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LEVANTE/Castelló* : El Ayuntamiento de Orpesa debe afrontar en los próximos meses la prestación de los servicios básicos que requieren el mantenimiento de los 3 millones de metros cuadrados de 5 urbanizaciones, la misma superficie que gestiona actualmente, habitadas por casi 20.000 vecinos. Personas a las que habrá que facilitar los servicios por los que pagan ya tasas e impuestos municipales.
Sectores como el de La Colomera, Torre Bellver II, Les Quarts, Amplàries, la Renegà o Tossal Natural requerirán un esfuerzo inversor del consistorio para atender las demandas vecinales. Servicios e infraestructuras básicas (agua, luz, seguridad) que vecinos dels Quarts ya han demandado, vía Registro municipal, al alcalde Rafael Albert, tras un lustro de espera a que concluya la urbanización proyectada. Será el consistorio quien retome las obras tras presupuestar las carencias y desperfectos en viales, red de saneamiento y jardines en varios millones de euros..
La situación de crisis económica que agrava los problemas de las constructoras no hará sino acelerar el proceso de transferencia de las urbanizaciones al consistorio que deberá afrontar las cargas de mantenimiento que ello conlleva. Con la recepción de las nuevas áreas urbanas, asume el mantenimiento de los miles de metros cuadrados de superficies verdes o ajardinadas, de los miles de metros de viales y las farolas del alumbrado público que mantener.
La seguridad ciudadana y la correcta prestación (hay quejas) de los servicios de recogida de basuras o de abastecimiento de agua y saneamiento pasan a formar parte de las obligaciones de un consistorio que cerró el ejercicio 2009 con números azules, como recalcó Albert, quien afirmó que la deuda municipal era menor que la de la hipoteca de un piso.
El panorama, como recuerda el portavoz del Bloc, Josep Lluís Romero, puede cubrirse de nubarrones, pues a poco que el consistorio asuma todo lo urbanizado durante el "boom" de la construcción, el superávit se reducirá. Y es que "en poco tiempo tendremos que la mitad del suelo urbano que atiende el consistorio".
Romero apunta que "son muchas calles que barrer, alumbrar, cuidar sus zonas verdes, patrullar...". Algo, añade, de lo que "llevamos años alertando al PP que parece no tomarlo en cuenta instalados en su prepotencia".
* Levante-EMV - 4.01.10
Foto: El ayuntamiento ya ha tenido que actuar para acabar la urbanización dels Quarts. - vicent gamir, levante-emv.com
Orpesa debe mantener los 3 millones de m2 de las nuevas urbanizaciones
2.000 familias con la casa en el aire
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ELPAÍS/Murcia* : "Estábamos en plena burbuja, esto era jauja. En el banco, pedías 20 millones de pesetas para la casa y te daban 30 para que te compraras un coche. La casa era un caramelo, el precio era el de un escupitajo. Había que ser tonto para no meterse". Es la historia de Paco López Ibarra, un hombre de 34 años, y de 2.000 familias más. Algunos son murcianos, otros de comunidades vecinas. Incluso hay afectados en Irlanda, Gran Bretaña y Noruega.
La promotora Trampolín Hills ha quebrado y el dinero que estas familias entregaron para sus casas se ha esfumado. Entre 50 y 80 millones de euros, según los afectados. Y donde Paco debía tener un chalé de 125 metros cuadrados con parcela lo que ve es "un camino de tierra, varias palmeras secas, maquinaria vieja y una oficina de ventas abandonada".
De los anticipos a cuenta -cantidades entre 30.000 y 60.000 euros- que entregaron al empresario murciano Antonio Martínez, alias El Melonero, para tener una casa en el residencial Trampolín Hills no tienen noticia. El promotor, un hombre que pasó de vender fruta en un puesto a ser empresario de la construcción a finales de los años noventa, le echa la culpa al alcalde de Campos de Río (2.000 habitantes), Miguel Navarro Romero, del PSOE, y suele declarar: "Lo único que yo quiero es que me dejen construir". Sin embargo, su empresa lleva desde noviembre en concurso de acreedores -la antigua suspensión de pagos- y lo que iba a ser una macrourbanización es un solar abandonado a las afueras de la población murciana. Este diario ha intentado, sin éxito, conocer la versión del promotor.
La Fiscalía Anticorrupción investiga al empresario y se ha interesado en conocer qué relaciones tenía con el ayuntamiento. Antonio Martínez no está desaparecido. Sigue en la región, aunque sus apariciones públicas ya no son tan habituales como antes. En la última, hace año y medio, afirmó: "Nos han cogido en medio de una pelea entre el PP y el PSOE y lo está pagando un proyecto que ya tiene aprobación inicial, un convenio urbanístico firmado y que técnicamente no tiene tacha".
En mayo de 2008, las obras acumulaban ya un retraso de dos años porque el ayuntamiento no sacaba adelante el plan parcial. A principios de ese año se había producido la última votación para aprobar definitivamente el plan -iniciado por el PP en la anterior legislatura-; pero entonces se supo algo más: el alcalde, que había trabajado como corredor de fincas, no pudo votar tras admitir que había tenido relaciones comerciales con Trampolín Hills. Otro concejal socialista en la misma situación se abstuvo también, y sin esos dos votos decisivos el proyecto quedó paralizado.
El PP denunció que Navarro había participado "en algunas compraventas de las parcelas" sobre las que posteriormente se iba a edificar. El alcalde no ha querido dar su versión a este periódico.
La empresa constructora además tiene sobre la mesa un auto de un juzgado de Mula que dice que "la promoción se puso en marcha sobre terrenos rústicos que no cuentan con licencia" (aunque luego sí logró los primeros permisos) y subraya que la empresa se montó en 2005 con un capital de sólo 5.000 euros.
Por otro lado, en la esfera administrativa, la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno murciano ha impuesto a Trampolín Hills una sanción de 350.000 euros por no garantizar a todos los adquirentes de la urbanización la devolución de las cantidades entregadas a cuenta. Y el Ministerio de Hacienda ha explicado que la empresa Swiss Financial Corporation, la supuesta avalista de Trampolín, "no existe como tal ni tiene nacionalidad ni estructura empresarial en España".
La denuncia por lo penal de Paco López Ibarra -que acusa a Martínez de estafa y apropiación indebida- es una más. Está, según su abogado, Joaquín Guzmán, "en el puesto 355 de una lista mucho más amplia de querellas de los que iban a ser propietarios de las casas". Las viviendas estaban todas vendidas y los 2.000 clientes se han convertido en demandantes. Según advirtieron hace un año las organizaciones de consumidores, los que lo van a tener más difícil son los extranjeros, la mayoría de ellos jubilados británicos, que ya dan por perdida esa inversión.
Ángel, otro afectado que prefiere no dar sus apellidos, acusa al Gobierno de Murcia de no hacer nada por ayudarles. "No entiendo cómo vivimos en un país donde por cualquier tontería te meten en la cárcel y estas personas que han robado 60 o 70 millones siguen por la calle tan tranquilas", protesta.
* ELPAIS.com - 4.01.10
Foto: Paco López, en el solar donde debía construirse su casa.- M. GUILLÉN, elpais.com
Los jóvenes gastan el 42% de su sueldo en alquiler
PÚBLICO* : Después de pagar el alquiler, los jóvenes que han decidido emanciparse apenas tienen para cubrir los gastos básicos de alimentación, facturas y transporte. Los españoles de 18 a 30 años se dejan, de media, el 42% de su sueldo en pagar la mensualidad a su casero, según datos del Ministerio de Vivienda y a los que ha tenido acceso Público.
El Ministerio de Vivienda pretende que los jóvenes no dediquen más de un tercio de sus ingresos a pagar su casa. Su apuesta para lograrlo es la Renta Básica de Emancipación (RBE), que ya reciben unos 170.000 jóvenes. "Los jóvenes son un colectivo especialmente protegido con esta ayuda, ya que reduce el esfuerzo económico que realizan casi a la mitad, del 42% al 24%", aseguran fuentesdel Ministerio.
Vivir de alquiler en las autonomías insulares merma los ingresos de los jóvenes más que en la Península. El esfuerzo que realizan para salir de casa de sus padres y alquilar una vivienda en Baleares asciende al 47,98% de su sueldo y al 47,89% en Canarias. En el ranking estatal, Cantabria se sitúa por detrás, con un 45,79% de los ingresos mensuales destinados al alquiler de la vivienda, seguida de Catalunya, con un 44,97%, y de Madrid, con un 43,79%.
El 70% del sueldo, para el piso
Alberto Díaz Roncero, profesor de 27 años, supera con creces la media. Cobra 700 euros por un trabajo de media jornada, que compagina con el estudio de una especialidad en Zaragoza. Cada mes paga por el alquiler de su piso, de 45 metros cuadrados, 470 euros, casi el 70% de sus ingresos. "Me llega justo para vivir, por ello me veo obligado a gastar parte de mis ahorros", explica Alberto, que está buscando un trabajo mejor remunerado.
El Consejo de la Juventud concluyó en un informe reciente que el esfuerzo económico crece cuando los jóvenes deciden comprar y se hipotecan. En ese caso, destinan hasta el 62,4% de su sueldo.
Su presidente, Daniel Lostao, afirma en este sentido que es necesario "crear un parque público de viviendas en alquiler que cumpla una verdadera función social".
Mayor esfuerzo en mujeres
El sacrificio económico de las mujeres para alquilar una vivienda es mayor que el de los hombres. La distancia más significativa se produce en Cantabria, donde la diferencia entre lo que pagan ellas y ellos es de casi 10 puntos porcentuales. Otro caso llamativo es Canarias, donde las mujeres se dejan 6,45 puntos porcentuales más que los hombres en el alquiler de su casa.
Una de las principales causas de esta diferencia es que las mujeres tienen, de media, los sueldos más bajos. Mientras los hombres cobran un sueldo medio de 22.780 euros, las mujeres se quedan en 16.943 euros, según la última encuesta de distribución salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El precio del alquiler es otro de los condicionantes del esfuerzo que realizan los jóvenes al independizarse.
Según los cálculos de la Sociedad Pública de Alquiler, arrendar un piso cuesta, de media en España, 658 euros al mes. No obstante, el precio varia mucho de unas autonomías a otras. Madrid es la comunidad con la vivienda en alquiler más cara, con una media de 784 euros mensuales. Le siguen Catalunya (783 euros), Navarra (762 euros) y Euskadi (747 euros).
Beneficiarios de la RBE
En las islas, donde el esfuerzo de emancipación es mayor, el coste del alquiler está dentro de la media: en Baleares cuesta 660 euros y en Canarias, 543 euros. Los sueldos, no obstante, son significativamente más bajos que en el resto de España, ya que oscilan entre 18.886,80 euros anuales y 17.189,07, respectivamente, según los datos del INE.
Prueba de la escasa capacidad de los jóvenes para afrontar el alquiler de una vivienda es que la mayoría de los beneficiarios de la RBE no puede destinar a ello más de 600 euros al mes. Un 42,8%, paga entre 400 y 600 euros, mientras que sólo el 7,4% se decanta por un piso de más de 800 euros. La mayoría son mileuristas: el 38,1% de quienes recibe ayudas cobra entre 10.000 y 15.000 euros anuales y el 36,5 %, entre 15.000 y 22.000 euros.
Los bajos ingresos, la alta tasa de paro y una política de fomento del alquiler que aún arranca llevan a los jóvenes a quedarse en casa de sus padres hasta los 29 años de media. Esto sitúa a España en el decimoséptimo puesto de la Unión Europea por la edad de emancipación de sus jóvenes.
* Público - 4.01.10
Foto: Esfuerzo de emancipación - publico.es
Los alcaldes de La Axarquía desoyen a la Junta para elaborar los PGOU
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ELPAÍS/Málaga* : En la comarca malagueña hay 10.000 viviendas en suelo rústico no urbanizable. Ninguno de los 16 municipios de la comarca malagueña de La Axarquía a los que la Junta ofreció en noviembre realizarles el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y dotarlos así de un instrumento para abordar la solución a las miles de viviendas alzadas en suelo no urbanizable, ha dado aún respuesta alguna.
Pese a que el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se comprometió el 27 de noviembre con estos municipios a iniciar los trámites oportunos para la contratación de los equipos redactores antes de que finalizara 2009 y de que éste les dejara bien claro que no hay otra salida al caos urbanístico de la comarca que no pase porque los municipios se doten de un instrumento de planeamiento, los ayuntamientos mantienen aún sigilo y estudian la oferta de la Administración.
La Junta ha encomendado al presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, que haga de mediador ante los alcaldes y les convenza de la necesidad de elaborar sus planes municipales. Pendón, que es también secretario de política de ordenación del territorio en la ejecutiva regional del PSOE, ha abanderado hasta ahora las reclamaciones de los alcaldes de La Axarquía que reclaman cambios en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la elaboración de un reglamento específico sobre el suelo no urbanizable que detalle los usos posibles, y que no se aplique el derecho penal a los alcaldes que han dado licencia para construir viviendas diseminadas en el suelo rústico.
Espadas trasladó el 27 de noviembre a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía que abordar el problema del urbanismo en La Axarquía sólo desde esta reivindicación era "desenfocar el debate" y que era preciso un giro y que los municipios entiendan que deben dotarse de un planeamiento, como obliga la ley, y que defina un modelo de desarrollo al partir del cual se podrán abordar las soluciones concretas a las viviendas irregulares y definir aquellas que son compatibles y las que no, de forma similar a como ha ocurrido en Marbella o en Chiclana. Sólo los planes darán seguridad jurídica para el futuro, insistió Espadas.
Pendón parece haber aceptado la conveniencia de apartar de la primera línea del debate público el problema de los procesos judiciales abiertos a los alcaldes y la reivindicación de cambios en la legislación autonómica, y pese a que sólo cuatro días después de aquella reunión votó en el pleno de la Diputación una propuesta del PP en la que se cuestionaba la gestión urbanística de la Junta en La Axarquía, en sus últimas manifestaciones públicas ha recalcado la necesidad de dotarse cuanto antes de planeamiento. El pasado martes, Pendón dijo que desde los planes generales se podrá afrontar la normalización de la situación en La Axarquía, donde se estima que hay construidas más de 10.000 casas en suelo rústico no urbanizable.
Pasadas las fiestas, el consejero tiene intención de reunirse por separado con los alcaldes de los 16 municipios que permanecen sin planeamiento -11 de ellos sólo disponen de una delimitación de suelo urbano y los otros cinco tienen adoptadas las normas subsidiarias provinciales- para saber de primera mano cuáles son sus intenciones. Espadas ya advirtió en la reunión del 27 de noviembre que si los municipios finalmente no se dotan de un PGOU, la Junta podría retirarles las competencias urbanísticas y redactar los planes.
De entrada, la propuesta de la Junta es financiar y elaborar los planes mediante acuerdo con los consistorios. Para ello exige que los plenos municipales adopten un acuerdo al respecto y la firma de convenios de colaboración.
Los municipios no parecen tener una postura común. Hay algunos que prefieren seguir con la tramitación de los planes que ya habían iniciado. Aunque en estos 16 casos no se ha llegado a producir aún ni una aprobación inicial de un PGOU, sí hay algunos que disponen de un documento de avance y que lo tienen en fase de redacción. La oferta de la Junta, que se compromete a que los planes estén en un año, es sólo de un documento de mínimos que ordenaría el suelo urbano consolidado y que no contemplaría nuevos crecimientos.
La oferta de la Junta iba a ser tratada por la mesa por el urbanismo de La Axarquía el pasado día 17, pero fue aplazada por las tensiones y el ambiente de crispación de los munícipes.
La Junta ha insistido a los alcaldes que la LOUA es suficientemente clara sobre los usos permitidos y no en suelo no urbanizable, y aunque ha accedido a que el reglamento en elaboración recoja las precisiones que se consideren necesarias, "lo que no va a cambiar en ningún caso es lo que la ley no permite".
* ELPAIS.com - 4.01.10
Foto: Axarquía (Málaga) - infoaxarquia.es
Aguirre tiene sin justificar 100 millones de € transferidos por el Estado para políticas de Vivienda
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BOTTUP/Madrid* : El Ministerio de Vivienda afirma que la Comunidad de Madrid "tiene pendiente de justificar más de 100 millones de euros" que el Gobierno central le ha transferido. "Ninguna otra comunidad autónoma alcanza una cifra similar", denuncia la directora general de Arquitectura y Política de Vivienda, Anunciación Romero, a través de un comunicado.
Romero apunta que "lo que más nos preocupa en el ministerio es que esos 100 millones no han llegado a su destino final: la financiación de políticas activas en materia de vivienda". También alerta de que "a esto se suma que la Comunidad de Madrid está obstaculizando la puesta en marcha de diferentes Áreas de Rehabilitación en la capital y en la región".
Retrasos que no cesan en la Renta Básica de Emancipación
Por otra parte, desde Vivienda aseguran que abonan la Renta Básica de Emancipación, la ayuda de 210 euros al alquiler, al 81% de los jóvenes (26.000) que tienen la ayuda aprobada.
La directora general explicó que de los 38.000 expedientes aprobados que el Ejecutivo autonómico ha enviado al ministerio, hay 6.000 que están paralizados porque sus solicitantes incurren en alguna situación que impide legalmente el pago de la ayuda.
Romero señaló también que "mientras el ministerio tarda en gestionar el pago de las ayudas una media de 39 días una vez que la Comunidad Autónoma reconoce el derecho al joven, el Gobierno madrileño emplea 171 días para resolver las solicitudes".
* Bottup - 31.12.09
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
