LEVANTE* : La imagen de la Comunitat Valenciana como paraíso de sol y playa se ha visto alterada en el panorama mediático español con una potente novedad: es también la tierra del chanchullo, el mangoneo y la corrupción. La emergencia nacional del caso Fabra y especialmente la trama Gürtel coronan un mar de fondo repleto de Orihuelas, Díaz Alperis, Torreviejas, Terra Míticas, oscuras visitas del Papa y claros pelotazos made in PAI.
A algunos les tienta la idea de vincular la corrupción valenciana —y la tolerancia que los ciudadanos muestran hacia ella— con la cultura de esta tierra: una sociedad con carácter muelle vertebrada por el meninfotisme, con una herencia fenicia tan peligrosamente arrimada a los negocios cuando se trata de política, y una severidad moral no precisamente sueca o finlandesa. Para quienes desconfíen de tópicos, el profesor de Ciencia Política Víctor Lapuente, del Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), ofrece respuestas menos metafísicas para detectar el tumor de la corrupción, que en la Comunitat Valencia parece haber acabado en metástasis. Según explica Lapuente en un artículo, «las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una mala cultura o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político».
«En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes pueden haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones», afirma Víctor Lapuente. En cambio, la Generalitat Valenciana ha nombrado a dedo a 29.023 empleados de su actual plantilla, lo que representa el 23,1% del total y supera ligeramente la media nacional. Es decir: casi uno de cada cuatro empleados de la Generalitat ha sido contratado por libre designación, sin ser funcionario ni personal laboral elegido por una oposición o un proceso selectivo en el que los aspirantes compiten en igualdad de condiciones.
«Esto —añade el profesor Lapuente— genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable». De este modo, aparece un objetivo común para demasiada gente: ganar elecciones a toda costa para mantener cargos, sueldos, prebendas, adjudicaciones y tantas tentaciones susceptibles de corromper.
La tentación
La financiación de los partidos políticos es otro foco que alienta a la corrupción. Lo alerta Fernando Jiménez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Murciaexperto en corrupción. «Llevamos 30 años con escándalos de financiación de los partidos políticos y todavía no hemos solucionado el problema. Y mientras no se arregle de una forma realista la capacidad de los partidos para financiarse, seguirá flotando una nebulosa en torno a ellos que aprovecharán cuatro sinvergüenzas y cuatro recaudadores», explica Jiménez a este periódico.
En este caso, la Comunitat Valenciana no difiere del resto de España. Pero tal vez sí que se halla una particularidad en la respuesta social que suscita la corrupción. Según Carlos Flores, analista político y profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València, el sistema de partidos políticos valenciano influye en el bajo castigo social que está acompañando, según todas las encuestas, a los sonados casos de corrupción.
«En la Comunitat Valenciana, las alternativas políticas son básicamente dos —recuerda Flores—. Y si el partido que representa a tu ideología se ve implicado en un caso de corrupción, resulta absurdo pensar que sólo por ello vas a cambiar tu ideología. No. El ciudadano lo lamenta, lo critica y se resiente, pero no puede ir más allá porque no hay un recambio ideológico. Mientras que si hubiera varios partidos de una misma tendencia [como en el caso alemán o incluso el catalán], el elector podría cambiar de carril sin tener que cambiar de dirección», explica Flores. Si además la dirección opuesta, en este caso el PSPV de Jorge Alarte, resulta tan poco atractiva como reflejan los sondeos, el castigo electoral a la corrupción se vuelve heroico.
Así pues, una configuración institucional que permite multitud de personal enchufado sin escrúpulos; una financiación de partidos que incita a buscar recursos extra en las cloacas; y una simplificación de opciones políticas que dificulta la crítica y el castigo del electorado. Este triángulo acotaría el pecado original de la corrupción.
En busca de soluciones
El diagnóstico de la enfermedad es sin duda interesante. Pero la clave reside en encontrar el remedio. ¿Cómo extirpar el tumor? Los profesores Flores y Jiménez coinciden en la necesidad de mejorar el sistema de financiación de los partidos y aumentar los controles judiciales y administrativos. Víctor Lapuente propone una solución complementaria. «Se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política», dice. No hace falta que todos sean funcionarios con una plaza en propiedad. De hecho, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la mayoría de sus empleados públicos, que se rigen como cualquier trabajador del sector privado.
A nadie escapa que existen dos grandes obstáculos para materializar esta despolitización de las instituciones: los sindicatos de funcionarios, tan celosos de sus privilegios, y los propios partidos, acostumbrados al poder de enchufar. Se necesitaría, pues, alguien que movilizara esos intereses. Los empresarios o la sociedad civil podrían encabezar este proceso para destruir las redes clientelares, germen de la corrupción según Lapuente. Pero una revolución de este calibre se antoja difícil en la patria del meninfotisme.
* Levante-EMV - PACO CERDÀ - 1-11-09
Foto: Uno de los manifestantes, en la imagen, llevaba una pancarta con una Mona Lisa trucada con la imagen de Francisco Camps, ayer en Valencia.- SANTIAGO CARREGUÍ, elpais.com
Valencia: Protesta masiva contra la corrupción
Badalona: Pelotazo en primera línea de mar
ELPAÍS/Barcelona* : La fachada marítima de Badalona también cayó en manos de la trama corrupta. Marina Badalona, la sociedad pública que gestiona la zona portuaria, otorgó un solar para construir viviendas en primera línea de mar a una de las empresas que aparecen citadas en el auto del juez Garzón, Badalona Building Waterfront (BBW). La adjudicación del solar se hizo sin que mediara concurso público alguno y sólo para liquidar un préstamo de 13,2 millones que, meses antes, la empresa concedió a Marina Badalona.
La instrumental BBW nació en diciembre 2002 con un objetivo declarado: gestionar una zona residencial en el litoral de la ciudad barcelonesa. Aunque resulta sorprendente, lo primero que hizo al constituirse fue dar un préstamo de 13,2 millones a favor de Marina Badalona, participada a medias por el ayuntamiento y el Consell Comarcal del Barcelones, y dirigida con mano de hierro, desde 2000, por su consejero delegado, Juan Felipe Ruiz. Éste liquidó el crédito el año siguiente con la entrega de dos fincas. Es decir, BBW se hizo con los solares en primera línea de costa sin pasar por concurso.
Ruiz, ex concejal en Badalona y ex delegado del Gobierno en Menorca (de 1988 a 1995) aparece en el auto judicial, que le cita como "el contacto" de Luigi en Badalona. El consejero delegado es un hombre de la confianza del alcalde encarcelado de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, según diversas fuentes.
Entre 2003 y 2004, Ruiz fue miembro del consejo de administración de BBW. Aunque no a título individual, sino como representante de Marina Badalona, que entonces poseía un 10% del capital de BBW (60.000 euros).
Garzón detalla en su escrito que, 15 meses después de la adquisición del local, éste se vendió a la inmobiliaria Espais (cuyo presidente, Lluís Casamitjana, también está imputado) y a Procam. Se generó, así una "revalorización considerable", cifrada en 14 millones de euros. Luis García, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta resultaron beneficiados. BBW fue absorbida por Espais el año pasado.
El solar, de 3.000 metros cuadrados y con una edificabilidad prevista de 17.000, nunca ha sufrido modificaciones. Todavía no ha comenzado a levantarse allí ningún edificio. Entre otras cosas, porque el Ayuntamiento denegó el año pasado la licencia de obras al no ver cumplidos ciertos requisitos.
El alcalde de Badalona, Jordi Serra (PSC), reaccionó ayer de forma contundente al conocer que el consejero delegado figura en el auto: decretó una suspensión de licencias para la finca investigada y ordenó que se paralice la actividad económica y patrimonial de Marina Badalona. Además, exigió a Ruiz que "renuncie a sus atribuciones especiales". Fuentes municipales coincidieron en que el poder de este hombre en Marina Badalona es "casi absoluto".
El pasado martes, cuando la Guardia Civil ejecutó la Operación Pretoria, Ruiz declaró a este diario: "Espais tiene un solar en el puerto. Como no sea ése... Pero no sé de qué va todo esto".
* ELPAIS.com - JESÚS GARCÍA - Barcelona - 01/11/2009
Foto: Badalona - elbosquedeithilien
Mallorca: Unas 250 personas participan en una marcha contra el Plan de Carreteras
DIARIODEMALLORCA* : Unas 250 personas participaron ayer en Caimari en una manifestación convocada por una veintena de entidades ecologistas y ciudadanas y diversos grupos políticos de ámbito municipal para exigir al Consell de Mallorca la retirada del Plan de Carreteras por "obsoleto y depredador" y la adopción de un modelo territorial más sostenible que plantee el transporte en la isla de forma integral.
Los manifestantes se concentraron a las 15 horas en la entrada de Caimari y avanzaron en dirección a Selva por el camino peatonal situado en el lateral de la carretera. Una gran pancarta con el conocido lema Qui estima Mallorca no la destrueix precedió a la comitiva. Los participantes exhibieron carteles críticos con la política territorial del Consell de Mallorca y alusivos a la "poca coherencia" de la presidenta Francina Armengol al permitir la próxima aprobación definitiva de un plan viario que "supone una continuidad del modelo implantado por PP y UM y la transformación de Mallorca en un área metropolitana de Palma".
El acto era secundado por diversas agrupaciones políticas locales de partidos integrados en el Bloc y contó con la presencia de algunos regidores municipales de esta coalición de municipios como Inca, Artà, Santa Maria o Sineu. Sin embargo, ningún alto cargo de la formación progresista se dejó ver en una manifestación que denunciaba la política urbanística de una institución en la que el Bloc asume competencias de gobierno.
"Esperábamos un cambio"
Durante el acto reivindicativo se repartió entre los presentes un folleto informativo sobre las causas de la manifestación en el que se plasmaba la desilusión de las plataformas convocantes por la ausencia de un cambio en la política territorial por parte del actual equipo de gobierno de centro-izquierda del Consell de Mallorca y se apuntaba que la gestión de intraestructuras de la institución insular "está bajo sospecha" por la imputación de los máximos responsables políticos del departamento de Obras Públicas por el caso Peaje, en referencia al conseller Antoni Pascual y al director insular Gonzalo Aguiar, de UM.
Margalida Ramis, portavoz del GOB, asociación que llevó el peso de la organización, reclamó la retirada del Plan de Carreteras porque "su aprobación no tiene sentido al margen de otras planificaciones en materia de transporte público; es necesario un estudio integral de movilidad". Ramis recordó que "hubo promesas de aplicar un cambio en la política territorial" que, hasta la fecha, no se han materializado y expresó su escasa confianza en las modificaciones del Plan de Carreteras que están negociando los partidos. "No serán cambios sustanciales, porque de lo contrario deberían revistar todo el proyecto", apuntó.
* Diario de Mallorca - J. FRAU. INCA. - 1.11.09
Foto: Caimari (Mallorca) - MALLORCAWEB
La trama corrupta salpica a la empresa de urbanismo de la Generalitat
ELPAÍS/Barcelona* : La trama de corrupción urbanística de la Operación Pretoria sigue extendiéndose desde el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet a otras instituciones catalanas. El Gobierno de la Generalitat se ha visto ahora salpicado por la supuesta implicación de un alto cargo del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), su empresa pública de urbanismo.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga la trama, sostiene en su auto que el gerente del Incasòl, Emili Mas, mantuvo conversaciones con cuatro de los imputados para falsificar facturas que justificaran el desvío de 1,3 millones que el consistorio había recibido de la Unión Europea.
Tras conocer el auto de Garzón, los responsables del Incasòl -dependiente del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y del de Medio Ambiente y Vivienda- decidieron "revisar" todas "las gestiones" que hayan realizado con el Ayuntamiento de Santa Coloma.
Garzón indica que entre el 16 y el 29 de abril se supo de la "posible emisión de facturas" por parte del consistorio para justificar el empleo de unos fondos comunitarios a través de los contactos que hubo entre el gerente del Incasòl, Emili Mas; el ex diputado del PSC Luis García, Luigi; el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz; el director de Servicios Municipales de la ciudad, Pascual Vela, y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron ayer que Luigi y Mas mantuvieron conversaciones.
El juez señala que el consistorio modificó supuestamente el destino de los fondos que recibió de la Unión Europea o empleó una suma menor a la declarada al realizar pagos relacionados con unas expropiaciones en la ciudad, cuya gestión correspondía a la empresa pública Gramepark.
Con las facturas falsas, el Ayuntamiento pudo haber justificado, según el auto, el "empleo irregular" de los fondos comunitarios. Emili Mas, que fue gerente del Consejo Comarcal del Barcelonès, rechazó contestar ayer a este diario si estaba al corriente de la falsificación de facturas.
El Incasòl, en un comunicado, mostró ayer su "máxima disposición" para colaborar con el juez, que ha imputado a nueve personas por posibles delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y fraudes a Hacienda y de subvenciones.
El auto, además, menciona a dos ex altos cargos más de la administración catalana, aparte del ex consejero Macià Alavedra y el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta, ambos imputados.
Según el auto, Lluís Renau, director general de Seguridad Ciudadana de Jordi Pujol entre 1984 y 1989 cobró 120.000 euros de la sociedad Badalona Builing Waterfront, implicada en un pelotazo urbanístico en 2003. Renau y Luigi -al que la investigación apunta cómo el cerebro de la trama corrupta-, ya habían sido socios entre 1996 y 1998 en las empresas de urbanismo Immodarder y Iniciatives i Infraestructures.
También recibió un pago de Luigi, según el juez, Ginés Carbó, que fue jefe del Servicio de Planificación Territorial y luego coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona entre 2002 y 2004. Carbó percibió 244.011 euros por una operación urbanística en Sant Andreu de Llavaneres (Maresme).
La publicación del auto no sólo causó ayer revuelo en la Generalitat. A lo largo del día varias empresas se desvincularon de las ilegalidades que apunta Garzón. Entre ellas, Proinosa, presidida por el imputado Josep Singla, que se habría beneficiado de licitaciones irregulares en Santa Colom.
El auto también señala a una filial de Caixa Catalunya y a otra empresa integrada por Caixa Laietana y Restaura. Ambas sociedades habrían pagado comisiones a Prenafeta en dos de las operaciones investigadas por el juez.
Fuentes de Caixa Catalunya aseguraron que, pese a que no tiene constancia contable del pago, ha encargado a sus servicios jurídicos y a los auditores una radiografía de su inmobiliaria Procam. Restaura admitió que la compañía que comparte con Caixa Laietana pagó una comisión del 4%, que equivale a 389.440 euros más IVA, a Prenafeta tras comprar los terrenos de Llavaneres. La promotora recordó que adquirió un suelo finalista, es decir, sin necesidad de recalificación alguna, y dijo desconocer "los antecedentes y prácticas del vendedor [Luigi] y el intermediario [Prenafeta]".
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 01/11/2009
Foto: Palau Generalitat - flickr
La Línea: La Fiscalía ve indicios de delito en la construcción del Palacio de Congresos
EUROPASUR/Cádiz* : La Fiscalía de Medio Ambiente cree que en la construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones y el Hotel Iberostar se puede haber incurrido en un delito de prevaricación urbanística y en otro contra la ordenación del territorio al haber sido excedida la superficie permitida y ocupado espacio libre público.
En concreto, concluye que este conjunto ocupa 215,46 metros cuadrados de suelo calificado como espacio libre público y que hay un exceso total de edificabilidad de 2.933,29 metros cuadrados.
Además, señala que los supuestos responsables son el actual gerente municipal de Urbanismo, Francisco Pérez Partal, y otros técnicos municipales, así como los arquitectos y técnicos que dirigieron la obra, la promotora y la empresa constructora, por lo que solicita que declaren en calidad de imputados. Así consta en el escrito que la Fiscal ha remitido al juzgado número 2 de La Línea tras la denuncia interpuesta en su día por el PSOE. Dicho escrito está fechado a finales de junio. Este diario ha sabido que la juez citó a estas personas a declarar a principios del presente mes pero que éstos presentaron un recurso que está pendiente de resolución.
En cuanto al escrito de la Fiscalía de Medio Ambiente, se recuerda que en marzo de 2003, el gerente municipal de Urbanismo, Francisco Pérez Partal, resolvió conceder una licencia de obras a la empresa Ámbito Sur Hoteles para construir un palacio de congresos, un hotel, oficinas, locales y garajes en la avenida Príncipe de Asturias de acuerdo con un proyecto básico que había sido presentado por el solicitante de la licencia. Según la Fiscal, dicha solicitud vino informada favorablemente en el expediente de concesión por el arquitecto Juan López de Lerma y por la técnico Esmeralda Cano. En este sentido, agrega que dicha licencia era conforme a la legalidad urbanística aplicable al Estudio de Detalle EDCV-P-5 de San Felipe para la zona uno, concretamente la parcela número 5 en la que se iban a edificar estos inmuebles.
Sin embargo, dos años más tarde, el 24 de mayo de 2005, el representante legal de la empresa Sur Hoteles presentó en el Ayuntamiento una solicitud de modificación de la licencia inicialmente otorgada en base a un reformado de proyecto básico. Pérez Partal resolvió conceder en junio la modificación de la licencia de obras otorgada inicialmente previo informe favorable del arquitecto Juan López de Lerma y de la técnico Esmeralda Cano.
* Europa Sur - Soraya Fernández - 31.10.09
Foto: Instantánea de la fachada principal del Palacio de Congresos, con el hotel Iberostar al fondo. - europasur.es
Cerrado por redada
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : Los agentes de la Guardia Civil entran en los ayuntamientos en pareja y salen siendo tres. El tercero que se les apunta suele ser un alcalde. Allí se les fotografía en la puerta como si volvieran de celebrar una boda por lo civil. En realidad sacan al alcalde esposado por lo civil. En concreto, por lo Guardia Civil. Incluso los alcaldes corruptos son personas de orden. Si se fijan bien en las imágenes de los periódicos, los furgones de la policía suelen estacionar en los aparcamientos reservados para los vehículos oficiales. Debe de ser que, cuando sospechan que le van a detener, dejan un sitio libre para poder decir que colaboran con la investigación.
La corrupción empieza a ser tan grave que cada vez que aparece un alcalde con grilletes hay que recordar, para tranquilizarnos, que en España hay 8.000 que son honrados. Es como tener que explicar cada vez que detienen a un asesino, que hay 48 millones de españoles que no han matado a nadie. Fíjense si la cosa se ha puesto fea, que cada día es más difícil buscar un candidato a alcalde. Hay partidos políticos, e incluso vecinos, que antes de quedarse sin alcalde prefieren tener uno corrupto. Más vale un corrupto que se lo lleve a dos manos, que ciento volando que sean honrados.
Aunque parecía que en temas de corrupción estaba todo inventado, es posible la innovación. Juan Enciso, en El Ejido, ha demostrado que se puede robar a espuertas sin necesidad de convenios urbanísticos, recalificaciones y reglazos al PGOU. Es de los pocos casos de corrupción donde no se ha detenido al concejal de Urbanismo. Enciso, con una empresa multiservicios, ha sido capaz de extraer del ayuntamiento 20 millones de euros al año colocando baldosas a 2.160 euros la unidad o bombillas a 572 euros la pieza. Si hay algún alcalde que sea capaz de superarlo que se presente a las próximas elecciones. Sus vecinos no sé si se lo agradecerán, pero posiblemente le voten.
También habría que botar -sí, con b- a los dirigentes del PP y del PSOE que se atreven a hablar de El Ejido. Los primeros han tenido 16 años al alcalde como militante. Los segundos lo han disfrutado dos como socio de gobierno para mantenerse en la Diputación de Almería. Como ninguno de los dos partidos está libre de pecado, o se callan o podemos ya empezar a tirarles las primeras piedras. Los partidos políticos, en temas de corrupción, toman a los ciudadanos directamente por idiotas.
A falta de conocer más detalles procesales, hay un nexo común entre Enciso y el otro alcalde que le ha disputado estos días el protagonismo mediático, el socialista Cristóbal Torreblanca en la localidad malagueña de Almogía. Los dos llevan toda la vida instalados en el cargo. Torreblanca acumula 26 años y Enciso 18, lo que viene a demostrar que, en demasiadas ocasiones, las posibilidades de corromperse (Enciso) o de malearse (Torreblanca) son directamente proporcionales al tiempo que se lleva en el puesto. A los políticos de por vida les molesta mucho que se diga esto, pero es una verdad científica.
En los ayuntamientos, los días de intervención judicial, terminarán por colocar un cartel en las ventanillas de atención al ciudadano que diga: "Vuelva usted mañana, hoy hay redada". Los vecinos estarán avisados y no pensarán que los funcionarios andan otra vez de escaqueo. Imagínese que va usted al consistorio a domiciliar el recibo del IBI y se encuentra en la puerta a una docena de agentes de la Guardia Civil. Podría pensar: "Cada día se fían menos de los funcionarios, ahora además de obligarles a fichar le hacen un control de alcoholemia y le apuntan la hora de llegada". Por cierto, alguien ha leído o escuchado alguna explicación de los socios de Enciso en la empresa multiservicios. O sea, de Abengoa, Cajasol y Cajasur. A ninguna de ellas les llamó la atención las facturas increíbles con las que engordaban sus cuentas durante 14 años.
* ELPAIS.com - Opinión Andalucía - 27/10/2009
