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LAOPINIÓN/Málaga* : Juristas opinan que el supuesto impuesto voluntario para legalizar viviendas de La Viñuela carece de resorte legal, por lo que no tiene validez jurídica, y recuerdan que las compensaciones para normalizar inmuebles se marcan en los planes urbanísticos, que son aprobados definitivamente por la Administración andaluza.
Diego Martín Reyes, comisionado de la Costa del Sol y abogado, explica que "es la primera vez que se conoce un caso así", pero en todo caso los presuntos pagos no tienen efectos legales. "El sistema de compensación debe marcarse en el planeamiento urbanístico y no de forma arbitraria. De ningún modo puede ser así", manifiesta el letrado y ex presidente de la gestora de Marbella, que recibió con "extrañeza" la noticia sobre este caso.
Otras fuentes judiciales consultadas por este periódico aseguran que el procedimiento de las cartas "se sale de la normalidad", ya que lo habitual es solicitar pagos obligados por la ley, compensaciones reguladas, pero en modo alguno voluntarias.
No obstante, el letrado Ernesto Osuna precisa que "el aprovechamiento urbanístico es un bien público, por lo que puede ser objeto de comercialización por parte del Ayuntamiento, siempre en beneficio del interés general". Así, manifiesta que la administración podría solicitar una compensación por un determinado aprovechamiento urbanístico, siempre que haya un expediente administrativo. "La cuantía se calcula en función del precio del mercado y si no se abona, se abre el expediente sancionador", concreta el abogado.
Por su parte, el letrado y experto en Urbanismo José Carlos Aguilera opina que "en absoluto hay validez jurídica" en las cartas de pago, ya que la regularización de los diseminados se marca en los planes generales y el planeamiento territorial, el POT de la Axarquía. "Los procedimientos para regularizar las viviendas se encuentran perfectamente marcados en la normativa urbanística", insiste.
Para Aguilera, la exigencia de estos pagos voluntarios podría tener consecuencias legales, al ser un procedimiento "absolutamente arbitrario", por lo que cabría investigar si pudiera tratarse de un presunto delito de exacción ilegal -autoridad o funcionario público que exige directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no son debidas-.
"Si una administración no tiene liquidación tributaria que justifique esas tasas, puede haber exacción ilegal", asegura el abogado, quien recuerda que el objeto tributario tiene que estar regulado en una ordenanza.
* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 15 de febrero de 2008
Foto: Diseminados. En la comarca de la Axarquía hay centenares de viviendas irregulares, porque se edificaron con licencias de apero /laopiniondemalaga.es
NOTICIA RELACIONADA: El alcalde culpa a terceros del impuesto para legalizar casas - La Opinión de Málaga - 15 de febrero de 2008
La Viñuela: Pagos libres y voluntarios sin base jurídica que los sustenten
La Guardia Civil investiga en Firgas delitos urbanísticos
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CANARIAS7* : Tres agentes de la Guarda Civil estuvieron ayer, por segundo día consecutivo, haciendo un registro en las dependencias del Ayuntamiento de Firgas durante aproximadamente una hora y media. Según informan, esta investigación se ha acelerado por la moción de censura presentada este martes.
Silencio absoluto es la única respuesta que se ofrece sobre lo que está investigando el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil en las Casas Consistoriales.
Según fuentes municipales, los agentes se limitaron durante el mediodía de ayer a fotografiar documentos y expedientes en distintas concejalías. Fotografías que se suman a las realizadas en la mañana del miércoles y a varios expedientes que fotocopiaron y se llevaron para seguir recopilando información relacionada, al parecer, con «supuestos delitos urbanísticos cometidos por la Corporación anterior», indicaron.
Los guardias, vestidos de paisano, están investigando lo que en su día ya denunció el todavía grupo de gobierno y otros delitos «muy graves» relacionados con falsedad documental, malversación de caudales públicos y prevaricación, que se sumarán a los que denunciarán en la Fiscalía, probablemente hoy, los representantes de Comfir y PSOE.
Estos registros comenzaron tan sólo 24 horas después de que los ediles de la oposición y el de Deportes presentaran en el Ayuntamiento sus rúbricas secundando una moción de censura a Hernández. Según ha podido saber CANARIAS7, se ha decidido «dar un empujón» a las investigaciones, antes de que tome posesión la nueva mayoría de gobierno, para «evitar que desaparezcan pruebas significativas y se vuelvan a encubrir irregularidades cometidas por antiguos miembros de la Corporación». Nuevamente saltan a la palestra los nombres del ex regidor, José Henríquez, y el antiguo edil de Urbanismo, Luis Angulo, a los que se sumarían «otros concejales y antiguos alcaldes», confirmaron fuentes municipales.
Desaprobación.
No sólo el presidente de NC, Román Rodríguez, ha reprobado la decisión de Manuel Báez expulsándolo del partido. También el presidente insular de CCN, Juan Martel, se suma a la desaprobación y ha expresado que Henríquez y Angulo «firmaron esa moción sin consensuar con el partido», asegurando que este hecho «no influirá en el pacto para las elecciones generales». El CCN se reunirá hoy para decidir si expulsan o no a los censurantes.
Pintadas y apoyo.
La villa de Firgas se despertaba ayer con diversas pintadas en muros y carreteras en contra de la moción de censura y de los concejales que la firmaron. Expresiones como «Papayo+mierdilla=corrupción», «Firgas despierta, ¿quién paga?», «Firgas corrupta, Fiscalía ya», decoraban varios muros de la villa por la zona del cementerio y la entrada al casco. Otra de las pintadas señalaba en el asfalto, con un flecha, la casa de uno de los censurantes, rezando: «¿quién paga?, corrupto». Asimismo, los gestos de apoyo en la calle a Hernández se reiteran constantemente. A la salida de su casa, ayer, varios vecinos, conductores y viandantes, lo paraban para darle apoyo y ánimo.
NC pide disculpas a los firguenses.
El presidente de NC, Román Rodríguez, pidió ayer «disculpas a los ciudadanos de Firgas» porque «ha sido uno de los nuestros», Manuel Báez, el concejal que, «actuando por intereses personales» ,se ha unido a la oposición (PP, CCN e ID) para presentar una moción de censura al alcalde, Jaime Hernández, al que ayer recibió en calidad de presidente de la Mancomunidad del Norte y ejerciendo como vicepresidente del Cabildo.
En alusión al candidato a primer edil que proponen los censurantes, el único concejal de NC en Firgas, el líder de esta fuerza política afirmó que «no nos interesa tener alcaldes de esta manera», reiteró que Báez será expulsado del partido e insistió en que el actual alcalde «tiene el apoyo claro y total de NC».
Por su parte, Jaime Hernández (Comfir) cree que «todavía cabe la posibilidad» de que la censura que se votará el 23 de febrero no prospere. Aseguró que «no me esperaba esta traición», aunque desde julio oye rumores, porque Manuel Báez firmó a finales de 2007 la querella puesta por el grupo de gobierno (Comfir-PSOE-NC) ante la Fiscalía Anticorrupción por presunta falsedad documental y prevaricación en la gestión del alcalde y del concejal de Urbanismo durante la última parte del anterior mandato, José Henríquez y Luis Angulo, ahora ediles por el CCN. Además, horas antes de que se registrara la moción que le propone como alcalde, Báez votó a favor de poner en conocimiento de esa fiscalía otras posibles irregularidades de ambos concejales.
* Canarias 7 - Carolina Pérez/ Jesús Quesada - Las Palmas de Gran Canaria - 15 febrero 2008
Foto: Firgas (Gran Canaria) - infoNorte
El fiscal investiga irregularidades en los planes de dos campos de golf alaveses
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ELPAÍS* : Los proyectos de levantar sendos campos de golf, con su correspondiente urbanización, en Laguardia y Labastida se hallan bajo el punto de mira de la justicia. El intento de sobormo a un concejal de EA en Laguardia para que apoyase la ampliación del número de viviendas previstas en torno a la instalación deportiva ha destapado una serie de posibles irregularidades en los planes de los dos campos de la Rioja Alavesa.
La Fiscalía provincial ha abierto una investigación para determinar el alcance de esas irregularidades. Por ahora no hay ningún imputado.
Entre otros posibles delitos, el fiscal indaga si hubo acceso a información privilegiada para la compraventa de los terrenos en que están proyectados los campos. La investigación se ha puesto en marcha tras el intento de soborno al concejal de EA de Laguardia, Gregorio López, el pasado diciembre. El empresario de Logroño Gregorio Ochoa llegó a ofrecerle 90.000 euros si cambiaba su voto, decisivo, y apoyaba la propuesta del PP de construir alrededor del campo 320 viviendas en lugar de las 120 que permite el Gobierno.
El PP tiene cuatro concejales, igual que el PNV, que gobierna la localidad, de apenas 1.500 vecinos. En estas circunstancias, el voto del edil de EA, quien forma parte del equipo de gobierno, resulta decisivo. Hasta las pasadas municipales el PP había gobernado con comodidad. El entonces alcalde, el popular Javier San Pedro, puso en marcha el controvertido proyecto.
Tras la denuncia del intento de soborno, el juez ordenó el ingresó en prisión de Ochoa. A medida que avanzó en su investigación, el juez imputó a otras dos personas por ese mismo delito: un empresario relacionado con el negocio del vino que vive en la misma Laguardia, y otro empresario dedicado a la compraventa de terrenos y residente en Logroño. Según las diligencias previas instruidas por el juez, ambos encargaron a Ochoa que sobornase al concejal de EA.
Durante las pesquisas, se fueron apreciando indicios de otros delitos, relacionados tanto con el campos de golf de Laguardia y como con el de Labastida, cercana población de 1.500 habitantes apenas también.
Ambos llevan camino de quedarse sólo en proyectos. En el caso de Laguardia, el proyecto comenzó a gestarse hace tres años, cuando gobernaba el PP con mayoría. Cuando accedió al cargo, la actual alcaldesa, la peneuvista María Jesús Amelibia, ya avanzó su voluntad de limitar a 120 el número de viviendas previstas junto al campo. La cifra representa la tercera parte de las aprobadas por la anterior corporación y se ajusta a los planteamientos urbanísticos para la zona del Gobierno, que es quien tiene la última palabra. El Plan Territorial de la Rioja Alavesa prevé un campo de golf con una superficie de 1,1 millones de metros cuadrados y 120 viviendas en torno al terreno. Según los populares, con ese número de casas la construcción resulta inviable, ya que ningún promotor lo considera rentable.
El intento de soborno ha acelerado algunas cosas y, sobre todo, la voluntad del actual Ayuntamiento de dar carpetazo al proyecto. La intención de la alcaldesa es retirarlo si los casi 60 propietarios de los terrenos donde se quiere levantar el campo acceden a que se les vuelvan a recalificar, pasando de urbanos a rústicos. Incluso el PP ha tenido que recular a la vista de los acontecimientos y sumarse al sentir general de la corporación de que lo mejor es dejarlo.
Los propietarios de los 1,1 millones de metros donde está proyectado el campo llevan dos años pagando la contribución de sus terrenos como urbanos tras su recalificación. La diferencia está en pagar unos 30 euros por hectárea si es rústica, que se elevan hasta los 130 euros si es urbana.
Dos proyectos controvertidos
- Laguardia: El proyecto, paralizado por falta de apoyo político, pretende abrir un campo de golf en la falda de la sierra de Cantabria, en un terreno de un millón de metros cuadrados.
El campo, de 18 hoyos, se incluye en un plan urbanístico para levantar 100 viviendas unifamiliares y un hotel de 150 plazas, bastante menos de lo que deseaba el Ayuntamiento anterior, presidido por el popular Javier San Pedro.
El proyecto original quería hacer dos campos de 18 hoyos, 500 viviendas y el hotel. Los estudios de impacto medioambiental lo rechazaron de plano.
- Labastida: Los promotores quieren construir un campo de 18 hoyos y una urbanización de 750 viviendas de lujo.
La Comisión de Ordenación y Planeamiento Urbanístico (COPU), en la que participan el Gobierno, la Diputación de Álava, Eudel y el propio municipio (con voz, pero sin voto), ha rechazado el proyecto en esos términos.
* Con información de Eduardo Azumendi, Txema G. Crespo e Isabel C. Martínez.
* ELPAIS.com - Vitoria - 15/02/2008
Foto: Laguardia (Álava) - elciego.es
El Supremo anula un PAI en Borrull por ser ´arbitrario´ y beneficiar a una constructora
LEVANTE/Castelló* : Ratifica tras 11 años que el ayuntamiento favoreció un interés "puramente privado" en perjuicio de tres propietarios. El alcalde les obligó a pagar al urbanizador, sufrir demolición y desalojo en suelo urbano.
El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) que obliga al Ayuntamiento de Castelló a anular el Programa de Actuación Urbanística (PAI) que el PP impuso en la calle Guitarrista Tárrega -aprobado en 1997, 1998 y 1999- por beneficiar de forma "arbitraria" a la empresa Construcciones Lidón en perjuicio de 3 propietarios que fueron obligados a pagar al urbanizador, sufrir la demolición de su vivienda e, incluso, sometidos a una orden de desalojo.
La sentencia del TSJ expone que la decisión del ayuntamiento -ratificada en 1999 por la concejalía de Urbanismo bajo las órdenes del actual alcalde, Alberto Fabra- promovió "un interés puramente privado" al convertir en PAI una zona de edificios en suelo urbano consolidado donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no prevía ninguna urbanización integrada.
Los argumentos jurídicos del fallo consideran "probado" que la empresa en cuestión "inició un proceso de adquisición de las parcelas afectadas" (9 de 12), salvo las tres de los actores, después de que en 1995 el ayuntamiento iniciara un proceso de expropiación para reubicación de alumbrado y pavimentación de acera.
Según la sentencia, posteriormente, el ayuntamiento decidió paralizar el proceso de expropiaciones y aprobar un PAI ejecutado por una constructora bajo la excusa de llevar a cabo una obra "mínima y de escasa envergadura" consistente en acometer en parcelas urbanas y con todos los servicios obras de retranqueo de fachadas, ampliación y pavimentación de la acera y alumbrado público. En la sentencia, los magistrados también recogen que, según los demandantes, la constructora "llegó a ejercer presiones en el proceso de adquisición".
El tribunal advierte que la delimitación impuesta por el gobierno del ayuntamiento (PP) "ha sobrepasado los límites racionales de la potestad de planeamiento y devenido arbitraria".
A este respecto, los magistrados concluyen que la actuación es contraria a la legislación estatal y el derecho a la propiedad, dado que en suelo urbano consolidado no pueden desarrollarse actuaciones integradas, además de señalar que el ayuntamiento "ha optado por una solución que, si bien beneficia al propietario mayoritario, perjudica a los restantes".
La aprobación del PAI y la reparcelación afectó a los propietarios del número 10 de Guitarrista Tárrega y los números 20 y 23 de Juez Borrull. En este último caso, el edificio cumplía las alineaciones y ni siquiera estaba afectado por el proceso de expropiación, del cual desistió el ayuntamiento en noviembre de 1997, dos meses después de que Construcciones Lidón propusiera un PAI.
El ayuntamiento obvió la reclamación en la que los propietarios advertían de la presunta ilegalidad de la operación urbanística y, en noviembre de 1999, el alcalde no dudó en ordenar el desalojo de la vivienda de una de las propietarias, Amparo Arrufat, quien falleció antes de conocer la resolución del alto tribunal ahora le da la razón.
* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 15 de febrero de 2008
Foto: La actuación anulada se sitúa en la calle Guitarrista Tárrega y en plaza Borrull / carlos pascua, levante-emv.com
Nuevos encontronazos en la vieja Numancia
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PÚBLICO/Soria* : Esas ruinas saben buena parte de lo que aún se puede contar sobre los celtíberos y los romanos. A su alrededor, la eternidad que regala el paisaje. Y también una ciudad, Soria, que necesita suelo industrial. El Ayuntamiento soriano decidió que el nuevo parque industrial público de la ciudad, que sería promovido por la Junta de Castilla y León, iba a estar en esos terrenos.
"Hay un impacto visual, lógicamente va a haberlo", se lamenta el profesor de la Universidad Complutense y director del yacimiento arqueológico de Numancia Alfredo Jimeno. La polémica está montada. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la asociación de defensa del patrimonio Hispania Nostra han puesto el grito en el cielo. Numancia vuelve a ser objeto de disputa, tantos años después.
Claro que estas son otras batallas. Las de hace tantos siglos, aquellas que se libraron durante 20 años, entre el 153 y 133 antes de Cristo, esas sí que fueron violentas. Se llevaron por delante el prestigio militar de unos cuantos romanos. Los numantinos eran menos y tenían menos medios.
Pero los romanos se entregaron al vicio de fracasar. Hasta que Escipión se puso al frente de las tropas y pudo cantar victoria. Fueron los propios cronistas romanos, impresionados por la bravura de aquel pueblo, los que acuñaron la expresión "resistencia numantina".
Fíjate que la expresión resistencia numantina se utiliza hoy en todas partes", comenta Alfredo Jimeno. Conciliador, tranquilo, Jimeno reconoce que lo que aquí está hoy en juego es el modelo de desarrollo de Soria.
Entiende que hace falta un desarrollo industrial. Pero explica, una y otra vez, que el trabajo que el equipo que él dirige en Numancia desde hace más de 10 años está recuperando el yacimiento y tiene muy en mente "ponerlo en valor" para la ciudad. Y se abona a los datos: antes de que comenzasen sus investigaciones, el complejo numantino recibía unos 30.000 visitantes al año. En 2007 fueron cerca de 70.000 personas las que se pasaron por allí.
Explica Jimeno que se trata de unos restos únicos, que se trata de dos ciudades superpuestas, una celtíbera y otra "de la época romana". Y más: "Ya hemos reconstruido una casa de cada época". Las piedras de Numancia cuentan infinidad de cosas de aquel tiempo que ya sólo ellas pueden contar.
Fuentes de la Junta de Castilla y León aseguran que la construcción del polígono industrial responde a un plan de construcción de infraestructuras para toda la Región. Y que fue la anterior corporación municipal de Soria -entonces mandaba el PP en la ciudad- quien eligió el emplazamiento. En el actual consistorio soriano, controlado por el PSOE, defienden el proyecto que heredaron. Dicen que Soria necesita suelo industrial.
Minimizan el impacto visual. Y cuando se les recuerda el argumento de que hay planes para construir otros dos polígonos industriales, tiran de los datos: uno de esos proyectos no está en el municipio de Soria y el otro es de carácter privado. "El Ayuntamiento debe de generar suelo industrial en el municipio", insisten.
El arqueólogo Alfredo Jimeno llama al diálogo, a pensar en el modelo de desarrollo "de toda la provincia de Soria" teniendo en cuenta el aporte del complejo histórico de Numancia. Mientras tanto, hay voces en el ciberespacio que se empeñan en afilar las palabras. Después de que un conocido locutor de radio culpase al actual consistorio soriano del problema, el regidor llegó a recibir correos electrónicos en los que se le instaba a irse de España. Es lo que tiene la crispación.
Quizás la visita a las ruinas arqueológicas de Numancia podría comenzar a ser recomendada como tranquilizante por prescripción médica. Donde hubo guerra, hoy sólo hay historia, belleza, e ínfulas de eternidad.
* Público - PANCHO TRISTÁN - 13/02/2008
Foto: Numancia (Soria) - publico.es
'Mobbing', un perverso efecto colateral
ELPAÍS* : Más casos. En más barrios de más ciudades. También en municipios medianos. Y con perfiles de acosados cada vez más variados. El mobbing o asedio inmobiliario se extiende. El acoso a inquilinos por parte de propietarios o administradores para que abandonen sus pisos de renta antigua y sacarles mayor rendimiento se revela como el más perverso de los efectos de las operaciones de rehabilitación urbana en España.
Barrios con parques de vivienda y población envejecidos adquieren de la noche a la mañana -y a menudo gracias a potentes inversiones públicas- unas expectativas de revalorización cuyas víctimas son los vecinos más débiles: los inquilinos. Los expertos reclaman que las administraciones tomen medidas preventivas para que el mobbing no se llegue a producir.
Mientras, el fenómeno se da en las corralas de Madrid; en los barrios antiguos de Barcelona; en palacios y patios de Triana y el casco viejo de Sevilla; en los barrios también históricos de Granada o Cádiz, en El Cabanyal de Valencia, en El Postigo de Oviedo... Lo han documentado en el Observatorio del Mobbing de Barcelona, un grupo de estudio vinculado al Instituto Catalán de Antropología, que considera esta práctica una forma de violencia como el acoso escolar o el laboral. En España quedan 300.000 rentas antiguas, según los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Los inquilinos son el grueso de las víctimas potenciales, pero también comienza a haber dueños que molestan y que están siendo acosados.
"No hay datos oficiales de afectados, porque la mayoría de los casos están ocultos. Los que conocemos son la punta del iceberg", explica Nydia Tremoleda, coordinadora del Observatorio. "Pero el esquema se repite", subraya: "El mobbing está vinculado a operaciones de transformación urbana que conllevan expectativas de mejora y las víctimas son los vecinos que han dado vida a estos barrios". Tras estudiar decenas de casos, Temoleda denuncia que "se ha llegado a una profesionalización del acoso. Los promotores compran edificios donde hay inquilinos o incluso propietarios a sabiendas de que acabarán haciendo mobbing para echarles".
"Primero", enumera, "los dueños aplican mecanismos legales como rescindir los contratos de menos de cinco años; luego intentan echar a los inquilinos con contratos indefinidos con todo tipo de artimañas; llegan a contratar detectives para que controlen si pasan noches fuera, si tienen segundas residencias... auténticas intrusiones en la vida privada". "Y si todo esto no funciona", remacha, "comienzan con los clásicos del mobbing: no cobrar el alquiler, no reparar goteras, dejar que la escalera se caiga a trozos, cortar los suministros, apuntalar, comenzar obras eternas...".
Estudios previos
Los expertos del Observatorio reivindican que "cualquier administración que vaya a intervenir en un tejido urbano incorpore en el proyecto un estudio sobre el impacto que las mejoras tendrán sobre los vecinos, igual que cuando se proyecta una infraestructura se analiza su impacto ambiental". De momento -y exceptuando el convenio piloto entre el Ministerio de Vivienda y 10 ayuntamientos para atender a los afectados- cada ciudad afronta el mobbing por su cuenta. Mientras unos ayuntamientos esquivan el fenómeno, otros ponen en marcha iniciativas bienintencionadas pero cuestionadas por los afectados, y otros han atajado el problema sin oficina antimobbing pero con el papeleo urbanístico como arma.
En Madrid no existe ninguna oficina que atienda a los afectados. Y eso que el20%de las viviendas en alquiler son de renta antigua y susceptibles de sufrir acoso, señalan en el Colegio de Administradores de Fincas. En la Cámara Oficial de Vecinos e Inquilinos de Madrid, asociación sin ánimo de lucro, sólo el abogado Fernando Veiga tramita 150 casos en la región. El Ayuntamiento argumenta que carece de competencias en "un tema entre particulares", y que "la oficina de vivienda deriva a los afectados a otros cauces".
En Barcelona, hace tres años se creó un servicio que atiende a las víctimas, ubicado en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Su vinculación al área de consumo y no a la de urbanismo o vivienda es criticada desde múltiples frentes, comenzando por los afectados o la Federación de Asociaciones de Vecinos. Su presidenta, Eva Fernández, reclama que el asedio se trate "de forma transversal" entre áreas como los servicios técnicos de los distritos, los servicios sociales, vivienda o urbanismo.
En 2007, la oficina detectó el doble de casos de "posible mobbing" (202) que en 2006 (101). Y los datos muestran cómo el fenómeno afecta cada vez más a los barrios. Pese a ello, el director de Comercio y Consumo, Albert González, afirma que "no aumenta".
Declaraciones de ruina
Otros consistorios, como los de Cádiz o Granada, se valen de los instrumentos del área de Urbanismo para tratar de impedir el fenómeno, que en Andalucía se conoce como asustaviejas. La delegada de urbanismo de Granada, Isabel Nieto, se alarmó al observar cómo por sus manos pasaban expedientes de solicitud de ruina de edificios de la zona que enlaza el casco viejo con el Albaicín, cuyos propietarios habían sido requeridos reiteradamente por el Ayuntamiento por falta de mantenimiento. "Si hubieramos declarado ruinas nos habríamos hecho cómplices de estas situaciones", señala.
¿Qué hicieron? "Valernos de los mecanismos que prevé la Ley: declarar el incumplimiento del deber de conservación e iniciar expedientes de venta forzosa". O el propietario arreglaba la finca o se sacaba a subasta. Por ahora han sido "cinco o seis" ocasiones, y los inquilinos han conservado sus derechos. "Las ventas forzosas han dado ejemplo y otros tantos propietarios han acometido obras que llevaban años sin hacer", dice Nieto.
La actitud del Ayuntamiento de Cádiz es parecida. A partir de las medidas emprendidas en 2006, cuando se creó un Servicio de Atención al Inquilino, "se han abierto 150 expedientes de expropiación de fincas cuyos propietarios hacían dejadez de la obligación de conservación", y "no se ha declarado ningún expediente de ruina", explican fuentes municipales. El Ayuntamiento se niega para no dar facilidades al dueño que busque la especulación inmobiliaria", señalan.
En Sevilla, la lucha contra el mobbing la inició la Liga de Inquilinos, un colectivo que con su nombre rinde homenaje a otra asociación que en 1912 consiguió detener una subida del precio de los alquileres. Su vicepresidente, Miguel Macías, explica que "el mobbing sigue existiendo, pero se ha logrado parar el desalojo masivo e impune que se produjo después de la Expo, con el salto que pegó la ciudad". Macías, cuyo colectivo ha conseguido parar el acoso en una casa palacio del siglo XVIII de la zona de Pumarejo, aplaude la creación de la oficina municipal de Atención al Inquilino en Situación de Abuso, pero recuerda que la lucha comenzó "desde abajo".
"El Ayuntamiento se ha puesto las pilas y en el centro de Sevilla veremos cada vez menos casos, porque cada vez hay menos casas libres. Por contra, atendemos a afectados más y más jóvenes y asistimos a la extensión del fenómeno a pueblos como los de la Ruta de la Plata, plagados de ventas y edificios históricos", explican.
+ ELPAIS.com - C. BLANCHAR / S. LÓPEZ LETÓN - 15/02/2008
Foto: El viacrucis de Rosa Talón, vecina y botiguera del Clot-Camp de l'Arpa de Barcelona, comenzó hace 15 años. El mobbing afecta a su vivienda y a su negocio -en una finca que hace esquina y de la que saldrían una docena de pisos nuevos- y es de manual. "El dueño comenzó por no arreglar desperfectos, luego no cobró el alquiler, siguieron las amenazas, dejaron que ocuparan los pisos de arriba, me cortaron el agua... Lo tengo todo en papeles", explica carpeta en mano. Tres lustros de acoso duelen. "Pero lo peor es la indefensión ante la Administración. El Ayuntamiento tendría que obligar al dueño a arreglar la finca [su mal estado es más que evidente] y en cambio me multa si cuelgo una cesta al lado de la puerta", afirma. Pero, "la gente tiene mucho miedo y no denuncia".- EDU BAYER, elpais.com
Más de 60 colectivos convocan una "mani, festa, acción" contra la "destrucción" del territorio
ELCORREOGALLEGO* : Los más de 60 colectivos que integran la red 'Galicia non se vende' ha convocado "no una manifestación, sino la suma de una 'mani, festa (fiesta en gallego), acción'" para el próximo domingo, día 17, en Santiago de Compostela con la que pretende hacer uso de la retranca gallega para mostrar su rechazo a un "cuestión muy seria como es la destrucción del territorio gallego".
"Nos vemos obligados de nuevo a movilizarnos porque no nos queda otro remedio", admitió Mónica García, integrante de 'Burla Negra', colectivo que forma parte de esta red y que fue un activo muy crítico con gestión del Prestige cuando gobernaba el PPdeG, "pero bien poco tardó este gobierno -PSdeG y BNG- en defraudarnos", lamentó.
En esta misma línea, se pronunció la actriz y también productora, Mabel Rivero, miembro de la Fundación Galicia Verde, que reprobó que un gobierno, "que se dice de izquierdas", haya realizado una de las "traiciones más imperdonables" con medidas que son una "verdadera barbaridad gubernamental".
En concreto, el coordinador de Verdegaia, Xan Duro, censuró el "absolutamente devastador" Plan Acuícola, el de Minaría o el de gestión de residuos, al que sumó el consentimiento a un "urbanismo depredador", tal y como apuntó que queda demostrado con el hecho de que entre 1998 y 2007 se hayan construido 300.000 nuevas viviendas, cuando la población "sólo ha incrementado en 46.000 personas, lo que supone seis viviendas por cada nuevo ciudadano".
A esta situación "terrible", sumó un servicio de transporte "ridículo e insostenible" con infraestructuras, como desdoblamientos de autovías, que suponen la emisión de una tonelada neta más de CO2 al año; y un litoral "masacrado" como evidencia que en el litoral de Pontevedra "un 21% de su línea de costa esté urbanizada, un porcentaje similar a la Girona, Valencia o Cádiz".
Por todo esto, auguraron un "futuro negro" para una Galicia "que podría ser un paraíso" debido que esta "destrucción" del paisaje y el patrimonio cultural están "empobreciendo" la biodiversidad y "empeora" la calidad de vida de la ciudadanía "e hipoteca las generaciones futuras, para, como mucho, enriquecer una minoría". "Beneficios para unos pocos y basura y contaminación para el resto de la ciudadanía", resumió Xan Duro.
Un ejercicio "responsable y coherente" de la ciudadanía
Con todo, esta red abogó por hacer "de esta protesta, una fiesta, porque da confianza en su éxito", adujo Mónica García. Así, animaron a todos los participantes, aprovechando la despedida reciente del carnaval, a recuperar los disfraces para, junto a instrumentos, de todo tipo ser partícipes de una "acto crítico desde el humor, que se muy saludable".
La manifestación, que se iniciará a las 12.00 horas en la Alameda compostelana, finalizará en la Praza da Quintana, con una lectura colectiva de un manifiesto y un 'top-manta asociativo', porque las 60 asociaciones que conforman la red ofrecerán sus folletos informativos y "todo tipo de merchandising". "En definitiva, se trata de un ejercicio de responsabilidad y coherencia de la ciudadanía, ante la necesidad urgente de cambiar las actuales políticas medioambientales", justificó Mabel Rivera.
* El Correo Gallego - E.P. SANTIAGO - 12.02.2008
¿Quién da más en vivienda?
ELPAÍS* : Ya se sabe que el papel lo aguanta todo. Promesas, ideas, concreciones, vaguedades, aspiraciones? En tiempo electoral, la vivienda se ha convertido en el mascarón de proa de buena parte de la campaña. Las propuestas tienen muchas veces enunciados similares, como la rehabilitación del parque residencial o la liberación de suelo para levantar pisos protegidos; todo ello con un crecimiento sostenible tanto en la forma (urbanismo) como en el fondo (materiales).
Pero si nos fijamos en los dos grandes partidos nacionales existen algunas diferencias que sí muestran un perfil ideológico distinto. La principal baza del PSOE es la vivienda protegida (un millón y medio en los próximos
10 años), mientras que el Partido Popular quiere que una de cada dos viviendas construidas tenga un precio máximo de 160.000 euros. Difícil parece conseguir que los promotores trabajen con precios intervenidos y que se logre el gran acuerdo nacional que, según el PP, sería necesario para ello. Sea como fuere, las promesas están encima de la mesa y los ciudadanos deciden.
-Partido Socialista. Ha reformado la Ley de Suelo, liberado 24 millones de metros cuadrados de terreno público e iniciado 250.000 casas protegidas. Desde esta casilla de salida parten sus propuestas para la próxima legislatura, cuya iniciativa estrella es la elaboración de un nuevo Plan Estatal de Vivienda para desarrollar 1,5 millones de pisos protegidos en una década -900.000 en compra y 600.000 en alquiler-, así como 30.000 unidades dirigidas a colectivos específicos como jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género y mayores de 65 años. Desde Ferraz se impulsará la figura del alquiler con opción a compra, se reformará la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para permitir al propietario reclamar el inmueble cuando sea para el uso de un familiar de primera línea de sucesión y se agilizará el desahucio.
La rehabilitación también tiene su espacio en el programa del PSOE, que pondrá en marcha (aún sin concretar) un Plan Renove de Viviendas para modernizar el parque, sobre todo en cascos históricos y zonas rurales.
En el siempre conflictivo tema del suelo, la propuesta socialista pasa por la creación de la Comisión de Coordinación interministerial de Suelo, con el fin de reforzar la llegada de terreno propiedad del Estado al mercado de vivienda protegida. Junto a esta iniciativa, otra que se antoja más difícil: la movilización, a través de acuerdos con los ayuntamientos, de terreno municipal para construir casas protegidas.
Con el fin de incrementar la accesibilidad a las personas con discapacidad, propone modificar la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para eliminar barreras arquitectónicas. Finalmente, desde un punto de vista de inversión, plantea la mejora de la normativa de las entidades de inversión colectiva, sociedades de arrendamiento y sociedades patrimonialistas en alquiler cotizadas.
-Partido Popular.. Su propuesta es para muchos la cuadratura del círculo inmobiliario: facilitar el acceso a la vivienda en propiedad; impulsar el alquiler como opción voluntaria de los ciudadanos; proteger a las familias del impacto de las subidas de los tipos de interés en sus rentas y mantener, al mismo tiempo, la aportación al crecimiento económico y al empleo de la construcción. A partir de lo que define como un acuerdo nacional, que reuniría a las administraciones públicas y los sectores inmobiliario y financiero, se buscaría que una de cada dos casas construidas tuviera un precio máximo de 160.000 euros para una superficie estándar de 80 metros cuadrados. Todo ello partiendo de una reserva de suelo de vivienda protegida de entre el 30% y el 50% del proyecto a edificar.
La parte fiscal que plantea el partido tampoco se libra de ambición. Todos los gravámenes más importantes se reducen o desaparecen. El IRPF baja "para que las familias aumenten su poder adquisitivo"; exenciones en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) con el fin de incentivar que las viviendas desocupadas salgan a alquiler; aplicación del IVA superreducido (4%) a las casas que no excedan de 160.000 euros; reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y eliminación del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) cuando tenga relación con la vivienda. Incluso plantean reducir los gastos de notaría y escritura.
En cuanto al alquiler, la gran baza es generalizar el arrendamiento con opción a compra. La idea en Génova es apoyar fórmulas similares a las que están desarrollando algunas comunidades autónomas: la mitad de la renta abonada se computa como parte del pago de la adquisición de la vivienda. Por otro lado, se eliminan las comisiones de cancelación anticipada y las que se aplican a la conversión de hipotecas de tipo variable a fijo.
-Izquierda Unida. El programa de IU se sustenta sobre las siguientes argumentaciones: modificación de la política fiscal -pasar de favorecer la compra a primar el alquiler-, mejora del tratamiento fiscal de la vivienda protegida frente a la libre e implantación de medidas impositivas que penalicen las casas vacías y las segundas residencias. Su objetivo es incrementar las reservas de vivienda protegida hasta el entorno del 75% en suelo urbanizable y el 40% en suelo urbano. Además, propone salvaguardar las casas protegidas para que nunca puedan llegar al mercado privado. Y establecer controles en la entrada, permanencia y salida de los usuarios para evitar el fraude. Pero tal vez la propuesta más novedosa es la que pretende limitar el crédito hipotecario y que sólo se puedan
Las propuestas catalanas
Convergència i Unió. Su objetivo es ?ajustar las políticas públicas de vivienda a las necesidades propias del ciclo vital de las personas?. Como primeras medidas CiU propone la desaparición del Ministerio de Vivienda y multiplicar por cuatro los ingresos que ahora se dirigen a vivienda en Cataluña (1.372 millones de euros). Recursos que servirían para crear un fondo para pagar el 50% de alquiler a los menores de 35 años durante tres años, reforzar el sistema de préstamos destinados a la emancipación, crear un fondo para favorecer (con medidas como el pago del alquiler) el alojamiento de mayores e impulsar programas de ayuda para mejorar la accesibilidad a los edificios de las personas con minusvalías. También sería necesario triplicar los fondos dedicados a vivienda protegida. En política fiscal piensa introducir una deducción (sin cuantificar) del impuesto de sociedades para reinvertir los ingresos procedentes de operaciones del mercado libre que se destinen a vivienda protegida y reducir del 16% al 7%el IVA de la compra de plazas de garaje.
Esquerra Republicana. Un parque de viviendas protegidas es la viga maestra sobre la que se sostiene la propuesta del partido catalán, con la que piensa hacer frente a la ?especulación del mercado?. Su modelo independentista plantea la petición de transferencias al Estado. Al calor del Estatut, propone el traspaso de todas las competencias en esta materia para así desmantelar la Sociedad Pública del Alquiler en Cataluña, duplicar los 1.372 millones que se destinan a vivienda y reclamar la cesión del suelo público no utilizado para construir casas, sobre todo de los cuarteles militares y de la Guardia Civil. También plantea la creación de un mercado secundario de vivienda protegida, reformas fiscales (penalización tributaria de los pisos desocupados o adquiridos sobre plano), modificación de la LAU para otorgar más garantías al arrendador frente a los impagos y elaborar una regulación específica de las plusvalías de los fondos de inversión inmobiliaria.
* ELPAIS.com - MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VEGA 15/02/2008
Foto: casa-interrogante - eleconomista.es
"Los Merinos es ejemplo de cómo el urbanismo descontrolado de la costa pasa hacia el interior"
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EUROPAPRESS/Málaga* : El director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, afirmó hoy que el proyecto de construcción de un macrocomplejo residencial en Merinos Norte en Ronda (Málaga) es un ejemplo de cómo el urbanismo "descontrolado" de la costa está pasando hacia el interior del territorio. "Esto es construcción clónica, porque el modelo de construcción en el litoral está clonándose en otras zonas con reclamos que ya no son el de 'sol y playa', sino el del respeto por la naturaleza, cuando luego se está destruyendo", criticó.
"Este deslizamiento no se puede permitir ni aceptar una vez destruido el litoral y el caso de Los Merinos se puede considerar paradigmático de este cambio", concretó.
En este sentido, afirmó que se da una serie de cuestiones que ha hecho que la organización ecológica apoye a los opositores de este proyecto. "Hay cosas que no se pueden aceptar, como que las personas y las organizaciones que se han levantado contra este proyecto hayan recibido amenazas y denuncias falsas por parte de las promotoras asociadas. Este país es un estado democrático donde se recibe muy bien a Al Gore, pero en el que la gente que trabaja a nivel local es tratada así", matizó.
Precisó que la provincia de Málaga es la que en la presión urbanística sobre el litoral es más intensa, ya que "hay muy poco espacio en la costa sin urbanizar". "Esto es un arma de doble filo porque algunos han hecho mucho dinero con esto, pero podemos estar en un punto de inflexión en el que el turismo está demandando un medio ambiente en mejor estado", agregó.
"Por si esto no fuera suficiente, en el último año se aprobó la construcción en toda la costa española de tres millones de nuevas viviendas. Esto nos da una idea de la dimensión del problema, algo independiente de la crisis puntual sobre el sector de la construcción, porque una vez el suelo está calificado se construye ese año, dentro de 10 ó 20, pero si no hay una marcha atrás hacia suelo no urbanizable tenemos un problema muy grave con lo que ya hay", subrayó.
Por todo ello, De Urialde concretó que piden la paralización inmediata de las obras en la finca Merinos Norte, la apertura de caminos invadidos, que la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes actúe si no se lleva esto a cabo y que se aplique justicia, "que en Andalucía y en España siempre llega tarde, sólo hay que verlo en Marbella", recalcó.
"En España la cosa es que se contamina, pero no se paga por ello, se recalifica, se abusa del territorio y cuando hay ilegalidades no se corrigen. Ahí tenemos Marbella, donde hay reconocidas 30.000 viviendas ilegales y las consecuencias no van a ser las que debieran". Indicó sobre las demoliciones de viviendas que "el urbanismo ilegal no puede quedar impune porque se está utilizando a personas que nada tienen que ver con la ilegalidad para garantizar la impunidad", subrayó.
"ILEGALIDAD PATENTE".
Uno de los miembros de la Plataforma Cueveña del Agua de Cuevas del Becerro (Málaga), Antonio Viñas, afirmó que desde hace más de un año se están desarrollando las obras de urbanización en una finca de 1.000 hectáreas, con una dehesa mediterránea "de alto valor económico" y donde se harán dos campos de golf, tres hoteles de cinco estrellas y 800 viviendas de lujo.
La plataforma, integrada por vecinos, ecologistas y sindicatos, denunció la "ilegalidad patente" de esta actuaciones "porque incumple la directiva de aves, la de agua, la de hábitat y la de impacto ambiental, sin que hasta el momento se haya conseguido reaccionar de forma ejecutiva ni al Ayuntamiento de Ronda ni a la Junta de Andalucía, administración competente en urbanismo".
"Ni las 500 alegaciones, ni los tres contenciosos, ni la tala de más de 2.000 encinas, ni la invasión de un camino público, ni varias manifestaciones, ni una huelga general en Cuevas del Becerro en defensa de su acuífero, ni la denuncia de una campaña de acoso contra autoridades públicas y vecinos opositores al proyecto, ni que el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento europeo, Michael Cashman, haya incluido este caso en un informe que alerta del urbanismo salvaje en España, ni una orden de paralización por parte de la Consejería de Obras Públicas han hecho posible la paralización de las obras, aprobadas de manera irregular por el Consistorio rondeño", criticó.
Por ello, indicó que hay un "déficit democrático en Ronda a imagen y semejanza de otras ciudades de la Costa del Sol que en la actualidad están pagando un alto precio con el deterioro de la vida institucional por la incompetencia de las autoridades públicas de la época".
"Es inadmisible que bajo el amparo del nuevo Estatuto de Andalucía y de su máximo valedor, el presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, siga permitiendo que promotores y ayuntamientos incompetentes se salten con premeditación y descaro la ley y se produzcan daños ambientales en suelos protegidos", lamentó.
Por otro lado, otro de los miembros de la plataforma, Juan Villalba, informó de que unas 10.000 personas de cuatro municipios, entre los que están Arriate y Cuevas del Becerro, beben actualmente de un acuífero y alertaron que éste peligra. "La Cuenca Mediterránea lo tienen catalogado de deficitario y queremos defenderlo", aclaró.
Indicó que sólo 11 personas acumulan 50 denuncias de las promotoras, "aunque hasta ahora no han ganado ninguna porque la mayoría son inventadas para meter miedo a la gente", precisó, al tiempo que aclaró que "no es cierto que las promotoras hayan retirado las denuncias, sino que han sido archivadas".
"Imagino que los que denuncian les habrá ido bien en otras partes de España intimidando al resto, pero aquí no, porque los que estamos denunciados ni les hemos hecho caso, no se van a salir con la suya porque estamos luchando como el primer día", manifestó.
Finalmente, sentenció diciendo que "no entendemos qué está ocurriendo, parece que los delincuentes somos nosotros y estos señores, que tienen el apoyo de bancos y políticos, con tanto poderío y tanto dinero están haciendo destrozos y no les pasa nada".
* Europa Press - MÁLAGA, 12 Feb
Foto: Ronda (Málaga), vista aérea Los Merinos - ecologistasenaccion.org
La UE examinará dos PAI en Cullera al admitir la queja de 200 propietarios
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LEVANTE/Valencia* : El Parlamento Europeo investigará los programas urbanísticos del Marenyet y Brosquil aprobados por el Ayuntamiento de Cullera y que prevén la reclasificación de casi diez millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable desde la desembocadura del Xúquer hasta el límite con el término de Tavernes.
La Comisión de Peticiones del Parlamento ha decidido admitir a trámite la queja que, presentada por las dos agrupaciones de propietarios de suelo afectados por los PAI, está secundada por casi doscientas personas.
Bruselas acepta la solicitud de los afectados, que opinan que las actuaciones urbanísticas se han adoptado "desde la mayor opacidad política" y supondrán para Cullera "gravísimos problemas", además de entender que sus derechos se ven vulnerados al supeditar la propiedad privada "a meros intereses especulativos". Por ello entienden que este caso es un ejemplo de "abuso urbanístico". En el escrito remitido a las agrupaciones de afectados, el presidente de la Comisión de Peticiones, Marcin Libicki, especifica que tras examinar la petición se ha decidido solicitar a la Comisión Europea que inicie "una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema". Los PAI del Marenyet y Brosquil prevén la construcción de alrededor de 14.000 viviendas y varios campos de golf.
Los programas urbanísticos fueron aprobados por el pleno de Cullera el 29 de diciembre de 2005, sólo 48 horas antes de la promulgación de la Ley Urbanística Valenciana, algo que destacan los afectados en su queja, al tiempo que advierten de que el futuro desarrollo urbanístico de Cullera se realizará con la legislación urbanística anterior, la LRAU, que fue objeto de severas críticas por parte del Parlamento Europeo. Los dos PAI se incluyen en el documento del concierto previo del PGOU, que fue aprobado el pasado mes de octubre por el pleno. Los afectados también han presentado alegaciones a la Conselleria de Medio Ambiente para solicitar que rechace el concierto previo.
* Levante-EMV - Teresa Albendín, Alzira - 14 de febrero de 2008
Foto: Vista aérea de la zona del Marenyet de Cullera / levante-emv
