EFE* : España mantiene un descenso gradual desde 2004 en el índice de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional (TI) hasta alcanzar una puntuación de 6,7 sobre 10 en el presente ejercicio, como consecuencia de la especulación urbanística en el país. Así explicó hoy el presidente de TI España, Jesús Lizcano, esta pérdida de cota en el índice, que ha hecho que España baje desde el 7,1 logrado en 2004, hasta el mencionado 6,7, un resultado "bueno, pero no demasiado".
No obstante, a su juicio, es previsible que el resultado de España vuelva a mejorar en la medida en que el sector inmobiliario empieza a desacelerarse, la presión de la demanda sobre la oferta es menor, y legislaciones como la recién aprobada Ley del Suelo dificultan la especulación e inciden en la transparencia del sector.
En el índice, que mide la percepción que tienen expertos y empresarios de 180 países de la corrupción en el sector público, España ocupa el puesto número veinticinco, aunque en el grupo de la Unión Europea se coloca aproximadamente en la mitad del ránking.
Así, España se sitúa por debajo de países como Nueva Zelanda (9,4), Finlandia (9,4), Reino Unido (8,4), Francia (7,3), Estados Unidos (7,2), Chile (6,9) o Uruguay (6,7) y por delante de Portugal (6,5), Italia (5,2) o Grecia (4,6).
Los países nórdicos son los que obtienen mejores puntuaciones en el índice, como Dinamarca (9,4), Finlandia (9,4), Suecia (9,3) o Islandia (9,2), junto a Nueva Zelanda (9,4) y Singapur (9,3), en tanto que los países con las notas "más dramáticas" son Irak (1,5), Somalia (1,4) y Myanmar (1,4).
Tres de cada cuatro países del índice suspende y además el cuarenta por ciento del total tiene puntuaciones inferiores a 3, lo que significa que la corrupción es percibida como "desenfrenada".
Estos resultados muestran, para Transparencia Internacional, la "fuerte correlación" que hay entre corrupción y pobreza, lo que requiere de una acción global entre países ricos y pobres para detener el flujo de dinero ilícito y "hacer justicia" para los menos favorecidos.
Los sobornos suelen provenir de multinacionales con sede en los países más ricos del mundo, señala la organización, para quien es "inaceptable" que estas empresas usen el soborno en el extranjero como estrategia empresarial legítima.
Los centros financieros mundiales son, además, un punto clave para los funcionarios corruptos que desean movilizar, encubrir e invertir su riqueza robada.
A este respecto, TI subraya que los paraísos fiscales jugaron un papel crucial en el saqueo de millones de euros en fondos de países en desarrollo como Nigeria y Filipinas, "facilitando las fechorías de líderes corruptos y empobreciendo a los ciudadanos bajo el mando de dichos líderes".
Para evitar estas situaciones, la organización de lucha contra la corrupción insiste en que los gobiernos adopten medidas contra el blanqueo de dinero para que desaparezcan los refugios de activos robados, y que los países ricos regulen sus centros financieros de una forma "más rigurosa".
También consideran necesario que las juntas directivas de las empresas multinacionales introduzcan códigos 'antisobornos' eficaces y que los países en desarrollo usen los fondos humanitarios para fortalecer sus instituciones de gobierno.
El índice de percepción de la corrupción 2007 se basa en catorce encuestas y estudios proporcionados por doce instituciones independientes, con la opinión de expertos y empresarios residentes y no residentes de los 180 países que participan.
* El Economista - Madrid, 26 sep (EFECOM)
Foto: Viñeta de ENIO - especula en accion
España sigue empeorando en corrupción por la especulación urbanística
Cerca de un centenar de diligencias por delitos urbanísticos en Jaén
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ELPAÍS* : La Fiscalía de Jaén ha abierto en lo que va de año cerca de un centenar de diligencias por delitos urbanísticos, la mayoría de ellos contra la ordenación del territorio y medio ambiente. En 2006 los delitos urbanísticos se duplicaron con relación al año anterior, pasando de 51 en 2005 a 105 durante el último año.
Según la memoria de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Jaén, durante 2006 se incoaron 65 diligencias de investigación penal por delitos contra la ordenación del territorio, de las que 64 fueron remitidas con denuncia al juzgado de instrucción y una fue archivada. Además, se formularon 40 escritos de acusación por este tipo de delitos.
En cuanto a las 32 sentencias que emitieron los juzgados de lo Penal, 26 fueron condenatorias y seis, absolutorias. En una decena de casos se ordenó directamente la demolición de la vivienda ilegal mientras que en las otras 16 restantes se trasladó este mandato a la Administración.
Parajes protegidos
Los delitos contra la ordenación del territorio han proliferado especialmente en las zonas cercanas a la capital jiennense y afectan tanto a suelos no urbanizables como a parajes especialmente protegidos por sus valores medioambientales. También destacan las actuaciones realizadas en municipios como Torredelcampo, Baños de la Encina, Cambil o, las más recientes de Quesada y Jódar. En este municipio, el Seprona ya ha imputado a 32 personas, entre ellas al alcalde, José Luis Angulo, de IU.
En Huelva, el año pasado la Fiscalía de Huelva abrió 30 diligencias previas incoadas por delitos relativos a la ordenación del territorio y el medio ambiente. En lo que va de año el número ronda la quincena, lo que revela un ligero crecimiento de las diligencias iniciadas.
Ha destacado el archivo de la investigación acerca de la urbanización Costa Esuri, de Ayamonte o la denuncia sobre la construcción de la urbanización El Vigía, de Mazagón.
La Fiscalía constata que en lo que va de año han aumentado mucho las comunicaciones de casos desde los propios Ayuntamientos, lo que en ocasiones permite aligerar mucho el trabajo a la Fiscalía a la hora de presentar denuncias en los juzgados pertinentes y aligerar la petición de medidas cautelares de apercibimiento.
* ELPAIS.com - G. D. / M. J. A. - Jaén / Huelva - 26/09/2007
Foto: Jódar (Jaen) - pueblos-espana.org
La FRAVM considera el Plan de Impulso del alquiler insuficiente y electoralista
Fed.Reg.AA.VV.Madrid* : Algunas medidas parecen más dirigidas a dar un nuevo balón de oxígeno al negocio inmobiliario que a garantizar el derecho ciudadano al alojamiento. La FRAVM rechaza las limitaciones de acceso a las ayudas anunciadas por razones de edad. Lamenta la ausencia de medidas de penalización de la vivienda vacía, de iniciativas dirigidas a aumentar el parque público de vivienda en alquiler y la no mención a la movilización de suelo del Estado (ministerio de Defensa, RENFE…) destinado a la implementación de dicho parque.
El pasado día 18 de septiembre la ministra de Vivienda y el presidente del Gobierno presentaban públicamente el denominado “Plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler”.
Desde el ministerio de la Vivienda se había anunciado la adopción de una serie de medidas de choque para que la vivienda deje de ser un problema y pase a ser un derecho.
En lo concreto y en lo que se refiere al mencionado Plan, las medidas se limitan a una prestación de 210 €/mes destinada al pago del alquiler para los jóvenes ocupados y con ingresos máximos de 22.000 € anuales.
Cabe señalar que, ya en 2004, el Consejo de Ministros aprobó el denominado Plan de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo que contempla una ayuda de 240€/mes para los menores de 35 años con una renta inferior a los 19.950 € /año, por lo que la medida anunciada no aporta novedad alguna a este respecto.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) manifiesta su escepticismo sobre la efectividad de este tipo de subvenciones directas al inquilino que, aplicadas de manera aislada, contribuyen a medio plazo a una subida de los precios de los alquileres y que, a fin de cuentas, suponen una subvención pública a los propietarios.
Otra de las medidas anunciadas el pasado martes hace referencia a una deducción fiscal del 10,05% para el inquilino, lo que no solamente no supone un incentivo fiscal para el alquiler, sino que ni siquiera la equipara a las deducciones fiscales vigentes para la compra. La insuficiencia de esta medida contrasta con la generosa exención fiscal del 100% para los ingresos derivados de contratos de los jóvenes menores de 35 años y el 50% de deducción para los demás casos.
Unidas a estas medidas, se suma el anuncio de otras dirigidas a incrementar la implicación del sector empresarial en el mercado de alquiler, entre las que se contempla la introducción de ventajas fiscales y financieras para los promotores de vivienda protegida en alquiler o la cesión de derechos de superficie a dichos promotores. Medidas que parecen dirigidas más a dar un nuevo balón de oxígeno al negocio inmobiliario que a garantizar el derecho ciudadano al alojamiento.
La FRAVM considera que este paquete de medidas responde más a las necesidades electorales del momento que a una sincera apuesta por impulsar el alquiler como vía de acceso a una vivienda digna y avanzar hacia la satisfacción del derecho al alojamiento.
Cree, además, que el Plan está excesivamente orientado a estimular el mercado y a garantizar mejores condiciones para los promotores y no a garantizar el derecho ciudadano a una vivienda digna.
Rechaza las limitaciones de acceso a las ayudas anunciadas por razones de edad.
Lamenta, asimismo, la inexistencia de medidas de penalización de la vivienda vacía y la ausencia de iniciativas dirigidas a aumentar el parque público de vivienda en alquiler, así como la falta de mención a la movilización de suelo propiedad del Estado (ministerio de Defensa, RENFE…) o a un compromiso de que éste, o parte de éste, se destine a la implementación de dicho parque.
Por último, la FRAVM quiere expresar su alarma por la posibilidad apuntada de ceder derechos de superficie a promotores inmobiliarios privados con ánimo de lucro y poner de manifiesto que el Gobierno central ha excluido del citado “Plan” las mencionadas medidas, que han sido planteadas por escrito tanto al ministerio de Vivienda como a los poderes local y autonómico en repetidas ocasiones por ésta y otras organizaciones sociales consultadas.
* ANIA - 22/09/2007
Málaga suma mil delitos urbanísticos este año
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ELPAÍS* : El fenómeno es claramente visible desde la autovía A-7 entre Málaga capital y Nerja. Los montes de la parte baja de la Axarquía, aparecen moteados por un sarampión de casas blancas que avanza año tras año al abrigo de uno de los climas más suaves de la Costa del Sol y de unas estupendas vistas sobre el Mediterráneo. Este nuevo paisaje, bautizado con el nombre técnico de diseminado, descansa en gran medida sobre cimientos ilegales. Muchas de las casas se levantan sobre antiguos terrenos agrícolas cuyos propietarios vieron más rentable el cultivo del ladrillo que el respeto al planeamiento urbanístico que impedía construir sobre las fincas.
Una vez saturada la franja litoral, la Axarquía y el Valle del Guadalhorce se han convertido "con diferencia" en las comarcas malagueñas donde más delitos contra la ordenación del territorio se producen, según Fernando Bentabol, uno de los fiscales de Medio Ambiente de Málaga. En lo que va de año, la Fiscalía ha abierto "cerca de 1.000 diligencias informativas" por delitos urbanísticos, un ritmo que ya cuadriplica las 243 diligencias abiertas en todo el año 2006.
Bentabol comparte a grandes rasgos el informe emitido por su colega de Cádiz, sobre la falta de compromiso, cuando no connivencia, de los ayuntamientos ante el problema del urbanismo ilegal. "En la provincia de Málaga apenas tres o cuatro de los cien ayuntamientos se han tomado el problema realmente en serio", afirma. En esta ilustre nómina cita a Vélez-Málaga, cuya Gerencia de Urbanismo presentó 48 denuncias en 2006 y a Málaga, que interpuso 25. Las críticas se extienden a la administración autonómica que, según el fiscal, "es el órgano que menos impulso tiene en esta materia". "La Junta tal vez tenga otras prioridades de inspección; el caso es que la mayoría de las denuncias nos llegan por la Guardia Civil".
Corrupción urbanística
Bentabol considera "muy difícil" probar que detrás de los delitos urbanísticos existen pagos de los promotores a políticos y funcionarios. Sin embargo, tiene claro que "desde el momento en que un alcalde da una licencia favorable para construir en suelo no urbanizable se está hablando de corrupción urbanística".
Otro punto de coincidencia entre Bentabol y su colega Núñez es la necesidad de que los tribunales penales impongan la pena de derribo sobre las viviendas y construcciones ilegales y observa una "falta de conciencia" por parte de los jueces. "En el ámbito penal sólo se han ordenado 10 derribos este año. Los ayuntamientos acaban legalizando las obras porque obtienen ingresos legales a través de los impuestos". Muchas de las casas ilegales van a parar a manos de compradores extranjeros.
En 2006, la Fiscalía de Málaga tramitó 66 denuncias contra Ayuntamientos y 20 contra alcaldes de todos los partidos políticos andaluces. Uno de los casos más graves se dio en Tolox, donde se han paralizado 2.000 viviendas ilegales en torno a 17 urbanizaciones.
El nuevo alcalde de Benalmádena, Javier Carnero (PSOE), mantuvo que el informe de la Fiscalía pone en evidencia lo que ocurre en la Costa del Sol. Según Carnero, la situación urbanística de Benalmádena "está encauzándose de forma acelerada". "Los promotores que intentan venir lo hacen de una manera completamente distinta. Eso corre como la pólvora y me llena de orgullo que sepan que hay seguridad jurídica", explica. El antiguo equipo de Gobierno, encabezado por Enrique Bolín tiene al menos 80 procedimientos abiertos por irregularidades urbanísticas durante la última legislatura. Este periódico intentó sin éxito hablar ayer con los alcaldes de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), y Manilva, Antonia Muñoz (IU).
* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ /JUANA VIÚDEZ - Málaga - 25/09/2007
Foto: Benalmádena Costa (Málaga) - J.Rojas (El País)
La macro fiesta de 'El Pocero'
CARLOS E. RODRÍGUEZ* : Se ha dicho y escrito mucho del “macrobotellón”, bueno, la macrofiesta de “El Pocero” con motivo de su reciente y polémica promoción inmobiliaria. El protagonista aprovechó el momento para sacar a la luz un nuevo proyecto que haría historia, no sólo en España, en el sector. Anunció una urbanización en Madrid con nada menos que un millón de viviendas. A una media muy prudente de cuatro personas por vivienda, estaríamos hablando de una urbanización con cuatro millones de habitantes, el doble que la población de todo el archipiélago canario, o casi dos tercios de la actual población de toda la Comunidad de Madrid. ¿Aspira “El Pocero” a convertirse en presidente de una Urbanización Autónoma en el seno del Estado español?
Bromas aparte, parece que se imponen algunas reflexiones sobre lo que está sucediendo en el ámbito de las grandes constructoras, sea de viviendas o de infraestructuras. El sector no pasa por los mejores momentos de imagen pública, ni promotores y constructores disfrutan en estos momentos de la mejor fama. Ya se sabe que popularidad y fama son cosas diferentes. Irrita a los ciudadanos la baja calidad de la obra pública, la carestía de la vivienda, las noticias de corrupción, incluso la desenvoltura con que trabajan, seguros como están de que las autoridades, especialmente las municipales, mirarán al tendido. Madrid es el ejemplo límite de una ciudad donde las empresas constructoras manejan su maquinaria con modales de territorio ocupado, cortan calles sin previo aviso y sus empleados dan órdenes a peatones y conductores con modales de policía soviética, mientras los policías municipales, cada vez más expertos en las técnicas de la invisibilidad, procuran “hacerse humo” con prudencia humanamente comprensible.
Sin embargo, la culpa de esta situación, que se repite por ciudades y pueblos de buena parte de España, no es de las constructoras, que son empresas actuando, bajo obligado objetivo de rentabilidad, en un escenario de condiciones peculiares que les vienen dadas. Ya se que lo repito mucho, pero lo seguiré haciendo: la primera obligación de un empresario es con su empresa, sus resultados, sus accionistas y sus trabajadores. A partir de ahí, en Alemania, por poner un ejemplo, tendrán que moverse en los envidiables parámetros propios de la sociedad alemana, y en Senegal, con el máximo respeto y sólo por poner otro ejemplo, tendrán que hacerlo en las peculiares condiciones del digamos país.
¿Y cuáles son los parámetros que condicionan a promotores y constructores aquí, en España? Es un secreto a voces lo que sucede en innumerables municipios españoles en materia de suelo, urbanismo y construcción. Tan secreto a voces como las risas que produce la nueva legislación del Gobierno al respecto. ¿Qué van a hacer promotores y constructores si hay tantos alcaldes y concejales, digámoslo suavemente, “interesados” por el urbanismo y la construcción y al mismo tiempo, dueños del valor y aplicación del suelo? Pues tienen que elegir entre cerrar empresas o trabajar en condiciones que les vienen dadas y que no necesariamente comparten.
Cierto que tan corrupto es el que corrompe como el que se deja corromper, pero es que en España, y en este ámbito de la actividad, sucede que son los presuntos corrompidos los que exigen serlo, cuando no llegan –que buen número de casos concretos podrían citarse, y no sólo en provincias del litoral– a compartir la política municipal con intereses directos en empresas inmobiliarias o constructoras.
Lejos de mi ánimo el pretender que El Pocero sea un modelo de empresario, ni que sus métodos sean disculpables. Pero al fin y al cabo, El Pocero proporciona empleo, construye las viviendas y genera actividad económica. Y sus dispendios de lujoso avión privado y yate de superlujo son humanamente comprensibles en un país que ha saltado sin red de la vieja austeridad castellana al más exhibicionista lujo fenicio. Al fin y al cabo, en su verano mallorquín, El Pocero no ha hecho más que lo que otros muchos hicieron antes, hacen ahora y seguirán haciendo, sin que sea necesario citar nombres. Forma parte del mercado, quizá no de la parte más presentable del mercado, pero ciertamente del mercado. Si algo fuera ilegal, para eso están los Tribunales de Justicia.
No son disculpables, en cambio, ni forman parte del mercado, las actuaciones de los políticos municipales corruptos. Y no es suficiente, para ellos, con la actuación compleja y lenta de la Justicia, ni siquiera es suficiente con eso que siempre se pide de que investigue y actúe la Fiscalía. Si esos políticos municipales, de cualquier partido, a sabiendas de que son corruptos, reciben el voto de sus conciudadanos porque estos anteponen la afinidad o el alineamiento ideológicos a los valores de honradez y transparencia, que nadie se queje luego por lo que hacen.
Vivimos afortunadamente en una democracia plena. Cada país, cada comunidad, cada ciudad, cada pueblo, tiene los políticos que se merece, esto es, aquellos a los que dan sus votos. ¿Pero de verdad queremos seguir así en algo tan importante, porque afecta a ese valor básico que es la vivienda, con un modelo de financiación municipal, suelo y competencias de urbanismo que parece diseñado para promover y fomentar las actuaciones irregulares? Digámoslo sin rodeos. A juzgar por las últimas elecciones municipales y autonómicas, sí, lo queremos. O por lo menos lo quieren las mayorías, en uso legítimo de su derecho a decidir mediante los votos. Así que dejemos de quejarnos por la corrupción urbanística o a la hora del voto tengamos el coraje de poner la moral pública por delante de la ideología. Con nombres y apellidos.
* Diario Crítico - Opinión - 24-09-2007
Anticorrupción de Baleares pide seis años de cárcel para el ex alcalde de Andratx
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EFE* : La Fiscalía Anticorrupción de Baleares ha solicitado la apertura de juicio oral, una pena de 6 años de cárcel, 6 años de inhabilitación para desempeñar cargo público y una multa de 60.000 euros al ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo por construirse una vivienda unifamiliar aislada en una zona rústica protegida. El ministerio público solicita también la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Palma contra Jaume Massot, jefe del área de Urbanismo; José Ignacio Mir, letrado asesor de la Corporación municipal, y Jaume Gibert, inspector municipal de obras, por "idear, planificar y ejecutar" las acciones que permitieron la construcción de la referida vivienda en el municipio de Andratx.
Esta causa es una de las piezas del "caso Andratx", donde se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en este municipio mallorquín, lo que motivó la detención y posterior dimisión del alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo en noviembre de 2006.
El fiscal Juan Carrau solicita sendas fianzas de 90.000 euros para Hidalgo y Gibert, así como la demolición del chalé que construido por el ex alcalde y la recuperación original de esta parcela.
En el escrito de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción se explica que los hechos sucedieron entre finales de 2002 y principios de 2003. La situación de la parcela de 3.035 metros cuadrados de extensión en un área de especial protección "hacía inviable legalmente la obtención de licencia municipal para la ejecución de tales obras", asegura el fiscal.
Carrau asegura que Hidalgo solicitó el 14 de febrero de 2003 al Ayuntamiento de Andratx una licencia de obra mayor para la ampliación de un almacén agrícola inexistente, así como para la construcción de una nave agrícola en esta parcela de su propiedad. "Todo ello -señala la Fiscalía- con la finalidad de dar una cobertura y apariencia de legalidad para la construcción de la vivienda unifamiliar prohibida por disposición legal".
El 5 de Mayo de 2003, el celador municipal Jaume Gibert, "aleccionado y convencido" por Hidalgo, emitió una certificación donde afirmaba "falsamente" que existía un almacén agrícola y que tenía una antigüedad superior a los 50 años. "Siguiendo con el plan preestablecido", el 6 de mayo de 2003 Jaume Massot, como jefe del área de Urbanismo, emitió un informe favorable a la licencia de ampliación solicitada.
Ese mismo día, el letrado asesor José Ignacio Mir emitió el correspondiente y preceptivo informe jurídico favorable, si bien "conocía sobradamente" la falta de supuestos legales para poder informar favorablemente la licencia.
Los delitos descritos incluyen falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística e infracción contra la ordenación del territorio. La Fiscalía considera que Hidalgo incurrió en los tres, Jaume Massot y José Ignacio Mir en prevaricación urbanística, y a Jaume Gibert le imputa sendos delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio.
El fiscal pide las siguientes penas: Jaume Massot, 2 años de prisión e inhabilitación de cargo público por un tiempo de 10 años; José Ignacio Mir, 1 año de prisión e inhabilitación de cargo público durante 10 años, y Jaume Gibert, 6 años de prisión e inhabilitación para desempeñar cargo público durante 6 años.
* La Vanguardia - Palma (EFE) - 25/09/2007
Foto: Andratx (Mallorca) - Antoni Sureda (wikipedia.org)
