MÁLAGAHOY* : El abogado José Luis Sierra ha sido condenado a la pena de un año de prisión por el "caso Belmonsa", relativo a la concesión de una licencia ilegal en Marbella, al ser considerado culpable de un delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
Según la sentencia, Sierra tendrá que hacer frente también a la pena de inhabilitación especial para ejercer como asesor jurídico municipal.
El juzgado de lo penal número 7 de Málaga ha decidido también declarar la nulidad de la licencia de obra mayor concedida a Belmonsa en Marbella.
En el escrito se hace referencia a que Sierra emitió un informe verbal en el que afirmaba la viabilidad legal de otorgar la licencia solicitada por Belmonsa al adecuarse a los parámetros urbanísticos establecidos en el documento de revisión del PGOU, que se estaba elaborando por la entidad Planeamientos 2000, de la que era gerente Juan Antonio Roca.
Según los hechos probados, en la comisión de gobierno de diciembre de 1997 se acordó por unanimidad de sus componentes otorgar la licencia al proyecto siguiendo las determinaciones que efectuó Julián Muñoz desde su cargo como alcalde.
Con la licencia que se otorgó se culminó un proceso para favorecer económicamente a la promotora Belmonsa que se había iniciado incluso antes de que se constituyese como persona jurídica, refleja la sentencia.
La pena de un año de prisión impuesta a Sierra ratifica la petición de la Fiscalía, aunque él en su declaración negó haber informado favorablemente para la concesión de la licencia y acusó a los ex ediles de mentir.
En este mismo caso, el ex alcalde Julián Muñoz y tres ex concejales del GIL se conformaron con un año de cárcel y 18 años de inhabilitación, mientras que Juan Antonio Roca aceptó una pena de nueve meses de prisión, por lo que sólo continuó el juicio para Sierra, que no alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público y las acusaciones.
Roca deberá cumplir también cinco años de inhabilitación y pagar una indemnización de 2,4 millones de euros, al admitir el delito de tráfico de influencias del que se le acusaba, y en el caso de no abonar dicha cuantía económica tendrá que cumplir otro mes más de cárcel.
Además de Muñoz, los ex ediles Mario Jiménez, Rafael González y Manuel Calle se conformaron con una condena de un año de prisión y 18 de inhabilitación para el cargo de concejal por los delitos de prevaricación genérica y contra la ordenación del territorio, con lo que se rebaja a la mitad la pena de cárcel que solicitaba inicialmente para ellos la Fiscalía.
Por su parte, el ex edil José Marino Pomares ha aceptado una condena de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que el que fue primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román y la ex concejal Marisa Alcalá se han conformado con una pena de ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
La conformidad alcanzada por los ex concejales del GIL, práctica que ha tenido lugar en varias ocasiones en los últimos meses, se enmarca en el acuerdo alcanzado por seis ex ediles de la Corporación de 1995 a 1999 por el que ingresarán en prisión para no celebrar los juicios urbanísticos en los que están imputados, pacto sobre el que negocian los integrantes del Ejecutivo local de 1999 a 2003.
Los hechos enjuiciados se corresponden con la concesión de una licencia urbanística por parte del Ayuntamiento de Marbella a la empresa Belmonsa SA en mayo de 1997 para la construcción de un edificio de doce plantas en suelo calificado por el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 como zona verde y viario público.
Las diligencias respecto a esta causa tuvieron que ser reconstruidas después de que desaparecieran en el robo de sumarios que tuvo lugar en verano de 2001 en los Juzgados de Marbella.
* Málaga Hoy - EFE - 10.09.2008
Foto: Marbella, entrada - confidencial
Un año de prisión para el abogado Sierra por la licencia ilegal de Belmonsa
El nuevo PGOU sólo protege 4 de los 20 yacimientos catalogados por Patrimonio
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INFORMACIÓN/Alicante* : El concierto previo del nuevo PGOU de Gata de Gorgos, aprobado por el PP y Coalició Valenciana a finales de julio y ahora en exposición pública, no presta mucha atención al pasado. El documento sólo recoge cuatro yacimientos arqueológicos, los tres de época romana del Barranc de la Rana, Els Ecles y Gorgo y el de la antigua fortificación islámica del Tossal del moro.
La memoria informativa indica que estos yacimientos, que se preservan como suelo no urbanizable de protección arqueológica, se han catalogado "de acuerdo con los datos de la Conselleria de Cultura". Sin embargo, la Dirección General de Patrimonio Cultural tiene inventariados veinte yacimientos.
El avance del PGOU no incluye las cuevas prehistóricas, mientras que Patrimonio sí que tiene catalogadas las Coves Roges, la Cova de la Presa o la Cova dels Cacaus, donde se han encontrado pinturas rupestres macroesquemáticas.
El documento tampoco le da ninguna protección arqueológica al centro histórico de Gata, pese a que la Conselleria de Cultura sí que lo incluye en su relación como yacimiento arqueológico. De hecho, este casco antiguo tiene unos cuantos siglos de historia (en el siglo XI se fundó un asentamiento andalusí) y alberga un arrabal de tradición islámica.
?La memoria del concierto previo sí que es un poco más generosa en elementos de etnología e incluye alquerías medievales como la de la Font de la Mata, los molinos de Jesús Pobre y del Tossal de Pedreguer o la Casa de la Lepra. Ninguno de estos edificios y tampoco la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel están declarados como BIC (Bien de Interés Cultural). Además, en la relación de elementos etnológicos no aparecen los tradicionales sequers de pansa al sol, que son construcciones, a menudo confundidas con simples muros de piedra en seco, que sólo se han hallado en Gata.
El concierto previo tiene, además del arqueológico, otros frentes de polémica. Recurre a la figura de "suelo no urbanizable de núcleo consolidado" para legalizar las casas que están en el área del PORN del parque natural del Montgó y que, como indica la propia memoria del concierto previo, se han construido "al margen de los procesos formalizados de urbanización y edificación".
Otro de los aspectos más controvertidos es el del suelo industrial. El avance del PGOU prevé un nuevo polígono, de 364.000 metros cuadrados, en la partida Costeres, junto a la carretera a Xàbia. Estos terrenos también forman parte del PORN del Montgó y, por tanto, resulta contradictorio que se destinen a suelo industrial.
* Información - A. P. F. - 10.09.2008
Foto: El nuevo PGOU sustituirá a las Normas Subsidiarias del 89 - ERNEST WEBER, diarioinformacion.com
¿Reelegimos a los políticos corruptos?
ADN* : Una de las grandes virtudes de nuestras democracias es que nos permiten juzgar periódicamente a nuestros políticos. Con el uso de nuestro derecho al voto, los ciudadanos podemos castigar a los presidentes, diputados y alcaldes que caen en la tentación de perseguir sus intereses personales en lugar del interés común. Pero, ¿realmente nuestro voto sirve como mecanismo de control de la corrupción?
Los datos que nos ofrece el Informe sobre la democracia 2008 de la Fundación Alternativas dejan patente que la mayoría de los alcaldes españoles acusados de corrupción se mantienen en su cargo tras las elecciones. En concreto, el informe sostiene que siete de cada diez alcaldes acusados de estas prácticas fueron reelegidos en las pasadas elecciones municipales del 2007. Por sorprendente que pueda parecer, los escándalos de corrupción no fueron un impedimento para que la mayoría de estos políticos revalidaran la confianza de los ciudadanos de sus localidades.
Eso no significa que los alcaldes acusados de corrupción no fueran castigados en las urnas. En realidad, la mayoría de ellos (el 71%) perdieron parte de su apoyo electoral con respecto a las anteriores elecciones locales. Esta pérdida de votantes fue de 3,6 puntos porcentuales de media, un descenso algo superior a la caída general de ambos partidos en las municipales del 2007 (menos de un punto). Por lo tanto, los escándalos de corrupción sí tienen una influencia en las urnas, pero en la mayoría de los casos el castigo no es suficiente para que los alcaldes acusados pierdan la mayoría del consistorio municipal.
El informe de la Fundación Alternativas muestra que no existen muchas diferencias entre PP y PSOE. Los alcaldes de ambas formaciones políticas consiguen en la misma proporción evitar perder la alcaldía por escándalos de corrupción. Además tampoco existen diferencias según el tamaño de la población (ver gráfico). En principio, es de esperar que las redes clientelares generadas por la corrupción sean más fáciles en los ayuntamientos pequeños o que al menos éstas tengan una mayor repercusión en la "compra" de votos. Los datos no confirman esta idea: los escándalos de corrupción tienen el mismo efecto tanto en aldeas de menos de 5 mil habitantes como en ciudades de más de 50 mil.
La corrupción por provincias
El informe de la Fundación Alternativas recoge 133 casos de escándalo de corrupción municipal del período 2003-2007. No se trata de una lista exhaustiva de todos los casos (por lo que puede haber algún sesgo) pero puede ofrecernos una primera aproximación a cómo se reparten los escándalos de corrupción entre las diferentes provincias de España.
No es casual que las provincias costeras sean donde más escándalos aparezcan, pues la corrupción urbanística es una de las más frecuentes a nivel municipal. De entre los ayuntamientos de la costa mediterránea parece que los más limpios se encuentran en Girona y Barcelona. Por otro lado, los territorios más sospechosos de tener políticos corruptos son Valencia, Madrid y, sobretodo, Andalucía. Este último caso no sólo puede explicarse por la presión urbanística en las zonas costeras pues los escándalos también son frecuentes en sus provincias de interior.
Los expertos en la materia consideran que España está lejos de encontrase en la cabeza de países europeos libres de corrupción. Sistemáticamente los informes nos sitúan en niveles parecidos a los de Francia o Portugal y definitivamente menos limpios que países como Alemania, Holanda o los países escandinavos. Es responsabilidad de las instituciones del Estado luchar contra este tipo de vicios, pero ¿habría menos corrupción si los ciudadanos se tomaran más en serio estas prácticas cuando acuden a las urnas? Como el resto de los españoles, los políticos temen al paro. Amenazarlos con sumarse a sus listas acabaría seguramente con la tentación de muchos a poner la mano en "la hucha".
* ADN - 10 de Septiembre de 2008 | Lluís Orriols
Foto: Mapa de la corrupción España 2003-2007 - F. Alternativas
El Algarrobico bajo la sombra de Marbella
TEODORO LEÓN GROSS* : Por más madera que ponga en sus calderas la maquinaria de propaganda de la Junta -una de las más poderosas y mejor dirigidas del país, aunque lamentablemente no se corresponda con el nivel de la economía o la administración andaluza, sino que más bien sirve para ocultar las debilidades de éstas- la sentencia del escándalo del Algarrobico apunta, negro sobre blanco, una conclusión incómoda: el monstruo de veinte plantas a pie de playa se construyó porque el ayuntamiento socialista y la Junta de Andalucía ignoraron la Ley de Costas y el plan del Parque Natural del Cabo de Gata para legalizarlo.
Durante los últimos años, la Junta ha tratado de presentarse como víctima de un promotor sin escrúpulos, pero ahora el juez reclama a la Fiscalía una investigación de las autoridades autonómicas y locales ante los notorios indicios de corrupción. Qué paradoja. A la Junta le han cortado en seco su estrategia impostora de ir a los tribunales como agraviada, y de nuevo se ve bajo la sombra de la sospecha entre la «abulia» ante sus responsabilidades y la presunción de haber prevaricado.
La sentencia del Algarrobico da otra vuelta de tuerca a lo ocurrido en Marbella. Entonces el juez Torres ya le cortó la misma estrategia a la Junta rechazando que ésta se personase puesto que el aquelarre urbanístico del gilismo sólo pudo consumarse con la complicidad de Sevilla, si no por acción al menos por omisión. Ahora, una vez más, reaparece la corrupción en un ayuntamiento del litoral -el mayor granero de venalidad del país, retratado en el informe de International Transparecy- pero la sentencia incluye a la Junta señalándola por manipular sus propios planos del Parque Natural (una «burda maniobra») para 'legalizar' el hotel. La retórica de la administración aún se empasta con la palabrería hueca del buenismo oficial, pero las frases de la sentencia repiquetean con acusaciones de «desidia» ante «el interés general» y actuar «de forma clamorosamente contraria al ordenamiento jurídico». Eso sí, que nadie espere que esto vaya a tener consecuencias; ni siquiera alguna dimisión para justificarse. La maquinaria de propaganda de la Junta pronto habrá reconducido el escándalo.
* SUR - Opinión- 09.09.2008
