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ELPAÍS/Málaga* : Las cosas se estaban saliendo de madre en Estepona. Un mes antes de que la policía detuviera a su alcalde Antonio Barrientos (PSOE) por el caso de corrupción urbanística, el máximo responsable de la trama, según la juez Isabel Conejo, comenzó a encontrar más escollos de los habituales en sus propuestas.
Los disidentes del equipo de gobierno -formado por PSOE, Izquierda Unida y Partido Andalucista- se plantaron a la hora de autorizar el pago de 1,2 millones de euros por trabajos que no habían pasado los cauces legales y tampoco vieron con buenos ojos la adjudicación del depósito de vehículos a un empresa que tenía vínculos familiares con el asesor de alcaldía, José Flores.Barrientos y Flores comparten celda en Alhaurín de la Torre desde el pasado viernes acusados de tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo.
El ex alcalde renunció ayer a su acta de concejal y a la secretaría local del PSOE. Uno de sus abogados aseguró que se encuentra "muy entero" y "mejor que en dependencias policiales". "Tiene la fortaleza de una persona que no tiene conciencia de haber hecho nada que merezca el reproche", aseguró el letrado. Hace una semana, durante en el registro de las dependencias municipales, la policía pidió a los funcionarios que le facilitaran los expedientes de las empresas Nagore Inversiones y Collection World, a las que el concejal de Hacienda Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros, pretendía reconocerles 1,2 millones de euros de deuda.
La fórmula del reconocimiento de deuda se utiliza habitualmente para aprobar los contratos hechos a dedo, en los que no ha habido concurso público o licitación, coinciden dos fuentes consultadas.
Las dudas sobre la forma en la que encargaron nueve de estos expedientes hicieron que el 23 de mayo, en el último pleno celebrado en su Ayuntamiento, los expedientes de reconocimimiento de deuda se quedaran en el aire. Cuando llegó el turno de tratar el punto, varios de los concejales del equipo de gobierno, entre ellos los socialistas Rafael Duarte y David Valadez, salieron del plenario, por lo que Barrientos tuvo que acordar un receso. A la vuelta, no se ahondó más en la cuestión. El concejal de IU, Eduardo Alarcón, pidió que el expediente quedará sobre la mesa hasta que hubiera más informes.
Los concejales ya advirtieron a Barrientos de que no votarían ese punto, pero aún así, formó parte del orden del día. El punto polémico era el pago de 915.000 euros a la empresa Nagore Inversiones SL por unos trabajos de remodelación de la avenida Puerta del Mar.
La obra fue adjudicada en 2005 por el concejal ex gilista José Ignacio Crespo, también encarcelado en el caso, y terminó poco antes de las pasadas elecciones. Según un informe del interventor accidental, Luis Díaz, la obra se contrató sin fiscalización previa y "prescindiendo totalmente del procedimiento establecido".
El informe del interventor terminaba por darle el visto bueno al pago, "sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda haberse incurrido por el incumplimiento de los requisitos legales", y alertaba de que esta situación se estaba repitiendo demasiado. "Deben adoptarse las medidas oportunas para evitar en el futuro actuaciones al margen de los procedimientos de contratación legalmente establecidos, y de las normas que regulan la fiscalización preceptiva, ya que últimamente se vienen repitiendo con excesiva frecuencia", consideraba.
Con el pago de 300.000 euros a la empresa Collection World ocurrió algo similar, pero en una junta de gobierno local, señalan fuentes municipales.
Estos desencuentros caldearon el ambiente durante varios días y pasaron a formar parte de una larga lista de acusaciones sonrojantes entre los concejales de Estepona. Otro enfrentamiento se produjo durante la adjudicación del depósito de vehículos. Zamorano acusó a su compañera de partido Cristina Rodríguez de filtrar documentación de la mesa de contratación a Los Verdes y de estar interesada en "crear dudas".
La empresa Ausol Estepona 2000 se constituyó con 3.000 euros de capital el 25 de abril, un día después de la publicación del concurso del depósito municipal de vehículos. Su objeto social coincidía literalmente con el motivo del concurso. Su administrador, Manuel Barroso, fue detenido la semana pasada por orden de la juez Conejo. Está en libertad bajo fianza de 15.000 euros. Barroso, abogado penalista, fue socio del letrado también imputado en la trama corrupta de Estepona Juan Simón.
Los cruces de declaraciones hicieron que Rodríguez demandara a Zamorano, aunque después se retractó. Una nota de prensa municipal aseguraba que habían zanjado sus problemas. Mientras tanto, los investigadores tomaban nota.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 25/06/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Barrientos autorizó el pago de obras irregulares por 1,2 millones
La Fiscalía investigará por vía penal 16 casas ilegales en el paisaje protegido del Millars
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LEVANTE/Castelló* : La Fiscalía provincial de Castelló investigará por vía penal 16 construcciones realizadas de forma ilegal dentro de los terrenos del paisaje protegido de la Desembocadura del Millars en Almassora de forma posterior al año 2003.
Así consta en el decreto firmado por el fiscal jefe de Castelló, Javier Carceller, y que atiende a la denuncia presentada en octubre de 2007 por el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) que pedía la intervención de la Fiscalía contra los responsables de las 120 viviendas censadas en el espacio natural por un presunto delito contra la ordenación del territorio y los recursos naturales.
El decreto de Fiscalía -fechado el pasado mes de abril pero comunicado esta semana- establece también el archivo del resto de causas penales que pudieran derivarse del resto de construcciones, ya fuera porque en su momento ya fueron investigadas o porque los delitos imputables ya han prescrito. De todas maneras, de todas estas construcciones anteriores que están sobre suelo de dominio público estatal, la Fiscalía dará cuenta tanto a la Confederación Hidrográfica del Júcar, como a la Conselleria de Medio Ambiente y a la Jefatura de Costas "a los efectos oportunos".
Las 16 construcciones sobre las que se abrirán diligencias penales han podido ser detectadas gracias a un informe técnico redactado por la subsecretaria de la Conselleria de Medio Ambiente en el que se inventariaban un total de 116 construcciones en las dos márgenes del río detallando, gracias a "las diferentes visitas y las ortofotografías de los años 2003 y 2006" si existían o no en 2003. Según concluye el escrito del fiscal, sólo estas 16 construcciones (algunas viviendas completas, otras ampliaciones) han sido levantadas en estos años.
"Que acabe en el juzgado"
El grupo conservacionista ha aplaudido la decisión de la Fiscalía en un comunicado remitido ayer a los medios en el que valoran positivamente la resolución de Carceller y confían en que, tras la realización de los 16 expedientes de diligencias previas, estos acaben en el juzgado "como en el caso de Nules".
"Por vía penal o por vía administrativa, la asociación considera fundamental la intervención de la Justicia y la Administración para poner punto y final a la vulneración sistemática de la legalidad que degrada gravemente el espacio natural protegido", aseguraron en un comunicado. Los miembros de la agrupación avanzaron asimismo que solicitarán "transcurrido un tiempo" cuáles van a ser las acciones que tome tanto la CHJ, como la Conselleria de Medio Ambiente tras recibir la comunicación de 100 construcciones ilegales en el área protegida. "Entendemos que los efectos oportunos no pueden ser otros que los que indica la Ley, es decir, el inicio o continuación de los trámites administrativos oportunos que han de concluir con la demolición de las viviendas y la restauración del dominio público usurpado", según el comunicado.
* Levante-EMV - Victoria Salinas, Almassora - 25 de junio de 2008
Foto: millars. Imagen de la desembocadura del río a su paso por Almassora con edificaciones en la orilla/ vicent martí, levante-emv.com
Los cerebros del caso Totana viajaron a Vigo para reclamar sus comisiones
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LAVOZDEGALICIA* : El caso Totana, bajo el que supuestamente se tejió una red de corrupción urbanística en el municipio murciano en el que el pago de comisiones ilegales era exigido para propiciar recalificación de terrenos, desarrolló en Vigo un episodio de suficiente relevancia como para poder llegar a determinar la implicación de algunos de los 15 encausados.
El sumario del caso, que el martes será retomado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, da cuenta de un encuentro celebrado en Vigo entre el ex alcalde de Totana, y supuesto cerebro de la trama, Juan Morales, dos empresarios murcianos que harían las veces de intermediarios, y el abogado gallego y promotor de una macrourbanización en la localidad levantina Manuel Núñez Arias. Dicho encuentro fue admitido en su declaración por el abogado vigués, según la transcripción de su interrogatorio, a la que ha tenido acceso La Voz de Galicia. Ante la jueza instructora, Núñez Arias aseguró «considerarse una víctima de este entramado», que la Guardia Civil seguía desde hacía meses, recopilando conversaciones, grabaciones telefónicas y documentación, tal y como da a conocer el diario La Verdad al desvelar el sumario. Ese es el caso de la conversación que el ex alcalde totanero, y entonces parlamentario regional del PP, mantuvo en la sala VIP de Barajas con sus dos acompañantes en una escala en su viaje a Vigo, en la que agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil escucharon como Morales decía: «Yo no puedo firmar nada, pero hay que hacer algún documento donde las comisiones lleguen para todos y luego cada uno recoge su parte».
«Una broma macabra»
En su declaración judicial, el abogado vigués Núñez Arias da distintas versiones sobre la petición de la citada comisión, cifrada en 3,6 millones de euros a cambio de recalificar 2,2 millones de metros cuadrados para levantar 5.040 chalés. El letrado relata como la petición del cohecho de entrada le pareció «una broma macabra». En todo caso, reconoce que firmó una serie de documentos comprometiéndose a pagar el dinero exigido bajo la fórmula de reconocimiento de deuda en favor de dos empresas murcianas, aunque también manifiesta no recordar el fin de dicho acto, pero sí que «tenía la sospecha de que el dinero podía ser repartido entre varias personas».
Un mes antes de la detenciones practicadas en diciembre pasado, se realizó en el despacho del abogado vigués la mencionada reunión entre los supuestos comisionistas y Núñez Arias, que el abogado niega fuese para renegociar el presunto cohecho, pese a que en el interrogatorio se reprodujo una grabación telefónica en la que se alude al reparto de dinero, pero el letrado vigués dijo no reconocer claramente como suya una de las voces del diálogo.
El abogado, en libertad provisional, manifiesta en su versión de los hechos que solo quería «seguir la corriente y capear el temporal» en sus conversaciones con otros imputados. También asegura no recordar que en la reunión se acordase el pago de 1,2 millones de euros de manera inmediata y el resto condicionado a la aprobación del Plan General de Totana. «No lo recuerdo, pero viendo lo que estaba sucediendo mi intención era la de no pagar jamás, y por eso decidí no ir a comer con esas personas, porque me parecieron unos impresentables», declaró Núñez Arias ante la jueza.
* La Voz de Galicia - Carlos Punzón - 25.06.2008
Foto: Totana (Murcia), operación contra corrupción - laverdad.es
Intervenciones neoliberales en la Barceloneta
JOSEP MARÍA MONTANER* : A los riesgos que comporta la modificación del Plan General Metropolitano en la regulación de la edificación tradicional de la Barceloneta (2007), llamado para abreviar y como protesta plan de los ascensores, se suma la amenazante aparición de la estructura del hotel Vela, proyectado por Ricardo Bofill en 1999, situado en la misma línea del mar, en los terrenos de la Autoridad Portuaria de Barcelona, hito con el arranca la transformación especulativa de la nueva bocana del puerto.
Hay pocas dudas de que la política del Ayuntamiento de Barcelona ha cambiado. A ciertas miradas malévolas les interesa desfigurar esta evolución y quieren enfatizar que siempre ha sido así. Pero no es cierto. Cuando Barcelona renació como ciudad democrática, a principios de los años ochenta, se aplicó una política progresista y prometedora, si la comparamos con la regresión que implicaron los modelos neoliberales que entonces implantaban Margaret Tatcher y Ronald Reagan. Poco a poco, este modelo Barcelona, de búsqueda del consenso entre lo público y lo privado, se ha ido diluyendo en una política marcadamente neoliberal. La paradoja dura de digerir es que esta política urbana -conservadora y capitalista- la esté aplicando un gobierno municipal formado por dos partidos políticos que se autodenominan de izquierda.
El plan de la Barceloneta es expresión de un neoliberalismo implacable aplicado a los planes urbanos: será la lógica del propio mercado la que transforme el barrio en función de derribos selectivos para instalar núcleos de ascensores, agrupando varias fincas, y serán los propietarios potentes, los inversores y los turistas los que se irán acomodando a medida que se vaya expulsando a los antiguos inquilinos de pocos recursos económicos y legales. Es la culminación del proceso de ir dejando a la frágil Barceloneta a su suerte. Mientras se intervenía en otras áreas de Ciutat Vella, su patrimonio de casas proyectadas por ingenieros militares a mediados del siglo XVIII se dejaba desmoronar. El mismo plan de los ascensores, al establecer la altura reguladora en planta baja y seis pisos, favorece la desaparición de los escasos testimonios de casas bajas originales.
Y el hotel Vela se levanta como emblema de la gentrificación de un barrio popular, como otro episodio más de la avaricia del puerto con sus terrenos, que ya generó una fuerte polémica a finales de los años ochenta y principios de los noventa por la abusiva transformación del Port Vell. Cuando funcione, el hotel va a contribuir más al colapso circulatorio y a la mutación de la Barceloneta. Seguro que el preceptivo estudio de evaluación de la movilidad habrá demostrado la sobrecarga que ya existe sobre el paseo de Joan de Borbó. Tal mamotreto, fuera de escala y de contexto, chupando de las infraestructuras, aprovechándose de los desagües y colapsando los accesos del barrio, es un nefasto símbolo de la Barcelona neoliberal, vendida a la industria turística y a los intereses inmobiliarios. De momento, ya se ha expulsado a vecinos y las cases de quart se convierten en apartamentos por semanas. A los trabajadores del Poblenou les han ido borrando su memoria día a día, fábrica a fábrica, a cambio de nuevos edificios arroba; el antiguo barrio de pescadores y artesanos lo están convirtiendo en escenario del mundo basura del turismo. Quizá estén pagando tardíamente la factura de que en las primeras décadas del siglo XX fueran los focos de los movimientos sindicales y anarquistas.
¿Será cierto que se va a detener el plan de los ascensores y la moratoria permitirá hacer uno nuevo, con una mejor supervisión pública y una mayor participación ciudadana? ¿O son tantos los pactos previos y componendas, los intereses para elevar astronómicamente los alquileres, que el plan ya no tiene vuelta atrás y se irá destruyendo el tejido social de la Barceloneta?
El proyecto del hotel Vela fue aprobado en 2001, con la connivencia de la Autoridad Portuaria, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de la Generalitat de Jordi Pujol, y con una rebaja de los 154.000 metros cuadrados a un máximo de 129.000. El hotel tiene 450 habitaciones y, en la base, un gran edificio recreativo y de oficinas, de planta baja y seis pisos de altura. Se pactaron entonces unas contrapartidas de conexiones y transporte (monorraíles y recorridos marítimos) que aún no se han cumplido. ¿Es aceptable que los futuros usuarios del hotel colapsen aún más un paseo por el que pasan los vecinos, la ciudadanía y los bañistas? ¿Puede ser que contemplemos callados cómo se levanta, saltándose la Ley de Costas, la última puntilla para ahogar el carácter social y urbano de la Barceloneta?
* Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (UPC).
* Kaos en la Red - Opinión - 24.06.2008
Foto: Barcelona, protesta Barceloneta - kaosenlared.net
Estepona: Anatomía de la recalificación
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PÚBLICO/Málaga* : Cuando la Policía afinaba ya el olfato tras el trasiego de maletines de Marbella, el dinero negro buscó refugio en el pueblo vecino. Era el año 2003. Empezaba la era del ladrillazo a mansalva en Estepona. Lo que sigue es un viaje por el legado urbanístico de cinco años de fiebre recalificadora.
Actúa como cicerone Gregorio Galán, ecologista local. Recoge al periodista a las puertas del juzgado de instrucción 1, por donde han pasado los 26 detenidos en el caso Estepona. Galán no tarda en arrugar el rostro. En pleno centro, junto a un menguado parque, se levantan arracimados los edificios de la primera manzana construida con Antonio Barrientos (PSOE) como alcalde. “Era zona de equipamientos y VPO, y pasó a renta libre. El Parque Central ocupaba toda la manzana, y ahora es un macetero”, explica Galán.
Camino a la salida dirección Cádiz, varios edificios despuntan por encima de la edificabilidad permitida. El coche deja a la izquierda Bahía Azul, una vistosa urbanización de chalés donde residía el alcalde hasta su ingreso en prisión, y entra en Valle Romano Golf & Resort, resultado de la operación paradigmática de la era Barrientos: dos millones de metros cuadrados para la construcción de un campo de golf y 3.400 casas rústicas.
El portavoz vecinal Miguel Quirós denuncia “trato de favor” a Valle Romano. Cientos de vecinos tienen viviendas ilegales en las zona. Piden regularización. A Valle Romano le recalificaban. A nosotros no, ¿por qué?”, protesta Quirós. Conforme queda desvelada la trama de cobros para lucro personal, gastos municipales y financiación ilegal de partidos, la pregunta de Quirós resulta más fácil de responder.
“Hubo un esfuerzo publicitario desproporcionado, con Severiano Ballesteros y todo, pero no está ni terminado”, observa Galán. Hay que penetrar para encontrar mazacotes en medio del monte, terreno rústico recalificado. “Ésta es la zona más seca del municipio. No sé qué futuro tiene esto”.
La playa de la Rada
Tras transitar unos minutos por carreteras cada vez peor asfaltadas aparece, monumental y aislado, el conjunto de viviendas Estepona Golf, de Aifos. Al primer golpe de vista recuerda, con el monte en vez del mar, al hotel Algarrobico, en Carboneras (Almería).
El vehículo sale de Valle Romano, toma la carretera paralela al litoral y se detiene junto a los escombros del hotel que Prasa quería construir al pie de la playa de la Rada. Barrientos convirtió la crítica a dicho edificio en enganche de su campaña de 2003. “Es una aberración. Hay que tirarlo”, decía. El hotel, monstruoso, invadía parte del dominio público hidráulico. Y, efectivamente, fue al suelo. Pero la intrahistoria revela el cinismo político de Barrientos: la empresa que preside José Romero no tuvo que pagar los 1,2 millones del derribo y recibió, además, una contrapartida: más de 20.000 metros cuadrados en la valiosa zona este de la ciudad.
“Así funcionaba. Te quito aquí, te doy allí…”, afirma Galán, que lleva años denunciando públicamente los manejos de Barrientos, José Ignacio Crespo, concejal del Partido de Estepona, José Flores, jefe de Alcaldía, y otros ediles. Hoy todos los que señalaba están entre rejas o imputados.
¿Qué opinan los policías locales de lo ocurrido en el urbanismo del pueblo? Hasta cuatro agentes interpelados prefieren no hablar. Pero el quinto sí. Es Lorenzo Ramet, que se ciñe casi en exclusiva a confidencias impublicables. Llama la atención que llegase a crear un blog (Estepona habla) para denunciar las tropelías urbanísticas. “Me he metido en muchos líos”, confiesa, protestando porque Estepona no tenga aún su prometido hospital.
La zona este es, en sentido turístico, más bonita. Para quien la pueda disfrutar, claro, porque la privatización del espacio es tal que los accesos públicos a la playa están sin señalizar. Los apartamentos están a unos 25 metros del agua. Son las 9 de la tarde y no hay ni un alma. Galán lanza una pregunta. “En un pueblo de 60.000 habitantes, ¿qué pintan 50.000 casas vacías? Especulación y blanqueo”, dice.
Al mismo motivo atribuye el ambicioso PGOU presentado en 2005, que preveía 82.000 viviendas. Luego fue rebajado en 25.000, para atenerse a las nuevas normas andaluzas. De todas formas son casi 50.000 viviendas para 15 años. Ahora, con la operación Astapa y la crisis del mercado inmobiliario, todo queda en el aire. ¿Dónde posará ahora su mirada el dinero negro? “Vamos”, propone Galán, incansable. “Ahora te enseñaré las mansiones de algunos concejales”.
* Público - ÁNGEL MUNÁRRIZ - Estepona (Málaga) - 24/06/2008
Foto: Estepona (Málaga), derribo hotel Prasa paseo marítimo - urbanismopatasarriba
El Consell no cree vinculante el informe hídrico y tramitará los PAI con el aval de empresas privadas
LEVANTE/Valencia* : La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anula el PAI "El Pinaret" de Ador por no contar con el informe sobre disponibilidad de recursos hídricos emitido por la Confederación Hidrográfica.
Fuentes del departamento que dirige José Ramón García Antón, dijeron que la sentencia "confirma" que el informe emitido por la confederación es "preceptivo", aunque matizaron que "nunca" han discutido este extremo.
"La sentencia lo único que dice es que no se pidió el informe y que hay que pedirlo. Así lo dice la ley y, por tanto, no lo recurriremos", añadieron.
No obstante, las fuentes matizaron que no creen en el carácter "vinculante" del citado informe e insisten en que de acuerdo a la ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y al Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, cualquier entidad suministradora de agua puede realizar un informe y la Generalitat tomarlo en consideración e incluso darle prevalencia, "siempre justificada", respecto al de la CHJ.
En este sentido, anuncian que darán curso a todos los instrumentos urbanísticos que requieran informe sobre disponibilidad de recursos hídricos si éste es favorable, lo emita quien lo emita, y reúne el mínimo de requisitos técnicos. Las fuentes no aclaran cual será la posición cuando ambos informes entren abiertamente en conflicto.
Fijar posiciones
Precisamente ayer, el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia publicaba la aprobación definitiva del proyecto de Homologación del Plan Parcial Área 4 "Santa Apolonia" del Plan General de Torrent.
El texto de la aprobación, de fecha 25 de abril, está firmado por el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón y en el mismo se fija posición oficial sobre la polémica mediante la "interpretación" de los autos dictados hasta ahora por el TSJ en relación a Ador, Carcaixent y otros conflictos similares.
Según se desprende de esta argumentación, la conselleria exigirá que se pida el informe a la CHJ, pero no proyecta darle carácter vinculante y menos si carece de un estudio detallado que acredite o no la disponibilidad del recurso. incluso admite que recurrirá a los informes de las compañias prestatarias del servicio frente a los "escuetos, poco argumentados y siempre negativos" de la Administración del Estado, y no acepta el silencio negativo transcurridos tres meses desde la petición de informe a la CHJ, tal como contempla la ley, si la compañía suministradora ha acreditado, de manera razonada, que sí hay agua.
"Engaño"
Por su parte, el diputado socialista, portavoz de medio ambiente, agua y urbanismo y vivienda, Francesc Signes, acusó al Gobierno de Francisco Camps de "sustentar el urbanismo valenciano en trampas legales que la justicia está desenmascarando" y la consecuencia es que "ha generado expectativas de trabajo y negocio a miles de personas, que han confiado en proyectos que nunca han tenido viabilidad".
Signes considera "lógico" que esta sentencia sea idéntica en el resto de recursos presentados en promociones como la de Porxinos, el Brosquil y la Vega en Cullera o Nou Mil.leni en Catarroja. El diputado entiende que el TSJ "ha desenmascarado la trama con la que Camps ha estado engañado a los promotores valencianos".
* Levante-EMV - J. Sierra, Valencia - 25.06.2008
Foto: recursos. Algunos proyectos urbanísticos suponen un elevado consumo hídrico.
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Los académicos critican el "nuevo cerco" urbanístico en torno a Numancia
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ELMUNDO/Soria* : Expertos e instituciones denuncian la construcción de polígonos y urbanizaciones. "Es un nuevo cerco al cerco de Numancia, un lugar que representa la lucha hasta el límite de un pueblo contra una potencia exterior, Roma; ahora el ataque será a su paisaje con un desarrollo que no ha sido planificado".
El académico de la Historia Martín Almagro Gorbea unió ayer su voz a las muchas, dentro del ámbito universitario y de la investigación, que se han manifestado en los últimos meses en contra de las infraestructuras que se están construyendo en torno al yacimiento soriano, a siete kilómetros de la capital.
«Alrededor de la antigua ciudad celtíbera, cuyas murallas resistieron 18 meses el sitio del general Escipión, está previsto que se levante la llamada Ciudad del Medio Ambiente de Soria, en el Soto del Garray, una zona cercana al río Duero. En su proyecto están planificadas 780 viviendas, una residencia hotelera con 300 plazas, espacio para una decena de grandes industrias, así como oficinas para numerosas empresas tecnológicas e instituciones.
También está previsto que se levante un nuevo polígono industrial, Soria II, en El Cabezón, unos terrenos que se van a expropiar a la familia Marichalar, que está librando una gran batalla para evitarlo.
Otras de las obras aprobadas son, por un lado, una urbanización de unos 300 chalés junto al que fue uno de los campamentos de Escipión, el de Alto Real, justo al pie del Monte de la Muela que acoge Numancia; y por otro, un cementerio privado sobre el Monte de las Ánimas con su correspondiente tanatorio.
La directora de Historia Antigua de la UNED, María Jesús Peréx, asegura que, pese a que numerosas instituciones universitarias han pedido explicaciones a la Junta de Castilla y León (PP) y el Ayuntamiento de Soria (del PSOE) sobre las razones para elegir los alrededores de Numancia para todas estas intervenciones, nadie les ha respondido.
«No pueden aducir falta de espacio, porque hay de sobra. No se puede elegir una zona de humedales para construir una ciudad o levantar un polígono entre dos enclaves históricos como son el cerco de Escipión y los Arcos de San Juan de Duero. Hemos escrito a la Junta y nadie nos ha respondido. Nosotros somos académicos y no nos metemos en política, pero es un desastre destruir el entorno de ese patrimonio», argumenta.
Desarrollo sostenible
El catedrático Almagro Gorbea también recordaba ayer que para hablar de desarrollo sostenible "Antes hace falta planificarlo. La importancia de Numancia no es su monumentalidad, sino el paisaje que la rodea y que hay que proteger. Si se pierde, no se entiende su papel histórico. Si la Junta quiere desarrollo sostenible, que pare esos proyectos, estudie su impacto global un par de meses y vea lo que se puede hacer y lo que no. Así evitará que pase como con la reconstrucción del Teatro Romano de Sagunto, que ahora debe derribarse".
Su opinión es compartida por el académico de Ciencias Morales y Políticas, José Barea, quien aseguraba ayer que en Soria hay terreno industrial disponible "para 180 años" y que las autoridades castellano-leonesas deberían articular una oferta turística en la zona, como se hace en Toledo. De hecho, en Soria se está contruyento otro polígono, el de Valcorba, con 277 hectáreas de superficie.
También para el rector de la Universidad CEU San Pablo, Alfonso Bullón, se trata de intervenciones "desafortunadas", un calificativo que ya anteriormente han utilizado diversas instituciones.
Entre ellas, el Comité Nacional de Monumentos, un organismo asesor de la UNESCO que considera "una auténtica amenaza" para el yacimiento numantino el futuro polígono Soria II, según el informe que hizo público el pasado mes de abril. De hecho, el Ayuntamiento soriano tuvo que modificar el año pasado su recién aprobado Plan de Ordenación Urbana, de 2006, para autorizar su construcción. También se han manifestado en los últimos meses en contra de las obras la Academia de Artes de San Fernando, la Academia de Historia, la Sociedad Española de Estudios Clásicos y algunas instituciones extranjeras, como el Instituto Arqueológico Alemán, la Universidad de Bristol o la de Exeter, ambas en el Reino Unido. Se unen así, en su vertiente cultural, a las críticas que también han realizado las organizaciones ecologistas a la futura Ciudad del Medio Ambiente, que también incluye la necrópolis medieval de Soto de Garray.
* El Mundo - ROSA M. TRISTÁN - 25.06.2008
Foto: Numancia (Soria) - publico.es
