Hidalgo-, un restaurante ilegal de su hermano Carlos, y el asesoramiento urbanístico presuntamente fraudulento desde la sociedad Territorio Asesores por parte de Massot centran cada una de estas tres piezas.
Otro de los principales casos en manos de la justicia es el de Son Oms, en el que se encuentra imputado el diputado y ex portavoz parlamentario de UM, Bartomeu Vicens, y por el que se investiga si en el proceso de recalificación y urbanización del polígono industrial palmesano, llevado a cabo en los noventa, se cometieron delitos de alcance millonario mediante el cobro de hasta un 15 por ciento de comisiones por la recalificación de parcelas de suelo rústico a urbanizable.
Sin embargo, ésta no es la única causa en la que Vicens está imputado. También lo está en el caso Can Domenge, que ha regresado a la actualidad a raíz de la reciente imputación del conseller de Turismo, Miquel Nadal (UM). Un procedimiento puesto en marcha debido a la querella presentada por Núñez i Navarro para denunciar un presunto delito de malversación, después de que la UTE adjudicataria del solar en el concurso convocado por el Consell de Mallorca pagase 30 millones de euros por los terrenos, la mitad del precio máximo de tasación.
La tercera causa en la que Vicens está implicado es la relativa al Plan Territorial de Mallorca, donde también estaría implicado el diputado del PP y ex conseller de Medio Ambiente, Jaume Font. Las investigaciones del Juzgado de Instrucción número 6 giran en torno a una supuesta trama de corrupción que habrían generado "pelotazos" por valor de unos 300 millones de euros, derivados de las plusvalías de la compraventa de terrenos.
Mientras tanto, el último caso que ha salido a la luz es la denominada Operación Peaje, por la que han sido detenidas 18 personas y en la que han sido imputados el vicepresidente del Consell, Antoni Pascual, el director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, y dos funcionarios de la Institución insular por la presunta trama urdida la legislatura pasada en torno a la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, mediante el desvío de dinero público a obras privadas facturadas como si formasen parte de los trabajos de construcción.
Y si a número de implicados se refiere, el caso Scala es uno de los que cuenta con más imputados -más de veinte-, entre ellos el diputado del PP Josep Juan Cardona, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la ex gerente del disuelto Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), dependiente del Govern, Antònia Ordinas. La operación investiga la presunta trama dirigida por Ordinas para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.
Más recientemente arrancó la instrucción judicial en torno a las irregularidades cometidas por el ex secretario del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Miquel Ángel Bonet, a quien se le imputan los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental por haber defraudado unos 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 desde la empresa pública, pese a haber confesado ante el juez que la cantidad desviada asciende a 85.000 euros.
Por otro lado, también el Juzgado de Instrucción número 6 se encarga del caso por las presuntas irregularidades cometidas la pasada legislatura desde el consorcio Turisme Jove, que podrían suponer un fraude de tres millones de euros, un procedimiento en el que se encuentran imputados el ex gerente Damià Amengual, el ex jefe de obras y mantenimiento del consorcio, Juan Francisco Gosálbez, y el ex director general de Juventud, Francisco Gálvez.
Cabe recordar asimismo la detención el pasado año del ex gerente de Bitel, Damià Vidal, por una presunta malversación de 700.000 euros. El juez le dejó en libertad bajo fianza de 200.000 euros, la más alta impuesta para eludir el ingreso en prisión junto a la que se le decretó a Massot, que salió de la cárcel tras abonar la misma cantidad.
Ya en ámbito municipal, destaca la implicación de Rodrigo de Santos en tres procedimientos por presuntos abusos sexuales a menores -sumario que se encuentra pendiente de juicio y por el que el ex concejal salió recientemente de prisión, en la que se encontraba de forma provisional sin fianza-; por malversar más de 50.000 euros de las arcas públicas en locales de alterne masculinos -caso que está a la espera de que se convoque un jurado popular para su inminente enjuiciamiento-, y por la adjudicación irregular de un castillo infantil del Parque de Sa Riera.
En Ibiza se investiga el caso Eivissa Centre, en el que está imputado el presidente del Consell Insular, Xicu Tarrés. Algunos socialistas ibicencos habrían aceptado el presunto pago de comisiones ilegales por parte de la constructora Brues a cambio de adjudicarle la ejecución del proyecto urbanístico Eivissa Centre, para la remodelación urbanística del centro de la ciudad.
Otros políticos ya han conocido su sentencia, después de años de instucción de sus respectivos procesos. Tal es el caso del ex concejal de Llucmajor, Joaquín Rabasco -condenado el pasado año a seis años de prisión- y el ex alcalde del municipio, Lluc Tomàs -sobre quien pesan tres años de cárcel dentro del mismo caso-, pese a que la resolución no es firme y ha sido recurrida. Mientras tanto, doce dirigentes y ex cargos del PP de once Consistorios mallorquines han sido finalmente absueltos dentro del caso Caballistas, tras tres años de investigaciones y un juicio con hasta 14 acusados.
* Diario de Mallorca - EUROPA PRESS - 10.04.09
Foto: Andratx (Mallorca) - Antoni Sureda (wikipedia.org)
El diputado trabajó desde otra empresa en obras adjudicadas por su consellería
ELPAÍS/Santiago* : Lo anuncia la propia empresa, Prethor SL, en su página web. El currículum de la firma "especializada en prefabricados para obra civil y edificación" -en la que Agustín Hernández fue consejero hasta marzo de 2008- cita las vigas que construyó para dos autovías, Santiago-Brión y el desdoblamiento de la vía del Salnés, adjudicadas por la Consellería de Política Territorial cuando Hernández era director xeral de Obras Públicas.
Según consta en el Registro Mercantil, Hernández entró como consejero en Prethor, la filial de Puentes y Calzadas, el mismo día en que se creó, el 12 de septiembre de 2006. Desempeñó el cargo hasta el 28 de marzo de 2008, fecha en que se incorporó como alto cargo a la Diputación de Pontevedra, de la mano de su presidente, Rafael Louzán.
Durante la estancia de Hernández en Prethor SL, la firma suministró los prefabricados a las concesionarias de la vía del Salnés y de la autovía Santiago-Brión, dos adjudicaciones que el Gobierno de Fraga dejó cerradas antes de perder el poder, cuando Hernández presidía la Dirección Xeral de Obras Públicas en la Consellería de Política Territorial de Alberto Núñez Feijóo. Según ha comprobado este periódico, en las obras de desdoblamiento de la vía del Salnés -acometidas por una UTE (unión temporal de empresas) integrada por Copasa, Puentes y Calzadas y Caixanova- Prethor vendió las vigas para los puentes en los enlaces de la vía con las localidades de Mosteiro, Meis, Ribadumia, Meaño, Sanxenxo y también con la AP-9.
Prohibición de dos años
Desde que la Consellería de Presidencia decidió abrir un expediente a Hernández la pasada semana por considerar que su actividad privada vulneró la ley de incompatibilidades para los altos cargos de la Xunta, Hernández siempre ha negado que tuviese alguna relación desde las empresas con los expedientes que había tramitado en el Gobierno. Esa era precisamente la limitación que la ley de 1996 establecía para los representantes del Ejecutivo y que regía hasta que en 2008, el bipartito aprobó un decreto más restrictivo. La norma vigente en el caso de Hernández no impedía su marcha desde la Administración a sociedades con intereses en el mismo sector. El texto legal sí prohíbe a conselleiros y directores generales, entre otros altos cargos de la Administración autonómica, "realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hubieran dictado resolución en el ejercicio del cargo durante los dos años siguientes a la fecha de su cese". Este diario intentó ayer sin éxito recabar la versión de Hernández.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 12/04/2009
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
