IDEAL/Granada* : La red de fiscales medioambientales -los que llevan los asuntos urbanísticos- y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz han celebrado en Granada sus quintas jornadas de trabajo. Con respecto a las cuatro anteriores reconocen que se han producido avances, aunque todavía hay muchas cosas que ajustar. Por ejemplo, que cometer un delito y hacer frente a una sanción penal salga algunas veces más rentable -económicamente hablando- que una multa en un procedimiento administrativo. O que ante los casos de expolios arqueológicos los juristas tengan que camuflarlo como robo o hurto porque no estén tipificados como delito.
El Defensor del Pueblo y la red de fiscales han elaborado un documento con 14 conclusiones donde piden corresponsabilidad en la lucha contra los delitos urbanísticos a políticos, empresarios y también a notarios y registradores. Quizás aquí esté una de las mayores novedades. A ellos les solicitan José Chamizo y los fiscales que «extremen el rigor» para impedir que se extiendan las parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable. Especialmente si hay datos «reveladores» de que se está cometiendo una ilegalidad. «Su colaboración resulta imprescindible para la eficacia de la legalidad urbanística», subraya el documento de las jornadas.
Responsables
El otro toque de atención es para los responsables municipales. En las conclusiones alertan de que todavía existe «cierta sensación de impunidad» ante los delitos urbanísticos y recuerdan a los alcaldes que su «deber» es denunciar cuando aprecien indicios delictivos.
«Llama la atención que algunas de las agresiones realizadas y que han motivado la intervención del Ministerio Fiscal y de los jueces, pese a su entidad, no habían sido denunciadas ni por los responsables municipales ni por las autoridades autonómicas», censuran los fiscales medioambientales que algunos de los casos más flagrantes que están en los juzgados hayan tenido que llegar por denuncias de los Cuerpos de Seguridad del Estado y, otras veces, a través de particulares o asociaciones ecologistas.
Además advierten a los gobiernos autonómicos -como la Junta- que son ellos quienes tienen la «obligación» de acudir a los tribunales cuando los alcaldes se desentiendan.
En el documento de conclusiones de las quintas jornadas también se insiste en la necesidad de que las empresas de suministros no contraten ningún servicio hasta que las construcciones no cuenten con todos los permisos necesarios.
Patrimonio histórico
El coordinador de fiscales de Medio Ambiente, Ángel Núñez, solicitó ayer una reforma «urgente» de la normativa penal en materia de patrimonio histórico.
Un nuevo sistema -precisa el documento de las conclusiones- que incluya un «aumento considerable del importe de las multas previstas y la regulación penal de figuras como la excavación ilegal y la receptación de obras de arte».
Fuera del ladrillo, Chamizo reclamó una regulación que ponga «coto» a la proliferación de pozos ilegales, que están poniendo en riesgo la «pervivencia» de los acuíferos. El documento de las quintas jornadas pide que se pongan sanciones y se tiren o sellen las extracciones ilegales que existan. Unas multas que tienen que ser extensivas -defienden- a las empresas que realizan los sondeos.
Chamizo mostró también su preocupación por que se «relajen» los permisos por «mor de la crisis» y se autoricen fábricas e industrias que puedan ser contaminantes.
La última recomendación de la Oficina del Defensor del Pueblo y la red de fiscales es que se ponga freno a la contaminación acústica. «No se acaba de avanzar, hay que tipificar mejor las sanciones porque hay gente que vive en desesperación por los problemas de ruido», concluyó Chamizo.
* Ideal - 23.04.09 - CH.| GRANADA
La Fiscalía pide a notarios y registradores más «rigor» con las parcelas ilegales
El Parlamento canario cambia la ley para evitar derribos en núcleos costeros
CANARIAS7* : El pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy una modificación legal que persigue evitar el derribo de viviendas en núcleos costeros tradicionales que podrían verse afectados por la Ley de Costas, de manera que, clasificados como suelo rural, pasen a suelo urbano.
Esta proposición de ley fue promovida por los grupos de CC y PP, mientras que el PSOE, que votó en contra al considerar que vulnera la Constitución, defendió que en casos de conflicto por la aplicación de la Ley de Costas debe estudiarse caso por caso para no perjudicar el interés general en el uso del espacio público.
El diputado socialista Manuel Fajardo vaticinó que esta nueva ley canaria quedará paralizada en cuanto el Gobierno central presente el correspondiente recurso de inconstitucionalidad, al igual que ha ocurrido con una norma similar aprobada en Galicia.
La ley aprobada, que supone una modificación de las leyes canarias de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos, establece como áreas urbanas todas las que tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
También se establecen como urbanas las áreas que comprendan terrenos consolidados por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie si el planeamiento municipal estuviera en vigor, o la mitad de su superficie si no fuera así.
Se determina que "la administración urbanística" fijará el límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y establecerá la ordenación de los terrenos.
Además, el Gobierno de Canarias realizará un censo de edificaciones ubicadas en el dominio marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y de protección que tengan "valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco" para que puedan ser consideradas en concesiones y autorizaciones.
La diputada del PP Cristina Tavío dijo que esta modificación legal supone "una defensa de los intereses del pueblo canario", ya que muchas familias "no pueden dormir" desde que hace cinco años el Gobierno central empezó a aplicar de forma "tortuosa, arbitraria y sectaria" la Ley de Costas.
Antes de la llegada del PSOE al Gobierno de la nación se reconocían los núcleos urbanos consolidados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, dijo, pero después los socialistas decidieron demoler esas viviendas.
También acusó al PSOE de aplicar distintas varas de medir en la aplicación de la Ley de Costas según si la propiedad de las edificaciones afectadas es de personas con el carné del partido o no.
José Miguel González, de Coalición Canaria, también denunció el "trato injusto" de la Dirección General de Costas "a una serie de localidades y construcciones históricas".
Aseguró que esta nueva normativa es constitucional y "defiende los intereses de los canarios" frente a la inflexibilidad de la Dirección General de Costas, "excepto cuando afecta a personas vinculadas al PSOE".
Manuel Fajardo, del grupo Socialista, dijo que no se puede hacer una ley que trata por igual todos los casos, porque hay edificaciones que tienen cincuenta años y otras muy recientes.
Por eso es preciso "hacer un mapa" para conocer "los puntos conflictivos" y tratar caso por caso.
* Canarias 7 - EFE - 23.04.09
Foto: Canarias, crecimiento urbanístico (Archivo)- Javier Melián, Acfi Press
El ex interventor de Castro Urdiales pide que se disuelva el consistorio
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ELPAÍS/Cantabria* : La corrupción está devorando Castro Urdiales (Cantabria) con la misma voracidad con la que casi engulló Marbella, por lo que es necesario actuar del mismo modo y disolver el ayuntamiento. Es el análisis y el ruego que hizo ayer el interventor del municipio entre 2001 y 2006, Fernando Urruticoechea, apoyándose en un demodelor informe del Tribunal de Cuentas que recoge las múltiples irregularidades cometidas por la corporación y en el decreto de abril de 2006 por el que se disolvió el ayuntamiento marbellí.
El decreto justificaba la medida, entre otras, en la "contravención sistemática de la legalidad" en la concesión de licencias urbanísticas, o en la imputación de "cargos municipales", premisas que, según denunció Urruticoechea, se repiten en Castro Urdiales, donde están imputados por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos, entre otros, el alcalde tránsfuga Fernando Muguruza (PRC), el actual concejal de Obras, Rufino Díaz Helguera (expulsado del PSOE), cuatro ediles de la corporación actual y seis de la anterior (PP e IU) y varios funcionarios. Muguruza declaró que no le "extrañaría" que se disolviera el ayuntamiento ante la "inexistencia de democracia", informa Efe.
El Tribunal de Cuentas enviará su informe al Congreso y el ex interventor confía en que también al fiscal general del Estado. El tribunal se queja del descontrol que le ha hecho imposible averiguar las licencias concedidas, detecta facturas sin contabilizar y constata el "perjuicio económico" causado por la corporación al municipio al no requerir a los promotores compensaciones establecidas por ley.
* ELPAIS.com - NATALIA JUNQUERA - Madrid - 23/04/2009
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), masificación - S.Cirilo, elpais.com
La fiscalía estudia si la ´desidia política´ en el Carmen es delito
LEVANTE/Valencia* : La investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat por la degradación del barrio del Carmen y el presunto desvío de fondos para la rehabilitación puede atascarse en la ausencia de una figura delictiva que sancione la "desidia política". La denuncia contra la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia interpuesta por la Asociación del Vecinos del Carmen ante la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo se acoge al impacto ambiental que generan cientos de solares sucios y abandonados y decenas de edificios en ruinas.
La fiscalía, tal como adelantó este diario, ha admitido a trámite la denuncia y abierto diligencias de investigación penal, sin embargo fuentes del ministerio público aclararon que lo que investiga el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo son delitos relacionados con suelos urbanizables no urbanos como sería el caso del Carmen.
En cuanto al posible desvío de fondos para la rehabilitación de viviendas en Ciutat Vella que aducen los vecinos, las fuentes de la Fiscalía apuntaron que en la documentación aportada por los vecinos no hay nada concretado. En caso de que el fiscal instructor -José Vicente Miralles- determine que la demanda tiene base para seguir adelante se requerirá documentación en este sentido a los vecinos.
El presidente de la Asociación de Vecinos del Carmen, Miguel Wiergo, volvió a reclamar ayer a la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia que aclaren el destino de los 180 millones de euros que se presupuestaron con carácter finalista para la rehabilitación de Ciutat Vella a través del plan RIVA. El primer convenio entre las administraciones para la puesta en marcha de este plan data de 1992.
La asociación de vecinos sopesa ahora si, en caso de que la demanda prospere, se personarán en el juicio. Miguel Wiergo comentó que la entidad no está en condiciones de hacer frente al coste económico, en abogados, procuradores y eventuales costas procesales, que puede acarrear una demanda por vía penal. "Nosotros ya hemos denunciado ante el fiscal la situación. Ahora todo está en sus manos", apuntó Wiergo. Los vecinos señalan casos concretos de posibles actuaciones especulativas por parte de empresas de la Administración. Apuntan a un solar expropiado en la calle Corona que en los últimos años ha sido vendido y revendido hasta en tres ocasiones.
* Levante-EMV - H. G., Valencia - 22.04.09
Foto: calle venerables. Edificios con lonas por desprendimientos en el Carmen. josé aleixandre, levante-emv.com
