+-+mma.es.jpg)
F.Gerhard.- ElPeriódico* : "El juzgado de instrucción número 3 de Tarragona ha incoado diligencias previas en relación a la aprobación del proyecto inmobiliario Muntanyans 2 en Torredembarra. La Fiscalía de Tarragona, tras un año de investigaciones, ha llegado a la conclusión de que podrían existir indicios de delito y ha remitido el expediente abierto en el 2006 al juzgado para que decida si ordena la celebración de un juicio o lo archiva. Fuentes judiciales han explicado que las irregularidades están relacionadas con la posible inundabilidad de los terrenos que deben albergar 550 viviendas y en anomalías en la tramitación de la revisión, en el 2002, del plan de ordenación urbana municipal (POUM) que validó el proyecto.
Manuel Jiménez (PSC), actual alcalde de Torredembarra, era concejal de Hacienda cuando sucedieron los hechos, mientras que Josep Bargalló (ERC), exconseller de la Generalitat y actual presidente del Institut Ramon Llull, ejercía de concejal de Urbanismo.
Jiménez no quiso ayer efectuar declaraciones. Bargalló se mostró "muy tranquilo" y aseguró que "el plan parcial de los Muntanyans era anterior a la revisión del POUM que se ejecutó con todos los informes favorables de las administraciones competentes". El republicano agregó que "determinadas objeciones, como algunas de Renfe, se solucionaron y se incorporaron al texto".
INTERÉS NATURAL
Silvestre Morros, exmilitante de ERC y miembro de la plataforma Salvem Els Muntanyans que denunció las presuntas ilegalidades a la fiscalía, reiteró que "se trata de un caso de corrupción que afecta no solo al ayuntamiento de Torredembarra, sino que también salpica a los responsables provinciales de Costas que ignoraron un informe del propio Ministerio de Medio Ambiente que recomendaba salvar este tramo del litoral por su interés natural". Bargalló explicó que el informe era un estudio que Medio Ambiente encomendó a una consultora y que nunca se planteó llevar a la práctica. "La prueba es que el POUM vió luz verde con el dictamen favorable del Gobierno", dijo.
* El Periódico - Tarragona - 21/7/2007
Foto: Torredembarra (Tarragona) /mma.es
La fiscalía envía al juez un plan de urbanización de Torredembarra
Fiscalía solicita la cárcel para el ex alcalde de Gerb por un pelotazo urbanístico
+-+ccnoguera.cat.jpg)
A.L.Congostrina.- La Mañana/Lleida* : "El Ministerio Fiscal solicita una pena de un año y seis meses de prisión, una multa de 12.000 euros e inhabiliatación especial para empleo o cargo público durante once años y seis meses para Jacinto Tribó Solans, Presidente de la Entidad Municipal Descentralizada de Gerb, tras considerarlo autor de un delito contra la ordenación del territorio por la concesión de licencias contrarias a la normativa y por haber, presuntamente, cometido actividades prohibidas por una autoridad pública como él.
El Ministerio Fiscal fundamenta la su acusación siguiendo cronológicamente varios hechos, siempre teniendo en cuenta que el acusado, Jacinto Tribó, era presidente de Gerb entre 1997 y 2000. El 17 de octubre de 1997 el pleno de la entidad municipal, presidido por el acusado, aprobó la propuesta y el contenido de un convenio entre el núcleo y los propietarios de unas parcelas para “el desarrollo del Plan Parcial número 1 de las futuras Normas Subsidiarias del Planteamiento Urbanístico del territorio de Gerb” facultando a Tribó para que “suscribiese y tramitase la documentación correspondiente”. Según la fiscalía, el acusado conocía que las citadas parcelas estaban calificadas como “suelo no urbanizable”.
El 29 de octubre el Pleno del Ayuntamiento de Os de Balaguer aprobó el convenio.
Cronológicamente, el 18 de noviembre, Tribó constituye Proms-Kidalman, una promotora-constructora, de la cual es administrador único.
El 2 de junio de 1998, el pleno de Gerb aprueba por unanimidad y concede la licencia de urbanización a la empresa de Tribó para la construcción de siete viviendas unifamiliares adosadas en las parcelas antes mencionadas. En el citado pleno interviene, según Fiscalía, y vota a favor el acusado, sin abstenerse, “pese a tener interés directo...Asimismo, la licencia fue otorgada conociendo que era concedida por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia” ya que este tipo de licencias deben ser otorgadas en exclusiva por los Ayuntamientos, y en concreto, por el Alcalde y por lo tanto no por el Presidente de una Entidad Municipal Descentralizada.
Según Fiscalía, el 1 de julio de 1998, el pleno de Gerb autorizó a Proms-Kidalman, la promotora-constructora del acusado, a la segregación de siete parcelas. El acuerdo volvió a adoptarse por “unanimidad y con la intervención del acusado”. Según el Ministerio Público para que “se pueda conceder una licencia de segregación - parcelación debe haberse aprobado previamente un Plan General, un Plan Especial para suelo urbano, un Plan Parcial para suelo urbanizable estableciendo que en el suelo no urbanizable no se pueden realizar ni autorizar parcelaciones urbanísticas. Un día después Tribó, siempre según el fiscal, compareció ante notario para segregar la finca antes detallada en siete porciones, declarar la obra nueva sobre las finca sobre la que pretendía construir siete viviendas unifamiliares y “dividir en régimen de propiedad horizontal las dos fincas”.
Tras tener conocimiento del inicio de urbanización de las fincas, el Jefe del Servicio Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Generalitat en Lleida se puso en contacto con el Alcalde de Os de Balaguer, el 17 de julio de 1998 para asegurar que la “construcción de los edificios se estaba llevando a cabo en suelo no urbanizable”. El dos de setiembre de 1999 se efectuó una inspección a las fincas y los controladores observaron que las obras estaban en fase de ejecución. El 5 de junio de 2000 el Jefe del Servicio Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo puso en conocimiento del Director que uno de los edificios ya estaba terminado y que, el colindante estaba en fase de ejecución. Además el TSJC declaró nulas las licencias por vulnerar la ley.
Jacinto Tribó Solans ha sido el Presidente de la Entidad Municipal Descentralizada de Gerb hasta el pasado 27 de mayo.
* La Mañana - 2007-07-20
Foto: Gerb (Lleida) /ccnoguera.cat
El “pelotazo” urbanístico del estadio Calderón
RAFAEL HALCÓN* : "La noticia del posible derribo y la recalificación de los terrenos del estadio Calderón del Atlético de Madrid, hecha pública ayer en el diario El País de manera sospechosamente “neutral y beatífica”, y en la que estarían directamente implicados el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, anuncia un debate político y mediático de envergadura porque huele que apesta a “superpelotazo” de la construcción, en un terreno que, previamente, ha sido reordenado por la ciclópea y espectacular obra de la M-30, revalorizando ostentosamente una recalificación que va a beneficiar, esencialmente, a la familia de Jesús Gil, propietaria de más del 50% del Atlético de Madrid, y al empresario y presidente del club, Enrique Cerezo (persona próxima a Esperanza y segundo accionista del Atlético), así como a otros empresarios de la construcción como Fernando Martín, que además tiene otros intereses urbanísticos (mucho suelo, se dice) en la Comunidad de Madrid.
Y a no perder de vista a posibles intermediarios de renombre, entre los que, al parecer, figuran los nombres de Fernando Fernández Tapias (Fefé) y Lalo Azcona (amigos de Gallardón), y próximos a otro de los promotores del grupo Andria, Marc Rich, como el de Pedro Pérez (se dice que ahora asesorando a Martinsa), y veremos si también Pedro Antonio Martín Marín, los dos notorios amigotes del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Persona que seguramente ha tenido algo que ver, desde el Gobierno de la Comunidad, con la llamada “operación Alcorcón” sobre la ciudad deportiva del Atlético de Madrid y sus terrenos adyacentes, donde también han merodeado los hoy propietarios del Atlético.
Los últimos de la fila, que se van a quedar a dos velas, perdiendo el emblemático estadio, serán los socios e hinchas del Atlético de Madrid, los vecinos de la capital de España —que perderían también sus derechos sobre el estadio de la Peineta— y todos esos miles de madrileños que no van a beneficiarse de esa operación con 1.000 viviendas protegidas, como debe ser el caso si se aprobara el objetivo de las 1.600 que ahora pregonan los promotores, como haciéndonos a todos un favor.
Cuando lo normal es que siga ahí el estadio, que Gil y Cerezo devuelvan el control del club —que están hundiendo, en deudas y malos resultados— a los socios, y que una vez que estos malos y sospechosos gestores abandonen la entidad, se replantee, si llega el caso, semejante operación que huele a gran pelotazo nacional.
Operación en nada comparable a la recalificación que en su día se hizo de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, porque allí, para empezar, los que resultaron beneficiados fueron los socios y la afición del club, y no como ocurre con el Atlético de Madrid, en el que el gran beneficiario del pelotazo será la familia de del desaparecido Jesús Gil, el primer responsable del gran escándalo de la mayor corrupción de España, el caso de Marbella y la “operación Malaya”. La familia de Jesús Gil, con Miguel Ángel Gil Marín a la cabeza, pilota la operación, después de haber ejercido él toda clase de presiones sobre el Ayuntamiento de Madrid —en el registro oficial de la Casa Consistorial entró, no hace mucho, una carta del tal Gil Marín en tonos conminatorios y sospechosos, para intentar acelerar la recalificación antes de las pasadas elecciones municipales, un riesgo que el alcalde Gallardón no quiso correr—.
Y que ahora debería volver a calibrar en vísperas de las elecciones generales, de ahí la seria preocupación que, sobre este tema, invade a la dirección del Partido Popular —como lo ha sabido ESTRELLA DIGITAL de fuentes solventes—, donde se temen un cartel del PSOE y de IU donde se diga, sin reparos y con razón: “El PP le regala el gran pelotazo del Calderón a la familia de Jesús Gil”. Lo que, unido a las últimas denuncias de Miguel Sebastián —que fueron por el camino soez de la vida personal del alcalde y se convirtieron en bumerán contra el denunciador—, ahora sería munición suficiente para calentar el debate sobre la corrupción en campaña electoral.
De ello, en la sede del PSOE han empezado a estudiar el caso, y en IU tanto Ángel Pérez —que ya ha hecho públicas preguntas este asunto— como Inés Sabanés están reuniendo información para intentar controlar lo que, a muy simple vista, se presenta como un escándalo urbanístico en el corazón de la capital.
De ahí las prisas recientes de unos y otros por aprobar todo esto lo antes posible, aprovechando el vacío y la casi “nocturnidad” política y mediática del verano. A ver si se cuela por las buenas, aunque el alcalde dijo ayer —veremos si es verdad— que no hay nada decidido, y que hay dos meses de por medio para estudiar la petición de recalificación. Aunque lo que no puede decir Gallardón es que todo es para beneficiar al pueblo de Madrid, porque los beneficiarios son precisamente otros. Y esperamos que algo más, porque Gil y Cerezo se hicieron con el control de la propiedad del club Atlético de Madrid gracias a una operación fraudulenta (sobre la que parece que hizo la vista gorda Cortés Elvira, veraneante marbellí), y en la que entraron de por medio los tribunales para analizar “un mete y saca de dinero”, que luego contó con ayuda del beneficio de la prescripción, que eliminaba la responsabilidad penal pero no la moral. Y qué decir si además miramos a la familia de Gil en Marbella, y a todos los procesos en los que también ha estado inmerso Miguel Ángel Gil Marín.
Y esta pregunta —quid prodest— de a quién beneficia sólo tiene una clara respuesta: a los hoy propietarios del club —pero no del Estadio Calderón, que fue comprado con el esfuerzo de los socios y del propio Calderón— y a los promotores y amigotes del poder político. Y todo ello completado con el hecho, nada desdeñable, de la reforma de la M-30, en la que no estaba ni mucho menos prevista ni incluida la liquidación del estadio Calderón por más que lo estuviera in pectore, de más de uno. Y no digamos la otra parte del “cuento de la buena pipa” que nos ha contado El País, que incluye la cesión al Atlético de Madrid (¡a los Gil y Cerezo!), por permuta, alquiler o lo que sea del estadio de la Peineta, que es de la Ciudad de Madrid, que era de la Comunidad, y se permutó con el Palacio de los Deportes —donde habita el fantasma de Martín Marín— para que en su día se pudiera incluir en el proyecto del Madrid Olímpico (que va a regresar).
Un estadio con sólo un aforo de 20.000 personas, lejano de la hinchada del Atlético que vive cerca del Calderón. O las pretensiones de los promotores de recibir mucha más edificabilidad de la que recibió el Real Madrid, la eliminación de una escuela y la escasez de suelo verde. Y todo ello para construir 1.600 pisos, según el tercer proyecto presentado por la banda del Calderón que el diario El País, con calculada inocencia, presenta como “la más aceptable”. Lo que sería así si mil de esas nuevas viviendas, como poco, fueran de protección oficial, hubiera grandes zonas verdes y dos colegios nuevos en vez de uno. Y sobre todo si, además de esto, el resto de los beneficios del pelotazo inmobiliario, con las bendiciones políticas del PP, fuera a parar a una fundación o un fondo con control del Ayuntamiento para garantizar que esos dineros reviertan sobre los socios minoritarios (a los que Cerezo y Gil les está ahora pasando el cazo por causa de la ruina del club) y la afición del Atlético de Madrid, a los que estos dos deberían devolver la titularidad del club. A los verdaderos socios y la afición del Atlético, a los que Gil y Cerezo ponen de pantalla para justificar la operación del pelotazo, haciendo unas falsas comparaciones impropias con el caso de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, que redundó en beneficio del club blanco y de sus socios, de la afición y del pueblo de Madrid, aunque también es cierto que hubo negocio inmobiliario, pero en condiciones inferiores a las que ahora pretenden los dueños del club, que no son los socios ni la afición. De manera que se cuiden pronto y bien el alcalde Gallardón —no vaya a estropear la obra magnífica de la M-30 dando alas a sus adversarios interiores y exteriores— y la presidenta Aguirre, porque algo huele a podrido en la operación del estadio Calderón.
Y que pongan a muy buen recaudo el estadio público de la Peineta, y sometan cualquier decisión sobre todo ello a una plena transparencia y la inspección y fiscalización de cualquier iniciativa al respecto, que, desde luego, no puede ser la que pretenden los promotores del Atlético de Madrid. Los que ahora dicen que no han hecho presiones al respecto —que se haga pública la carta de M. A. Gil Marín al Ayuntamiento—, cuando lo que sabemos es que no ha dejado de hacerlas, en compañía de Cerezo, un habitual merodeador de negocios, licencias televisivas y toda clase contratos en torno a la Comunidad de Madrid.
Y vamos a ver qué nos dice de todo esto el señor Rajoy, que, seguramente, es lo que le faltaba después de la fuga de Matas y de la dimisión de Piqué, en vísperas de las elecciones generales y cuando nos había anunciado que iba a romper los moldes del PP. Para empezar, por lo que se ve, con la tarta del estadio Calderón. Y vamos a ver qué hace la oposición del PSOE y de IU en defensa de la ciudad de Madrid y de los que son verdaderos socios del Atlético de Madrid. Porque todo apunta a que, si se salen con la suya los Gil y Cerezo, y sus promotores inmobiliarios y conseguidores políticos, al final, hecho el negocio y arrinconado el equipo en la pequeña Peineta, le darán un pase al club con un ahí os quedáis, que es lo que puede pasar si todo esto sigue adelante, y se aprueba a toda velocidad para festejar este verano en aguas de Cerdeña la gran operación que no se atrevieron a hacer en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas, y que ahora unos listos la quieren acelerar.
* Estrella Digital - 20 - 07 - 2007
Mérida: Una paella de 7.000 euros
P.Cabecera.- elPeriódicoExtremadura* : "Hasta ahora, una paella en un chiringuito de la playa se consideraba un sablazo para un bolsillo modesto. En Mérida no hay playa, pero por este plato típicamente mediterráneo se pueden llegar a pagar hasta 6.955 euros. Es lo que abonó la Gerencia Municipal de Urbanismo. Es decir, habría arroz para dar paella a 60.000 personas y aún sobraría 3.000 euros para marisco y pollo. Este suculento manjar no es el único que ha degustado este organismo, porque por otra comida para paladares exclusivos, una sopa de tomate, desembolsó casi 1.500 euros.
Son dos ejemplos de los gastos con los que se ha encontrado el equipo de gobierno por parte de este organismo (que tenía a Rafael Romero Camacho como gerente), que nada tienen que ver con la gastronomía, por lo que los nuevos dirigentes se muestran extrañados, además de por la elevada cuantía, por el hecho de que esas facturas las pagara una entidad que, se supone, gestionaba el urbanismo en Mérida.
Los datos los ha hecho público la delegada de Urbanismo, Estrella Gordillo, con las facturas pagadas por la gerencia en la mano. Pero estos desembolsos extraños por quién los pagaba y el importe no son los únicos que ha puesto sobre la mesa.
Equipo de baloncesto
Dos facturas de 55.000 euros cada una para sufragar una pista de hielo en la pasada Navidad, o el coste de 6.000 euros que abonó para un viaje del equipo de baloncesto Mérida Patrimonio de la Humanidad para disputar un partido; son otras cantidades denunciadas por Gordillo.
Además de estos gastos injustificados, según el ayuntamiento, por parte de la Gerencia de Urbanismo, tampoco entiende la concejala los 8.120 euros destinados en concepto de la promoción de la entidad en la emisora Radio Hornachos, localidad natal del exalcalde Pedro Acedo.
Estos son únicamente algunos gastos de esta entidad urbanística hechos públicos por quienes ahora están descubriendo los entresijos de la gerencia.
* El Periódico de Extremadura - 20/07/2007
Foto: Mérida, gerencia urbanismo /elperiodicoextremadura.com
