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ELMUNDO/Valencia* : El ex alcalde de Montroi, el 'popular' Francisco Javier Carrión, y otras seis personas han sido detenidas este miércoles en el transcurso de una operación policial contra la corrupción urbanística. Según el fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, se investigan delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y otros pendientes de diligencias declaradas secretas. Los siete detenidos aún no han pasado a disposición judicial.
El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, ha asegurado que entre los detenidos hay cargos públicos, entre ellos el ex alcalde, pero también "alguna persona relacionada con las actividades económicas" que se investigan.
Peralta ha confirmado que las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil han sido ordenadas por el juez "por presuntos delitos de urbanismo" y ha informado de que se han intervenido "documentos" en el registro de la Casa Consistorial, y de que las "supuestas irregularidades urbanísticas" que se investigan "proceden de la anterior legislatura", cuando el PP y Unión Valenciana gobernaban en coalición.
La operación, coordinada por la sección especial de medio ambiente de la Fiscalía de Valencia, ha comenzado a primera hora de la mañana con el registro del Ayuntamiento (que continúa). Sin embargo, las pesquisas se han extendido a tros siete domicilios y tres empresas de Valencia, Silla y Montroi. Tres de los 11 registros ordenados esta mañana ya han concluido.
Chalés en suelo no urbanizable
Al parecer, los agentes del grupo contra delitos de Patrimonio están buscando documentos relacionados con la construcción de 83 viviendas en terrenos rústicos no urbanizables. Los chalés iban dirigidos a ciudadanos ingleses y alemanes.
El Ayuntamiento de Montroi está controlado por el PSPV-PSOE desde el año 2006, después de que el anterior alcalde, el 'popular' Francisco Javier Carrión, dimitiera al no contar con el apoyo de la oposición en la aprobación de los presupuestos.
Según fuentes de la investigación, el registro estaría relacionado precisamente con la gestión municipal durante la pasada etapa, en la que el PP gobernaba con junto a Unión Valenciana.
Investigación 'bajo secreto'
El actual alcalde, José Antonio Polo, no ha confirmado el objeto de la investigación, ya que se encuentra "bajo secreto", pero ha asegurado que el equipo de Gobierno está ofreciendo "la máxima colaboración" en el registro.
Preguntado sobre la gestión urbanística del anterior equipo de gobierno, se ha limitado a explicar que únicamente había "una carencia" referida a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que el consistorio aprobó en julio de 2007 cuando ya se había producido el relevo en la alcaldía. Un informe de la Conselleria de Urbanismo ya advierte de estas irregularidades.
De hecho, Polo ha reconocido que las docenas de chalés edificados en la urbanización Els Mallars no tienen licencia y, por ello, el Ayuntamiento "está intentando" desarrollar un Programa de Actuación Integrada (PAI) para las regularizarlas.
'No hay licencias de edificación'
"No hay licencias de edificación, nunca se han dado. Hay casas que tienen más de 30 años y ésas, a lo mejor, lo consiguieron en su día; estamos intentando desarrollar un PAI para que todo esté en orden", ha precisado.
Con alrededor de 3.000 habitantes, Montroi es un pequeño municipio de la comarca de la Ribera Alta, ubicado a apenas 27 kilómetros de la ciudad de Valencia.
* El Mundo - EFE - 3.02.10
Foto: Los chalés se habrían construido en suelo no urbanizable - cope.es
Detenido el ex alcalde de Montroi y otras seis personas por corrupción urbanística
Detenido el ex gerente del Instituto Turístico de Baleares por presunta corrupción
RTVE* : El que fuera gerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) de Baleares y actual director de Calidad Ambiental del Govern, Antoni Oliver Ensenyat (UM), ha sido detenido en el transcurso de la operación contra la corrupción ordenada por el Juzgado de instrucción nº10 de Palma. A esta detención se añade la de otras dos personas más en la localidad mallorquina de Pollença, aunque se desconoce la identidad y si son o no también cargos públicos, según fuentes policiales.
Estas dos últimas detenciones se han producido tras el registro de un local comercial de Pollença y en el marco de la llamada operación policial "Voltor" (buitre en mallorquín), que investiga un supuesto caso de corrupción durante la actual legislatura y cuyas diligencias están bajo secreto de sumario.
En el transcurso de esta operación ha sido registrada la sede de Inestur, ubicada en el parque tecnológico de Palma (Parc BIT), donde agentes de la Policía Judicial han decomisado diversa documentación.
El primer detenido este miércoles ha sido el director general de Calidad Ambiental del Govern balear, Antoni Oliver, miembro de UM y hasta hace pocas semanas gerente del Inestur.
Arrestado en la Consellería de Medio Ambiente
Según han informado fuentes de la investigación, el arresto, que se ha realizado en la sede de la Consellería de Medio Ambiente, ha tenido lugar poco antes de las 13.00 horas y, a continuación, Oliver ha sido conducido a la sede de la Jefatura Superior de Policía de las Islas Baleares.
Oliver ha sido hasta hace pocas semanas gerente del Inestur, por lo que presumiblemente la investigación judicial tiene que ver con la gestión de este organismo público -dependiente de la Consellería de Turismo del Govern balear- durante la actual legislatura, a cargo de Unió Mallorquina.
Los registros responden a unas diligencias que se están instruyendo en dicho juzgado, sobre las que está declarado el secreto de sumario.
Fuentes de la Consellería de Turismo han señalado a Efe que, al aparecer, los agentes protagonistas del registro han solicitado diversa documentación, que les ha sido entregada. La actitud de este departamento autonómico es de "total colaboración" con la Justicia.
Esta operación en Baleares contra la corrupción coincide con otra que se desarrolla también en el Levante, en concreto un registro del Ayuntamiento valenciano de Montroy por un posible caso de corrupción urbanística que, al parecer, estaría relacionado con la etapa de gestión del anterior equipo de gobierno, formado por el PP y Unión Valenciana.
Antich promete "firmeza" si la operación es por la gestión de esta legislatura
Por su parte, el presidente balear, Francesc Antich, minutos antes de conocerse la detención de Oliver, afirmaba que el Govern "actuará con la misma firmeza" si los hechos que se están investigando en el marco de los registros en el Inestur se han producido en la actual legislatura o en la anterior, cuando el PP estaba al frente del Ejecutivo autonómico.
En declaraciones a los medios en el Consolat de Mar, Antich ha admitido desconocer el "contenido" del registro, aunque ha precisado que la Conselleria de Turismo -a la que está adscrito el Inestur- está "sobre el tema", y ha garantizado la "total y absoluta colaboración" del Ejecutivo autonómico con la Justicia.
Así, el presidente remarcaba que "si alguien no ha hecho las cosas bien, se deben adoptar las medidas necesarias" y, en la misma línea, ha recordado que "en distintas ocasiones he dicho que este Govern se está esforzando muchísimo en poner todas las medidas y controles para que no se produzcan este tipo de situaciones", entre las que destaca la aprobación y puesta en marcha del Código Ético para cargos públicos.
Preguntado por una eventual dimisión del concejal de Palma por UM Miquel Nadal, que hasta hace dos meses ocupó el cargo de conseller de Turismo y se ve envuelto en causas judiciales por corrupción -este martes mismo protagonizó un careo con su correligionario Miquel Grimalt, conseller de Medio Ambiente, dentro del 'caso Maquillaje'- Antich se limitó a señalar que "se trata de una cuestión que tratará el partido".
Casos de corrupción en Baleares
La cúpula de Unió Mallorquina ha sido imputada en varios casos judiciales, como es el caso de la presidenta de honor de UM y del Parlament balear, María Antònia Munar; del ex conseller de Turismo Miquel Nadal; o del ex presidente de la formación nacionalista hasta diciembre pasado, Miquel Ángel Flaquer.
En el caso del PP, también están imputados en diversos casos de supuesta corrupción el ex ministro de Medio Ambiente y ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, y su mujer, Maite Areal; el ex conseller de Comercio e Industria Josep Juan Cardona; o el ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma Rafael Durán.
Para frenar los numerosos casos de corrupción destapados de la pasada legislatura, el Ejecutivo de las islas presidido por el socialista Francesc Antich ha aprobado la aplicación de un "código ético" por el que cualquier cargo ejecutivo deberá dimitir si un juez le impone medidas cautelares. Éste ha sido el caso del ex conseller de Turismo Miquel Nadal y del ex portavoz de UM en el Consell de Mallorca Miquel Ángel Flaquer.
* RTVE.es- 3.02.10
Foto: Sede del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) de Baleares.RTVE.es
La Guardia Civil registra el ayuntamiento de Montroy por un delito urbanístico
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ELPAÍS/Valencia* : Los agentes de la Guardia Civil están registrando las dependencias del ayuntamiento de Montroy (Valencia) en busca de documentación sobre la supuesta concesión irregular de al menos 77 licencias de chalets construidos en terreno rústico no urbanizable. La investigación se inició antes del verano y está dirigida por el juez de instrucción nº1 de Picassent.
El ayuntamiento de Montroy está presidido por el alcalde socialista Antonio Polo, que llegó al cargo en 2006, tras la dimisión del anterior regidor del Partido Popular.
La investigación se centra en una trama en la que al menos habrían participado entre 5 y 7 personas, varias de ellas presumiblemente miembros de la anterior y actual corporación municipal.
* ELPAIS.com - 3.02.10
Foto: Montroy (Valencia) - valenciaterraimar.org
Los vecinos denunciarán el expolio y destrucción del Monte Sacro ante la Fiscalía
LAVERDAD/Murcia* : Tras la primera movilización ciudadana en defensa del Monte Sacro, el pasado viernes 29 de enero, los vecinos quisieron denunciar el expolio al que está sometida esta colina. Primero se dirigieron a la Guardia Civil, donde se les informó de que, al tratarse de una parcela situada dentro del núcleo urbano, la denuncia debía interponerse en la Policía Municipal.
Una vez en la Policía Local les remitieron a la Nacional, por “no tener competencia en este asunto”. A su vez, la Policía Nacional les aseguró que dicha denuncia correspondía hacerla en las dependencias de la Policía Local, pues no se trataba “de una causa penal”
Ante esta situación, los vecinos, que se volverán a manifestar el próximo viernes, denunciarán el expolio y la destrucción a la que se está sometiendo el Monte Sacro ante la Fiscalía.
* La Verdad - 1.02.10
Foto: El profesor García del Toro lidera la primera movilización en defensa del Monte Sacro./ JM RODRÍGUEZ/ AGM
Paraños no sabe cuándo hay misa
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FARODEVIGO* : En navidad a las diez de la mañana y el párroco nunca es el mismo. Los feligreses de la parroquia de Paraños en Covelo viven una relación difícil con la iglesia desde que, en verano pasado, denunciaron la venta de la rectoral por el Obispado y se enfrentaron a su sacerdote porque aseguraba que la venta no se había realizado. La noticia de que un juzgado de Santiago investiga los hechos les llena de alegría pero quieren ver la propiedad devuelta.
No tener un párroco permanente ni horario fijo de misa son dos de las consecuencias que padecen los vecinos de Paraños, en Covelo, desde que denunciaron el verano pasado la supuesta venta fraudulenta de la casa rectoral de la parroquia por el Obispado de Tui-Vigo.
La relación con la iglesia comenzó a ser "difícil" cuando se enfrentaron al cura que tenían asignado y este decidió no volver por la parroquia. Prácticamente cada domingo oficia la eucaristía un sacerdote distinto. Además, aseguran que las misas de entresemana han dejado de celebrarse. "Como cada día vén un cura agora as misas son a unhas horas un pouco intempestivas, por exemplo a de Nadal foi ás dez da mañá", afirma Karina Mouriño, presidenta de la Asociación de Vecinos de Paraños, quien explica que "as persoas que van á misa están molestas".
A pesar de estas incomodidades, los vecinos estas satisfechos por haber denunciado el caso. "Para nós é unha alegría saber que as nosas reclamacións son escoitadas nos órganos oficiais de xustiza", indica Karina Mouriño, y desea "que os imputados saian finalmente condenados".
Los vecinos decidieron actuar al enterarse de la venta de la casa rectoral por 60.000 euros, con pago aplazado. Una transacción que se les ocultó e incluso negó.
Después de reformarla con piscina, suite y garaje apareció a la venta en Internet por 680.000 euros. Al parecer, fue el funcionario Carlos G. G., de la Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais de la Xunta, quien la compró al obispado.
Tras varios meses de protestas vecinales por lo sucedido, la justicia ha decidido que hay indicios de delito y que la compra de la casa rectoral será investigada. Por el momento, ya han declarado el anterior obispo de Tui-Vigo, José Diéguez Reboredo, y el comprador de la vivienda.
Los vecinos de Paraños quieren que su situación sirva para que personas que sufren casos similares se atrevan a denunciarlos y darles luz. Además pretenden que la propiedad retorne a su uso y defienden que la casa fue construida por un matrimonio de Paraños hace 200 años para sus dos hijos curas y para los sucesivos sacerdotes que oficiaran misa en la parroquia. Durante todo este tiempo fueron los vecinos quienes se encargaron de su mantenimiento y reformas.
Al comprobar las mejoras en la casa, preguntaron a su párroco y éste les comunicó que desde 2003 la casa rectoral había sido cedida por veinte años a un matrimonio a cambio de su cuidado y la restauración del retablo de la iglesia, pero este último nunca llegó a efectuarse.
Sin embargo, al acudir al Registro de la Propiedad, los vecinos comprobaron que sí hubo venta en 2008 y ésta estaba firmada por su párroco con autorización del Obispado. Y el comprador era un restaurador de la Consellería de Cultura que ahora está siendo investigado.
Una vez concluya la investigación, los vecinos de Paraños descubrirán si la Iglesia actuó de buena fe o si estaba implicada en el supuesto delito.
* Faro de Vigo - 31.01.10
Foto: La casa rectoral rehabilitada en Paraños y que se investiga ahora por la justicia. D.P./ Xosé M. Sendín, farodevigo.es
Madrid: El golf: ¿De interés general o familiar?
NUEVATRIBUNA* : La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha anulado la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre de construir un campo de golf y varias pistas de pádel sin licencia municipal, ha vuelto a colocar en el primer plano informativo los 'favores' que el Gobierno madrileño hace con total impunidad a amigos y familiares. El fallo es la respuesta a la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí, que acudió a los tribunales después de que Esperanza Aguirre se saltara el veto del ayuntamiento, que le negó la licencia, y recurriera a una norma que permite a la Comunidad promover una obra sin el preceptivo permiso municipal en casos "urgentes o de excepcional interés público".
El TSJM pone en entredicho la actuación en todo el asunto del vicepresidente Ignacio González, hombre de la máxima confianza de Aguirre, que primero impulsó la construcción de la instalación deportiva y luego se la adjudicó a un socio de su familia, su cuñado, José Juan Caballero. Otras empresas relacionadas con el vicepresidente se beneficiaron de varias subcontratas de una obra cuyo presupuesto alcanzó los 3,5 millones de euros.
No es la primera vez que las acusaciones de nepotismo han salpicado al Ejecutivo madrileño. En octubre de 2006, se publicó que Alminar Villas, una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre, había ganado 2,1 millones de euros en la compraventa de unos terrenos en Villanueva de la Cañada (Madrid), cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto, ex director general de Urbanismo, que también tenía propiedades en la misma zona. Dicha firma vendió en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por 4,6 millones de euros un total de 24.326 metros cuadrados del sector desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 euros.
Por no mencionar los más de ocho millones de euros que habrían ganado en dos años y medio los tíos maternos y los primos de Esperanza Aguirre con la compraventa de las fincas que adquirieron en el verano de 2001 y que vendieron en enero de 2004 en Tres Cantos, según denunció el portavoz socialista, Miguel Aguado. Según la denuncia, la operación fue realizada por los Gil de Biedma Seoane, principales socios españoles de la firma de corredores de seguros AON Gil y Carvajal, en enero de 2004, ocho meses después de que el Gobierno Local, formado por Tres Cantos Unido y el PP, aprobara el nuevo PGOU, en mayo de 2003, tres semanas antes de las elecciones municipales.
De todos los supuestos 'pelotazos' en los que han incurrido los gobernantes madrileños el más sonado es este, que además consiguió 'hermanar' por una vez y sin que sirva de precedente a la presidenta y al alcalde, su eterno rival político, Alberto Ruiz Gallardón. Ambos mantenían vínculos empresariales cuando se realizo la denominada “Trama del Ladrillo de Tres Cantos”, como desvela la información que ofrecieron los socialistas tricantinos. Otro dato, no precisamente menor, es que los terrenos por los que familiares de Esperanza Aguirre obtuvieron grandes plusvalías estaban afectados por el trazado del AVE, diseñado desde el Ministerio de Fomento gobernado en aquel entonces por su propio partido. El negocio arrancó en 1998 cuando el PP decidió colocar la única estación del AVE Madrid Lleida, a su paso por Guadalajara, en la pequeña localidad de Yebes.
Todos estos asuntos, a pesar de su gravedad, parecen una minucia a la luz de las revelaciones que se han producido durante el último año sobre las relaciones de la Comunidad de Madrid y la trama Gürtel, aún pendientes de dilucidar en los tribunales. Sobre Aguirre y su equipo pesan, además, las sospechas de haber montado toda una red de espionaje, lo que Manuel Cobo ha definido como la gestapillo, y de haber recibido cuantiosas donaciones de Gerardo Díaz Ferrán, el jefe de la patronal que actualmente está en la picota por su gestión empresarial, lo que se conoce como el caso Fundescam. Y, por cierto, estas donaciones se produjeron de cara a la campaña de las elecciones de 2003, tras las que Aguirre se hizo con el poder en Madrid gracias a otro escándalo mayúsculo: el tamayazo.
* Nueva Tribuna - 2.02.10
