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ELDIGITALCASTILLALAMANCHA* : Ecologistas en Acción de Guadalajara aseguró hoy que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Guadalajara ha incoado diligencias previas por presuntas irregularidades urbanísticas en la localidad de Torrejón del Rey. Según informó el grupo ecologista en nota de prensa, la autorización de construcción de viviendas con una densidad superior a la permitida, ha conllevado a la visita de los agentes de la Guardia Civil al Consistorio de Torrejón del Rey, así como otros presuntos casos de irregularidades y corrupción.
En concreto, Ecologistas considera que la venta de suelo de uso dotacional, el destinado para parques, colegios o centros de salud, es "una forma de obtener ingresos para las arcas municipales".
Asimismo, indica que la votación en pleno de concejales "con intereses particulares en las recalificaciones, a los planes urbanísticos, incompatible según la legislación vigente, podría llegar a suponer la nulidad de las recalificaciones efectuadas en los últimos años en este municipio, además de las penas legales pertinentes".
Desde Ecologistas en Acción insisten en que "de nuevo el desarrollo urbanístico insostenible, corrupto y especulativo, planea sobre alguno de los ediles de los ayuntamientos de la provincia" y recuerdan en este sentido que hace unos meses "fue denunciado el alcalde de Cañizar, por ser el abogado de la empresa promotora del sector SP-04".
Además, recientemente, "el alcalde de Almoguera se ha visto involucrado en otro caso de corrupción urbanística, hechos reconocidos, que desgraciadamente, y por falta de investigación podrían llegar a destapar bastantes más casos", concluye.
* El Digital Castilla La Mancha - 7 de septiembre de 2007
Foto: Torrejón del Rey (Guadalajara) - pueblos-espana.org
Escándalo urbanístico a la vista en un municipio de Guadalajara
Un magistrado del TSJA cree que realidades como la vivienda 'no se cambian sólo con leyes'
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EUROPAPRESS* : El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Rafael Toledano sostuvo hoy, al ser preguntado sobre la nueva Ley de Vivienda aprobada el pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que realidades como la vivienda "no se cambian sólo con leyes", ya que éstas "deben de ir acompañadas de otros muchísimos instrumentos de ejecución" de las políticas que se prevén en la misma.
A preguntas de los periodistas en el marco de los cursos de verano que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) organiza en su sede Antonio Machado de Baeza (Jaén), Toledano consideró que cuando hay "una separación tan grande" y unos "desajustes tan tremendos" entre los precios del mercado inmobiliario y los de la vivienda tasada, "implica que muchas cosas se están haciendo muy mal".
Al hilo, el juez, que participó en el curso "El mercado inmobiliario: una realidad difícil de entender", aseguró que "no es normal que exista tal divergencia y discordancia"y añadió que con las políticas de vivienda "hay que tener presente que tienen un alto coste presupuestario".
Por ello, abogó por un plan integral "para encaminar la gestión en una misma dirección", señalando al tiempo que "lo fundamental" es aproximar el mercado al poder adquisitivo de las familias, para lo que es necesario "poner suelo disponible de forma ágil y eficaz" por parte de las administraciones.
De igual modo, expuso la necesidad de establecer iniciativas de recuperación de las plusvalías urbanísticas que, "a nivel legislativo están previstas pero que en gran medida dependen de mecanismos ágiles de ejecución" de esas políticas.
El magistrado del TSJA se mostró convencido de que, tanto el Gobierno autonómico como el nacional, "lo abordaran desde ahí", pero subrayó que "lo realmente difícil" en nuestra organización es que "casi todas las medidas no dependen de un solo actor" sino que hay "una conjunción de políticas de distintos órganos y distintas tendencias" por lo que es "imprescindible" que haya "una concertación" para actuar en la misma línea.
CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
Por otro lado, aclaró que la corrupción urbanística "no es cuestión de endurecimiento legislativo", aunque, a su entender, "lo ha habido" y es que la Administración "siempre ha tenido en su mano políticas y recursos suficientes" para intervenir en el mercado pero "muchas veces no ha tenido la capacidad y otras la voluntad política para hacerlo".
En ese sentido, puso de relieve que donde el Gobierno puede intervenir es "evitando políticas especulativas y de acaparamiento del suelo", pero reiteró que el endurecimiento legislativo que se ha producido "no es importante", puesto que, "si antes no se habían ejercido las leyes disponiendo de ellas, nada hace suponer que, al ser más agresivas, se pongan en marcha". "Quizás al contrario porque su aplicación supone un mayor coste político y social", remachó.
De otra parte, censuró la Ley del Suelo ya que "plantea aspectos jurídicos cuanto menos cuestionables" y se prevé "con un fuerte impacto sobre el mercado inmobiliario".
A su entender, la realidad está "muy separada de los valores que se pretenden obtener con esta legislación" y su impacto "va a crear una serie de tensiones muy considerables" en el mercado inmobiliario, así como "bastante letigiosidad". "Es decir --explicó-- se vana cuestionar en los tribunales las decisiones que se tomen a nivel constitucional ya que establece consideraciones muy fuertes sobre el derecho de propiedad", remachó.
A este respecto, Toledano concretó que los criterios de valoración del suelo rural establecen un limite en el doble del valor, que se denomina valor real agrario, a través de la capitalización de las rentas agrícolas. Esto supone "establecer por ley un limite del cual los tribunales no podrán pasar en la valoración de un bien".
Por último, matizó que esto es "cuestionable" ya que, cuando se trata de un justiprecio, se intenta establecer "la compensación justa teniendo en cuenta la realidad económica y social de una persona que se ve privada de su propiedad", concluyó.
* Diario Siglo XXI - 7 de septiembre de 2007
Foto: Baeza (Jaén), UNIA sede_Antonio_Machado - Johnbojaen 2006 (wikipedia.org)
La avalancha del ladrillo en Pallares
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ECOLOGISTASENACCIÓN /Monesterio (Badajoz)* : Según se puede ver y oír, nos quieren presentar como imparable algo que no debe serlo: recalificar a lo bestia la mayor parte del suelo que rodea Pallares para inundarlo de ladrillo, es decir, construir casas a troche y moche en una superficie que puede ser algo así como la tercera parte del actual casco urbano. Todo ello se nos vende como una magnífica noticia para el pueblo. Ahora bien, lo primero que hay que preguntarse es a quién beneficia y a quién o a qué perjudica.
Evidentemente, beneficia a los dueños del terreno, que obtienen una gran cantidad de dinero con la venta pero, más que a nadie, beneficia a los compradores del suelo, que lo adquieren a precio de rústico y se revaloriza al pasar a ser suelo urbanizable, obteniendo unas plusvalías, unas ganancias bestiales, si prosperan los intentos de que así sea por parte del Ayuntamiento, o por lo menos de la corporación saliente.
El interés de los que negocian con ello es claro. Ahora bien, ¿cuál es el interés del Ayuntamiento o, en general, de los poderes públicos, por ejemplo la Junta de Extremadura, que es la que tiene que aprobarlo? El fin del Ayuntamiento es velar por los intereses de los ciudadanos y se supone que con ese objetivo debe intentar que haya una mejora de sus condiciones de vida y su prosperidad económica. Ahora bien, vemos cómo en muchos lugares de España los que gestionan los ayuntamientos ponen por delante sus intereses económicos, el afán por enriquecerse o aumentar su riqueza por encima de otras cuestiones, y no voy a citar ningún caso porque son de sobra conocidos.
Quiero pensar que nada de eso sucederá ya en nuestro caso, porque ahora mismo no sé de ningún responsable municipal metido en negocios urbanísticos en la zona en cuestión, con lo cual no hay conflicto de intereses.
Pero volvamos al papel de un Ayuntamiento que no tiene intenciones bastardas en el caso. Se puede pensar que debería autorizar todo esto, porque así el pueblo se beneficia. En primer lugar por el simple hecho de que el pueblo es más grande (ande o no ande, como el caballo), y esto puede tener su importancia en un lugar pequeño que cada vez tiene menos habitantes. Puede hacer que, en ciertos momentos, haya más ambiente, más vida. De todas formas, no parece que tras haberse construido un buen número de casas últimamente se haya visto mucho más movimiento en Pallares que antes de que se edificaran. De todas formas, psicológicamente puede que sea gratificante para la gente ver que algo (aunque sea ladrillo) vaya para adelante.
Otra razón es que la construcción pueda crear puestos de trabajo, cuando el paro es el principal problema de las gentes, y de qué manera. Ahora bien, es más que discutible que, cuando se edifique en tal cantidad, la construcción vaya a suponer empleo. En todo caso, los albañiles locales no podrán asumir tanta obra. Como ya hemos comprobado en parte en la calle Arturo Gazul , son constructores y mano de obra de fuera los que hacen el trabajo, sin que apenas quede nada en el pueblo, además de ser pan para hoy y hambre para mañana.
Quizás, si los contratistas son de la zona, algo de ese dinero quede, pero como estamos viendo en el caso que nos presentan, el principal beneficiario será alguien de fuera que ha comprado el terreno, venderá solares o construirá y se volverá con las ganancias a su lugar de origen. Otra idea que puede hacer pensar que es un beneficio es que quienes compren las casas vayan a suponer una fuente de ingresos para Pallares. Pero como está más que comprobado, lo que se llama turismo residencial, el comprarse una casa para vacaciones, es el turismo que menos interesa a la gente de la zona donde se construye, porque se trata de una gente que gasta relativamente poco.
En Pallares ya se utilizó un mote para cierto tipo de gente que hace muchos kilómetros y gasta poco (en el pueblo): los diesel. Pues bien, algo parecido a eso es lo que suele suceder. Mientras que el turista que se aloja en hoteles, pensiones, etc. deja dinero en esos establecimientos y en los bares o restaurantes donde come, el turista residencial ya tiene alojamiento, cocina y comedor. Es más, ni siquiera las tiendas harán un negocio significativo en muchos casos, porque la mayoría de los que vienen de las ciudades hacen la compra previamente en una gran superficie y, evidentemente, come en su casa. En algunos casos, con la proliferación de las barbacoas, el disfrutar su casa, etc, no visita ni siquiera los bares.
Esto es más claro todavía cuando se trata de gente que no tiene ninguna relación con el pueblo. No quiere decirse que todos lo hagan, pero sí que es lo esperable porque, no nos engañemos, el turista residencial que está llegando al sur de Extremadura suele ser de relativamente poco poder adquisitivo, que no ha podido comprar en la ya saturada Sierra de Huelva o Sierra Norte de Sevilla porque no puede permitirse esos precios. Un turista con poco dinero dejará más bien poco, por más que quisiera. Es más, esas viviendas pueden suponer un perjuicio para los intereses de posibles empresarios locales que se dediquen al turismo rural, porque en lugar de acudir hoteles o casas rurales, se alojarán en las casas que alquilen los de fuera, sin dejar nada dentro, como ya sucede en las sierras vecinas andaluzas.
Tampoco el Ayuntamiento consigue gran cosa, salvo algún terreno que se le debe ceder. Esto estaría muy bien si se pudiera destinar a viviendas sociales, pero hay que construirlas y, además, al consistorio le sobraría aun así terreno. Es decir, para las viviendas de promoción pública que se pueden edificar bastaría con el terreno conseguido con una recalificación muchísimo menor. Se podría pensar que el municipio obtiene más ingresos por impuestos, pero son más los gastos que contraería que el dinero que recibiría por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En efecto, el turista residencial no vive en el pueblo, no se empadrona y, por tanto, el Estado no transfiere más dinero al municipio por contar con más habitantes, ya que no lo son y no rezan como tales. Por el contrario, el Ayuntamiento, sin recibir dinero, tiene que ofrecer una serie de servicios a esa nueva población y a esas viviendas y calles.
Pero si hemos visto que los beneficios son mínimos, los perjuicios son muchos. En primer lugar se crea un problema importante con el agua, ya que en el pueblo es escasa. Recordemos que depende de un pozo, cosa casi insólita en la España de hoy, y que ha sido necesario un nuevo pozo el verano pasado para atender a la falta de agua. Las expectativas a medio y largo plazo en España son que cada vez hay menos agua, debido al cambio climático, entre otras cosas, de tal manera que habría que repartir la poca agua que ahora tenemos, y menor cantidad que tendremos en el futuro, entre más gente. Con un problema añadido, que puede ser en verano cuando más gente se concentre y es precisamente en verano cuando hay menos agua. Además, la población urbana que compra segundas residencias suele consumir mucha más agua que la del pueblo, eso sin contar la posible proliferación de piscinas privadas, aunque sean pequeñas. Tarde o temprano, los vecinos de Pallares sufrirían las restricciones. Además, el agua tiene otro problema, que es la mayor cantidad de aguas residuales que se producirían, y recordemos que aquí no se depuran, sino que van directamente a contaminar los cauces.
Otro asunto es que se acabaría con unas de las zonas más interesantes ecológicamente del pueblo, las vegas. En ellas tenemos las últimas tierras calmas de la campana del pueblo prácticamente, los últimos agostaderos y unos huertos que, además, de servir de entretenimiento a algunos de nuestros mayores, son un refugio de la biodiversidad agrícola, donde se mantienen algunas variedades locales y con un sistema de riego muy curioso y singular. La vega, además, es paisaje hermoso, sobre todo en primavera.
Finalmente, urbanizar en masa supone que, tras la apertura de la autovía, el pueblo se inundará de gente que viene de fuera y no tienen ninguna relación con el pueblo. Podría terminar creándose, en cierta manera, un mundo social aparte en esas nuevas zonas, ajeno a la cultura y las relaciones sociales del pueblo. El pueblo podría perder algo de su carácter. Eso no tiene por qué ser malo tampoco, porque la vida es cambio, pero habrá que valorarlo y, sobre todo, compararlo con los perjuicios que supone la construcción, que ya hemos ido viendo. Por tanto, resulta muy perjudicial cómo se está planteando el proceso de las recalificaciones en Pallares, porque sólo es una muestra más de la fiebre del ladrillo que nos asola a escala nacional. Por supuesto que es interesante que se construya algo. En primer lugar, para que los que viven en el pueblo (algo cada vez más difícil) tengan una vivienda, cosa hoy casi imposible también. Ese tipo de construcción es el que debe ser prioritario. Por otra parte, es también necesaria la construcción de viviendas, segundas residencias si es el caso, para completar urbanísticamente el pueblo, por ejemplo la acera del Callejón a la Calle La Puebla, y en la Cerca de los Toros, todavía a medio hacer.
Pero no se trata sólo de la cantidad de terreno, sino de la forma de urbanizarlo y construirlo. Urbanizar poco a poco y vendiendo solares ha sido algo que ha dado relativamente buen resultado y ha supuesto una mejora para Pallares. En efecto, ha hecho que gente del pueblo que vive en él o emigra estacionalmente pero quiere seguir aquí, se haya ido haciendo su casa. Lo mismo ha sucedido con los que emigraron, siguen queriendo a su pueblo y quieren pasar en él temporadas o incluso volver cuando se jubilen. Suelen ser estos precisamente los que más trabajo dan a los constructores y albañiles locales y los que más gastos de otro tipo hacen en el pueblo. Eso puede seguir pasando en el futuro si las cosas se hacen poco a poco y no se urbaniza masivamente, abriendo la caja de los truenos de la especulación y la avalancha de intereses extraños y perjudiciales para Pallares de los que sólo unos cuantos obtienen sustanciosas ganancias.
Nota. Está asociación ha decidido la publicación de este artículo como ejemplo de un problema que sufren o van a sufrir muchos de los pueblos de nuestra comarca y nuestra región, dentro de un mal entendido desarrollo. En especial sobre aquellos megaproyectos ya anunciados que nada tienen que ver con el entender y la convivencia de nuestras gentes, y ni mucho menos con el desarrollo social, cultural y natural de nuestros pueblos.
* Ecologistas en Acción - Monesterio, 6 de septiembre
Foto: Monesterio (Badajoz) - dip-badajoz.es
Un tribunal anula las cuentas de Majadahonda por argucias contables
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ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Majadahonda de 28 de enero de 2003, en el que se aprobaron los presupuestos generales para dicho ejercicio. En el documento se especifica que el Consistorio financió gastos ajenos a los previstos por la ley con los ingresos que se obtuvieron con la venta de patrimonio municipal. La sentencia, que puede ser recurrida, llega tras una denuncia interpuesta por el grupo municipal socialista en la oposición.
No es la primera vez que Majadahonda se enfrenta a una sentencia semejante. El TSJM también anuló los presupuestos de 2001 y 2002 por la misma causa. Manolo Fort, viceportavoz del PSOE, sostiene que los ingresos obtenidos con la enajenación de patrimonio público no se pueden destinar a la financiación de cualquier actuación con la excusa de que tiene un fin social.
"Si se venden bienes públicos, el dinero se dirige a unos fines concretos como la compra de suelo o patrimonio para el municipio. También se pueden emplear en edificar vivienda social o infraestructuras. Pero aquí no somos capaces de sobrevivir sin pagar inversiones corrientes con la venta de suelo", apostilla.
El Tribunal les ha dado la razón. La venta de las parcelas Guadarrama 1 y los aprovechamientos derivados de los convenios urbanísticos I+D Carril del Tejar, Salto del Sil y Los Negrillos reportaron al Ayuntamiento 15.956.401 euros. Con este importe se pagaron los trabajos previos a la revisión del plan general, 200 globos de faroles, 100 unidades de tapas de alcantarillado, aires acondicionados de varios edificios municipales, la reparación de instalaciones, conservación de jardines o vías públicas, entre otras actuaciones.
Fort señala que la sentencia considera que estos trabajos son "meras reparaciones y actuaciones de mantenimiento, que no pueden encuadrarse en el concepto de implantación o ampliación de los servicios públicos existentes".
El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, del PP, recuerda que en 2003 él no ocupaba el sillón consistorial. En esa época el alcalde era Guillermo Ortega, que presentó su dimisión el 3 de febrero de 2005 para zanjar la crisis política que atenazaba en ese momento al PP majariego.
"En el primer presupuesto del que yo fui responsable, el de 2005, se cambió la forma de elaboración y se ajustó a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid", asegura De Foxá. Como prueba de las buenas prácticas municipales, el regidor esgrime el hecho de que los socialistas no hayan vuelto a impugnar el presupuesto desde que él llegó a la alcaldía.
En cuanto a las consecuencias de la sentencia del tribunal, Fort declara que existen formas de hacer que se cumpla. "Se tendría que reintegrar el dinero y utilizarlo para los fines legales. Pero, claro, estamos en 2007 hablando del presupuesto de 2003, que ya está ejecutado. Las sentencias deberían llegar con mayor rapidez", concluye.
* ELPAIS.com - ESTHER SÁNCHEZ - Majadahonda - 07/09/2007
Foto: Majadahonda (Madrid), gran vía - Fev. (wikipedia.org)
El juzgado con el caso más grave de corrupción municipal cambia de juez por cuarta vez en un año
INFORMACIÓN/Alicante* : El juzgado que investiga el grueso de la denuncia del fiscal Anticorrupción por presuntas irregularidades en la gestión urbanística y económica del Ayuntamiento de Orihuela ha cambiado de nuevo de titular. Es el cuarto en doce meses. La denuncia remitida al juzgado el 14 de marzo de 2006 realizada por el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, fue asumida por la entonces titular del Juzgado número 4, Lidia Paloma Montaño.
La juez, con acuerdo del decanato de Orihuela, desglosó la investigación en 15 procedimientos repartidos en el resto de las seis salas mixtas de Orihuela, y asumió las diligencias relacionadas con un delito contra la ordenación del territorio por el que se imputa al ex alcalde José Manuel Medina.
Tras interrogar en calidad de imputado en agosto de 2006 al ex primer edil por el uso de bienes, como un coche o un chalet en la costa, a nombre de empresarios beneficiados por presuntas reclasificaciones de suelo en Orihuela, la juez dejó la plaza a finales de septiembre.
A Lidia Paloma la sustituyó Ana Ors, que tan solo permaneció en este juzgado durante un mes y medio. Su plaza fue asumida en diciembre de 2006 por Belén Fernández, también como sustituta.
Esta misma semana ha llegado al Juzgado Número 4 para tomar posesión como juez Fernando Madrid. Tras la declaración de Medina de hace algo más de un año poco o nada ha trascendido del fondo de la investigación. Briones solicitó en septiembre de 2006 una amplia batería de pruebas documentales y testimoniales sobre el patrimonio y datos de adquisición de distintos bienes de disfrute del ex alcalde como un Bentley, un Audi 8 y un chalé en Orihuela Costa alquilado por contrato verbal.
En esa exhaustiva batería de peticiones también incluía el requerimiento para que acudieran como testigos los gerentes de las empresas titulares de esos bienes, y que a su vez han recibido el visto bueno municipal para construir miles de viviendas en Las Asomadas y en la costa de Orihuela. La defensa del ex primer edil presentó, por su parte, un pliego de alegaciones al interrogatorio realizado por Briones y la juez Lidia Paloma. Declaración en la que se abundó - de forma inesperada - en aspectos de técnica urbanística y la condición urbanística de los terrenos reclasificados.
Asuntos Este juez será el responsable de la investigación citada, pero también de otras dos investigaciones relacionadas con los últimos años de gestión municipal, como es el asunto de la supuesta falta de justificación de las subvenciones de las fiestas de Moros y Cristianos realizadas por el Consistorio y valoradas en 600.000 euros y el contrato presuntamente ilegal de un jefe de Personal durante el anterior mandato.
En las tres ocasiones anteriores el juzgado estuvo realizando durante una semana el proceso de inventariado de asuntos que se desarrolla de forma sistemática en cada sala en el momento que un juez titular deja la plaza, denominado «alarde» y que paraliza parte de la actividad judicial.
* Información - D. PAMIES - 07 de septiembre de 2007
Foto: Orihuela - wikipedia.org
