LAVERDAD/Alicante* : El caso de los permisos para dotar de acometida de luz a diversas viviendas no legales en Redován avanza en su camino judicial. El fiscal Anticorrupción ha remitido un informe al juzgado Nº4 por el que le informa de las actuaciones periciales que ha determinado y que culmina con la petición de que se tome declaración como imputado al concejal Joaquín Pozuelo, como principal actor en la causa. Asimismo quiere que declare como testigo la secretaria del Ayuntamiento y que éste remita copia del expediente administrativo en virtud del cual se procede a otorgar cédula de primera ocupación de una vivienda ubicada en el camino de la sierra.
El documento, fechado el pasado 17 de marzo, establece que Fiscalía ha recibido el oficio que se mando a Iberdrola con el objeto de que enviara la documentación que sirvió para que esa vivienda contase con el suministro eléctrico.
El fiscal recuerda que bajo el epígrafe de autorización del Ayuntamiento de Redován, se adjunta copia del informe de Joaquín Pozuelo, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, en el que afirma que el Consistorio acuerda conceder autorización para extender las redes necesarias para dotar de suministro a la edificación y contratarlo.
El fiscal Pablo José Romero además recuerda que pese al contenido de ese informe por parte de la Secretaría municipal se ha emitido certificación en la que indica que no consta expediente administrativo referido al otorgamiento para la extensión de las redes eléctricas.
El ministerio público destaca que del contenido de los escritos tanto de la funcionaria municipal como de la compañía eléctrica «se infiere que el contenido de la certificación contradice el de la autorización emitida por el concejal». Ante estos hechos el fiscal destaca que «existen suficientes indicios como para considerar la falsedad de la autorización concedida, hechos que podrían ser constitutivos de un delito de falsedad documental perpetrado por un funcionario o autoridad en el ejercicio de sus funciones».
El caso se abrió a principios del año pasado año gracias a la denuncia de un vecino que acusó al equipo de gobierno de un presunto trato de favor para dotar de luz eléctrica y cédulas de habitabilidad a diversas construcciones ilegales y el socio de gobierno de la socialista Leticia Bas quedó como único firmante de un documento que no pasó por el Registro municipal ya que no tenía certificado de salida.
* La Verdad - 29.03.11
Foto: El edil Pozuelo y la alcaldesa Bas, durante un Pleno - laverdad
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ELPAÍS/A Coruña* : Crece el número de personas en nómina de los Ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos implicadas en la Operación Orquesta, la trama de corrupción en la Costa da Morte que investiga el juez de Corcubión, Andrés Lago Louro. A iniciativa de este último, deberán declarar entre hoy y el jueves ante la policía judicial hasta 11 funcionarios y empleados municipales de estas tres localidades, cuyos alcaldes están en libertad provisional acusados de varios delitos contra la Administración pública como cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Al menos siete personas con puesto fijo o contratado en estos tres ayuntamientos de la Costa da Morte, que fueron intervenidos el pasado 31 de enero, deberán acudir a esa citación policial con abogado para declarar en calidad de imputados. Entre ellos, están los secretarios municipales de Cee y Fisterra (en este último caso también es interventor del Ayuntamiento) así como los arquitectos municipales de estas localidades y el de Mazaricos.
Como imputada y asistida por un letrado también deberá declarar la jefe de gabinete del alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo, quien está acusado de seis delitos y eludió la prisión por esta trama tras pagar una fianza de 29.000 euros. Un policía municipal de Cee y una administrativa de este Ayuntamiento también declararán como imputados.
Otras cuatro personas en nómina en el Ayuntamiento de Cee fueron citadas por la policía judicial en calidad de testigos, como son la interventora, el arquitecto municipal, un técnico de empleo y una administrativa.La Operación Orquesta comenzó por casualidad a finales de 2009 a raíz de escuchas policiales en el marco de una investigación de una red de tráfico de drogas en la Costa da Morte. Al aparecer indicios de delitos relacionados con la corrupción en esas conversaciones, el juez de Corcubión abrió nuevas diligencias, aún bajo secreto sumarial y relacionadas con el supuesto cobro de comisiones y desvío de dinero público en contrataciones de obras y fiestas parroquiales.
El pasado 31 de enero intervino tres ayuntamientos y detuvo a 11 personas, acusadas de varios delitos, entre ellos seis cargos públicos que están en libertad provisional. Son los alcaldes de Cee, el independiente Ramón Vigo; de Fisterra, José Manuel Traba (PP); y de Mazaricos, José Manuel Santos (PP); así como dos tenientes de Fisterra y otro de Cee. A tres empresarios -Daniel Ogando, padre e hijo, constructores de Muxía que acapararon numerosos contratos de obras en Cee y Fisterra en 2009 y 2010; así como al representante de orquestas Jorge López Lago- también se les atribuyen los delitos de cohecho y tráfico de influencias por esta trama. La secretaria municipal de Mazaricos y un conserje que se encarga de las fiestas de A Fervenza en esta localidad también están acusados y en libertad provisional.
La novedad con las 11 citaciones cursadas ayer para declarar ante la policía judicial es que no se detuvo a nadie. Los primeros 11 imputados en esta trama, por contra, pasaron por los calabozos de la comisaría de A Coruña antes de ser puestos a disposición del juez. Todos ellos, incluidos los seis cargos públicos, tuvieron los teléfonos intervenidos antes de su detención. Esta nueva tanda de funcionarios o contratados municipales llamados a declarar está relacionada con la abundante documentación e incluso ordenadores que la Policía Nacional se incautó durante los registros en los Ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos hace ya casi dos meses.
* El País - 29.03.11
Foto: Cee (A Coruña), registro ayuntamiento (archivo) - lavoz
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DIARIODEMALLORCA* : El exalcalde de Ciutadella Llorenç Brondo y los extenientes de alcalde de Urbanismo Avel·lí Casasnovas y Turismo Gabriel Cardona han sido detenidos hoy en la operación "Xoriguer" que dirige la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en el área de turismo del consistorio menorquín en la legislatura 2003-07, cuando gobernaba el PP. La investigación que se desarrolla simultáneamente en Menorca y Mallorca arroja por el momento un saldo de cinco detenidos y cuatro imputados, con tres detenciones en Ciutadella y dos en Palma, según han informado a Efe fuentes de la investigación. Los detenidos en Menorca, que permanecen ingresados en los calabozos municipales a la espera de prestar declaración, son el exalcalde Brondo, Casasnovas y Cardona, hoy ex militantes del PP.
En Palma han sido detenidos el ingeniero D.A.F. y el exgerente de la fundación municipal Ciutadella Turisme (Citur) J.L., tras un registro practicado en las oficinas de la empresa Sab Tourism Environment & Tech Consultants SL, situada en la calle Joan Maragall.
En cuanto a la identidad de los cuatro imputados, que no ha sido facilitada, correspondería a funcionarios municipales implicados en las operaciones y contratos que ahora investiga la Fiscalía.
Todas las detenciones se han realizado por orden de la titular del Juzgado número 2 de Ciutadella que instruye las diligencias incoadas por Anticorrupción por las irregularidades en la gestión del área de Turismo del Ayuntamiento de Ciutadella durante el periodo 2003-07, bajo el mandato del PP.
Una comisión judicial, encabezada por el fiscal Pedro Horrach, se ha desplazado a Menorca para registrar el Ayuntamiento de Ciutadella, donde ha intervenido documentación del ente público Ciutadella Turisme y de forma simultánea ha realizado las tres detenciones.
Llorenç Brondo, que fue alcalde de Ciutadella entre junio del 2003 y febrero del 2009; Gabriel Cardona, hoy concejal del Grupo Mixto tras abandonar el PP en agosto del 2008, y Avel·lí Casasnovas, exdiputado del Parlament balear y exconseller del Conseller de Menorca entre 1995 y 1999, expresidente del PP-Ciutadella y exteniente de alcalde de Urbanismo del 2003 al 2007, permanecen ingresados en los calabozos municipales a la espera de prestar declaración en sede judicial.
La Fiscalía investiga el presunto amaño de concursos públicos tras incoar diligencias por los delitos de malversación de fondos públicos y la falsificación de documentos públicos en la gestión de Citur, organismo creado por el PP durante el mandato del alcalde Brondo.
Estas diligencias fueron incoadas por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ciutadella tras haber recibido la Fiscalía Anticorrupción las conclusiones aprobadas el 14 de diciembre de 2009 por la comisión municipal, presidida por el concejal Juan Triay, que investigó la gestión del área de Turismo durante el mandato del anterior gobierno municipal del PP, entre 2003 y 2007.
La comisión Citur aprobó 51 conclusiones con irregularidades en el área municipal de Turismo, cuyo responsable fue el entonces teniente de alcalde Gabriel Cardona que hoy es concejal del grupo mixto.
El pleno del Ayuntamiento de Ciutadella acordó por unanimidad, el 11 de febrero de 2010, remitir a la Fiscalía Anticorrupción las conclusiones, avaladas por 101 documentos. El concejal Cardona se abstuvo en dicha decisión.
En julio de 2010, UPCM registró en los Juzgados de Ciutadella una querella en la que asumió los resultados de la comisión municipal de investigación.
* Diario de Mallorca - 29.03.11
Foto: Efectivos de la Guardia Civil, durante el registro en la empresa de Palma.- diariodemallorca
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ELPAÍS/Almería* : Su gestión ha sido varias veces cuestionada por los tribunales. Su nombre va unido indefectiblemente al de El Algarrobico, símbolo de las tropelías urbanísticas de la costa española, y fue condenado por un delito electoral y luego indultado por el Gobierno. Cristóbal Fernández (PSOE) no se va, y repetirá como cabeza de lista a la alcaldía de Carboneras, Ayuntamiento que preside desde hace 28 años. En febrero dijo que lo dejaba, que había llegado el momento de la "renovación y de apostar por nuevas ideas y personas para continuar el proyecto socialista con nuevos bríos". Pero repite. Esos nuevos aires, sin embargo, sí afectan al resto de la lista, según aprobó este fin de semana la ejecutiva local del PSOE. La renovación parece forzosa.
Actualmente, tres de los siete concejales socialistas de Carboneras están imputados por un presunto delito electoral por hechos que ocurrieron en las municipales de 2007. Como Rosario Fernández, hermana del regidor, primera teniente de alcalde y secretaria de la agrupación municipal socialista de esta localidad.
El alcalde está indultado después de que el Supremo le condenara con sentencia firme por otro delito electoral, también junto a su hermana. Ha sido ella quien le ha rogado que encabece la lista socialista después de que Ginés Navarro, elegido sustituto de Cristóbal Fernández, anunciara su retirada por motivos de salud. "Lleva toda su vida en la política y para él, el partido, está por encima de todo", argumenta Rosario Fernández.
Cristóbal Fernández decidió ampliar los límites del término municipal sobre suelo del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y dio licencia de construcción a Azata del Sol para construir en primera línea de playa un hotel en El Algarrobico, uno de los escasos rincones naturales sin ladrillo que pervivían en el Mediterráneo.
La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, ha expresado su deseo de derribar el hotel. Pero el caso podría eternizarse en los juzgados después de que el magistrado Jesús Rivera, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, declarara en 2008 nula la licencia municipal y su decisión fuera recurrida por la promotora y por el Ayuntamiento de Carboneras. El Supremo debe decidir si admite a trámite los recursos.
El caso de El Algarrobico es para Carboneras como el accidente nuclear en Palomares para Cuevas del Almanzora. La ciudadanía está harta de escuchar su nombre. Además, no todos lo consideran delito medioambiental.
Salvador Alarcón, candidato por el PP a la alcaldía, defiende su mantenimiento, aunque sí apoya que se depuren responsabilidades. El hotel, dice, puede ser un "foco de creación de empleo y dinamismo". Piensa que Carboneras es la Cenicienta de la costa y que incrementaría el turismo.
El hotel, para Salvador Hernández, candidato por GICAR (Grupo Independiente por Carboneras), ha "dañado" la imagen del pueblo. "El hotel no va a quitar el hambre", dice. Su partido procede del GIAL de Juan Megino y en las anteriores elecciones obtuvo más votos que el PP, aunque igual número de concejales. Pese a la integración de GIAL en el PP, ellos no lo han hecho porque no proceden de las filas populares. "Somos un grupo de jóvenes que nunca hemos pertenecido a ningún partido", y con clara vocación de "obtener mayoría suficiente para gobernar".
* El País - 29.03.11
Foto: Algarrobico ILEGAL por Greenpeace - A.Rodríguez (EFE)
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ELPAÍS/Ourense* : El conselleiro de Industria, Javier Guerra, anunció la semana pasada que la factoría británica Xero invertirá 26 millones de euros -incluyendo ayudas públicas de hasta un 40%- para instalar una empresa de coches eléctricos en el municipio ourensano de Melón, gobernado por el baltarista Alberto Pardellas que, condenado en sentencia firme por prevaricación e inhabilitado para el cargo público, cede el testigo a su mujer en estas municipales. El conselleiro hizo el anuncio, suscribiendo un "acuerdo de intenciones" de la Xunta, a petición del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, dependiente de la Diputación. La institución provincial llevó a cabo las negociaciones con la firma británica. Pero tanto Baltar como el conselleiro obviaron el hecho de que la parcela en la que anunciaron que se instalará la empresa tiene dueño: es de cerca de 200 particulares. Los afectados desconocen que el Ayuntamiento tenga intención de expropiarles.
"Nadie nos ha comunicado nada, estamos muy sorprendidos", destacó un portavoz a este periódico tras señalar que, hace años, Pardellas habló de "expropiar para hacer el polígono industrial, pero todavía no inició ningún trámite".
Pese a ello, Guerra compareció la semana pasada en Ourense acompañado del presidente del Inorde y alcalde de Barbadás -el también baltarista José Manuel Freire Couto-, de Baltar y de directivos de la firma Xeros. "Vamos a situar a Ourense a la vanguardia en la revolución tecnológica" de la fabricación de vehículos, enfatizó Guerra para sorpresa de los propietarios de la parcela y de los vecinos de Melón que han impugnado el planeamiento urbanístico ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
"Debe de ser todo por las elecciones", sostienen algunos de los afectados convencidos de que la empresa no se instalará "al menos en Melón". La parcela que el conselleiro comprometió a la factoría británica es, de momento, "un monte" de 300.000 metros cuadrados anexo a las tres empresas (dos privadas: un taller de hierros y otro de hormigón y una nave municipal que Pardellas pretende convertir en centro multiusos). "Lo demás es todo de particulares".
El conselleiro de Industria comprometió sin embargo ante los directivos de Xeros ayudas para intereses incluidos en el plan Impulsa -entre 300 y 400.000 euros- y préstamos participativos de capital riesgo de Xes Galicia que podrían alcanzar los tres millones de euros. Guerra justificó el apoyo en aras de la "viabilidad del proyecto" y considerando que el futuro de la automoción pasa por "la ecomovilidad".
El alcalde reconoce que el terreno es de cientos de vecinos. "No podíamos pedir un crédito sin saber si se comprometía a venir alguna empresa", justifica Pardellas su gestión a la inversa.
Ahora, después de que el conselleiro de Industria y el presidente de la Diputación de Ourense comparecieran con los directivos de Xeros en un acto público asegura que es el momento de empezar las negociaciones con los propietarios. "Si llegamos a un acuerdo, bien y, si no, expropiaremos", explica Pardellas, aunque el conselleiro avanzó que los prototipos del modelo se construirán en mayo y que en junio se homologará el vehículo.
El regidor afirma que ya hay una valoración "adecuada" por una empresa "contratada por la Diputación" de las fincas que tiene que comprar el Ayuntamiento. "Tenemos todo en orden. Esta vez el proyecto va adelante porque ya aprobamos el plan de urbanismo", sostiene el alcalde tras recordar que "por culpa de la crisis que provocó Zapatero, todas las empresas que habían reservado suelo aquí dieron marcha atrás".
Pardellas no quiere ni oír hablar de que el planeamiento urbanístico -impugnado, entre otras denuncias por supuesto incumplimiento de los dictámenes de Patrimonio- puede ser declarado ilegal por el TSXG.
* El País - 29.03.11
Foto: Melon (Ourense) - enlapuestadelsol
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EL CONFIDENTE* : El edificio más mediático de España, el inmueble que alberga los juzgados de Marbella, ha sido asaltado dos veces en el mismo fin de semana. Tal vez si esta secuencia fuese una de las escenas de Torrente tendría más o menos gracia. Pero cuando los hechos se convierten en un atestado policial, donde se informa “que los individuos se han paseado por los despachos de los jueces como Pedro por su casa”, el asunto empieza a ser preocupante. En menos de 48 horas, los delincuentes han entrado y salido por las dependencias judiciales sin que hayan saltado las alarmas ni la Guardia Civil les haya visto, ni se haya oído nada en el exterior. Todo un misterio. A falta de que las investigaciones avancen, de momento no se sabe qué documentos judiciales pueden faltarle a los togados en sus diferentes despachos. O, lo que es peor, qué información se ha podido copiar de los ordenadores. La primera noche, los asaltantes reventaron dos máquinas de coca-cola; la segunda, encendieron una hoguera con papel y cojines. Como si fuera una falla, se pusieron a prender fuego a los almohadones sin que nadie desde fuera se diera cuenta de la 'nit del foc marbellí'. ¡Increíble pero cierto! Los delincuentes se despacharon bien a gusto.
Y, para disimular su tropelía, dejaron alimentos de las máquinas esparcidos por el suelo. Tal vez se compadecieron de los únicos testigos presentes de su desaguisado: los roedores que se encontraron a su paso.
El secretario general de Andalucía del Sindicato Profesional de Justicia ya había denunciado el “cutrerío” en el estado del edificio: sin pelos en la lengua afirmó que había “ratas de todos los tamaños y colores” que aparecen esparcidas “vivas o muertas”, causando malestar entre los trabajadores “que han llegado a encerrar un fin de semana entero a una rata sin saber qué hacer con ella”. Peor todavía fueron las denuncias del pasado verano cuando los trabajadores se quejaron por activa y pasiva de las plagas de cucarachas que suben y bajan las escaleras del edificio cuando llega el calor. Y es que a este edificio de Mayorazgo no le falta de ná. Eso sin hablar de Rocas, Muñozes, Pantojas y Zaldívares. Los más ancianos del lugar dicen que este edifico antes era una tienda de muebles y que, desde entonces, “es un edificio enfermo” porque allí hubo de "tó" en otros tiempos.
A la precariedad de las infraestructuras y la falta de personal de estos juzgados, lugar del que todos los jueces que llegan intentan cuanto antes salir pidiendo el traslado, se suman un sinfín de procedimientos judiciales como ‘Ballena Blanca’ o 'Malaya’ que han sumido a los empleados en el más absoluto de los caos. Marbella necesita al menos, dos juzgados más. El portavoz de IU Enrique Monterroso dice que en los cajones de la sede judicial hay más de once mil casos pendientes sin resolver. Ahora tal vez unos pocos menos con los papeles que se han quemado.
No es la primera vez que los juzgados de Marbella sufren un incidente de estas características. Como ya informó este periódico, en 2001 fueron sustraídos o borrados de ordenadores un total de 15 sumarios contra Jesús Gil, algunos informes que nunca volvieron a encontrarse. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha anunciado que se ha puesto en marcha una investigación para estudiar qué ha fallado en la seguridad de los juzgados de Marbella.
* El Confidencial - Opinión - 29.03.11
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