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ELPAÍS/Pontevedra* : A una semana de que finalice el plazo decretado por el juzgado de Pontevedra para derribar nueve chabolas de O Vao declaradas ilegales, ayer se consumó la demolición de dos de ellas sin que el Ayuntamiento de Poio haya podido ofrecer una alternativa seria a las familias afectadas. "Está complicado", reconocía a pie de poblado el alcalde de la villa, el nacionalista Luciano Sobral. Por ahora y de forma "temporal" están realojados en viviendas del mismo asentamiento, donde la indignación resulta palpable: "Si no podemos alquilar ni comprar, ¿adónde quieren que vayamos? Que nos dejen vivir aquí, que no molestamos a nadie", decía Melisa Salazar, hija de uno de los afectados.
Sobral confía en poder resolver la situación sin abrir un conflicto social gracias a un convenio con la Consellería de Vivenda que firmará la próxima semana. El documento "permitirá la financiación de nueve viviendas", a las que la Xunta aportará 700.000 euros y el Ayuntamiento y las familias otros 300.000. No obstante, los interesados no se fían. Alguno afirma incluso estar "muy lejos de llegar a un acuerdo", a pesar de admitir la voluntad de diálogo del propio regidor, del que dicen se "está portando muy bien".
El pasado jueves, Sobral solicitó al juez que lleva el caso un aplazamiento que, según informó, le fue denegado. Han pasado siete años desde que se inició el proceso judicial y cinco desde que se decretase la ilegalidad de once viviendas, dos de las cuales fueron derribadas el pasado mes de abril. Y en todo este tiempo la Asociación de Vecinos de O Vao ha tenido un papel protagonista en la consumación de la sentencia, ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza. De ahí que las críticas de los gitanos tuvieran ayer en el punto de mira a la presidenta del colectivo, Carmen Esperón, que lleva 20 años denunciando los casos de marginalidad que se producen a unos metros de su domicilio. Contra ella, y no es la primera vez, profirieron graves amenazas.
A pesar de que el objetivo ayer era derruir tres chabolas, sólo dos fueron tiradas abajo en presencia de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que no tuvieron que intervenir. La primera fue la que más revuelo levantó, en el poblado de arriba, donde las caras aún maquilladas de las mujeres recordaban los festejos nupciales del día anterior. Allí, el patriarca Adolfo Casal manifestó su desacuerdo con que se derribase ahora una casa que lleva 20 años en pie. "Si es ilegal, ¿por qué no lo hicieron cuando se estaban levantando las paredes", se preguntaba tras advertir: "Yo sé que aquí se vende droga, no le voy a decir que no, pero el gitano tiene nombre, hay muchos que viven de su trabajo". Además, la situación viene agravada porque los afectados son un viudo y su hija adolescente, quienes aseguraron que no tenían adónde ir y que no habían llegado a un acuerdo con el alcalde, en contra de lo que éste dijo después. La grúa apenas tardó 20 minutos en echar abajo la casa y los más pequeños encontraron en los escombros un nuevo parque de juegos.
En el poblado de abajo la demolición se hizo a mano, ante la imposibilidad de que la maquinaria pesada accediese a una construcción de reducidas dimensiones, tanto que cuesta hacerse a la idea de cómo Enrique Jiménez, su mujer y sus tres hijos podían vivir en ese espacio. La tercera vivienda, que finalmente no fue derribada por no alcanzar un acuerdo con los propietarios, es la de mayores dimensiones. Se trata de un caso peculiar, ya que únicamente pesa sobre la nave central la orden de derribo. Desde que se abrieron los expedientes, en el año 1993, los hijos de los propietarios se han casado y se han establecido en los laterales de la casa original, así como en una segunda planta. "Ahí vive el patriarca, mi suegro, y saben que si se va él nosotros nos vamos detrás", explicaba uno de sus ocho habitantes, dispuestos a pagar una multa para legalizar su situación.
De Portela a las ratas
Ni para alquilar, ni para comprar. A las familias gitanas de O Vao no las quieren en los municipios cercanos a Poio. El caso de Vilarchán, donde los vecinos estaban dispuestos a hipotecarse con tal de impedir que el clan de los Jiménez comprase una de las casas de la aldea, fue sólo el síntoma más evidente de una realidad que trae de cabeza al gobierno municipal de Poio.
La palabra racismo saltaba ayer de una boca a otra en O Vao, donde residen más de 80 familias, algunas desde hace casi 50 años. En 1972 el Ayuntamiento de Poio cedió un terreno municipal para construir viviendas para los gitanos. Fue entonces cuando se publicó un concurso de ideas que ganó el arquitecto pontevedrés César Portela. De aquel proyecto llaman hoy la atención la construcción de unas peculiares edificaciones con aire futurista en medio del asentamiento, donde la basura y las ratas forman parte del paisaje.
Precisamente por ello, el nacionalista Luciano Sobral, acompañado por otros miembros del gobierno en su visita al asentamiento gitano, se comprometió ayer a dotar la zona de contenedores e iniciar un plan de limpieza que mejore las condiciones de vida de sus habitantes.
Y con vistas a una solución definitiva, el alcalde mantiene en vigor el proyecto de urbanizar los 4.000 metros cuadrados de terreno que recoge la construcción de un vial y 4 bloques de 41 viviendas.
* ELPAIS.com - LARA VARELA - Poio - 27/10/2007
Foto: Poio (Pontevedra), Combarro - orgaccmm.org
Comienzan los derribos en Poio sin realojo definitivo para los chabolistas
La fiscalía declara la guerra a las cabañas de madera en suelo rústico
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ELPAÍS/Sevilla* : Cabañas de madera en la mitad del campo. Sin permiso. Sin licencia. Junto a torres eléctricas o en la mitad de la nada. La Fiscalía de Sevilla ha declarado la guerra a este nuevo fenómeno del urbanismo sin control. De momento, ha abierto medio centenar de diligencias contra los propietarios de las parcelas del paraje Clarevot, una zona rústica entre Utrera, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Los Palacios.
El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Javier Rufino, ha presentado este año una veintena de querellas por estimar que estas cabañas, de madera o chapa, atentan contra el medio ambiente y la ordenación del territorio. También ha denunciado al supuesto "parcelador y urbanizador del terreno", Silverio Morilla.
"Es un escándalo. Y mantenemos el criterio de perseguir como delito urbanístico la ubicación de estas casas de madera o chapa en suelo rústico. Tienen vocación de permanencia y causan el mismo daño al suelo que una construcción de ladrillo", explica Rufino.
Para hacerse una idea de la magnitud del problema basta un dato ofrecido por Francisco Jiménez, el alcalde de Utrera: "A nueve millones de euros ascienden las multas abiertas en el Ayuntamiento de Utrera por infracciones urbanísticas, la gran mayoría relacionadas con la parcelación y la construcción en terreno rústico".
"Los notarios, de alguna manera podría decirse que son partícipes de esta situación. Escrituran a 40 ó 50 personas que no tienen nada que ver entre sí y lo que están contribuyendo es a la parcelación ilegal", afirma Rafael Chacón, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá. "Yo he visto carteles donde se dice: 'vendo parcela con escritura", cuenta Chacón.
Juan, un propietario que quiere guardar su anonimato usando este nombre, lamenta el "lío" en el que se halla inmerso. "Esto tiene tal apariencia de legalidad cuando llegas y ves el sitio, te confunden. Si lo llego a saber no me meto". Él es uno de los propietarios de las 139 parcelas en las que Morilla dividió 13 hectáreas de suelo no urbanizable.
"Nuestro objetivo es conseguir que se restaure la situación anterior, que la Audiencia de Sevilla consolide un criterio y una doctrina que obligue a demoler las cabañas y a devolver el terreno a su estado original", subraya el fiscal. Rufino lamenta que el derecho penal no se pueda aplicar siempre a los parceladores. "Sólo si hacen alguna obra de urbanización o incipiente construcción y si además lo hacen en suelo rústico especialmente protegido podemos actuar", reflexiona.
De lo contrario el asunto puede quedarse en una simple sanción administrativa. En el caso del paraje de Clarevot, los tribunales también persiguen al supuesto impulsor de la urbanización porque además de parcelar, también hizo las obras de canalización de aguas a partir de dos pozos, delimitó la calle de acceso a la urbanización donde plantó 120 palmeras y valló con ladrillos, acero y malla todo el perímetro.
Sin embargo Morilla, en su declaración ante el juzgado, mantuvo que la urbanización la han montado los parcelistas y recordó que vendió el suelo en escritura pública como rústico.
Juan ha montado una caseta de madera de 60 milímetros de grosor a la que cuando llueve le entra agua por las esquinas. Y subraya: "No está anclada al suelo sino posada, pagué un IVA del 16% al comprarla con lo cual estoy pagando un bien mueble. Yo entiendo que esto no es una edificación. Se desmonta en tres o cuatro días".
La mayoría de las denuncias que han llegado a la fiscalía proceden del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. A partir de ahí, la Guardia Civil tiene orden de la fiscalía de identificar a los propietarios , describir la "casa" y fotografiar la zona". "Precisamente el día que yo montaba mi casa llegó la Guardia Civil y no me ordenó para. Me dejaron seguir. Sólo me pidieron mis datos para identificarme", recuerda Juan, quien se gastó 3.000 euros en su parcela y se queja de que nadie le avisara del lío en que está metido.
* ELPAIS.com - MERCEDES DÍAZ - Sevilla - 27/10/2007
Foto: La fiscalía declara la guerra a las cabañas de madera en suelo rústico- GARCÍA CORDERO (El País)
Martín Pallín propone que una agencia estatal fiscalice el urbanismo municipal
EUROPASUR* : El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín admitió ayer en la ponencia Infracciones y delitos urbanísticos que el derecho administrativo ha fracasado en el control urbanístico de las ciudades. "Es cuando entra el derecho penal, el último remedio que se usa para tratar de encauzar la conducta desviada. El derecho penal hace lo que tiene que hacer. No podemos seguir con la técnica de corrección del daño".
Analizó esta cuestión, de plena actualidad y mucho más después del punto de inflexión que marcó el modelo urbanístico marbellí, y vaticinó que España se debate entre dos ejemplos: el de California o el de Miami. Al primero lo consideró el más inteligente por sus políticas racionales, por su entorno vivible y por el uso de las tecnologías limpias, mientras que el segundo tiene que ver con la masificación.
Apuntó en su charla, incluida en el seminario de Justicia y Derecho de los cursos internacionales de Otoño, que el Urbanismo se ha encarado con desidia y luego han llegado las consecuencias. "Cuando la dimensión alcanzó el disparate es cuando nos damos cuenta que el Urbanismo es demasiado importante para dejarlo en manos del Ayuntamiento. La encomienda al Consistorio ha sido un verdadero caos. Ha arrasado al medio ambiente y ha sido un foco de corrupción". "El predominio de la política fue el de pon el ladrillo y corre. Se juntaba un promotor audaz con un alcalde y funcionarios que caían en la corrupción. Fue el paso del cultivo de la naranja al del ladrillo y, claro, pasó lo que pasó", añadió.
El profesor explicó que desde el punto de vista administrativo la demolición de construcciones ilegales es obligatoria, "aunque tiene sus excepciones por su coste social o económico".
Cree que las comunidades autónomas deben ser también responsables y es partidario de crear una agencia estatal con funciones de fiscalización e información y que pueda dirigirse a la fiscalía del Medio Ambiente para poner en marcha las acciones judiciales.
Martín Pallín concluyó su alocución con que la Justicia se enfrenta a un reto administrativo "para dar respuesta a algo que es prioritario a los individuos".
Considera que hay que tomar conciencia ya por lo avanzado del problema y por su capacidad de afectar a generalidades por encima de individualidades. "El bien jurídico protegido redunda en beneficio de la generalidad. Van a ser las políticas criminales del presente y del futuro".
Reseñó como un dato clave que más del 25 por ciento de los trabajos de los juzgados de guardia solventan conflictos de convivencia doméstica. "Hay que replantear los esfuerzos personales y procesales. Las mediación y las medidas alternativas tienen sentido en este conflicto".
Apuntó el conferenciante que la solución pasa por la fórmula de un desarrollo sostenible. "La materia urbanística se considera como bien jurídico protegido. La ordenación del territorio no debe ser incontrolado porque puede haber desarrollo insostenible en el marco legal". Dijo finalmente que las claves pasan por la ordenación del territorio y el desarrollo sostenible.
* Europa Sur - Algeciras - David Lendínez - 26 de Octubre de 2007
