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INFORMACIÓN/Alicante* : La vida municipal mientras Juan Cano ha formado parte de la corporación polopina ha estado plagada de tiranteces y desacuerdos, en especial con los partidos de la oposición, aunque también con compañeros de gobierno. Que el alcalde de Polop era quien hacía y deshacía en el Consistorio era un secreto a voces. Al contrario que Ponsoda, que delegaba prácticamente todo, Cano estaba al tanto de todos los asuntos y la mayoría pasaba por sus manos. En especial aquellos que tenían que ver con el Urbanismo.
ncluso hasta los años en los que no ejerció de concejal. Antes de los comicios municipales de 2003 se quedó fuera de las listas por su presunta vinculación con el cobro ilegal de unas comisiones, un asunto del que tuvo conocimiento el PP. Según algunas fuentes, en la presunta extorsión al empresario también figuraría el edil Ximo Montiel. El caso es que aquello le costó no ir en la lista electoral.
En ese interín hasta su regreso se produjo una curiosa operación urbanística que le tuvo a él y a otro ex edil como protagonistas. En 1999, antes de aprobarse el PGOU de Polop, el ya ex concejal Jaime Narbó compró tres terrenos a un matrimonio por 60.101 euros. Dos de esas parcelas eran rústicas y la otra urbana. En el año 2004, el edil vendió las dos parcelas rústicas. Una de ellas a su padre por 7.500 euros y la otra a Juan Cano, por el mismo precio. En aquellos momentos Cano no ocupaba cargo público alguno. La parcela urbana fue vendida por Narbó a la mercantil Blauverd en noviembre del año 2005 -con el PGOU ya aprobado en 2003- por 480.000 euros. En la venta ejerció Juan Cano de representante del concejal polopino.
En cuanto a los terrenos rústicos que adquirió Cano y el padre de Jaime Narbó, ambos los vendieron el 25 de noviembre de 2005 a la mercantil Blauverd, apenas 14 días después de adjudicar la condición de agente urbanizador del sector 8 Teulería-La Paz a dicha empresa. La del padre de Jaime Narbó por un precio de 240.000 euros y la de Juan Cano por 290.000. Es decir, lo que le había costado a Cano 7.500 euros en 2004, lo vendió un año después por un precio 38 veces superior. Y a todo ello, el concejal Jaime Narbó votó en el pleno la adjudicación del plan parcial en el que tenía terrenos, sin ausentarse de la sesión.
Fuentes municipales aseguran que Ponsoda era la persona del partido que atraía los votos en las elecciones pero que, una vez formado gobierno, delegaba casi todas las funciones en sus concejales. En el caso del Urbanismo, el móvil más probable de este crimen, Cano acaparaba todo el protagonismo. "Ponsoda no ejercía nada más que de alcalde. En la época de Cano era él quien cortaba el bacalao. Si en un pleno se le hacían preguntas al alcalde, era Cano el que contestaba la mayoría de las veces", argumentaban las fuentes consultadas.
Esas mismas fuentes inciden en que el suceso del vado en el que presuntamente habría reclamado dinero a un empresario "daba a entender que ese juego se extendía a otras facetas". Pese a que Cano siempre ha insistido en que los planes urbanísticos, once en total, llevaban años aprobados y que no se ha llevado a cabo ninguna actuación posterior, lo cierto es que "se ha seguido comprando y vendiendo suelo y siempre queda alguna guinda en el pastel", agregaron las fuentes consultadas, que señalaron a Cano al afirmar que "si quedaba algo aprovechable por ahí, él lo sabía".
Juan Cano, a lo largo de estos días, también había expresado en todo momento su convencimiento de que el móvil del asesinato de su antecesor tenía que ver con el ámbito personal de Ponsoda. Una hipótesis que barajó la investigación, pero que perdió fuerza con el paso del tiempo. Incluso después de las primeras detenciones, el primer edil seguía insistiendo en lo mismo. Seguramente con la intención de desviar la atención. Mientras tanto, las fuentes consultadas insisten en que habrá más detenciones de personas vinculadas a las compraventas de terrenos y a la recalificación de suelo de rústicos a urbanizables.
* Información - JULIO MARÍN - 25.11.09
Foto: Polop (Alicante), vivienda Juan Cano - Mario Ayús, laverdad.es
Polop: Cano adquirió terrenos que vendió un año después por un precio 38 veces superior
Juzgado el ex alcalde de Coll de Nargó por delito urbanístico
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ELPAÍS/Lleida* : El Juzgado de lo Penal nº2 de Lleida celebró ayer la vista oral por un presunto caso de corrupción urbanística en el que están implicados el ex alcalde convergente de Coll de Nargó (Alt Urgell), Josep Miquel Duró, de CiU, y cuatro concejales, dos de los cuales continúan en el consistorio. El fiscal pide para los acusados un año y tres meses de prisión por haber concedido una licencia para construir un edificio con casi cinco metros más altura de la permitida por la normativa vigente.
El presunto delito contra la ordenación del territorio se cometió a finales de 2005, cuando el anterior consistorio presidido por Duró votó en un pleno municipal a favor de conceder una licencia de obras para construir un edificio que consta de una planta baja para locales comerciales, tres para viviendas y una quinta bajo cubierta. El arquitecto y la secretaria municipal advirtieron a los ediles que la normativa sólo permitía tres plantas.
Dos concejales de la oposición votaron en contra y presentaron un recurso, que a fecha de hoy no ha tenido respuesta. A finales de 2007, la Dirección General de Urbanismo, dependiente del Departamento de Política Territorial, advirtió al ayuntamiento de Coll de Nargó que la licencia era nula de pleno derecho y le instó a paralizar las obras. La misma resolución admitía un exceso de edificación de 2.364 metros cuadrados, la superficie correspondiente a 30 de las 65 viviendas construidas. El consistorio hizo caso omiso y continuó las obras.
Un crecimiento beneficioso para el pueblo
El ex alcalde manifestó en el juicio, a preguntas del fiscal del caso, que autorizó el edificio con más altura de la permitida porque suponía un crecimiento beneficioso para el pueblo y porque la licencia concedida se ajustaba a la normativa urbanística que en ese momento se estaba redactando y que a fecha de hoy aún no ha sido aprobada. Duran reconoció ser uno de los cinco propietarios del solar y que permutó su parte a cambio de una vivienda en el polémico edificio. Los inspectores de urbanismo detectaron otras irregularidades en la tramitación del expediente y concluyeron que la licencia no se debió otorgar.
* ELPAIS.com - LLUÍS VISA - Lleida - 25/11/2009
Foto: Coll de Nargó (Lleida) - radioseu.cat
Imputado por 'mobbing' el presidente de la Asociación de propietarios de Catalunya
20MINUTOS/Barcelona* : La Fiscal pide dos años de cárcel para el presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Luis Miguel Pahissa, a quien acusa de hacer "la vida imposible" a dos inquilinas de casi 80 años, en uno de los pocos casos de supuesto acoso inmobiliario que ha llegado a juzgarse por vía penal.
En el juzgado de lo penal número 9 de Barcelona se celebra el juicio contra Pahissa, que en su declaración ante la juez ha negado haber acosado a las ancianas, que residen desde hace más de treinta años, como arrendatarias de renta antigua, en la planta tercera del número 18 de la calle Compte d'Urgell de Barcelona.
Por este caso también está acusada la propietaria de los pisos, Esther G.S., que ha dicho desconocer la situación y ha remarcado que se limitaba a ser informada por Pahissa de las decisiones que éste adoptaba.
Por el contrario, las denunciantes, María Dolores P.M., y Leonie C.T., de 78 y 80 años, respectivamente, han detallado el calvario sufrido a raíz de la muerte de sus esposos, ya que han tenido muchos problemas para subarrendar el contrato de alquiler y además el administrador las ha evitado siempre y, cuando han podido hablar con él, las ha menospreciado.
Como ejemplo, María Dolores P.M. ha explicado que tan sólo 16 días después de la muerte de su esposo fue a la casa de Pahissa, junto a su hija, con la que convive en el domicilio, a comunicarle el deceso y a pedirle que iniciara los trámites para subarrendar el contrato, y éste las trató de muy malas maneras, según su versión.
"Nos recibió en su despacho, con las piernas encima de la mesa, no nos invitó a sentarnos y cuando le dije que mi marido había muerto nos dijo que cuando yo muriera a mi hija la echaría a la calle", se ha lamentado, entre sollozos.
Además, ha subrayado la "angustia" que les supuso que el administrador no les cobrara el alquiler durante al menos tres meses seguidos en el último trimestre de 2006 -lo que Pahissa justifica porque se casó, se fue de viaje y tuvo una hija-, ya que temían que les echarían de casa por no pagar el alquiler. Tanto es así que, según la versión de María Dolores P.M., le enviaron a Pahissa varios giros postales confirmando el pago del alquiler, pero siempre les venían devueltos.
Otras de las quejas de las ancianas vecinas es que cuando se construyó un nuevo ascensor, el administrador les prohibió utilizarlo e incluso durante dos años anuló los botones para evitar que el aparato fuera llamado o se detuviera en la tercera planta, en la que vivían.
* 20 Minutos - EFE - 25.11.09
Foto: Mobbing BCN (archivo), puerta forzada - elperiodico.com
Los vecinos aceptan los derribos de casas en Ons porque no tendrán que pagarlos
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ELPAÍS/Pontevedra* : Las dos primeras viviendas ilegales de Ons fueron ayer derribadas sin que se registraran incidentes. Hay otras 24 amenazadas en mayor o menor grado. Un centenar de vecinos se había embarcado en Bueu a primera hora de la mañana con ánimo beligerante contra la operación, pero esa predisposición duró lo que la propia travesía hasta la isla, a bordo del Pirata de Ons.
Acababan de desplegar su abultada impedimenta de pancartas y arengas, cuando la Guardia Civil entró en escena y dio vuelta a la situación con el primer envite. Las casas iban a ser derribadas "por las buenas o por las malas, porque es una orden que hay que cumplir", señaló el mando que se acercó a los manifestantes. Los vecinos podrían protestar cuanto quisieran, pero no interrumpir el derribo ni agredir a nadie de los que lo realizaran. La empresa, en fin, Tragsa, lo haría gratis, si así lo querían.
El último acicate para motivar la guerra vecinal contra el derribo era que la actuación de Tragsa, si los propietarios no procedían directamente a derribar sus viviendas, comportaba el pago de 50.000 euros por demolición. Ahora se lo ofrecían gratis y, desconcertados, los vecinos sólo acertaron a decidir que irían en manifestación para comunicarlo hasta la casa de Manuel Ferradás, fallecido hace unos meses y cuyos herederos ya estaban en la faena del derribo: se les veía a unos 200 metros, a mazazo limpio sobre el tejado. La marcha, pese a toda la profusión de pancartas, tuvo una impronta de cortejo fúnebre. María del Carmen, una de las hermanas herederas, reaccionó con gran crispación al anuncio de que Tragsa haría el trabajo, hasta que se aseguró de que sería gratis.
La mañana se fue en preparativos y entre acusaciones a "los políticos" de discriminación: "Nos toca porque somos gente humilde". Los manifestantes dejaron el lugar a las máquinas y personal de la empresa estatal. Aún no habían comenzado a derribar cuando, a mediodía, el pasaje volvía derrotado a Bueu, barruntando que lo vivido sólo era el principio de un triste final.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Illa de Ons - 25/11/2009
Foto: Ons (Pontevedra) - delmorrazo.com
CCOO, Ecologistas en Acción y Salvemos la Sierra tachan de "burla" el PORN
ABC/Madrid* : El área de Medio Ambiente de CCOO junto con las asociaciones Ecologistas en Acción y Salvemos la Sierra han tachado hoy de "burla" a la ciudadanía y "a la Ley" el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Guadarrama aprobado por el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Así lo han anunciado en una rueda de prensa celebrada hoy en Collado Villalba en la que han criticado el "oscurantismo" con el que la Comunidad de Madrid ha aprobado el PORN por las "prisas" del Ejecutivo de Esperanza Aguirre por "desbloquear una treintena de planes generales de urbanismo" de la sierra.
El hecho de que no se haya hecho público el contenido del texto definitivo y de que no se vaya a conocer hasta que se publique de forma oficial en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, "sin contestar a las 18.000 alegaciones presentadas" y "sin elevarlo al Consejo Económico y Social" (CES), es "prueba" de "ocultismo" para estos colectivos.
Las tres entidades coinciden en que este documento esta "abocado al fracaso" por incumplir, entre otros aspectos, la ley estatal de Parques Nacionales y la propia normativa de la Red de Parques, además de otras normas de la Unión Europea.
Por ello, una vez se haga público en el BOCM, están dispuestos a estudiar al detalle el texto y a elevar a los más altos tribunales la propuesta del PORN de la Comunidad de Madrid, que coinciden en considerar de "burla" a la ciudadanía y "a la legalidad".
Los tres colectivos iniciarán conjuntamente una campaña informativa para abordar cómo afectará este PORN a los territorios, que iniciarán el sábado, a las 10.30 horas, en el Instituto María Guerrero de Collado Villalba.
* ABC - EFE - 25.11.09
Foto: Madrid, denuncia PORN - EFE
Una asociación denuncia que el PXOM favorece intereses de algunos políticos
LAVOZ/Lugo* : La Asociación por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo (ALPUL) denunció ayer que había detectado una serie de lo que definió como «errores» en el Plan Xeral de Ordenación Municipal, tras el periodo de alegaciones, que podrían favorecer los intereses de determinados políticos y constructores.
Entre los primeros únicamente se citó a Francisco Fernández Liñares, actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil y antiguo concejal de Urbanismo.
La nueva asociación, que preside Manuel Cabanas, encargó un estudio de legalidad, en el que se recogen las diferencias entre las zonas perjudicadas por los cambios, entre las que citó As Gándaras, A Campiña y San Lázaro, que suponen 1,3 millones de metros cuadrados urbanizables, que según Cabanas no se podrán desarrollar.
ALPUL asegura que tiene sospechas fundadas de trato de favor en el PXOM, que no descartan denunciar por la vía penal, en caso de que no se subsanen los errores detectados. Ante las manifestaciones de esta asociación, el Concello de Lugo difundió una nota en la que apunta que las declaraciones de Cabanas «parecen un chantaxe cara a Administración Local e a Xunta de Galicia que neste momento ten a última decisión sobre o plan e que indicou ao Concello de Lugo as observacións que debe modificar».
Según ALPUL, frente a los suelos que dicen han sido perjudicados, «hemos observado -dijo- como otros, vinculados a personas de renombre en esta ciudad han sido favorecidos y parece que en lugar de seguir criterios urbanísticos y profesionales, se han seguido otros tipo».
Cabanas apuntó que toda la información sobre lo que definió en otra ocasión como «errores» la tienen documentada. «Se tiene conocimiento -dijo- de anomalías muy graves. Hay suelos, como una propiedad muy conocida en San Lázaro, que pertenece al señor Liñares, que pasó de ser suelo rústico a urbano edificable, calificación que urbanísticamente carece de mucho sentido». También apuntó que este mismo político, que en su día fue concejal de urbanismo, posee otra parcela de 84.000 metros cuadrados en Fixós que «casualmente linda con suelo urbanizable, que en caso de ser ampliado «incrementaría su patrimonio sustancialmente».
Cabanas apuntó que en los últimos tres años llevan trabajando en este asunto y que encargaron un informe de legalidad a un urbanista. Este estudio fue entregado a la concejala de Urbanismo, María Novo, que dijo que lo iba a analizar y remitirles las conclusiones. «Nuestra sorpresa -dijo- fue que mandó el PXOM a la Xunta y a los perjudicados no nos comunicó nada». Apuntó que después de intentar durante dos meses hablar con Novo, sin resultados, registraron los informes, que también hicieron llegar al portavoz del PP, Jaime Castiñeiras.
«María Novo -dijo el presidente de ALPUL- sigue en sus trece y es reacia a hacer cualquier tipo de modificación». «Nosotros -apostilló- no sabemos que que intenta defender».
Cabanas apuntó que le remitieron un escrito, a través de un abogado, recordándole que una vez aprobado el PXOM, si recurren a la vía administrativa, éste se podría anular por los «errores» de los que tienen conocimiento, después de nueve años de tramitación.
La documentación, según el presidente de ALPUL, será remitida a la Xunta como órgano supervisor para que «pare lo que creemos ilegal e injusto». Insistió en que el efecto que se produce es una descompensación, «Hay suelos -dijo- como cerca del hospital, que meten una serie de cargas y normas que hacen que sean inviables e inejecutables, en tanto que otros sí y es donde se localizan a ciertas personas», apostilló.
* La Voz de Galicia - 25.11.09
Foto:
Los alrededores del campo de golf son zonas muy polémicas - Oscar Cela, lavozdegalicia.es
El alcalde detenido por el crimen de Polop fue denunciado por extorsión
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ELPAÍS/Alicante* : El urbanismo emerge como trasfondo del móvil del asesinato a tiros del alcalde de Polop (4.100 habitantes, en el prelitoral de Alicante), Alejandro Ponsoda, del PP, hace dos años. El último arrestado por este crimen ha sido su sucesor en el cargo, Juan Cano, también del PP. Cano, edil de Urbanismo desde 1995 (salvo el mandato 2003-2007), fue grabado en dos ocasiones en un supuesto intento de cobro de comisiones a promotores. Ponsoda y Cano discrepaban sobre el desarrollo urbanístico del municipio. El regidor asesinado se opuso a un plan de 5.000 casas que impulsaba Cano a principios de este mandato.
Cano, séptimo arrestado por estos hechos, fue detenido la madrugada de ayer en su domicilio. Antes de ser conducido a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, los agentes realizaron sendos registros en el Ayuntamiento y en la casa del regidor. El PP reaccionó al arresto del primer edil con su suspensión cautelar de militancia. La investigación continúa, aunque no están previstos arrestos de forma inminente, según señaló ayer la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares.
El asesinato de Ponsoda, según la investigación, se planeó en el club de carretera Mesalina, a las afueras de Benidorm. Cano es asiduo a los locales de estas características, según sus conocidos. En el lupanar contactó con el resto de los miembros de la trama, entre ellos, un narcotraficante, un empresario de calzado y los dos pistoleros de nacionalidad checa que ejecutaron a Ponsoda. Uno de ellos trabajaba en el mencionado club de alterne, y el segundo, en otro local de la comarca. Por estos hechos también han sido arrestados el gerente y el dueño del prostíbulo Mesalina. Los seis ya han sido encarcelados por la juez. En la resolución del caso han sido clave cinco testigos protegidos, vinculados al prostíbulo.
Juan Cano fue el concejal de Urbanismo desde 1995 hasta 2003. No repitió en el siguiente mandato por un oscuro asunto que nunca llegó a ser desvelado públicamente: en 2002, fue grabado en un supuesto intento de cobro de comisiones a un constructor y a un vecino por la instalación de un vado. Ambas cintas están en poder de la Guardia Civil. La grabación provocó la salida provisional de Cano de la política, bajo la amenaza de que trascendiera la cinta.
En 2003, se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de esta localidad, que prevé una decena de sectores urbanizables en millones de metros cuadrados hasta multiplicar por siete su población.
Hasta el nuevo PGOU, Polop era un nido de infracciones urbanísticas. En 2003, Cano y Ponsoda comparecieron como testigos en un juicio contra el constructor y el promotor de una vivienda en suelo no urbanizable por un supuesto delito urbanístico. El proceso, según la declaración del constructor a la que ha tenido acceso este periódico, consistía en que el Consistorio permitía la construcción ilegal a cambio de que se pagaran las tasas municipales por una licencia que no se podía conceder. En el caso del juicio al que el Ayuntamiento llevó a este constructor, el empresario pagó 1.230 euros por las tasas y casi 6.000 por la infracción urbanística. Pero la obra ilegal no se derribó.
En 2006, se detectó en el Ayuntamiento la desaparición del libro de resoluciones de la Concejalía de Urbanismo en la que se registraban las segregaciones de parcelas, los proyectos y las licencias de construcción. Allí estaban todos los trámites de Cano mientras fue concejal del área hasta junio de 2003. La consecuencia es que no se puede certificar que algunas construcciones de Polop dispusieran del correspondiente permiso. La división interna que vivió el PP local producto de las tensiones entre el sector campista y el zaplanista acabó con el retorno de Cano a la lista electoral del PP en 2007. Y Cano volvió a ser nombrado concejal de Urbanismo y Hacienda cuatro años después.
El tiempo, sin embargo, no había curado las heridas de entonces. El último enfrentamiento interno conocido en el seno del Gobierno de Polop fue a cuenta de un proyecto urbanístico fuera de la ordenación. El alcalde detenido intentaba aprobar la construcción de otras 5.000 viviendas a los pies del macizo de Ponoig por encima de la cota actualmente construida, a lo que se opuso categóricamente Ponsoda.
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER / EL PAÍS - Benidorm / Alicante - 25/11/2009
Foto: Entierro del alcalde Ponsoda, hace dos años. Con un círculo, el actual regidor, detenido ayer.- ROSA FUSTER, elpais.com
