PERIODISTADIGITAL* : Cuando en abril de 2008 José Luis Rodríguez Zapatero nombró ministra de Vivienda a Beatriz Corredor Sierra, (Madrid, 1968), muchos pensaron que el ministerio maverick (inconformista) del Gobierno encontraría su rumbo. Ella, recuperada de las listas de su amigo Miguel Sebastián en el Ayuntamiento madrileño, es registradora de la propiedad. Cabía pensar, por tanto, que superaría los “logros” de María Antonia Trujillo, con sus esperpénticas zapatillas kelly-finder, que ayudaban a buscar piso; y de Carmen Chacón, que pasó por Vivienda como un cohete en plena ascensión.
Dos años después, es evidente que no ha sido así. Corredor adoptó un perfil bajo. Su presupuesto cayó este año un 7%, a 1.400 millones de euros. Vivienda pasó a convertirse en un comodín presupuestario, una pagadora de favores territoriales, poco más que su predecesora la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda.
Para la estructura con que cuenta el Ministerio de la Vivienda (393 funcionarios que cuestan 9,5 millones de euros al año), su actuación en materia de política de vivienda parece muy pobre. Mientras, se inmiscuye en competencias o actuaciones que deberían ser propias de otros organismos o ministerios, como luego veremos.
En síntesis, una de las principales promesas de aquel Zapatero electo: recuperar el Ministerio de Vivienda. Ni el final del boom inmobiliario ni la crisis han inquietado los méritos de aquel invento franquista que fueron las VPO”o Viviendas de Protección Oficial. Al trio “de cuota” Trujillo-Chacón-Corredor, le secundan dos subsecretarios, cuatro directores generales, 15 subdirectores generales y numerosos entes de nueva planta, como la Entidad Pública Empresarial del Suelo o la Sociedad Pública del Alquiler, de escasa efectividad y enorme gasto publicitario.
Si su propósito era favorecer el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos mediante “edificación, urbanismo y acciones en suelo y arquitectura”, sólo en la población asturiana de Mieres se acercan a ese objetivo con la edificación de 131 viviendas. Los estudios sobre la oferta de vivienda en las respectivas ciudades –que costaron más de un millón de euros y que encomendaron a Valtecnic SA– se han quedado en humo sin actuaciones posteriores que es lo que esperaba del ministerio.
EL AUTOBOMBO
El autobombo se ha llevado 1,3 millones de euros esta legislatura en contratos de publicidad con empresas como Thinking Forward Spain, Avante Comunicación o Crespogomar. Su propósito era difundir el Plan de Vivienda 2009-2012, las medidas estatales de fomento del alquiler, el Plan Renove de la vivienda... que cosecharon sonoros fracasos.
Vivienda se ha dedicado a cerrar un buen número de contratos de rehabilitación de edificios históricos, como la alcazaba árabe de Badajoz; urbanizaciones industriales; actuaciones de impacto ambiental, o la recuperación de pueblos abandonados, como Bubal (Huesca) o Granadilla (Cáceres).
Las competencias en celosas manos autonómicas dejaban averiado el gran proyecto de Zapatero. Eso explica que se haya inflado con supuestas inversiones como la gestión de la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes (622 millones de euros este año).
También se asumen inversiones más propias de Patrimonio, Asuntos Sociales, Fomento o Medio Ambiente. Vivienda ha sido el pagano de las obras de mejora, urbanización y acondicionamiento de numerosos polígonos industriales. Es el caso del parque empresarial Entrecaminos, en Valdepeñas (Ciudad Real); el de Vilar do Colo, en Fene y Cabañas (Coruña); Los Rosales, en Coria (Cáceres); el parque tecnológico de Paterna (Valencia); el polígono industrial Los Tobares de Molina de Aragón (Guadalajara); Morcín (Asturias); Ayamonte (Huelva); Campollano Norte en Albacete o Morelle, en Sarria (Lugo).
En fin, conocida la amistad de Corredor con el titular de Industria, Miguel Sebastián, debe tratarse de favores presupuestarios interministeriales. El Ministerio de Vivienda ha pagado proyectos arquitectónicos en los que no viven los ciudadanos como Torrecremada en Denia (Alicante) e incluso obras y “proyectos acústicos” para rehabilitar el edificio metálico del rectorado de la Universidad de Extremadura; o la rehabilitación de la Real Fábrica de Tabacos de A Coruña.
LA CASA DEL PUEBLO
Lo mismo ocurre con la conversión en centro cívico de la prisión de Palencia; las nuevas dependencias municipales de Amoharín (Cáceres); la Hospedería del Monasterio de Poblet, en Vimbodí (Tarragona); el aula magna-paraninfo de la Universidad de Gerona, o el Castillo de la Trinidad, en Rosas (Gerona).
Cosas que parecen más de Patrimonio que de Vivienda, pero que dan “prestancia” y peso a los números del ministerio de Beatriz Corredor. Algunas incluso rozan lo sentimental político típico del PSOE, como la rehabilitación de la Casa del Pueblo en Esporlas (Mallorca). Sin duda una interpretación rupturista del latiguillo fundacional “desarrollar políticas activas de vivienda con carácter integral” con el que nos ha obsequiado el ministerio seis años.
También se han colado asuntos culturales, como el Museo del Palacio Episcopal de Llerena (Badajoz); las obras del Teatro Real Coliseo Carlos III y la rehabilitación de la “manzana cisneriana” (ambos en Alcalá de Henares); la restauración de los vitrales de la catedral de Barcelona o de la colegiata de Alfaro (La Rioja); o del castillo de Garcimuñoz (Cuenca). Corredor ha financiado reconversiones no en vivienda sino en usos culturales como el de la plaza de toros de El Bosque (Cádiz); la rehabilitación del mercado central de Valencia, la ermita de Trobajo del Camino, en San Andrés de Rabanedo (León) o las obras del Museo del Sitio de Monte Buciero, en Santoña (Cantabria).
Es Vivienda quien sufraga el Puente Histórico de Ajuda, en Olivenza (Badajoz), y no Fomento. Todo enmarcado en una visión muy llamativa de la política gubernamental de “acceso a la vivienda de todos los ciudadanos” como reza en la publicidad oficial.
Nótese una cierta abundancia de proyectos en Extremadura y Cataluña que puede que tenga que ver con el origen de María Antonia Trujillo primero y de Carmen Chacón después. En los presupuestos del ministerio hay incluso inversiones descritas directamente en catalán como: Coberta Esglèsia Monestir de Vallbona de les Monges (sic), por valor de 4,6 millones de euros. Ni siquiera se guardan las formas.
IMPERA LA CONFUSIÓN
Otra aproximación a las actuaciones de la ministra Corredor son los convenios con los que el ministerio favorece proyectos de las comunidades autónomas. Cuatro millones de euros para rehabilitación integral del barrio de El Carmel en Barcelona. Donde la Generalitat del Tripartito tuvo uno de sus más graves fracasos gestores, con el hundimiento de las obras del metro.
Otros 4,5 millones para rehabilitar el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres). Fueron 8,2 millones para restaurar el monasterio y la iglesia de Cornellana, en Salas (Asturias). Cuatro millones para rehabilitar el Santuario de la Peregrina en Sahagún (León). Seis millones para rehabilitar la Casa de la Moneda de Segovia y otras aportaciones menores como la recuperación de la primera calzada romana de La Plata en Extremadura; el realojo de los vecinos del barrio de Hermanos Laguna en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) o el Balneario de Caldas de Reis.
* Originalmente publicado en La Gaceta.
* Periodista Digital - 3.05.10
Foto: Madrid, Ministerio de Vivienda - madridmasd.org
¿Para qué sirve el Ministerio de Vivienda?
El edil de Urbanismo de Relleu vive en un chalé ilegal
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ELPAÍS/Alicante* : El actual concejal del área de Urbanismo de Relleu, Antonio García Doménech, del PP, utiliza como residencia desde principios del año 2007 un chalé ilegal de alrededor de 150 metros cuadrados de superficie, con piscina, construido en una parcela de suelo rústico que es propiedad de su suegro, Vicente Brotons Sirvent.
La citada vivienda unifamiliar se construyó con una licencia para casa de aperos que tampoco podía haberse concedido porque la parcela donde se levantó ya tenía una superficie construida de 450 metros cuadrados que databa de principios del siglo XX.
El propietario de la finca obtuvo el 21 de diciembre de 2005, sólo dos días después de haberla solicitado, una licencia para construir una caseta de aperos agrícolas en la parcela 235 del polígono 4 de la partida de Margelet de Relleu, que tenía una superficie de 15.474 metros.
Sin embargo, según la documentación del catastro, en esa misma parcela existía ya una construcción de 452 metros con dos casas levantadas desde el año 1900, que agotaban la superficie edificable, ya que en suelo rústico sólo está autorizada la ocupación del 2% de la totalidad de cada parcela. Es decir, ni siquiera habría podido serle concedida la licencia que pidió.
García accedió al cargo de concejal en las elecciones de 2007 y en fecha de 20 de abril de 2009 el Ayuntamiento le notificó al familiar del regidor la necesidad de legalizar la vivienda ejecutada por no ajustarse a la licencia de obras concedida. Relleu, ubicada en La Marina Baixa, tiene 1.262 habitantes, según el último censo.El Ayuntamiento de Relleu sólo actuó tras la denuncia de un particular presentada el 25 de febrero de 2009 ante la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. El 1 de junio de 2009 el propietario presentó el proyecto de legalización redactado por un arquitecto y visado por el colegio profesional, que fue informado favorablemente por los servicios técnicos municipales, a cargo del regidor. Se inició así el procedimiento administrativo de legalización que aún está pendiente de resolución final.
El chalé dispone del servicio de luz y agua potable, gestionado por el Ayuntamiento, pero el gobierno local, del PP, no ha procedido al corte de ambos suministros tras detectar la ilegalidad. Los suministros sólo pueden restablecerse cuando se haya procedido, en su caso, a la legalización de las obras, según establece el régimen sancionador de la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
Casi al mismo tiempo, y sólo para legalizar la licencia de casa de aperos que se le concedió en 2005, el Ayuntamiento de Relleu consintió la segregación catastral de la casa de 452 metros, que ha quedado registrada en la parcela contigua, la número 256, con una superficie de 1.526 metros, aprovechando un convenio firmado con SUMA-Gestión Tributaria a finales de 2005 para la actualización del catastro de las edificaciones en suelo no urbanizable, que desde entonces depende del propio Ayuntamiento.
Esta operación ha permitido liberar el resto de la parcela y darle rango de legalidad a la licencia de casa de aperos, aunque en ningún caso a la vivienda unifamiliar con piscina donde vive el regidor de Urbanismo. Además, la edificación de la vivienda invadió un azagador, cortando un camino de ovejas y cabras con el que lindaban las parcelas, que podría ser público.
Antonio García Doménech se negó a hablar por teléfono o personalmente con este periódico, limitándose a decir en diversas ocasiones que "del dicho al hecho, hay un trecho", aunque el asunto ha trascendido ya al Síndic de Greuges por la reclamación de un vecino y está publicado en su página web. El número de queja 92.834 se tramitó porque uno de los propietarios colindantes denunció la invasión del azagador. La petición de documentación por parte de la Sindicatura que dirige José Cholbi al Ayuntamiento alicantino deja al descubierto un informe del arquitecto municipal de Relleu que recoge la ilegalidad cometida en la parcela.
El Síndic de Greuges aconseja al Consistorio que inicie un expediente de investigación para determinar la titularidad pública o privada del camino objeto de la reclamación, pero en su solicitud, el organismo también incluye una recomendación para que "continúe con la tramitación de los expedientes de restauración de la legalidad urbanística, disponiendo la demolición de las obras ilegalizables".
* ELPAIS.com - 3.05.10
Foto: Relleu (Alicante) - intercentres.edu.gva.es
Otros cinco ayuntamientos, bajo la lupa de los jueces por irregularidades urbanísticas
LAOPINIÓN/Murcia* : El ex alcalde Juan Morales será, previsiblemente, el primero en ser juzgado por corrupción. Pero no es el único. Junto a él, hay casi una decena de ayuntamientos pendientes de los tribunales. Estas son las investigaciones sobre corrupción urbanística -una de las secuelas de la era del ladrillo- más significativas de los últimos tres años... La Zerrichera, Torre Pacheco y Fuente Álamo, Los Alcázares, Librilla.
La Zerrichera. Fue el primer caso sonado por presunta corrupción urbanística. Se inició en el año 2006 y llegó a los juzgados en febrero del año 2007. En él están imputados varios altos cargos del Gobierno regional -entre los que hay dos directores generales- y del ayuntamiento de Águilas, incluido el alcalde, Juan Ramírez. En marzo de 2009 fue detenido Francisco Marqués, ex consejero de Medio Ambiente, Sanidad y ex delegado del Gobierno en la Región. La investigación ha sufrido un parón después de que el juez instructor, Antonio Alcázar, cambiase de juzgado a finales del año 2009.
Torre Pacheco y Fuente Álamo. Operación Camelot. Fueron los primeros en recibir la visita de una comisión judicial. Era junio del año 2007. Casi un año después, en abril del año 2008, la Guardia Civil detuvo al alcalde pachequero, el popular Daniel García Madrid, por las presuntas irregularidades en la permuta de unos terrenos con el grupo empresarial Polaris World. García Madrid pasó cerca de un mes en prisión provisional.
Los Alcázares. Operación Ninette. La sombra de Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la operación Malaya, acabó cayendo sobre el consistorio alcazareño. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional entró en el consistorio en enero de 2008. El ex alcalde, Juan Escudero, fue detenido. Junto a él cayeron el arquitecto municipal, Mariano Escudero, y varios concejales.
Librilla. Operación Biblioteca. En noviembre de 2008, un año después de que estallase la operación Tótem, la Guardia Civil detuvo al alcalde de Librilla, José Martínez, al concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, a varios empresarios y a un funcionario que, supuestamente, había organizado un complejo entramado societario en torno al consistorio para adjudicarse 'a dedo' varias obras municipales.
* La Opinión - 2.05.10
Foto: Torre Pacheco, ayuntamiento - lomejordemurcia.com
La Fiscalía denuncia a dos funcionarios municipales por dar licencia a un ex ministro para que construya una mansión en Navalcán
LATRIBUNA/Toledo* : La Fiscalía Provincial de Toledo ha denunciado ante los juzgados de Talavera de la Reina a dos funcionarios municipales de Navalcán, acusándoles de una presunta prevaricación urbanística por dar licencia para edificar una mansión en una zona rústica y protegida. Esta licencia fue concedida a la compañía Esersa, controlada entre otros por Eduardo Serra, que fue ministro de Defensa durante la etapa de Gobierno del PP.
La acción de la Fiscalía deriva de una denuncia presentada por Ecologistas en Acción, según explicó su responsable regional Miguel Ángel Hernández. El colectivo ecologista acompañó su primer escrito de denuncia, presentado el pasado mes de junio ante la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, con diversos documentos que a su entender demuestran la ilegalidad de este permiso.
Destaca un informe solicitado por Ecologistas en Acción a la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio sobre la legalidad de esta construcción. En ese estudio, este departamento de la Junta señala que está «expresamente prohibido» construir viviendas en esa zona.
El inmueble en cuestión es un «palacete», como lo describió Hernández, con planta en forma de ‘U’ y que podría contar con unos 2.400 metros cuadrados de superficie construida. La licencia municipal para su edificación, otorgada en septiembre de 2005, se basaba en los informes favorables de los dos funcionarios ahora imputados, el secretario V.J.C. y el arquitecto R.R.M. Preguntado por si considera que este asunto puede afectar al alcalde (entonces y ahora, el socialista Jaime David Corregidor), Hernández no lo descartó, aunque matizó que su organización no ha tenido acceso a la licencia en sí y desconoce qué autoridad la sancionó.
El miembro de Ecologistas en Acción incidió en las dos vertientes por las que la construcción sería ilegal. Por una parte, su ubicación en la zona natural del Valle del Tiétar, un área forestal en la que confluyen una zona de especial de protección de aves (ZEPA) y un lugar de interés comunitario (LIC) recogidos en la red Natura 2000 de la UE. Además, se la considera un área crítica para conservar especies en peligro de extinción como el área imperial ibérica, la cigüeña negra y el buitre negro.
Aparte, está la cuestión urbanística. Hernández incidió en que, al no contar con un Plan de Ordenación Municipal, el Ayuntamiento estaba obligado a seguir las Normas Subsidiarias Provinciales y debía poner la solicitud de licencia en conocimiento de Ordenación del Territorio para que el departamento de la Junta diera el visto bueno definitivo, lo que no ocurrió.
Esta actuación de Ecologistas en Acción nace de la denuncia que hizo el colectivo de la construcción de una línea eléctrica para esta finca, ubicada en el paraje de Los Torreones junto al camino a Arenas de San Pedro. La construcción de este tendido fue aprobada, con diversas condiciones medioambientales, por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Junta hace dos años. Sin embargo, Hernández recordó que la colocación de esta línea provocó numerosas quejas entre los vecinos de Navalcán, por la invasión de fincas de labranza y caminos de uso público, e incumplió las condiciones para su construcción. Por eso, hace un año el colectivo medioambiental reclamó a la Junta que se revocará la autorización para desmantelar la línea, algo que hace extensivo a la propia mansión.
Hernández calificó de «muy grave» no solo que un ayuntamiento permita una construcción en suelo protegido, sino que la acción involucre a una persona como el ex ministro Serra. con su trayectoria de servidor público y de abogado. «No podemos entender -dijo- como una persona con el rango social de un ex ministro puede llegar a construirse una vivienda ilegal».
El alcalde de Navalcán respondió que la polémica licencia fue legal. Destacó la existencia de un informe de la Consejería de Medio Ambiente que avala la construcción. Además, matizó que esta construcción se aprobó dos años antes de que entrará en vigor la inclusión del área afectada en la red Natura 2000. «Estoy totalmente tranquilo, que averigüen lo que quieran porque esto es legal», remarcó Corregidor.
De UCD al PP, pasando por el PSOE y la empresa privada.
Eduardo Serra Rexach (madrileño, nacido en 1946) es una excepción entre los ex ministros de la actual etapa democrática porque puede presumir de haber sido alto cargo con los tres partidos que han dirigido el Gobierno de España en este tiempo.
Tras aprobar las oposiciones de abogado del Estado como el primero de su promoción, comenzaba su carrera pública en 1977, como responsable del gabinete del Ministerio de Industria cuando la UCD ganaba las primeras elecciones tras la Dictadura de Franco. En 1981, tras el golpe de Estado del 23-F, ascendía a subsecretario del Ministerio más difícil en aquel momento: Defensa. Un año después, el PSOE ganaba sus primeros comicios generales. Sin embargo, su perfil técnico hizo que el nuevo ministro, Narcís Serra (no son parientes) le mantuviera como su ‘número 2’ hasta 1987. En aquel año, Eduardo Serra dimitió para dedicarse a la empresa privada hasta 1996, cuando tras la primera victoria electoral del PP retornaba a Defensa como ministro. Ostentó el cargo hasta la segunda victoria de José María Aznar en el 2000, y volvió al sector privado. Ha presidido compañías como Peugeot-España y Airtel (ahora Vodafone), junto con sus negocios familiares.
* La Tribuna de Toledo - 29.04.10
Foto: latribunadetoledo.es
Las plazas no están para sentarse
ELPAÍS/Madrid* : La Puerta del Sol parece un solárium. Es viernes, siete de la tarde. Decenas de turistas y madrileños que buscan un respiro para consultar sus mapas, aplaudir la música callejera o dejarse caer para ver la vida pasar, tienen que tirarse en el suelo o en el bordillo de las fuentes porque la Puerta del Sol, como la mayoría de las últimas zonas peatonalizadas, en las que se han invertido 15 millones de euros, no tiene bancos. Tampoco sombras. "Es un lugar de paso, no estancial", se justifican diferentes fuentes oficiales del Ayuntamiento de Madrid, pero los ciudadanos piden sentarse, refugiarse del calor y que las nuevas plazas no les alejen de vivir la calle.
A pocos metros, en la plaza de Callao, convertida en una árida explanada de 10.000 metros cuadrados de granito, se repite la escena. Seis sillas individuales permanecen ocupadas, mientras que a la sombra del único árbol se apelotona una decena de personas. También se aprietan los que se apoyan en las rejas de la boca de metro y en las escaleras del cine.
"Estamos esperando a una amiga, queríamos un banco para sentarnos pero sólo hay cuatro sillas y ocupadas", lamentan las jóvenes Inés y Sara, recién llegadas de Galicia para conocer la ciudad. "Nunca están de más unos bancos, siempre acabo sentada en el suelo", dice Alba Serrano desde el pavimento, mientras fuma un cigarro con sus amigas.
El proyecto, ideado por el Ayuntamiento y financiado por el Gobierno central, incluía la plantación de 48 plataneros (ninguno está ubicado en la plaza) y la renovación del mobiliario urbano con nuevos bancos, pero Callao es un lugar de incesante tránsito y el Ayuntamiento no quiere que se obstaculice el paso con mobiliario urbano. Para desgracia de ancianos, embarazadas y todo tipo de personas con dificultades de movilidad. La falta de asientos es además una forma de combatir el botellón, según el Consistorio. De ahí que los nuevos bancos sean butacones individuales y aislados. Sobre la ausencia de árboles y plantas que den sombra, se repite el mismo argumento oficial: "No hay subsuelo suficiente".
Desde la céntrica Asociación de Vecinos Acibu, Jordi Gordon valora los "nuevos espacios peatonales hechos con cuentagotas", pero cree que no se proyectan a instancias de los vecinos, sino de los comerciantes. La asociación vecinal de Gordon presentó para la remodelación de la plaza de Soledad Torres Acosta una playa urbana y una alfombra de césped, pero el Ayuntamiento optó por una "plaza dura", sin zonas verdes ni sombras. "Sólo sirve para montar tenderetes, no favorece la convivencia, sino el comercio", lamenta Gordon. IU también pidió explicaciones al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón sobre esta plaza, "con una zona infantil ridícula y unos bancos de granito que parecen ataúdes".
La calle de Fuencarral, recién peatonalizada con 10.000 metros cuadrados de granito, es otro de esos espacios que el Ayuntamiento considera de paso. Por eso, en ese tramo de 500 metros, sólo hay siete de esas sillas individuales. Es lo que Carlos de Riaño, coautor del proyecto del eje Prado-Recoletos, considera "un éxito comercial". El arquitecto no entra a valorar los bancos o el pavimento que él habría puesto, pero defiende el proyecto de Fuencarral, "una zona eminentemente comercial y una calle muy estrecha donde introducir material urbano es complicado". ¿Pero y quién no va a Fuencarral de compras?"Pues para la gente un poco mayor como yo... Muchas veces pienso en lo bien que me vendría encontrar, de vez en cuando, un asiento", comenta María Santamarta, de 74 años, agarrada del brazo de su marido.
"Hemos tenido que hacer malabares para darle de mamar al bebé", dice Nuria Menargues con su hijo aún enganchado a la teta. A la joven mamá se le ha echado encima la hora de comer del niño y ha buscado un banco. No había. "Se echan en falta zonas cómodas en la ciudad, me he tenido que meter en una tienda y he acabado comprando un pantalón, muerta de la vergüenza", cuenta con sorna.
"El nuevo Madrid es hostil, no hay nada. ¡No hay un solo lugar donde pararse y disfrutar un poco de la ciudad!", reivindica Eukene Goicoechea, de 24 años. "Además, donde sí hay bancos no son sitios que inviten a sentarte. Son monolíticos y para estar viendo hormigón... Lo que nos queda es la plaza de España o los jardines del palacio Real".
Estos asientos monolíticos son los que se han plantado en la nueva plaza de Santa Bárbara, los que algunos llaman "tumbas". Las obras de remodelación de esta zona, con una inversión de 3,8 millones de euros, no sólo acabaron con un templete de hace más de 60 años, una construcción única en el centro de Madrid, sino que también desaparecieron los jardines que lo circundaban, con una protección de nivel 4.
A cambio, 27 bancos o bloques de granito salpican la explanada. Gema Portoles es de las que prefiere hacer equilibrios en el férreo borde que enlatan las zonas verdes de la plaza antes que acomodarse en un bloque pétreo sin respaldo ni apoyabrazos. "He estado sentada un rato en el banco, pero es demasiado frío, no me gusta tanto lo minimalista, prefiero estar un poquito cerca del poco verde que hay", explica.
"Hay que tener en cuenta que son intervenciones delicadas que están cambiando el modelo de ciudad", explica Eduardo Delgado, profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid. "Pero es verdad que exigen algo más que una explanada, hace falta un diseño conceptualmente acorde a la peatonalización".
"No estamos tratando un espacio para el coche sino para el peatón, que requiere unos pavimentos próximos, por ejemplo tierras compactadas o granitos, pero combinados", opina el arquitecto Tito Alonso. "Hay propuestas muy interesantes y sobre todo de mobiliario urbano". "Muchas de las actuaciones se llevan a cabo donde el subsuelo no permite plantar árboles, que hay que recuperar junto a sistemas que den sombra, desde árboles a pérgolas", concluye el arquitecto.
El nuevo paisaje urbano que conquista espacio del vehículo privado para dárselo al peatón es la batalla que vecinos y arquitectos defienden. Pero ciudadanos como Manuel Cañedo, que se dirigió por carta a este periódico para quejarse del aspecto "desolador" de las nuevas zonas del centro, muestran su preocupación por la palpable tendencia comercial de los nuevos proyectos. "La tan esperada supresión del tráfico rodado ha dado paso a despejadas vías cuyo fin exclusivo es el consumo comercial voraz y no la vertebración del tejido urbano y social, ni el paseo demorado como se viene haciendo en Bilbao o en Sevilla", rezaba la carta.
"La peatonalización radical sin diagnóstico previo inicia un proceso de gentrificación", opina José Luis Vallejo, del estudio de arquitectura y urbanismo Ecosistema Urbano refiriéndose a las calles de Arenal, Fuencarral o Montera. Se refiere a la transformación con la que un barrio degradado se convierte en lugar de moda, que simplifica el tejido social, expulsando a los residentes y fomentando la instalación de una actividad comercial enfocada exclusivamente en el turista.
* ELPAIS.com - MARÍA MARTÍN - Madrid - 18/04/2010
Foto: Madrid, entorno Puerta del Sol - elpais.com
Arquitectura y urbanismo
SALVADOR FRAGA* : Atenerse a los hechos de lo que ocurre en el mundo del urbanismo significa en primer lugar interpretar la llamada de auxilio que late detrás de la actualidad. Oído el recado, lo consecuente es movilizar los compromisos de colaboración e intentar concretar iniciativas que de verdad no defrauden. Extramuros del estricto sector hay, obviamente, multitud de implicaciones, algunas determinantes como las de la esfera financiera, pero mirar fuera no puede distraer la obligación de arreglar el mal que se agazapa dentro de casa. La gestión urbanística lleva demasiados años en el abismo de la quiebra de plazos. Se sabe y se acepta, a pesar de su extraordinaria gravedad pues conlleva el descrédito de los canales reglamentarios, cuestiona la función pública, actúa de estimulo directo de indisciplina e indirecto de posteriores legalizaciones. Los costos inducidos son disparatados, sociales, políticos, técnicos y empresariales. Hay preguntas, que pueden parecer fácilmente excesivas, pero que procede plantearse.
¿Estamos realmente seguros de que, procedimientos, plazos y normativa aplicable, sean ciertamente aplicables?, ¿por qué hay tanto que corregir?, ¿no queda más remedio que una escalada de fiereza en la disciplina urbanística?, ¿por qué las alegaciones a los Planes ya se cuentan por decenas de miles? ¿por qué resulta tan difícil promover la legalidad?. Como hipótesis de trabajo; prescindir de la presunción de racionalidad del marco técnico-político que administra el territorio es un ejercicio muy útil para indagar en el fondo de nuestra enigmática torpeza.
La figura del Plan General municipal es el centro alrededor del cual gravita toda la cosmología del sistema. Ocurre que luego hay que desarrollarlos hacia abajo, pero ya en su redacción el propio plan desconfía tanto de su futura gestión que elude riesgos transformándose en contenedor de ordenaciones con definición de detalle. Algo "contra natura" de su carácter genérico, dilatando plazos y conflictos. En sus obligaciones hacia arriba se revelan como seres permanentemente inadaptados a algo. Y allá, en su génesis, por la esencia del ámbito y el adjetivo de su financiación, se les impele a una racionalidad, a menudo, llena de sinrazones.
La incongruencia organizativa está ya tan íntimamente adherida al dominio de nuestras convicciones que posterga los hábitos de ver con objetividad que ocurre. Su funcionamiento se basa en movimientos "tipo ascensor", lineal de arriba abajo y de abajo arriba, históricamente bloqueados por la rigidez conectiva de los procedimientos y la cortedad e incompatibilidad de herramientas de ajuste. A mayores hoy, no sé ha integrado el impacto de la tercera revolución moderna (cartografía digital, telemática, "google maps", o los gis), de modo que en plena era ideológica de la red y la malla ya no se sostiene la camisa de fuerza de la vieja estructura piramidal.
Y si hay que retocar la arquitectura del sistema, bueno recordar el consejo de J.A. Coderch: mejor pocos materiales. Siendo difícil, sería deseable cristalizar una figura de síntesis. Un personaje central metodológicamente equidistante entre el proyecto de edificación, la ordenación detallada y el proyecto de urbanización, con tamaño, piezas y ámbito flexible. Muchas administraciones públicas lo llevan haciendo amparándose en su posición y buscando la legitimidad (alternativa al Plan) de arquitectos mediáticos.
Un formato fluido entre arquitectura y urbanismo, entre como se trabaja un edificio y un entorno urbano, que sume de modo creativo las diferentes disciplinas, el derecho, las ciencias medioambientales, el diseño o la economía. Un proyecto de reedificación urbana adecuado tanto para estimular nuevas propuestas, como para reparar un daño (estético, funcional o constructivo). Un marco flexible adaptable a las intervenciones de mejora en el territorio y en el patrimonio heredado.
El planeamiento supramunicipal y sectorial no puede escurrir por más tiempo su responsabilidad de orientar con sus obligadas indicaciones y directrices el uso sensato de los recursos de Galicia, la protección del medio natural y las estrategias de recuperación territorial. Un status emergente que demanda una cultura nueva. Mucho ayudará instrumentar mecanismos que con naturalidad e inteligencia canalicen el intercambio de contenidos y controles con los planes generales municipales y viceversa. Las adaptaciones deben plantearse desde supuestos verosímiles, con visos de poder compartir visión, requisitos y plazos.
E identificar con mejor fortuna el deseo social. La voluntad expresa (mayoritaria y amplia) es la razón de ser y quien legitima actuar sobre la materialidad y los aspectos más sensitivos del urbanismo. Quizás proceda desplazar el centro de gravedad de la participación, desde la mera alegación (un énfasis de la etapa preparticipativa) hacia la libertad de asumir ser coprotagonista a lo largo de los procesos. Invocar verdad, acuerdo y trabajo como hábito de trabajo de la función de habitar con responsabilidad.
Un habitar razonable y acompasado, sin demonizar la acción urbanística y confiado sin prejuicios en el creciente aroma de tierra. Precisamente nuestro territorio, rico en valores y asentada su recualificación, será nuestro mejor credencial y ayuda para hacer efectiva la incorporación de Galicia a la mejor Europa.
* Salvador Fraga - Arquitecto
* La Voz de Galicia - Opinión - 23.04.10
