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SUR/Málaga* : La Fiscalía Anticorrupción en Málaga ha solicitado la pena de dos años de prisión, siete de inhabilitación para cargo público y multa de tres millones de euros para el ex alcalde de Manilva Pedro Tirado, por un delito de cohecho, en el caso sobre la finca 'La Parrada'. Además, acusa al cuñado de éste, Francisco Calle, para el que pide cuatro años de cárcel y 5,2 millones de multa por el mismo delito y por otro de blanqueo.
Asimismo, el fiscal ha realizado escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, contra Aki Kujala por esos dos delitos, solicitando para éste cuatro años de prisión y multa de 13 millones de euros; mientras que para el socio y administrador de una de las empresas junto con Calle pide otros dos años de cárcel y multa de 2,2 millones de euros.
En sus conclusiones provisionales, la acusación pública indica que la empresa Royal Marbella Estates, controlada por Aki Kujala, que aparece relacionado con distintos individuos presuntamente vinculados a actividades delictivas graves y en algunos casos reclamados judicialmente por varios países, compra varios terrenos por valor de 9,7 millones de euros y luego los vendió por 117 millones.
Este incremento en el valor de los terrenos está, según el fiscal, "íntimamente relacionado" con un convenio firmado entre la entidad y el Ayuntamiento, con Tirado como alcalde, en agosto de 2004; que permite "aumentar la edificabilidad" de la parcela. En concreto, la operación referente a La Parrada supuso unas plusvalías de casi 92 millones de euros.
Se explica que ante las dificultades para vender los terrenos, por el escaso número de viviendas, Kujala y otro socio decidieron acudir al entonces alcalde para conseguir un aumento de densidad de viviendas en los terrenos "de modo que resultara apetecibles para las entidades promotoras y constructoras y pudieran ser vendidos sin dificultad".
Para ello, "se valieron de la mediación del también acusado Francisco Calle" a quien el anterior le propuso "el pago de una importante cantidad de dinero para él y para su cuñado --Tirado-- si lograba convencerlo para que permitiera ese aumento de la densidad". El alcalde "aceptó", según el escrito.
"El aumento de densidad pactado sólo se explica en función de la retribución económica a obtener por el acusado Pedro Tirado, participando en los beneficios que se obtuvieran con la reventa de los terrenos, sin que dicho acusado, alcalde por elección, tuviera en cuenta los intereses generales o las necesidades del Ayuntamiento de Manilva, pues un convenio anterior, por el que se incorporan esas fincas al expediente de cumplimiento del suelo urbanizable no programado, había sido objeto de aprobación definitiva por la Junta de Andalucía pocos meses atrás", se señala.
Calle y Kujala crean una sociedad "con el único objetivo de aparecer como la mediadora en la venta de los terrenos que constituyen la finca la Parrada", según el ministerio público, quien entiende que el cuñado de Tirado "con la finalidad de ocultar la ganancia obtenida en la operación urbanística" transmitió esos fondos a otra empresa constituida por una sociedad de Gibraltar, con el cuarto acusado, mecánico de profesión, como administrador "pese a tener una única participación en el capital social".
La Audiencia Provincial de Málaga revocó el pasado mes de noviembre en parte el auto de incoación de procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), en este caso, desglosado del caso 'Ballena Blanca', y acordó "suprimir del mismo la imputación por delito de prevaricación".
En el registro domiciliario realizado en la vivienda de Tirado se hallaron 762.102 euros en efectivo, agrupados en fajos de billetes de distinto valor que "forma parte de la retribución pactada" con Aki Kujala y otro socio; y en la de Calle se encontró un reloj regalado por éste "cuyo destinatario era su cuñado y entonces alcalde".
* Sur - EUROPA PRESS - 20/12/2007
Foto: Manilva (Málaga) enladrillada - elpais.com
El fiscal pide dos años de prisión para el ex alcalde de Manilva por el caso de 'La Parrada'
El Concello de Sanxenxo ignora a la Xunta y continúa con la urbanización de Major
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LAVOZDEGALICIA/Pontevedra* : A pesar de que la Xunta interpuso un recurso contencioso - administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza para paralizar la construcción de un complejo de 161 chalés en el entorno de la playa de Major, en Sanxenxo, el gobierno local ha obviado el requerimiento de la Consellería de Medio Ambiente para frenar el desarrollo urbanístico y continúa con los trámites administrativos.
De hecho, el Concello está apurando los plazos para la constitución de la junta de compensación para el desarrollo del suelo urbanizable número 22, un proyecto que se acometerá sobre una parcela de aproximadamente 70.000 metros cuadrados promovido por la Inmobiliaria Nino Mirón, del presidente del Pontevedra C.?F., y París Da-Kart Área Recreativa.
Este mismo mes, la Xerencia de Urbanismo de Sanxenxo acordó notificar a los propietarios de los terrenos que formen la junta de compensación aportando las escrituras correspondientes.
Desde el departamento que dirige el socialista Manuel Vázquez se remitió al Concello gobernado por la popular Catalina González una carta en la que se instaba a someter el proyecto de Major al trámite de impacto de evaluación ambiental. No obstante, el gobierno local alegó que la propia Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible había eximido al Ayuntamiento del procedimiento.
Además del desarrollo de Major, la Xunta ha instado al municipio turístico a anular la urbanización de otros dos complejos residenciales, uno localizado en los aledaños de la playa de Montalvo, y el otro en Telleiro. De acuerdo con fuentes autonómicas, Medio Ambiente tiene preparado otro recurso para presentar contra la promoción de Telleiro, en Noalla.
* La Voz de Galicia - Nino Soto - 20/12/2007
Foto: Sanxenxo (Pontevedra), playa Maior - lavozdegalicia.es
Imputados nueve concejales de Almuñécar que votaron para modificar el PGOU
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IDEAL/Granada* : El titular de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Almuñécar ( Granada ) ha citado a declarar en calidad de imputados a nueve ediles del Ayuntamiento sexitano en 2003 que votaron favorablemente el acuerdo de variación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Según la providencia, el juez ha citado a los entonces ediles del PP Fernando Callejón, Trinidad Herrera y Pedro Torres el 30 de enero a las 11.00 horas. Al independiente Juan Jesús Mora, Francisco José Sánchez (PP) y Rocío Palacios de Haro (PSOE), el 31 a la misma hora; y a los socialistas Antonio Manuel Rebollo, Antonio Martín y Sergio García para el 1 de febrero.
En opinión de Convergencia Andaluza (CA), que gobierna actualmente el municipio, cuyo alcalde es Juan Carlos Benavides, el caso referido, que se conoce como 'Mayoral', ha dado un vuelco importante al pasar los mencionados de ser testigos a imputados.
La votación perseguía modificar puntualmente el PGOU de Almuñécar para dotar una parcela para uso hotelero, donde se pretendía construir el hotel Mayoral, pese a los informes de los técnicos municipales que indicaban que la edificabilidad en dicha parcela estaba agotada, consta en la nota.
CA plantea, por lo tanto, a la portavoz socialista en el Consistorio, Rocío Palacios, que "dimita" por "coherencia con los planteamientos que en ese sentido defendía la pasada campaña electoral".
* Ideal - E.P. - 19.12.07
Foto: Almuñécar (Granada), vista - almunecar.info
Primer derribo de chalés ilegales en Córdoba
PÚBLICO* : Dos máquinas excavadoras han comenzado esta mañana las tareas de demolición de cinco viviendas ilegales ubicadas en la urbanización Pedrique de la localidad cordobesa de Obejo, sobre las que pesaba una orden judicial de derribo. La demolición se produce después de que la Audiencia Provincial de Córdoba confirmase la sentencia del juzgado de lo Penal número uno en la que se condenaba al promotor de cinco viviendas y una piscina a un año y ocho meses de prisión y a demoler lo construido, lo que supone la primera decisión de este tipo que se adopta en la provincia.
Sólo una de las cinco casas que serán demolidas es la vivienda habitual de sus propietarios, mientras las otras cuatro son segundas residencias.
Las tareas de demolición, que se prolongaron hasta la tarde, comenzaron ante la mirada de una decena de propietarios afectados por la orden judicial y custodiadas por una treintena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Junta de Andalucía, Guardia Civil y Policía Local de Obejo, una localidad de unos 1.500 habitantes.
Delito de estafa
El abogado de los cinco propietarios, Rafael Aranda, ha informado a los periodistas de que tienen previsto iniciar acciones legales por un presunto delito de estafa contra el promotor que les vendió las parcelas y que fue condenado por el juzgado.
Además, le reclamarán los daños y perjuicios originados por la venta de estas parcelas, que el abogado calcula entre 60.000 y 90.000 euros.
El letrado también se refirió al recurso de amparo que los propietarios han presentado ante el Tribunal Constitucional y ha indicado que el daño "ya es irreparable porque las casas se han derribado antes de que se pronuncie el Tribunal".
La demolición de las viviendas ha comenzado sin más incidentes que la crisis de ansiedad sufrida por uno de los propietarios, que ha tenido que ser asistido por personal de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061.
* Público - EFE - 19/12/2007
Foto: Córdoba, derribo chalés ilegales - JC.Molina, EFE
La Ley catalana de la Vivienda mantiene el alquiler forzoso de pisos
ELPAÍS : Han sido más de dos años de trámite y de enorme polémica sobre el propósito de legalizar el alquiler forzoso de pisos vacíos. El Parlamento de Cataluña aprobó ayer la Ley del Derecho a la Vivienda, una norma que en su artículo 42.6 prevé que la Administración, tras comprobar que un piso permanece desocupado durante más de dos años y advertir a su propietario, puede llegar a expropiar su usufructo y alquilarla a precio social durante cinco años, en los que el propietario recibiría las rentas mensuales. Después recuperaría el uso de la casa.
La votación de la ley llega tras el dictamen del Consejo Consultivo: interpelado por la oposición (CiU y PP), declaró inconstitucional el polémico artículo, sobre el que alertaba que no daba suficientes garantías a los propietarios. Aunque el dictamen no es vinculante, los partidos integrantes del Gobierno catalán (PSC, CiU y ERC) modificaron la redacción e incluyeron las garantías que sugería el Consejo Consultivo, así como inspecciones por parte de la Administración para detectar pisos vacíos.
Hasta el último minuto, la oposición rechazó el artículo 42.6. CiU propuso que en vez de expropiación se hablase de "conciliación". El PP solicitó directamente la supresión del texto. Finalmente, ambos votaron en contra de la ley y los tres diputados del Grupo Mixto se abstuvieron. Con la ley ya aprobada, el PP reiteró que la llevará ante el Tribunal Constitucional.
Pese al rechazo de la oposición, el Gobierno catalán se mostró ayer "orgulloso" de aprobar una ley que "da respuesta al principal problema de los ciudadanos, la vivienda", en palabras del consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar.
Aplausos
Con la tribuna de invitados abarrotada por representantes de los colectivos que han participado en su redacción (asociaciones de vecinos y profesionales, representantes de ayuntamientos, promotores, constructores, entre otros), la aprobación fue recibida con un cerrado aplauso desde los bancos del tripartito.
Esta ley llega tres meses después de la firma del Pacto Nacional por la Vivienda, un acuerdo entre el Gobierno y 34 entidades y cuyo principal objetivo es la construcción de 160.000 pisos sociales en 10 años. El presupuesto previsto es de más de 8.000 millones de euros.
Tanto la intervención del consejero de Vivienda como las de los tres grupos que forman el Gobierno catalán se centraron en defender la ley recordando que el alquiler forzoso es sólo una de las medidas que la nueva norma prevé para crear un parque de pisos sociales, "de interés general".
Partiendo de la "función social de la propiedad de la vivienda", la ley se apoya en el planeamiento urbanístico como fuente de provisión de pisos sociales e introduce novedades que también han generado gran controversia. Por ejemplo, el hecho de que los promotores privados deberán destinar el 20% de los edificios de más de 5.000 metros cuadrados que levanten en suelo urbano a viviendas públicas. Inicialmente, la ley preveía estas cesiones en inmuebles de más de 2.000 metros, pero los constructores consiguieron reducir las cesiones durante las duras negociaciones para sumarse al Pacto Nacional por la Vivienda. La ley también establece que la calificación de los pisos públicos no será inferior a 30 años y prevé un registro único de solicitantes. Además, el "principio de solidaridad urbana" contempla que en 20 años los municipios catalanes deberán tener un 15% de su parque en pisos sociales.
Más allá de la construcción, la norma prevé otros mecanismos para sumar pisos al parque de precio limitado, como que la Administración pueda ejercer el derecho de compra preferente -el tanteo y retracto- en determinadas áreas. Esta figura es de clara inspiración europea y en países como Francia permite sumar cada año miles de pisos al parque público.
Acoso y pisos patera
La nueva norma catalana aborda fenómenos hasta ahora inexistentes en la legislación, como el acoso o asedio inmobiliario, los pisos patera o los que no tienen cédula de habitabilidad. Para detectar estas situaciones, que el texto considera "usos anómalos de las viviendas", se prevé realizar inspecciones y actuar mediante sanciones.
Entre otras cuestiones, se fija en la calidad de los pisos, tanto nuevos como usados, estableciendo estándares y medidas de rehabilitación; exige unos mínimos a los profesionales que intervienen en la promoción e intermediación inmobiliaria y establece medidas de protección a los consumidores.
La controvertida normativa
- En los ámbitos declarados como de demanda residencia fuerte y acreditada, la Administración puede proceder a la declaración de incumplimiento de la función social de la propiedad y acordar el alquiler forzoso de la vivienda.
- Esta declaración se tiene que llevar a cabo en un expediente contradictorio, de acuerdo con lo que prevé la normativa de procedimiento administrativo, en la que será necesario detallar vías de fomento (promoción) que específicamente se hayan puesto a disposición de la propiedad para facilitarle el alquiler de la vivienda.
- Transcurridos dos años desde su notificación sin que se haya corregido la situación de desocupación por causa imputable a la propiedad, la Administración puede expropiar temporalmente el usufructo de la vivienda, por un periodo no superior a cinco años, para alquilarlo a terceras personas.
* ELPAIS.com - CLARA BLANCHAR - Barcelona - 20/12/2007
Foto: Barcelona, edificio pisos vacíos - V.Graell, elmundo.es
Los Monegros y su megacasino fantasma
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ELCONFIDENCIAL* : El juego limpio, en términos de transparencia informativa, brilla por su ausencia en el faraónico casino a gran escala que anunció oficialmente la semana pasada el Gobierno de Aragón en Los Monegros. Resulta que este desierto, una de las zonas más secas de España, va a acoger el mayor complejo de ocio del mundo -parque acuático incluido- y los aragoneses sin enterarse. A día de hoy, el Gobierno de Aragón ya ha firmado un protocolo de colaboración con el consorcio Internacional Leisure Developement (ILD) por el que cambiarán las reglas del juego de la comarca, pero la opinión pública aún no sabe a ciencia cierta dónde se ubicará exactamente ni quién financiará los 17.000 millones de euros que cuesta la aventura.
Como en Bienvenido Mr Marshall, las autoridades políticas aragonesas, con PSOE y Partido Aragonés a la cabeza, se han puesto sus mejores galas para recibir a los extranjeros que traerán ese maná que empedrará de oro el desierto de Los Monegros. El Gobierno de Aragón se ha comprometido a facilitar las infraestructuras, los suministros de energía y agua, dotar de terrenos a los promotores y “adecuar la normativa administrativa aplicable a los requerimientos específicos del proyecto”. En este último capítulo se incluye, por ejemplo, el cambiar la ley del juego, que no permite más de un casino por provincia.
Aparte de la lógica alegría de los lugareños al conocer las dimensiones del proyecto, las críticas no se han hecho esperar. “Creo que nos están vendiendo toneladas de humo”, manifiesta un miembro de Ecologistas en Acción, preocupado por el impacto del Gran Scala, que así se llamará el complejo, a nivel medioambiental, especialmente en materia hídrica y social sobre una comarca muy despoblada, fundamentalmente agrícola y ganadera que sobrevive en condiciones muy duras. “De entrada, los aragoneses pagaremos todas las infraestructuras”, se queja.
IU, único partido que se opone al proyecto, ya se ha quejado de la falta de transparencia de este hipermercado del juego. Su portavoz parlamentario de IU, Adolfo Barrena, ha acusado a la DGA de modificar a través de un Decreto-Ley en medio de un puente festivo, la Ley Urbanística de Aragón para la implantación del complejo del juego, ocio y relax.
Anunciado un mes antes en EEUU… sin saber nada en España
El proyecto fue anunciado casi un mes antes en EEUU que en España. Fue en una convención de empresas del juego el 16 de noviembre. “Hace tiempo que las empresas buscan una ubicación para el Gran Scala y hace aproximadamente un año contactaron con nosotros. Finalmente, se han decantado por Los Monegros por su situación estratégica: entre las grandes ciudades españolas, con montaña y playa al alcance, bien comunicado con Francia, cerca del aeropuerto de Zaragoza y con La Ciudad del Motor a tiro de piedra”, han explicado a El Confidencial portavoces del Gobierno de Aragón.
La envergadura del Gran Scala es descomunal. La que será la segunda mayor oferta del juego del planeta, por detrás de Las Vegas y en competencia con Macao, dispondrá de 32 casinos de última generación, 70 hoteles, 232 restaurantes, cinco parques de atracciones, doce establecimientos o “museos”, 500 comercios, auditorios, hipódromo y campo de golf. La broma ocupará 2.025 hectáreas, prevé emplear a 65.000 personas y aportar 677 millones de euros al año a la Comunidad Autónoma y otros 1.000 a la hacienda estatal. Está previsto que la primera piedra se coloque en el tercer trimestre de 2008.
No hay nada parecido en Europa, “un continente con cientos de millones de habitantes con alto poder adquisitivo”, explica el documento explicativo del Gobierno de Aragón. “Los únicos aprovechamientos urbanísticos están previstos para la última fase del proyecto y es un objetivo secundario de los promotores. Se van a construir 2.300 viviendas para la exclusiva utilización de las empresas y para atender a los 35.000 empleados del complejo. En ningún caso, habrá venta de viviendas al exterior”, puntualiza.
Además de los complejos de juego, integrados según la historia de las civilizaciones, dividida en 16 etapas que van desde el “Hombre antes descubrimiento de la escritura” hasta “El futuro” pasando por “El Egipto faraónico” o “El Renacimiento”, entre otras, el proyecto se convertirá en el primer destino mundial de parques temáticos.
En estos momentos ya está confirmada la presencia de Acquantica, dedicado a la relación del agua y las civilizaciones; SpacePort, en torno al mundo del espacio, que cuenta con otra instalación similar en China, y Spyland, que ocupará una superficie de cien hectáreas y estará dedicado al mundo de los espías.
Consorcio de empresas extranjeras
¿Quién promoverá este coloso? ILD es un consorcio creado ad hoc por 12 empresas internacionales: Darlen Ltd, Finidusco Holding, Aristocrat Technologies, Europtima, UFA Insurance, Ultragroup, Alea, BM Parks, Havilla Partners, Architects Association, Hot Games UK, y Thibault Verbiest. “En la sociedad ILD tienen cabida empresarios dedicados a la gestión de cadenas hoteleras y resorts, gestión de edificios de oficinas, constructores, fondos de inversión, compañías de seguros, del sector del juego, arquitectos y otros profesionales, que garantizan múltiples disciplinas y el conocimiento y los contactos necesarios para impulsar un proyecto de esta envergadura”, informa la nota sin dar más detalles.
* El Confidencial - Fátima Martín.- - 19/12/2007
Foto: Los Monegros (Aragón), vista proyecto Gran Scala
La UE admite una denuncia contra el circuito urbano en Valencia por no tener estudio ambiental
ADN* : La Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia de la Federación valenciana de Ecologistas en Acción, en representación de la coordinadora Fórmula Verda -integrada por asociaciones vecinales y ecologistas-, en la que insta a que se evite la construcción en Valencia del circuito urbano de Fórmula 1 sin un estudio previo de impacto ambiental.
El citado colectivo ha explicado que la denuncia, presentada el pasado 21 de noviembre, se basa además en "la modificación por parte del Ayuntamiento de Valencia del Plan Estratégico de la ciudad y la falta de publicidad de los concursos de las obras". Ecologistes en Acció considera que la solicitud debe ser cursada de forma "urgente, dado el riesgo evidente de que la Comisión [Europea] pueda encontrarse ante hechos consumados e irreversibles".
La denuncia relata el proceso urbanístico seguido para autorizar la adecuación de varios tramos viarios entre la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la dársena del puerto como circuito urbano para el Gran Premio de Europa, cuya primera edición se celebrará el próximo 24 de agosto.
"Clara infracción"
Modificar la red primaria sin haber realizado antes una evaluación de impacto ambiental "supone una clara infracción" de dos directivas europeas, por lo que la CE debe hacer "que se cumpla la obligación de realizar una evaluación en los proyectos urbanos que por su naturaleza y dimensión puedan tener importantes impactos". Los ecologistas sospechan que no se ha hecho el estudio, porque "en un entorno urbano saldría claramente negativo".
En opinión de Fórmula Verda, el circuito urbano tendrá efectos sobre el ser humano, el aire, el paisaje y el patrimonio cultural de Valencia, ya que durante esa semana de agosto se emitirá al aire una gran cantidad de gases contaminantes procedentes de los bólidos, se generará una elevada contaminación acústica y se modificarán los hábitos diarios de numerosos barrios de la ciudad.
Sin información
Según los datos de que disponen a raíz de los expedientes publicados oficialmente, el importe total de las adjudicaciones para ejecutar este proyecto asciende a 59 millones de euros, sin que hayan salido a información pública ni el proyecto ni su memoria. Fórmula Verda denuncia además que, pese a haberlo solicitado en dos ocasiones, la Conselleria de Infraestructuras y Transporte no ha atendido sus peticiones sobre la información ambiental que existe del proyecto.
Se critica además que se hayan cambiado los usos previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la zona afectada, pese a ser "una actividad de gran impacto urbano, comercial y ambiental que no está prevista, ni concreta ni genéricamente, en el planeamiento vigente en la zona donde se pretende actuar".
También se revela que una parte de la pista de competición ocupa terrenos del antiguo cauce del Turia, catalogado como zona verde y clasificado en el PGOU como Parque Metropolitano, "en cuyas condiciones de uso se excluye explícitamente la construcción de infraestructuras de transporte motorizado".
* ADN - Agencias - 19/12/2007
Foto: Valencia, nuevo circuito Fórmula 1 - 20minutos.es
Una promoción de viviendas, junto a una fosa común de víctimas del franquismo
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ELPAÍS/Huelva* : Cuando Ignacio Ávila, era niño y visitaba el cementerio viejo de La Palma del Condado, había una zona por la que a no le dejaban jugar. "No corras por allí, chico, que es donde están enterrados los pobrecitos", le decían. Con los años, Ignacio aprendería que así es como se referían sus mayores a los dos centenares de fusilados por las tropas franquistas en la Guerra Civil. Vecinos todos del pueblo, y de otros municipios cercanos, enterrados presuntamente en una fosa común del camposanto.
El cementerio desapareció y en sus inmediaciones se construye una urbanización de 119 viviendas. El recuerdo de la sepultura masiva sigue vivo entre muchos vecinos del pueblo y familiares de los represaliados. Hace algo más de un año, pidieron al Ayuntamiento, gobernado por el PP, que garantizase el cuidado del lugar por la presencia de las obras, así como el traslado de los restos de los asesinados al cementerio municipal. Porque es allí donde quieren darles una sepultura digna y erigirles un monumento de recuerdo. Por eso, piden al promotor de las obras, José Antonio Lagares, que permita que técnicos de la Asociación de Memoria Histórica controlen los posibles movimientos de tierra, para cerciorarse de que no se pierden los restos de los fusilados.El mismo Ignacio Ávila que correteaba por el antiguo camposanto, es hoy el vicepresidente de la Asociación de Memoria Histórica de Andalucía de la Campiña y el Condado de Huelva. Ávila es nieto de una fusilada por las tropas rebeldes contra la II República. El pasado domingo, él y otros 80 vecinos de La Palma y pueblos de alrededor, se concentraron ante la fosa común para hacer saber a todos sus peticiones. Ayer, Ignacio Ávila volvió al lugar. Esta vez, acompañado de Rosario Díaz, de 77 años y Manuela Pinto, de 79, que es su tía. A Rosario le asesinaron a su padre, Celedonio, un tonelero socialista, en los primeros meses de la guerra, siendo ella sólo una cría. A Manuela, le mataron a su madre, Ignacia Domínguez, y a dos hermanos de ésta, que eran sindicalistas.
"Mi padre está enterrado aquí", afirmaba ayer con toda seguridad Rosario. "Lo sé porque unos niños se lo dijeron a mi hermano al poco de que se llevaran a mi padre. Le dijeron 'a tu padre lo han matado aquí y lo han enterrado en ese montón'. Fui yo la que se lo comuniqué a mi madre", continuó la mujer. En el caso de la madre de Manuela, no hay seguridad de dónde descansa. Y esa duda es una herida abierta. A Manuela todavía le duele hablar. Y no puede evitar llorar cuando repite que no quiere morirse sin antes haber llevado flores a la tumba de su madre.
Voces como la de Rosario y de testigos de los fusilamientos permiten a la Asociación de la Memoria afirmar que allí se encuentran los 200 asesinados. Unos días en los que los franquistas cebaron las tumbas improvisadas del pueblo. Los datos de estudiosos citados por la Asociación de la Memoria Histórica elevan los asesinados a unos 500, dentro de una población que rondaba los 8.000 habitantes. "La impresión que dejó la matanza en todos fue enorme. Y todavía se nota el miedo a la hora de hablar. Hemos sacado testimonios con cuentagotas", reconocen miembros de la asociación.
Así que no les ha sorprendido las reacciones, no sólo de muchos vecinos, sino también del Ayuntamiento y de la propia constructora, a los que acusan de una total falta de sensibilidad con sus peticiones. El Ayuntamiento, regido por Juan Carlos Lagares, se negó ayer a hacer declaraciones.
El promotor de la obra, José Antonio Lagares, dijo que la zona donde se presume que se encuentra la fosa común está destinada para una plaza con espacios verdes y de recreo y "allí no se va a meter ninguna excavadora para sacar tierra ni nada", aseveró. El promotor se queja vehementemente de que a él "nadie" a ido a consultarle, al tiempo que desconfía de que allí existan restos de fusilados.
* ELPAIS.com - MANUEL J. ALBERT - Huelva - 18/12/2007
Foto: La Palma del Condado (Huelva), ayuntamiento - csi-csif.es
Denuncian que pretenden urbanizar en Valdeolmos-Alalpardo dos millones de m2 frente a los 54.000 actuales
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EUROPAPRESS/Madrid* : La Plataforma de Vecinos contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdeolmos-Alalpardo denunció hoy que el PP pretende recalificar más de dos millones de metros cuadrados de terreno rústico para convertirlo en urbanizable en Valdeolmos-Alalpardo, frente a los 54.000 actuales, lo que supone un aumento de terrenos para construir del 3.800%.
Esta plataforma señala que el documento de avance del PGOU aprobado en pleno por sus ocho concejales, frente a los tres (2 Independientes, 1 PSOE) de la oposición, recoge que las normas subsidiarias de este municipio, que están en vigor desde 1997, establecen que el suelo urbanizable era de 54.600 m2 frente a los 2.084.061 que el Consistorio del PP pretende recalificar ahora.
Este "nuevo pelotazo urbanístico" transformará de forma "agresiva" este pequeño municipio, protegido en la actualidad por encontrarse en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), afirma en un comunicado. Se construirán dos mil trescientas viviendas más de las que preveían las normas del 97, multiplicando por cinco los 2.400 habitantes actuales.
Asimismo, la Plataforma apunta que el propio alcalde, Juan Ignacio Mesa, reconoció en una reunión con los vecinos que aún no se ha concluido el desarrollo de las normas subsidiarias del 97, que hasta hoy solo se ha desarrollado el 60 por ciento del suelo urbano y que el 40 por ciento está aún por ejecutar.
Por otra parte, el colectivo vecinal indica que el entorno de este municipio aporta uno de los escasos ecosistemas donde todavía sobreviven especies muy escasas en la Comunidad de Madrid, con lo que la desaparición de zonas de secano y vegetación de ribera, tendría un efecto muy negativo sobre aves y otros animales.
Otra de las zonas que el PP pretende transformar ahora en urbanizable está incluida, en un Estudio de Incidencia Ambiental, como zona especial por su interés arqueológico. Esa mismo área, situado entre el núcleo urbano de la Urbanización Miraval y el casco urbano de Alalpardo, también debería ser un zona "vetada" a la construcción de viviendas, por las autoridades urbanísticas de la Comunidad de Madrid y por el Ministerio de Fomento, ya que se trata de una de las nuevas rutas áreas de Barajas, habilitada desde que se inauguró la T4, añade.
* Europa Press - MADRID, 18 Dic.
Foto: Alalpardo (Madrid) - alalpardo.org
