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LAVERDAD/Alicante* : Nuevo varapalo judicial a los ecologistas, tras el sufrido en el juicio de los vertidos al río Segura, agrupados en la plataforma Amigos de Sierra Escalona que presentaron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que suspendiese la realización de las obras del PAU 21 de Orihuela.
Ahora el tribunal valenciano ha desestimado la suspensión cautelar promovida por los colectivos ecologistas y da la razón Conselleria de Territorio y Vivienda que fue la encargada de validar el plan de actuación urbanística del Ayuntamiento de Orihuela.
La plataforma de Amigos de Sierra Escalona (ASE) ya ha anunciado que presentará un recurso de súplica contra la decisión. En un escrito remitido ayer la plataforma recuerda que esa petición fue efectuada a la vez que formalizamos nuestra demanda «contra esta agresiva e insostenible actuación urbanística», que pretende ocupar más de 3 millones de metros cuadrados de la Sierra de Escalona con 2.300 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf.
Los ecologistas se muestran descontentos con la decisión del TSJ porque acuerda no suspender la ejecución del PAU 21 en una sentencia que afirma «que prevalece el interés público asociado a la aprobación de los instrumentos de planeamiento», esto es, que el tribunal concede, en la interpretación de la sentencia que hacen los miembros de ASE, «que éste se antepone al interés igualmente público ligado a la defensa del medio natural».
Documentos sin valorar
De la lectura del auto parece deducirse, prosigue el colectivo ecologista, que la Sala «viene a considerar que la urbanización del PAU 21 es un ejemplo de desarrollo sostenible, una apreciación de la que discrepamos radicalmente». La asociación de Amigos de Sierra Escalona además considera que el tribunal «no ha valorado adecuadamente los distintos informes y documentos que aportamos para justificar la suspensión».
La plataforma insiste «en el irreparable perjuicio que la urbanización producirá sobre la flora y la fauna, especialmente sobre las 200 hectáreas de pinar y matorral mediterráneo y sobre las colonias de rapaces y de mamíferos carnívoros», motivo más que suficiente para ASE para dictaminar la protección de la Sierra de Escalona como espacio natural. «Ese perjuicio -insisten los ecologistas- no ha sido valorado ni por el Ayuntamiento de Orihuela ni la Generalitat al haberse aprobado la urbanización sin evaluación de impacto ambiental».
La documentación a la que se refieren desde la plataforma en defensa de este enclave natural y que dicen no ha sido estimada por el TSJ son cuatro estudios que recaban información sobre el espacio natural en cuestión, firmado por el doctor en Biología Trinitario Ferrández, y el de Emilio Virgós, biólogo y profesor de Ecología en la Universidad Juan Carlos I, y que resalta la afección sobre las mamíferos de la actuación del PAU 21. Asimismo, otros dos informes, de la Sociedad Española de Ornitología SEO/ Birdlife sobre el resultado para la avifauna y otro de la Universidad Miguel Hernández a través del departamento de Ecología y Biología Aplicada, «tampoco han sido tenidos en cuenta», dicen.
Para la asociación de la lectura de esos informes se infiere que el PAU 21 «presenta valores ambientales, iguales o mayores que los presentes en el colindante y futuro parque natural», lo que implica, sostienen, según jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, «que la zona debe ser tratada como de especial protección para las aves, ZEPA, de la Unión Europea» siendo contrario a lo dispuesto en la directiva europea de aves la urbanización del PAU 21, al comportar el deterioro de hábitats ligados a la supervivencia de especies protegidas.
* La Verdad - 30.12.07 - JOAQUÍN ANDREU
Foto: Terrenos del PAU 21 en desarrollo en el término de Orihuela en obras. / L. V.
Orihuela: El TSJ rechaza el recurso en contra del PAU-21 para favorecer el «interés público»
Camariñas protagoniza la tercera protesta contra el Plan Acuícola en dos meses
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ELCORREOGALLEGO* : Los vecinos de las localidades de Camelle y Arou (Camariñas, en A Coruña) se manifestaron hoy defensa de la costa y contra el Plan Galego Acuícola y se convierte en la tercera concentración de colectivos vecinales y ecologistas en dos meses para pedir su retirada. La más multitudinaria fue la primera del 4 de noviembre en Corrubedo, con la participación de miles de personas.
La concentración comenzó al mediodía desde el museo del Alemán y recorrió el paseo marítimo de la ciudad hasta la Xandriña, donde está prevista la construcción de una "macropiscifactoría" de 217.000 metros cuadrados, que con la Camelle, de 101.000 metros cuadrados, "pretende rodear esta emblemática costa con más de 30 hectáreas de hormigón y lonas negras", criticaron los vecinos.
En este sentido, recordaron que el Plan Sectorial de "megaparques" de acuicultura en tierra recoge para Camelle y Arou dos instalaciones, la denominada Xandriña y la de Cameselle, en una costa virgen de "altísimos valores" naturales y culturales.
Por ello, alertaron que "al desastre paisajístico" tendrán que añadirse las consecuencias del vertido de más de un millón de metros cúbicos de aguas contaminadas, "precisamente" en un litoral de "gran riqueza" pesquera y marisquera.
Por su parte, los vecinos y los ecologistas advirtieron de que "no van a tolerar" que los intereses de empresas privadas estén por encima del interés público en la conservación del medio ambiente y en el derecho del pueblo de Camelle a aprovechar sus recursos naturales.
Como punto final de la manifestación se leyó una carta del hijo del alcalde de Camariñas Manuel Valeriano Alonso, Diego Alonso gran defensor del Plan Acuícola y que expresó su opinión tras trabajar en una factoría de rodaballos.
Pesca garantiza el respeto medioambiental
Por el contrario, la consellería ha insistido en todo momento en que el Plan Galego de Acuicultura apuesta por el respeto al medio ambiente, puesto que obligará a que todas las plantas acuícolas que se pongan en marcha cumplan con todos los criterios medioambientales necesarios.
En esta línea, indicó que se trata de un proyecto del Gobierno gallego que busca el desarrollo de una actividad acuícola "sostenible y cuidadosa" con el medio. Además, subrayó que el Plan Acuícola supone la ocupación de un 1,8 por ciento de espacio integrado en el Red Natura, frente al 27 por ciento previsto por el plan anterior, elaborado por el PP.
* El Correo Gallego - E.P. SANTIAGO - 30.12.2007
Foto: Vecinos de Merexo se manifiestan en Camelle - J.T. - elcorreogallego.es
Canarias: La corrupción, a juicio
LAPROVINCIA* : Los imputados en Eolo, Icfem y posiblemente Faycán se sentarán en el banquillo de los acusados en el próximo 2008. Después de dos activos años de investigaciones judiciales relacionadas con la corrupción política, la opinión pública tendrá la oportunidad de empezar a ver, a lo largo del próximo año, qué se cuece en la olla de las instituciones públicas canarias que están bajo sospecha, mientras se mirará con lupa cómo transcurren las investigaciones acuñadas bajo el sello de alto standing y que mantienen al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y su entorno, intentando explicar a las magistradas Carla Bellini y Lucía Machado qué ocurrió en varias operaciones de importante calado económico.
Desde que el 6 de febrero de 2006 el juez Parramón acordara la detención del que fuera director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo y cinco personas más, entre ellas su compañera sentimental, Mónica Quintana, en la denominada operación Eolo, un lluvia de investigaciones en torno a diferentes ayuntamientos canarios ha dado con los huesos de varios políticos en prisión. Pero Eolo marcó un antes y un después, y a lo largo de 2008 se celebrará en la Audiencia Provincial de Las Palmas y bajo la decisión de un jurado popular, el juicio en el que se aclare del todo lo ocurrido en torno al concurso para la adjudicación de parques eólicos de Canarias, aquel que llevó a investigar cuentas corrientes en Luxemburgo y que tuvo varios meses en prisión al ex director general de Industria. Antes del juicio, la Fiscalía Anticorrupción tendrá que comunicar su escrito de conclusiones provisionales en el que, a partir de los delitos que se imputan y de lo recogido en el Código Penal, solicitará penas que oscilan entre los dos y los cuatro años y medio de prisión.
Sin embargo, el más antiguo de todos los casos de corrupción que se investigan en Canarias es el denominado caso Icfem, que bucea en subvenciones públicas dedicadas al empleo y trata de averiguar cómo gestionaron ayudas europeas un grupo de políticos relacionados con la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias. Hace más de un año que, también la Fiscalía Anticorrupción, redactó su escrito de calificaciones provisionales en el que solicita cinco años de prisión para cinco de los seis acusados (el ex consejero Víctor Díaz y cuatro ex directores generales del Icfem: Francisco Almeida, Aurelio Ayala, Francisco Zumaquero y Diego León), un escrito en el que detalla todas y cada una de las que considera una serie de irregularidades por las que entienden que se dan los delitos de prevaricación y falsificación de documentos públicos.
La fase de instrucción del caso Icfem está a la espera de lo que decida la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre un recurso planteado por el colectivo Justicia y Sociedad, que actúa de acusación popular en el mismo, y que pide que los acusados sean sentados en el banquillo también por un delito de malversación de caudales públicos. Con la investigación ya completamente terminada, todo hace pensar que el juicio se puede celebrar en 2008.
LAS RAMIFICACIONES. La operación Faycán, que alarmó a la población de Telde y que se basa en el presunto pago de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas en torno a la concejala del Partido Popular Toñi Torres, lleva ya casi dos años de investigación marcados por una incesante apertura de piezas separadas que han hecho del caso una historia interminable. Allí donde se hacía un interrogatorio o se practicaba un registro nacía una nueva ramificación. De hecho, es el caso que más imputados tiene y reúne ya a más de treinta personas investigadas, entre las que se encuentra, incluso, el que fuera alcalde Francisco Valido, imputación que le obligó a dimitir. Es muy probable que también a lo largo de 2008, a finales quizá, el grueso del caso pueda ser juzgado, pero las numerosas piezas separadas abiertas en torno a esta operación hace pensar en la posibilidad de que se pueda demorar.
De hecho, una de esas piezas separadas está muy activa en la actualidad, la relacionada con el Grupo Europa, que a su vez tiene ramificaciones en varias partidos judiciales de Canarias.
Una investigación que es poco probable que llegue a juicio en 2008 pero que sí se tendrá que aclarar en el próximo año es la operación Góndola, situada en torno al alcalde de Mogán, Francisco González. A principios de 2007 la policía procedía a la detención de González y de la que fuera su teniente de alcalde en el municipio, Onalia Bueno, dos personas que en la actualidad tiene sobre sus espaldas la imputación de un total de ocho delitos. Con un sumario todavía secreto, 2008 servirá para conocer el contenido de una investigación que cuenta con numerosas intervenciones telefónicas y que indaga también en el patrimonio del que fuera hombre fuerte del urbanismo en Mogán: Marcelino Martín, un funcionario con treinta años de servicio.
Una investigación que podría decirse se encuentra en una fase intermedia afecta también a otro ayuntamiento del sur de Gran Canaria: San Bartolomé de Tirajana. Se denomina operación Paraíso y tiene en la persona del concejal Pacuco Guedes y al empresario Alejandro Navarro (imputado también en Faycán) como los principales imputados. Ambos acaban de salir de prisión por Navidad pero, tras el análisis de la documentación incautada en los registros, es probable que haya más fases en los próximos meses.
También está la operación Brisan, Taprada...
* La Provincia - PEDRO GUERRA - 30 de diciembre de 2007
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
Guateque: "¿Por qué nadie arregló el caos en la concesión de las licencias?"
ELPAÍS/Madrid* : Joaquín Fernández de Castro, jefe de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente de Madrid, no piensa quedarse de brazos cruzados desde su celda de la prisión de Alcalá-Meco. Imputado en el caso Guateque -que investiga la presunta trama de agilización de licencias a cambio de dinero en el Ayuntamiento de Madrid- por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, Fernández de Castro señala en una carta de nueve folios redactada el pasado 8 de diciembre que la situación en su departamento era "caótica", y se pregunta por qué nadie arregló lo que sucedía.
El imputado asegura que los expedientes tardaban dos años en resolverse. "He tenido que lidiar con una situación difícil, sin medios para resolverla y con unos jefes (responsables de Medio Ambiente) que conociendo el problema no tenían interés en resolverlo", afirma en la misiva. Y puntualiza que no ha favorecido "a nadie". Fernández de Castro agrega una pregunta retórica: "¿A quién hay que pedir responsabilidades? ¿A la concejal [en alusión a la ex edil de Medio Ambiente, Paz González, ahora responsable de Obras, o a la actual, Ana Botella], al coordinador [Ignacio López-Galiacho], al director general [Ramón Sánchez] o al departamento?". Y pasa a insinuar el derroche municipal: "¿Por qué el anterior equipo de gobierno del área de Medio Ambiente no contrató una asistencia técnica para solucionar el problema? Posiblemente porque todas las partidas económicas estaban dedicadas a pagar generosamente a los más de 300 altos cargos que desembarcaron con el nuevo alcalde [Alberto Ruiz-Gallardón]".
Precisamente del alcalde se acordó ayer el portavoz socialista municipal, David Lucas, que aseguró que "ante las declaraciones de cargos de confianza del Ayuntamiento como era Fernández de Castro, Gallardón debería responder si conocía esta situación, y si fuera así debería aclarar por qué no hizo nada". Según Lucas, la modificación de las normas para la concesión de licencias (las ordenanzas de evaluación ambiental y de concesión de licencias urbanísticas) no ha sido eficaz. "Sólo ha servido para favorecer el caos", dijo.
En la carta de Fernández de Castro, titulada Reflexiones desde el chabolo número 40, el imputado revela parte de sus declaraciones ante el juez del caso, Santiago Torres. "¿De dónde proviene su importante patrimonio?", interroga el magistrado. "De 40 años de trabajo, herencias y rentas del capital que tengo en dos entidades financieras", responde el acusado. El empleado municipal desde 1968 niega una por una todas las acusaciones. Así, dice no a que su departamento generara "un fondo de cohechos que se repartían entre todos los funcionarios", a que "la mitad de las cantidades que pedía Victoriano Ceballos [funcionario de Medio Ambiente, también imputado]" fueran para él, a que "prefiere una cantidad mejor que muchas pequeñas" o a que "exigía el adelanto de pagos", algo que supuestamente declaró Ceballos.
En la carta, Fernández de Castro dice estar "pasándolo mal" en prisión. "Máxime cuando sabes de tu inocencia", señala. Detenido desde el pasado 14 de noviembre, Fernández de Castro afirma que "peor que estar en la cárcel es el deterioro de mi persona y la humillación a la que me he visto expuesto". El imputado, seguro de su inocencia, se arriesga a decir: "Me han tenido intervenidos mis teléfonos durante meses. Por las preguntas que me han formulado o que han formulado a los implicados no hay nada, ninguna conversación comprometida, ningún indicio que pueda probar mi implicación en algún acto delictivo".
* ELPAIS.com - ÁLVARO CORCUERA - Madrid - 30/12/2007
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
Can Ricart: Los vecinos presentan tres alegaciones en la Generalitat
ELPAÍS/Barcelona* : La plataforma Salvem Can Ricart presentó el jueves alegaciones al expediente tramitado por el Departamento de Cultura para que declare el área del viejo complejo industrial como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) sin excluir zona alguna. Su objetivo es que, con esa catalogación, la Generalitat impida al Ayuntamiento construir un edificio dentro del área protegida, así como una torre de 52 metros en la frontera del complejo. Y reclaman algo más: que se preserven los elementos del subsuelo relacionados con la evacuación de humos de la sala de calderas y el transporte de agua y vapor.
Cultura incoó el expediente en marzo y tiene año y medio para resolverlo. Pero, de entrada, fuentes del departamento expresaron su sorpresa por la mención a los dos edificios citados al subrayar que las licencias están congeladas durante la tramitación. La cuestión es que el debate está viciado. Los vecinos acusan a la Generalitat de no haber impedido en septiembre que se derribaran el 30% de las naves del recinto que, según el Ayuntamiento, no tenían valor. Cultura se acoge al informe favorable del Institut d'Estudis Catalans y al de una comisión de expertos. La plataforma ha llevado el caso a la justicia. "No hemos podido frenar la demolición, pero quizá a alguien le llamen la atención", avisó Salvador Clarós, del Grup del patrimoni industrial Fórum Ribera del Besòs. "¡Es escandaloso! En Alemania o Inglaterra no hubiera sucedido".
Clarós cree que Can Ricart ha pagado la falta de cultura respecto al legado de la arquitectura industrial afirmando que, por ejemplo, a nadie se le ocurriría "modificar la ventana de un edificio gótico o románico". Y recordó que en 2000, el Ayuntamiento sólo incluyó en el catálogo del patrimonio municipal la chimenea de Can Ricart. Y en la revisión de 2006, 60 elementos más. "La sensibilidad es mucho mayor en otros países europeos", dijo Clarós explicando que Can Ricart, por su estilo de naves de poca altura y corte neoclásico, lejos de los grandes edificios rojizos de Inglaterra, ha merecido la atención de diversos estudiosos europeos sobre el patrimonio industrial. Clarós pidió que la reforma de Can Ricart se ajuste a la ley para que las nuevas edificaciones tengan un volumen y perfil similar a las anteriores para no alterar el paisaje.
* ELPAIS.com - ÀNGELS PIÑOL - Barcelona - 30/12/2007
Foto: Barcelona, patrimonio Can Ricart - sos-monuments.upc.es
Gran Scala: “Venden arena a precio de harina”
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DIAGONAL/Aragón* : Hablamos con el ecologista José Luis Martínez para saber cómo se ve la macrociudad del juego ‘Gran Scala’ desde los movimientos sociales.
DIAGONAL: ¿En qué consiste exactamente el negocio de Gran Scala?
J.L.MARTÍNEZ: Se trata de construir un centro de juego y ocio consumista, el mayor del planeta. Máquinas tragaperras, casinos, hoteles, restaurantes, plazas de toros, hipódromos, etc. Sus promotores hablan de crear parques temáticos, tres de los cuales desearían estar en funcionamiento en el año 2010.
Para conseguirlo precisarían más de 30.000 trabajadores, lo que supone la creación de una nueva ciudad o la ampliación de Zaragoza, a decenas de kilómetros del enclave escogido. Un nuevo hospital, decenas de escuelas y servicios ambulatorios y construcciones en solares serían necesarios para acoger a todo este personal temporal.
D.: ¿De dónde surge la propuesta?
J.L.M.: José María Mur, histórico dirigente del PAR (Partido Aragonés) en la recta final de su carrera política (por edad) lleva años estudiando el desembarco del negocio del juego americano en Europa. José Ángel Biel, líder indiscutible del PAR y actual vicepresidente del Gobierno de Aragón, y otros líderes del PSOE (mayoría en el Gobierno aragonés) apoyan a pies puntillas la creación de estas ilusiones de progreso y enriquecimiento a partir del negocio del juego en Aragón. El total servilismo del ejecutivo aragonés a esa empresa de promotores ha sido crucial para que piensen en este territorio.
D.: ¿Qué tiene de Las Vegas este proyecto?
J.L.M.: Los promotores de este tipo de negocios necesitan algunos requisitos que han encontrado fácilmente en Aragón: colaboración para cambiar leyes y suelo barato para realizar una gran operación inmobiliaria. En este caso, no para viviendas, sino para recalificar el suelo. Además, los Monegros dispone de comunicaciones creadas como el AVE o la proximidad de Zaragoza. El negocio consiste en comprar esos terrenos baratos y venderlos después a mucho más. Para que esto salga adelante, hacen falta compradores. Y aquí es donde aparecen las mafias estadounidenses y los empresarios vinculados a los negocios de Las Vegas. Promotores vinculados a empresas de tragaperras, casinos, etc., que por separado no podrían hacerse cargo de un proyecto como Gran Scala, pero que juntos pueden adquirir los terrenos. Es un negocio redondo, venden arena a precio de harina.
D.: ¿Qué costes sociales y económicos tendría Gran Scala?
J.L.M.: Las infraestructuras que necesitará la construcción de semejantes obras las pagarán todos los aragoneses, como nuevas carreteras de gran velocidad, hoy en día innecesarias. Además, la llegada de decenas de miles de trabajadores precisará, como decíamos, crear numerosas infraestructuras y servicios pagados con los impuestos de todos. Sin embargo, la insostenibilidad social del proyecto aparece con la incertidumbre de qué harán esos trabajadores temporales cuando acaben las obras. ¿Se quedarán cobrando en otros trabajos mucho menos de lo que ganaban en la construcción? Todo apunta a que esta operación tan mal diseñada y con inversiones de tal envergadura traerá consigo tensiones sociales y conflictos xenófobos (no olvidemos que la mayor parte de los trabajadores que vendrán serán inmigrantes). Zaragoza y Aragón pueden convertirse en una hoguera.
D.: ¿Crees que, ante tal panorama, este proyecto se realizará?
J.L.M.: Muchas de las cosas que ofrecen no se van a hacer, pero otras sí. Pero, como ya apuntó un conocido periodista local, Gran Scala puede ser “un caballo de Troya” que albergue características distintas en su interior. Las expectativas creadas son tan gigantescas que seguro que habrá quien se lo crea e invierta allí. Algo será seguro porque, ante tanto servilismo político, hay mucho dinero que ganar.
D.: ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación masivos?
J.L.M.: La autocensura de los medios, consecuencia del miedo a que les caiga el fuego del Gobierno de Aragón o de las grandes empresas constructoras, perfila este ‘Aragón controlado’. Las organizaciones ecologistas no han sido invitadas al debate, ya que la imagen de que Aragón es una sola voz a favor de Gran Scala es importante para que todo esto salga adelante. Las disensiones internas (incluso dentro del PSOE) están totalmente controladas. Los ataques mediáticos contra los ecologistas son constantes. Y eso que yo no he hablado ni de protección de aves, ni de energía, ni de gestión del agua en Los Monegros.
Iniciativa popular frente al negocio de la nieve
DAVID VILA
El inicio de la temporada de esquí en el Pirineo aragonés está marcado por los proyectos de Aramón, empresa coparticipada por el Gobierno de Aragón e Ibercaja y concesionaria de la explotación del mayor dominio esquiable del Estado (137 km de pistas). Tras las pérdidas económicas del ejercicio anterior por las altas temperaturas, la inversión de Aramón para este año se ha reducido de 43 a 8,2 millones de euros. Desde sus inicios, la empresa acumula una inversión de 128,2 millones de euros en ampliación y modernización de las estaciones, con unos resultados económicos bastante opacos. En la actualidad, Aramón negocia los aspectos contables de la incorporación de Candanchú, una de las dos estaciones aragonesas que no pertenecen al grupo. A su vez, el pasado 11 de diciembre, Día Internacional de las Montañas, la Plataforma en Defensa de las Montañas presentaba ante las Cortes de Aragón 17.000 firmas que avalaban una iniciativa legislativa popular que insta al Legislativo aragonés a establecer un régimen jurídico que considere las especialidades de los territorios de montaña, garantice una protección eficaz y la posibilidad de un desarrollo sostenible para sus habitantes. La iniciativa se acompañó en los días anteriores de la aventura de dos montañeros aragoneses, que permanecieron durante nueve días en la cumbre del Anayet (2.545 m). El campamento reivindicaba la protección de la zona a fin de evitar la conexión de las pistas de esquí a lo largo de todo el Pirineo Central.
* Diagonal - Nacho Escartín / Redacción Aragón - 26 dic - 9 ene 2007
Foto: Los Monegros (Aragón), maqueta Gran Scala - elpais.com
