ELPAÍS* : El 27 de mayo de 2004, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Madrid, presidido por el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, adjudicó un contrato de 153.000 euros para el diseño, montaje y mantenimiento del stand municipal en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004 a Special Events, la empresa de Francisco Correa, el hombre que montaba los actos del PP durante el mandato de José María Aznar.
Se presentaron al concurso 10 empresas y, supuestamente, la firma vinculada a Correa quedó en segundo lugar. Pero se llevó el contrato porque se consideró que la primera clasificada incurría en "baja temeraria", es decir, que su oferta económica era poco creíble por demasiado barata.
Ésta es la información que contenía el expediente original de adjudicación que se aprobó en el Consejo de Administración de la EMV y que el ayuntamiento facilitó la semana pasada a este periódico.
Pero en 2004, cuando Alberto Ruiz-Gallardón llevaba ya un año como alcalde, la actual Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo estaba dividida en tres áreas: Suelo, Vivienda y Urbanismo. En cada una de ellas quedó una copia del expediente con una inquietante diferencia que apunta a que el concurso estuvo amañado para dárselo a Correa.
El informe técnico de las propuestas que se presentó en el consejo de la EMV, en cuya votación participaron PSOE e IU, venía firmado por cuatro funcionarios y estaba acompañado de un cuadro con la puntuación obtenida por cada empresa. Sin embargo, en el documento que sirvió para la adjudicación definitiva no había ninguna rúbrica de empleados públicos.
La suma de resultados obtenidos por su diseño, conocimiento y experiencia, colocó a Special Events en segundo lugar y en virtual ganadora del concurso. Pero en el cuadro que consta en el expediente hallado posteriormente, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el cuadro de puntuación, que está vez sí estaba firmado por los funcionarios que realizaron el informe, contenía unos datos distintos que dejaban a Special Events en quinto lugar y, por tanto, sin ninguna opción de obtener el contrato.
El apartado que puntuaba la oferta económica estaba intacto. Pero en las áreas en las que el criterio podía ser más arbitrario, como el diseño o la experiencia, las cifras eran distintas. Los cuatro funcionarios que firmaron el documento bueno confirmaron ayer que no son los autores de la valoración aprobada. Fuentes de la Concejalía de Urbanismo no encuentran explicación técnica posible a las diferencias aparecidas en el mismo expediente. Consideran que es factible que el cuadro original fuera destruido y reemplazado por otro más favorable a Special Events. La sospecha es que se amañó el concurso.
Por ello, el ayuntamiento ha presentado una denuncia al juzgado de guardia y ha abierto un expediente informativo a José Luis Gómez, funcionario y ex gerente de la empresa pública que firmó la propuesta que se llevó entonces al consejo de la EMV.
"Nosotros respaldamos lo que los técnicos nos elevan al consejo de administración. Yo no sé qué es lo que han archivado. Sé lo que voté, pero no conozco la existencia de otros documentos", declaró ayer el ex concejal de Vivienda, que además indicó que nunca tuvo relación profesional con Correa.
Herráez fue hombre de confianza del anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano y miembro del clan Becerril, un grupo de jóvenes promesas del PP que, agrupados por Alejandro Agag y bendecido por el entonces presidente, José María Aznar, se reunía en la sierra de Madrid para hablar de política. A las reuniones acudieron en alguna ocasión los imputados por Garzón, Francisco Correa, Álvaro Pérez o Jacobo Gordon. Además, era asiduo el ex consejero de Aguirre Alberto López Viejo, recién dimitido por su presunta vinculación con la trama corrupta.
De concejal a constructor
Sigfrido Herráez (Madrid, 1964), arquitecto de formación, fue un hombre de José María Álvarez del Manzano. De su mano llegó al Ayuntamiento de Madrid en 1991, al cargo de concejal de Latina y, en 1995, el de Vivienda. Lo dejó en 2005 con el siguiente alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando éste colocó por encima de él a la edil de Urbanismo, Pilar Martínez.
Sólo una semana después, fichó como vicepresidente de la constructora Rayet, que realizaba un proyecto en el Ensanche de Vallecas, una zona directamente administrada por Herráez como concejal al presidir su junta de Compensación. Legalmente no había incompatibilidad, pero todos los partidos, incluido el gobierno de Gallardón, quedaron escandalizados. Hoy preside dicha firma.
Esperanza Aguirre le prestó su apoyo en aquella decisión y le mantuvo como responsable de Vivienda del partido. Herráez se había significado por la candidatura de Aguirre como presidenta del PP de Madrid, en detrimento de Manuel Cobo, vicealcalde y hombre de Ruiz-Gallardón. "En el futuro, si quiere volver a la política, tendrá un sitio", declaró Aguirre. Pero un mes más tarde, promovió su dimisión del cargo en el PP.
Herráez perteneció al clan Becerril, un grupo de promesas del PP agrupados por Alejandro Agag que se reunían en la sierra para, según el yerno de José María Aznar, formar "el banquillo del banquillo" del partido. Pertenencieron al núcleo de ese grupo José Ignacio Echaniz, Alejandro Ballesteros o Lucía Figar.
Por otro lado, su mujer, María Gálvez, es consejera de Ploder, una constructora que junto al grupo Begar (entre otras), propiedad del imputado por el caso Gürtel, José Luis Ulibarri, obtuvo la concesión para la construcción del nuevo Hospital de Vallecas de la Comunidad de Madrid.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 19/02/2009
Una concejalía de Madrid amañó en 2004 un concurso a favor de Correa
Cien de las 5.000 viviendas ilegales que hay en Telde ya tienen abierto un expediente para su demolición
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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El Gobierno de Canarias tiene en marcha en la actualidad un centenar de expedientes que incluyen, entre sus medidas, la demolición de otras tantas construcciones ilegales en Telde, un municipio en el que el portavoz de la comisión que aglutina a los propietarios de viviendas levantadas en suelo rústico, Isaac Florido, calcula que ya existen unas 5.000 casas clandestinas.
Los propietarios de estas residencias siguen con el miedo en el cuerpo después de que, durante los últimos meses, el Ejecutivo autónomo no haya cedido en su política de imposición de multas y advertencias de demoliciones y la intermediación de la Concejalía de Urbanismo de Telde no esté respondiendo a las expectativas generadas.
Medio millar de estos afectados acudieron el pasado día 13 a una multitudinaria asamblea informativa a la que asistieron los ediles José Antonio Perera y Guillermo Reyes y en la que se volvió a exigir al consistorio de Telde que agilice los trámites para regularizar, en el Plan General de Ordenación, la situación de al menos 1.520 de estas construcciones.
Florido estima que en todo el municipio hay unas 5.000 casas ilegales, y que al menos 3.000 de estas son "las que corren más peligro al haberse construido a partir de los años 80 y tras el cambio de legislación".
El respaldo municipal se antoja como muy necesario para intentar conseguir que, en una segunda fase, la administración regional conceda una amnistía a muchas de estas residencias, por lo que también se ha solicitado a Perera que envíe al Gobierno de Canarias la documentación necesaria para congelar las órdenes de demolición o, en su defecto, proponga al pleno municipal la aprobación de una resolución en este sentido.
"No soportamos un día más la agonía de no saber si dentro de 15 días o un mes nos vamos a quedar sin vivienda o sin tendremos que hacer frente a multas desorbitadas y que oscilan entre los 60.000 y los 300.000 euros. Todo ello por la ineficacia municipal", apuntó el también presidente de la asociación vecinal Hespérides, en Montaña Las Palmas, donde se contabilizan varias casas precintadas.
Florido comparte la opinión de que, sin ser determinante, el apoyo del consistorio es fundamental para lograr el indulto del Ejecutivo autónomo.
* La Provincia - ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ - 19.02.09
Foto: Telde (Gran Canaria) - tiempoocio.com
La fiscalía implica al presidente valenciano, Francisco Camps, en la trama corrupta
ELPAÍS* : Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, está implicado en la trama de corrupción masiva que durante al menos los últimos diez años ha dirigido Francisco Correa, el hombre contratado para montar los actos del Partido Popular durante el mandato de José María Aznar y que seguía encargándose de los eventos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Así se deduce del informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez Baltasar Garzón.
En ese informe, la Fiscalía pide al juez que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que Camps es aforado, y de la Comunidad de Madrid, donde hay implicados tres diputados regionales del PP: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte (Madrid).
El informe de la Fiscalía cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana. El aforado que estaría implicado en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es el máximo cargo del Gobierno valenciano, su presidente, el popular Francisco Camps, según fuentes de la investigación.
En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.
Es un "tema menor" dentro de la trama corrupta, que salpica fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, pero que afectaría a un cargo especialmente relevante, el presidente del Ejecutivo valenciano, que ha negado cualquier implicación en los hechos.
La investigación abierta en noviembre de 2007 a raíz de la denuncia de un ex concejal del PP ha hallado indicios de que los tres parlamentarios madrileños podrían haber cobrado "cientos de miles de euros" a cambio de favorecer los negocios de Correa y de su trama empresarial.
Por eso, la Fiscalía ha remitido un informe a Garzón en el que propone la inhibición total del magistrado para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que se encargue de la instrucción. Las implicaciones de los parlamentarios madrileños en los negocios turbios que investiga la Audiencia se explican así en la denuncia:
- Adjudicación de locales en Boadilla del Monte. Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte (Madrid), donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios, el popular Arturo González Panero.
Correa, en una grabación aportada al sumario, consideraba que la adjudicación de los locales a un amigo suyo se había hecho "en unas condiciones muy ventajosas". El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados.
Logró 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros durante 75 años. Un negocio por el que podría ganar más de un millón de euros al año.
El gerente de la Empresa Municipal del Suelo, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones e incluso implicado en un vídeo comprometedor donde se repartirían comisiones.
- Adjudicaciones a Martinsa. Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones a supuestos pagos de una inmobiliaria. "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda; tardó seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...".
En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda del Rey (Madrid), Benjamín Martín Vasco, ex consejero delegado de la empresa pública de suelo de Arganda del Rey, que en noviembre de 2004 adjudicó a Martinsa un desarrollo urbanístico para levantar 300 viviendas. "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".
Martín Vasco, diputado autonómico del PP, dimitió ayer forzado por Aguirre como presidente de la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid. En la denuncia inicial se aludía a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda como elemento clave para obtener plusvalías con la complicidad de miembros del consistorio.
- Contratos de la Consejería de Deportes. El ya ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas de Correa. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole. La Comunidad contrató cerca de ocho millones con la trama, de los que cinco corresponden a la Consejería de Deportes y están pendientes de pago.
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 19/02/2009
Foto: Francisco Camps, el martes, en Benidorm (Alicante).- EFE
El suelo urbanizable creció más del doble de lo necesario en nuestro país entre 2001 y 2007
ELMUNDO* : El crecimiento urbano en España es completamente "insostenible", según el último informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE). Este organismo ha revelado que entre 2001 y 2007 el suelo de naturaleza urbana (terreno urbano y urbanizable) creció más del doble de lo necesario.
El informe denuncia que el planeamiento urbano y la ordenación del territorio dejan mucho que desear en España y que el crecimiento urbano está "claramente desvinculado" de la necesidad de vivienda. Según el estudio, en 29 de las 50 capitales de provincia estudiadas, el terreno de naturaleza urbana creció una media del 39%, lo que supone seis veces más que el aumento poblacional.
En algunas ciudades, puntualiza el informe, el crecimiento ha sido "espectacular", como en Murcia, que ha llegado al 216%, Toledo (135%), Salamanca o Barcelona, mientras que en otras, como Granada, pese a que la población ha decrecido el 2,22%, el terreno urbanizable ha aumentado un 14%.
También en el periodo 2001-2007, el valor catastral creció una media del 25% en todas las ciudades estudiadas, un valor que se duplicó en Murcia (160%), Madrid (143%) y Barcelona (118%) principalmente por el aumento del patrimonio urbanizable.
En el caso de Murcia, la revalorización catastral se debe a una "reclasificación masiva" del terreno, en Madrid a las grandes bolsas de suelo urbanizable, y en Barcelona a la revalorización de los inmuebles del centró urbano, puntualiza el OSE.
En cuanto a la sostenibilidad local, el informe destaca que casi la mitad de los municipios estudiados tiene planes asociados a la Agenda 21 Local, un compromiso universal, acordado en la cumbre de Río de Janeiro (1992), para hacer compatible el progreso con el respeto al medio ambiente. Sin embargo, según el estudio, aunque en la práctica los municipios cuenten con estos planes, en la realidad, no se ponen en marcha porque carecen de presupuesto.
El informe recuerda que cumplir este compromiso es tan fácil como rehabilitar las ciudades "en clave energética". Eso sería no sólo un elemento de futuro y de desarrollo sostenible, sino "una respuesta a la crisis actual" y a la falta de empleo y de dinamización de la economía.
Por último, el OSE advierte de que los principales riesgos del mundo rural son el despoblamiento y abandono, que conducen a la falta de infraestructuras y servicios, y reducen la calidad de vida de sus habitantes (el 20 por ciento de la población española). No obstante, destaca que, en sustitución de la agricultura tradicional, el mundo rural puede encontrar nuevas oportunidades en los cultivos ecológicos, los biocombustibles y las políticas ligadas al cambio climático.
* El Mundo - EFE - 17.02.09
Foto: Terrenos aún por edificar | Carlos Alba, elmundo.es
