ELPAÍS/Madrid* : Más de 300 familias llevan una década pagando el suelo de unas viviendas en el PAU de Arroyo del Fresno que sólo existen sobre plano. Es el único de los desarrollos del norte de Madrid sin edificar y con la gestión paralizada. Las familias denuncian pasividad por parte del Ayuntamiento, que no ejecutó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia ni la recurrió y que ha esperado tres años para solicitar que se considere imposible de ejecutar.
De estos cooperativistas, unos 200 aspiran a una vivienda protegida. Cada mes tienen que afrontar el pago de un alquiler o de la compra de otra vivienda, y además pagan los intereses por la compra del suelo. Les resulta imposible simultanear estos pagos con los adelantos de su futura vivienda en el PAU.
P. L. y su esposa se apuntaron a la cooperativa Terrazas del Golf en diciembre de 2000, con la idea de mudarse a su nueva casa en Arroyo del Fresno, cuatro años después.
Ahora tiene tres hijas, de dos, seis y ocho años y ni rastro de la vivienda. "Llevamos pagados 230.000 euros. Nos dicen que hemos hecho una inversión muy buena, pero no queremos invertir, sino vivir con espacio suficiente para nuestras hijas". Emilio Agón es profesor y se enfrenta al desafío de pagar tres casas a la vez: la que habita con sus hijos, la de su esposa, destinada fuera de Madrid y la del PAU. Sólo por ésta, inexistente, paga mensualmente 815 euros en concepto de intereses por el dinero pedido al banco para comprar el suelo. Ha desembolsado ya 100.000 euros.
Los cooperativistas han pagado una media de entre 66.000 y 180.000 euros. Y afrontan desembolsos mensuales, en algún caso de 900 euros, sólo en concepto de intereses por el crédito obtenido para comprar el suelo.
Aunque les fueran reintegrados esos pagos adelantados, no podrían acceder a otra vivienda en un enclave similar. El PAU engloba el campo de la Real Federación Española de Golf, abierto desde 2005 y cuenta ya con estación de metro acabada. El futuro barrio está completamente urbanizado, (como puede verse en la foto) con farolas, papeleras, bancos, aceras y viarios incluyendo un carril bici en perfecto estado. De los ladrillos, ni sombra.
El desarrollo tiene previsto la construcción de más de 2.754 viviendas, de las que más de 1.500 serán protegidas. ¿De qué depende que se pueda empezar a edificar? El primer paso es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronuncie en unas semanas sobre la ejecución de una sentencia de 2005.
En su fallo tiene que pronunciarse entre obligar al Ayuntamiento a ejecutar una sentencia de 2005 (reelaboración de los coeficientes de edificabilidad) o basta con indemnizar a los reclamantes. Aquel veredicto respondía a la impugnación presentada en 1999 por varios propietarios contra el plan parcial y el convenio urbanístico que habían acordado Cleón (participada por Telefónica y cuyo suelo fue a parar a FCC y ACS) y el Ayuntamiento.
La citada sentencia obligaba a que se sustituyan los coeficientes de homogeneización (redistribuyen cargas y beneficios de manera que ningún propietario salga perjudicado) por otros que cumplieran con la legalidad, además de apercibir sobre las consecuencias de la desobediencia, con lo que ningún funcionario municipal mueve ficha.
Pasividad municipal
Varios cooperativistas denuncian "la especulación feroz de los grandes propietarios FCC y ACS con esos terrenos, apoyados por el Ayuntamiento de Madrid, en los años iniciales mientras se llevaba a cabo la tramitación del resto de los PAU del Norte". Y ponen en evidencia "la total y continuada inactividad del Consistorio ya que, a pesar de que los propietarios de suelo incumplieron los plazos legales, no actuó y favoreció así intereses especulativos". Posteriormente, y ante la sentencia que anulaba los coeficientes, explican los cooperativistas, el Ayuntamiento no recurrió en forma y plazo ante el Tribunal Supremo. En 2006 le fue notificada la sentencia firme y no sólo no dio ningún paso para ejecutarla, sino que ha esperado tres años para dirigirse al juez pidiendo su inejecución. "La inactividad total del Ayuntamiento es clamorosa".
Desde enero vienen solicitando ser recibidos por Pilar Martínez, Delegada del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, sin éxito.
En caso de que el TSJM acepte la postura del Ayuntamiento de indemnizar a los reclamantes, en lugar de calcular nuevos coeficientes de edificación -lo que llevaría a más reclamaciones- el siguiente paso es aprobar la modificación del plan parcial ya muy adelantado. En segundo lugar, los propietarios tendrían que presentar los proyectos de reparcelación que son los que asignan las parcelas a cada propietario. Estos podrían tramitarse simultáneamente a la modificación. Una vez aprobado, podrían comenzar a pedir licencias de edificación. Cinco años es un plazo optimista pero posible para que, al fin, puedan hacerse con las viviendas.
"El peor enemigo del gobierno municipal para construir vivienda pública es él mismo", ha afirmado Pedro Sánchez, portavoz del PSOE municipal en referencia al suelo que el Ayuntamiento vendió a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, con capacidad para 1.225 pisos protegidos, también paralizados. Isabel Pinilla, de la EMVS preside una de las dos juntas de compensación. Espera poder adjudicar los pisos antes de que acabe esta legislatura.
* ELPAIS.com - INMACULADA DE LA VEGA - Madrid - 22/05/2009
Foto: Arroyo del Fresno, con la urbanización acabada y la tramitación urbanística paralizada.- SANTI BURGOS, elpais.com
Una década esperando una casa
Piden que el Consistorio anule el suelo urbanizable de Agua Amarga
+-+teleprensa.net.jpg)
IDEAL/Almería* : Los integrantes de la Plataforma en Defensa de Agua Amarga piden al Ayuntamiento de Níjar que ejecute la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la clasificación como urbanizable de los terrenos donde se proyectó la macrourbanización 'Marinas de Agua Amarga', dentro del ámbito del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Esta macrourbanización preveía la construcción de 350 viviendas en parcela de uso residencial y un hotel con 300 habitaciones. La sentencia del citado tribunal cierra las puertas a la posible ejecución de esta actuación, que se proyectó en tiempos de bonanza económica y que la crisis puede contribuir a que sus promotores se replanteen seriamente llevarla a cabo.
Los miembros de este colectivo aseguran que los actuales responsables municipales podrían haber incurrido en un «ilícito penal» al no proceder a archivar el expediente que se inició para autorizar dicha urbanización.
Según la información difundida al respecto por la agencia Europa Press, aseguran que en el Ayuntamiento alegan que dicho expediente no se ha archivado al no haber solicitado la Junta de Andalucía, que recurrió el mismo, la ejecución de la sentencia dictada por el Supremo.
Así se lo hicieron saber al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, tras la denuncia presentada por los miembros de este colectivo que aseguran que los argumentos esgrimidos por los responsables municipales «no se ajustan a la verdad».
Recuerdan que los miembros de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería, entre los que se encuentran responsables de la Junta, acordaron en mayo de 2008 cumplir el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo y denegar la aprobación definitiva de la urbanización SAU AA 5 al ser desfavorable la Declaración de Impacto Ambiental.
No obstante, recientemente, el alcalde de Níjar Antonio Jesús Rodríguez manifestó públicamente que esta actuación, como otras de carácter urbanístico que se iban a ejecutar en la costa, estaban paralizadas, admitiendo de este modo la existencia de un mandato judicial que impide su desarrollo.
Nulos pleno derecho
Los denunciantes entienden que todos los instrumentos de planeamiento aprobados por el Consistorio con posterioridad a la citada Declaración de Impacto Ambiental «serían nulos de pleno derecho» al haberse tramitado en Parque Natural, según la información difundida por la agencia EP. Desde la citada plataforma se recuerda que el Tribunal Supremo tuvo en cuenta a la hora de dictar su sentencia la citada Declaración de Impacto Ambiental desfavorable que emitieron en su día los responsables de Medio Ambiente de la Junta.
Por este motivo, el Alto Tribunal no da por buena la reclasificación del suelo como urbanizable en una extensión de 48 hectáreas que se incluyó en las Normas Subsidiarias de planeamiento.
La ejecución de este proyecto ha levantado ampollas entre los ecologistas y se ha llevado a instancias europeas.
* Ideal - 21.05.09 -ROGER DÍAZ| NÍJAR
Foto: Aguamarga - Níjar (Almería) - teleprensa.net
Greenpeace avisa que la UE será más dura con las denuncias urbanísticas
,+alrededores+-+diariodemallorca.es.jpg)
DIARIODEMALLORCA* : La aprobación del informe Auken en la Eurocámara a finales de marzo, un documento muy crítico con la "laxitud" de las normas urbanísticas españolas que "ha generado una forma de corrupción endémica" de la que no se sustraen sectores políticos y judiciales, marcará un antes y un después a la hora de tratar las denuncias por infracciones urbanísticas que lleguen a Bruselas. "Los proyectos urbanísticos o de grandes infraestructuras que afecten a espacios medioambientales protegidos serán analizados con lupa por la Comisión Europea antes de ser aprobados", opina Pilar Marcos, experta en Costas de la organización ecologista Greenpeace.
"Gracias al informe Auken, una reclamación presentada por ecologistas o entidades vecinales contra un proyecto insostenible que llegue a instancias europeas tendrá ahora muchas más posibilidades de prosperar", sostiene Marcos.
El pleno del Parlamento Europeo aprobó el pasado 26 de marzo por una amplia mayoría un informe muy crítico de la eurodiputada danesa Magrete Auken con los "abusos" en que ha incurrido el desarrollo urbanístico español, con especial incidencia en el Levante peninsular e insular, que solicitaba además la congelación de los fondos comunitarios destinados a España si no se resuelven los malos usos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de la UE.
Los promotores de esta declaración, que piden además la modificación de la Ley de Costas para proteger los derechos de propietarios de inmuebles costeros sin impacto negativo sobre el litoral, esperan que la Comisión atienda la opinión mayoritaria de la Cámara y actúe con más rigor contra España por los desmanes urbanísticos que denuncian.
La responsable de Costas de Greenpeace denuncia que aunque desde Madrid se ha intentando minimizar la repercusión de la aprobación de este informe –que contó con los votos en contra de los eurodiputados populares españoles y la abstención de los socialistas– con el argumento de que no era estricto y que se refería a irregularidades detectadas fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, "el Gobierno no puede lavarse las manos diciendo que no son asuntos de su competencia porque él es nuestro único interlocutor ante Bruselas".
Marcos concluye que "la crisis económica es la mejor defensa del medio ambiente aunque el suelo recalificado hoy puede dormir el sueño de los justos hasta la próxima época de bonanza".
* Diario de Mallorca - I. OLAIZOLA. PALMA - 22.05.09
Foto: Aspecto de una zona en construcción en las montañas que rodean Andratx. -Diario de Mallorca
El TSJCM declara nulas las directrices urbanísticas del Ayuntamiento de Ciudad Real
LANZA* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado nulas las directrices urbanísticas aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, con el voto en contra del PSOE, en julio de 2005. El concejal responsable del área de Urbanismo del Grupo Socialista, Agustín Espinosa, indicó que en el texto de la sentencia se recoge que la Corporación local “ha creado una figura con un contenido habilitador que por principios de legalidad, y su derivada reserva legal, debería haber estado articulada en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), con desarrollo reglamentario sin que la administración local tenga competencias para su creación y regulación”.
El edil del PSOE recordó que en el Pleno celebrado en el Ayuntamiento el 6 de julio de 1995 el PP aprobó en solitario unas directrices urbanísticas que pretendían definir aspectos regulatorios del suelo rústico de reserva ante el agotamiento del Plan de Ordenación Municipal.
“En aquel momento el PSOE ya consideró un invento las citadas directrices para saltarse la norma vigente y pedimos que se realizara un nuevo Plan de Ordenación Municipal, una solicitud a la que no hicieron caso y prefirieron inventarse esa normativa”, añadió Espinosa quien consideró que el PP aprobó una norma que pretendía regular cosas para las que el Ayuntamiento no era competente, para escapar del control normativo de otras administraciones, “una norma que ahora ha sido anulada y que trataba de saltarse la normativa vigente”, incidió.
Además, añadió el edil socialista, en la sentencia del TSJCM se recoge también que esas directrices vulneran también la Constitución y han causado indefensión a los ciudadanos porque se aprobaron sin darles ningún tipo de publicidad y, por tanto, sin abrir un plazo de alegaciones.
“Ahora están iniciando los trabajos para redactar un nuevo POM que, a la vista de los acontecimientos, llega con retraso y del que nada sabemos en el Grupo Municipal Socialista, explicó Espinosa.
Por último, y a preguntas de los periodistas, indicó que su grupo político va a estudiar detenidamente la sentencia “y llegaremos al fondo del asunto para ver que consecuencias se pueden derivar de la misma”.
Dimisión de los ediles que aprobaron las directrices
El concejal responsable del área de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista, Agustín Espinosa, ha exigido hoy la dimisión de todos los concejales del PP que aprobaron las directrices urbanísticas en el Pleno de julio de 2005.
“El PP ha sido capaz de inventarse normas con tal de no dar cuenta a los ciudadanos de sus actuaciones urbanísticas, y ha quedado demostrado que el PP es muy capaz de inventarse normas por interés propio”, añadió el concejal.
Insistió en exigir las responsabilidades políticas que de esta sentencia se deriven y recordó que el actual concejal de Urbanismo aprobó las directrices ahora anuladas.
Por último instó a la alcaldesa, Rosa Romero, a que haga dimitir de sus cargos a todos aquellos concejales que aprobaron la normativa ahora anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
* Lanza Digital - A. Galisteo - 21.05.09
