Desde VdeVivienda* llevamos ya casi año y medio movilizándonos para conseguir que la vivienda sea un derecho, y no un negocio. Pero lejos de ser escuchados por los poderes públicos, éstos solo nos han respondido con el silencio, o peor aún, con una brutal represión de un movimiento ciudadano completamente pacífico. Pero ahora el panorama ha cambiado por la cercanía de las elecciones generales, y como por arte de magia, esos que antes reprimían a los que exigían una vivienda digna se han convertido precisamente en los garantes de este derecho. Sin ningún tipo de vergüenza, los políticos se han lanzado a una desenfrenada subasta de medidas electoralistas y populistas, y lo que es peor, contraproducentes, ya que todos estos incentivos y ayudas siempre acaban en el bolsillo de los especuladores.
Por eso el próximo 6 de octubre, volveremos a manifestarnos en las principales ciudades (a las 19 hs) de España (la cita en Madrid será en Puerta del Sol a las 6 de la tarde ). Allí todos gritaremos, unidos como un único cuerpo, nuestra consigna principal, el “NO VAS A TENER CASA EN LA PUTA VIDA”, para expresar que ya estamos hartos de subvenciones y migajas y dejar claro que lo que queremos es que se garanticen nuestros derechos. VdeVivienda apuesta por crear un verdadero parque público de viviendas en alquiler a un precio realmente social, y para ello es necesario dar un uso a los más de 3 millones de viviendas vacías que hay en este país.
Los políticos han participado de forma destacada en el gran banquete de la corrupción urbanística de los últimos años. La factura de esta desvergüenza la hemos pagado entre todos los ciudadanos y ciudadanas que hemos sido víctimas de un saqueo generalizado. No es posible confiar en que la clase política solucione el problema, pues ha sido generado en gran parte por ella. Sólo conquistaremos el derecho a la vivienda digna si decidimos salir a la calle y obligamos a los poderes públicos a obedecer la voluntad del pueblo. La defensa de tus derechos es tu responsabilidad, no puedes permanecer sentado mientras desde el poder se te engaña por un lado y se te ajusta un poco más la soga al cuello por otro. Si no te levantas tú, otros te arrodillarán.
Por una vivienda digna, defiende tus derechos el 6 de octubre, ¡¡¡AHORA SÍ QUE NOS VAN A OÍR!!!
Manifestación en Madrid el sábado 06 de Octubre a las 18 hs. En la Puerta del Sol
http://madrid.vdevivienda.net/
http://www.vdevivienda.net/
* Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna
* Kaos en la Red - 29.09.2007
Manifestación por una Vivienda Digna. El próximo 6 de Octubre nos van a oir
Palma: Unas 300 personas dicen ‘no’ a Son Espases ‘por dignidad’
MALLORCADIARIO* : Unas 300 personas, entre ellas dirigentes del Bloc, coalición que forma parte del Govern, han reclamado al ejecutivo autonómico que descarte la finca de Son Espases para ubicar el nuevo hospital de referencia por "dignidad", en una concentración celebrada en Palma. La protesta, organizada por la plataforma Salvem La Real, se ha iniciado a las seis de la tarde en la plaza de Cort, donde se han podido ver pancartas con las leyendas como "Asesinos de la tierra", "No nos decepcionéis" o "Son Espases: vía libre a la corrupción".
Los participantes del acto, que llevó por lema "Aún estamos a tiempo, salvemos Son Espases, salvemos La Real", han coreado consignas con el eslogan de la protesta y con palabras como "Dignidad", en referencia a la promesa electoral de la mayoría de partidos del Govern de frenar las obras en Son Espases si conseguían gobernar, informa Efe.
"El destrozo ya no tiene marcha atrás, pero sí que se haga el hospital", ha asegurado una de las portavoces del colectivo organizador, Aina Calafat.
Entre los asistentes se encontraba el líder del Bloc y secretario general del PSM, Biel Barceló, quien ha dicho comprender que su presencia en la concentración pudiera ocasionar incomodidad en el Govern.
Con todo, asegura estar "tranquilo" al recordar: "Hace medio año estábamos dando apoyo a estas mismas pancarta y lemas, acompañados de otra mucha gente, y nosotros no nos hemos movido".
En cualquier caso, ha dejado claro que la protesta no es contra ninguna decisión del Govern, ya que no la adoptará hasta el 5 de octubre.
BARCELÓ CONFIRMA LA DIVISIÓN EN EL GOVERN
Barceló ha admitido que ha habido varias reuniones la semana pasada y que habrá otras la próxima para abordar la cuestión, en la que el pacto de gobierno presenta "dos posicionamientos", que no necesariamente se identifican con los distintos partidos, sino que hay diferentes "sensibilidades".
Uno de ellos "va a lo fácil, a lo práctico", y seguramente optaría por Son Espases, y otro que quiere mantener "la credibilidad" y sigue apostando por el solar de Son Dureta o por una "tercera vía".
Respecto a este último, reconoció que se estudian diversas posibilidades, si bien para el Bloc la mejor y la "auténtica" es la de construir el nuevo centro en el solar de Son Dureta.
En relación a la opción de Son Hugo, ha admitido que "una parte del Govern" cree que el precio es muy alto, pero que el Bloc considera que para proteger el territorio se ha de pagar un coste".
¿SE IRÁ EL BLOC DEL GOVERN SI SE OPTA POR SON ESPASES?
Preguntado sobre si el Bloc se plantea romper el pacto de gobierno si finalmente se opta por Son Espases, asegura que es una cuestión que no se ha propuesto, aunque habría gente que lo pediría y el PP estaría bastante contento.
Ha reiterado que si finalmente se opta por la ubicación que decidió el PP la lealtad y confianza de aquellos que "cambiaran de opinión" hacia el pacto quedaría "dañada".
También han participado en la concentración el diputado del Bloc Miquel Àngel Llauger y el teniente de alcalde de Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Cultura, Eberhard Grosske.
* Mallorca Diario - 29 de septiembre de 2007
Foto: mallorcadiario.com
Los alcaldes hacen oídos sordos al ruido
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ELPAÍS* : El Gobierno del PP aprobó en 2003 la Ley del Ruido. Han pasado cuatro años y el texto está sin desarrollar. Tampoco se han terminado los mapas de sonido que 16 grandes ciudades (que suman ocho millones y medio de habitantes) tenían la obligación de presentar antes del 30 de junio. El ruido afecta a todos, pero las medidas para combatirlo escasean. Los vecinos acuden a los tribunales a defender los derechos que las Administraciones no protegen. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece en 65 decibelios el ruido máximo que se puede escuchar sin riesgo para la salud. La UE marca el confort en 55. Industria, transporte y construcción son los grandes emisores de contaminación acústica.
¿Quién no se ha despertado en mitad de la noche por culpa del camión de la basura? ¿Quién no ha contado los aviones que sobrevuelan? ¿Quién no ha sentido que una taladradora se instalaba en su casa? El sonido no deseado, es decir, el exceso de ruido, afecta a todos. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), tres de cada cuatro españoles dicen que sufren contaminación acústica. Sin embargo, pese a que se trata de un problema muy común, casi nadie baja el ruido.
En 2003 se aprobó una ley para combatir los efectos de esta peculiar polución. Más tarde se publicó un real decreto para trasponer la directiva europea sobre la materia y ahora, previsiblemente el próximo viernes, el Consejo de Ministros aprobará el desarrollo de la ley, que incluye medidas para aislar viviendas. "Muchas normativas, pero pocas medidas concretas destinadas a acabar con el problema", se queja José Joaquín Herrera, presidente de Juristas contra el Ruido.
Pero las normas ni siquiera se cumplen. El Ministerio de Medio Ambiente dictó órdenes para confeccionar los mapas del ruido en 16 ciudades, todas con más de 250.000 habitantes. El plazo concluía inicialmente el 30 de junio y se prorrogó hasta hoy. Nadie ha hecho los deberes, según el ministerio. Las demarcaciones con tareas pendientes son Alicante (310.330 habitantes); Barcelona I (1.611.467), Barcelona II (331.377) y Baix de Llobregat (con 466.854); Bilbao (352.317); Córdoba (308.072); Gijón (271.039); Madrid (3.099.834); Málaga (con 558.265); Murcia (398.815); Palma de Mallorca (379.898); Las Palmas de Gran Canaria (377.643); Santa Cruz de Tenerife (360.388); Sevilla (709.975); Valencia (785.732); Valladolid (321.713); Vigo (292.059), y Zaragoza (638.799). AENA tampoco ha concluido los mapas acústicos en los que debía medir los decibelios en aeropuertos civiles con más de 50.000 movimientos al año. Y Fomento todavía trabaja para evaluar los grandes ejes viarios cuyo tráfico supere los seis millones de vehículos al año y los nudos ferroviarios con una circulación de más de 60.000 trenes al año.
Según un estudio de Medio Ambiente, el transporte de vehículos, aéreo y ferroviario genera el 80% de la contaminación acústica en España. El 10% corresponde a actividades industriales y de comercio. La construcción de edificios e infraestructuras supone el 6%, y las actividades de ocio (bares, discotecas y locales de ocio), un 4%.
"Esperamos tener los mapas para final de año y poder extraer las primeras conclusiones sobre la importancia real del problema", explica Jaime Alejandre, director general de Calidad y Evaluación Ambiental.
Algunas ciudades ya trabajan para cumplir la exigencia del ministerio. Es el caso de Madrid, que admite el retraso en la entrega. En la capital, el mapa sólo mide la contaminación producida por el tráfico. Las zonas con más decibelios, según el estudio, son la confluencia de O'Donnell con la M-40, el paseo de Recoletos, el nudo de la carretera de Andalucía (A-4) con la M-40 y, en general, todos los puntos con alta densidad de circulación, como la M-30 o el paseo de la Castellana. En esas áreas se rondan los 71 decibelios de media anual durante el día. El umbral máximo recomendado por la UE, como límite del confort, es 55. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija en 65 el máximo que se puede recibir sin riesgo para la salud.
En ciudades como Valencia, la media nocturna llega a 57 decibelios. Durante el día, la media se eleva a 63. Según el informe del Gobierno vasco, que no ha medido la circulación dentro de los cascos urbanos, señala que, en algunos edificios de Bilbao y San Sebastián, se superan los 70 decibelios durante la noche.
Con los mapas de ruido se harán los planes de acción, es decir, se establecerán las medidas concretas para reducir las emisiones. "Con estos mapas se decidirá dónde se puede construir un hospital, un colegio o una zona residencial", señala Alejandre.
"Lo que el Gobierno pretende es hacer mediciones sobre grandes ejes industriales y de transportes, pero no va a atajar lo que verdaderamente molesta a los ciudadanos, el ruido urbano", se queja Herrera.
De las 120 asociaciones contra el ruido que hay en España, 100 corresponden a colectivos contra las molestias que provienen del ocio, contra las que los ciudadanos se encuentran más desprotegidos. Este olvido, que incluye también a los grupos ecologistas que no se ocupan de este problema, ha activado el trabajo de las asociaciones vecinales y ha abierto otras vías de reclamación, incluyendo las judiciales. El Defensor del Pueblo también redactó un informe en 2005 con 500 quejas sobre los efectos de la contaminación acústica.
Según los especialistas, el aumento de ruido provoca daños psicológicos -trastornos del sueño, nervios, estrés, ansiedad y agresividad- y fisiológicos -migrañas, pérdida de capacidad auditiva, aumento de la tensión cardiaca y problemas vasculares-.
Para desarrollar la Ley del Suelo, el Consejo de Ministros aprobará un paquete de medidas referido a la vivienda. La ministra Carme Chacón ha adelantado algunas de las modificaciones que incluirá el Código Técnico de la Edificación, de forma que todas las viviendas de nueva construcción y todas las rehabilitadas a partir de 2008 cumplan la normativa de protección frente al ruido. Así, se fijará en 50 decibelios el límite de ruido contra el que deberá proteger el aislamiento de la pared medianera entre un dormitorio y la vivienda anexa.
"Del ruido en la calle nadie se ocupa", se queja el representante de los juristas. "En España, los Ayuntamientos son competentes en estas cuestiones, pero son incapaces de acometer los problemas.
No se les apoya económicamente, ni hay voluntad política", denuncia Herrera. "La ley no se adapta a la realidad social. No trata la movida, el botellón, el incumplimiento de horarios o las motos a escape libre..., el ruido que a todos nos molesta".
* ELPAIS.com - MÁBEL GALAZ - Madrid - 30/09/2007
Foto: Atascos y contaminación Madrid - Uly Martín (El País)
Crónica de la manifestación en Sevilla contra el desalojo del CSOA Casas Viejas
G.A.S.* : Esta tarde ha tenido lugar la manifestación en apoyo al centro social okupado y autogestionado Casas Viejas, que tiene una orden de desalojo para el próximo día 5 de octubre. Las calles del centro de Sevilla, se han visto inundadas por los gritos y las pancartas de las cientos de manifestantes de todas las edades que protestaban ante la amenaza promulagada por los juzgados del cierre del Centro Social.
La manifestación, que comenzó poco después de las seis y media de la tarde desde la Plaza de San pedro, continuó por las calles Imagen y laraña para llegar hasta la Alameda por Amor de Dios. Desde allí, se dirigió por la calle Feria para terminar en la Plaza del Pumarejo sobre las ocho y cuarto de la tarde. La marcha, iba encabezada por una serie de pancartas con mensajes como "Casas Viejas se queda" o "Desalojareis nuestras casas pero nunca desalojarán nuestra conciencia".
Un momento especial se vivió al principio de la marcha cuando unos jóvenes se lograron subir hasta una grua en el solar de la terminal de metro y colgaron la pancarta "Casas Viejas se queda".
La manifestación, que se veía agilizada por los cánticos coreados por todos ("Un desalojo, otra okupación", "Okupación, contra la especulación" o "Casas Viejas no se toca"), se detuvo varias veces para que algunos miembros leyeran las reivindicaciones y así los transeuntes se enteraran de por qué se manifestaban.
Al llegar a la Alameda de Hércules, se socializó también de la problemática que padece esta zona, ya que, el problema que vive Casas Viejas, no es un hecho aislado, sino uno más de los eslabones del proceso urbnístico del ayuntamiento, el cual, quiere convertir la zona norte del centro de la capital hispalense en lugar exclusivo para el turístico y de pasto para las inmoviliarias, a través de desalojos y asustaviejas, reducción de centros públicos y de ocio popular, prohibición del uso libre de la calle y de inmuebles. Ya que el hecho de que la Alameda quieran convertirla en una macro terraza para los bares y pubs, de que el Casas Viejas quiera ser desalojado o de que muchas viviendas quieran ser derruidas no es sino distintas caras de la misma moneda.
Al llegar al Pumarejo, se leyó un último comunicado, en el que se desmentía la información transmitida por la prensa politizada, la cual, decía que los vecinos no apoyaban al Casas Viejas, si que es verdad que una parte de la vecindad no se interesa por los problemas cotidanos, no obstante, otra se organiza y lucha como es el caso del centro Vecinal Pumarejo, y apoya al centro social, ya que, da alternativas donde antes no las había y de una manera autogestionada y horizontal. De hecho, el pasado mes de marzo ya intentaron sacar una orden de desalojo, pero gracias al apoyo vecinal consiguieron que no se hiciera efectivo. Sin embargo, ahora si que hay una orden real, y tenemos que estar más unidos que nunca y apoyar al CSOA Casas Viejas para que no cierre un centro que lleva más de 5 años funcionando.
Desde aquí es oportuno señalar que hoy se ha realizado un concierto de rap con el grupo Federación de Raperos Gaditanos Atípicos (FRAC) en el CSA La Fábrika de Cádiz, donde también se apoyaba al CSOA Casas Viejas.
Recordad, si quereis paritcipar en la Asamblea del centro social Casas Viejas, es el martes a las 9 de la noche, en la calle Antonia Saenz, junto a la Plaza del Pumarejo.
¡Juntos lo conseguiremos!
¡Casas Viejas no se cierra!
¡Fuera los especuladores de nuestras calles!
* Grupo de Acción Social - 30.09.2007
Foto: Sevilla manifestación - grupodeaccionsocial.net
Marbella edificará pisos en su último paraíso verde
PÚBLICO* : Con más de una década con Jesús Gil como alcalde y 86 procesados por el caso Malaya, no es sorprendente que Marbella lleve más de 15 años sin tener ni idea de qué es una Vivienda de Protección Oficial (VPO). Tampoco que, después del desfile de tropelías en torno al ladrillo, el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), elaborado por la Junta de Andalucía (PSOE) y aprobado por el propio Ayuntamiento (PP), incluya la creación de 10.000 viviendas de protección oficial de las 27.000 casas nuevas previstas.
Lo que resulta controvertido es que un mínimo de 1.200 de esas VPO serán construidas en el Corredor Paisajístico de la Vega del Río Guadaiza, un enclave verde en el que el Gobierno andaluz ha reservado unas 100 hectáreas a ambas márgenes del río para contruir equipamientos públicos, entre los que se incluye, aparte de las viviendas, un centro logístico, un parque tecnológico y un centro universitario.
Esta zona está calificada por la Junta —en el Plan de Ordenación del Territorio para la Costa del Sol occidental— como área de oportunidad, es decir, son terrenos que por su posición estratégica pueden pasar al patrimonio autonómico del suelo para impulsar equipamientos públicos. Sin embargo, y es aquí donde nace la polémica, un estudio científico del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada alerta de que edificar en la vega puede conllevar a la desaparición del pulmón verde de Marbella.
Paraíso natural
El enclave, una fértil llanura aluvial de 200 hectáreas situada entre las pedanías de San Pedro de Alcántara y Nueva Andalucía, cuenta con valores naturales y culturales como el río Guadaiza —declarado Lugar de Interés Comunitario—, suelos aluviales de “excelente fertilidad agrícola”, masas arbóreas muy diversas, “en especial los frutales”, y “vestigios arquitectónicos, técnicos y espaciales de la malograda industrialización emprendida en torno a la caña de azúcar, la remolacha y el algodón desde mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX”.
El estudio incide, además, en que “los suelos de esta llanura de inundación, poco consolidados y formados en gran parte por arcillas expansivas con importantes procesos de encharcamiento, son totalmente inadecuados para la construcción”.
Con estos datos, el profesor de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la Universidad de Granada José Gómez Zotano, que dirige la investigación, hace un llamamiento para que la vega sea declarada Bien de Interés Cultural bajo la figura de Sitio Histórico lo que impediría que se edificara. También anuncia que presentará las conclusiones del estudio para que sean tenidas en cuenta en la revisión del PGOU, cuyo plazo de alegaciones para su aprobación definitiva finaliza el 15 de octubre. Hasta entonces, el debate está servido.
Al escollo ecológico se suma, además, el inconveniente económico manifestado por los vecinos. La mayor parte del suelo afectado —en el que se encuentra la finca La Caridad, propiedad del cerebro de la trama del caso Malaya, Juan Antonio Roca— se obtendrá de expropiaciones forzosas.
Unas 300 familias de San Pedro de Alcántara exigen la paralización del proyecto y ya preparan movilizaciones. “Ahí se cultiva la tierra y no hay derecho a que nos la quiten para edificar”, denuncian José Antonio Milán y Evaristo Díez, miembros de la Plataforma El Potril. Para el presidente de Opción Sampedreña, Rafael Piña, “la Junta de Andalucía va a hacer el negociazo del siglo, porque nos paga unos terrenos como rústicos para luego construir”. La Consejería de Obras Públicas, sin embargo, alega que esas tierras “serán pagadas según marca la nueva Ley del Suelo, es decir, según el valor real de los terrenos precisamente para evitar la especulación”.
No obstante, y pese al aval del Ayuntamiento marbellí al nuevo PGOU, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, se ha comprometido con los afectados a intentar que la Junta no incluya sus tierras en esa área. Fuentes de la Consejería de Obras Públicas apuntan a que el plan, “con casi total probabilidad”, seguirá adelante.
* Público - Olivia Carballar - Sevilla - 28/09/2007
Foto: Un trabajador de San Pedro de Alcántara muestra sus cultivos - publico.es
Ciudades creadas como espejismos
VICENTE VERDÚ* : El modelo urbano de El Pocero, alzado como un espejismo sobre el desierto manchego, representa la máxima vanguardia de la urbe moderna. No hay nada más actual, en lo referente a ciudades, que comportarse como milagrosos artefactos, constituirse de la noche a la mañana y a través de las formas arbitrarias que el promotor concibe interpretando los sueños de los posibles clientes. En Dubai, la ciudad artificial por excelencia, se ha dispuesto una réplica del Central Park neoyorquino, de las pirámides de Gizá, de la Torre Inclinada de Pisa y de los jardines colgantes de Babilonia.
Orange County es el territorio con más renta per cápita del mundo, pero China ha reproducido esta tipología de California del sur tal como aparece en un reality show norteamericano (The Real Housewives of Orange County). Aunque lo mismo, o todavía más, está ocurriendo en Estados Unidos donde abundan las urbanizaciones cerradas reproduciendo ambientes idílicos del siglo XIX. "Las falsas ciudades proliferan hoy por todos los Estados desde los entornos de Kansas City a las proximidades de Washington DC", decía hace poco The Wall Street Journal.
Las grandes ciudades del mundo, desde Nueva York a París, de Venecia a Bilbao, han adquirido el carácter de marcas, bien reforzadas por la imagen de un edificio emblemático, bien por la mercantilización de sus leyendas. Tanto es así, que prevé que algunas marcas adquieran pronto ciudades simbólicas y le impriman su logo, tal como ya se hace con los teatros, los estadios, los equipos, las competiciones o las urbanizaciones.
Ikea, Toyota, la revista de decoración Dwel, Martha Stewart, a través de la constructora KB Home, ofrecen casas prefabricadas con su firma. El prestigio de un nombre, en el aspecto que fuera, procura aura al artículo elegido. ¿Cómo no esperar que pronto se vendan hogares Armani o Zara o Descamps, tras haberse acreditado a través de sus ropas de casa? Microsoft o Apple serán, a la vez, los patrocinadores de hábitats dotados de sus diseños estéticos e informáticos, según informaba, en su boletín de enero, JWT, la mayor agencia de publicidad de Estados Unidos.
El grado de fantasía, y no de funcionalidad, que otorga formidable vigor a la demanda, guía a la oferta en sus creaciones mágicas. Y lo mágico se confunde con el artificio como la utopía con el espejismo. En todos los casos domina la ficción en sus versiones surtidas.
Así viene a ser con las llamadas "aerotrópolis", ciudades que prorrumpen en torno a los aeropuertos y con tal potencia que, según The New York Times, la población que se está concentrando actualmente en torno al aeropuerto de Bangkok (una T-4 barata), inaugurado en septiembre de 2006, llegará a los 3,3 millones de habitantes en 2035. Ya antes, Shenzen, en el sureste de China, ha pasado de ser un pueblo marinero de 30.000 habitantes en 1980, a una urbe de ocho millones a finales del año pasado.
Paseando actualmente por Shenzen es difícil saber si el entorno corresponde a Houston, Phoenix o Manhattan. Y no es extraño: allí se aprovecharon grandes proyectos desechados por los estudios de Nueva York o Chicago, lo que de otra parte sucedió en Madrid con las Torres KIO de Philip Johnson. Este rosario de grandes ciudades semejantes se hallan, en fin, más vinculadas entre sí que a sus naciones, precisamente porque su patrón (o paternidad) coinciden en el sistema general del artificio.
El Pocero ha provisto a sus clientes con un gran lago festoneado de palmeras tropicales en pleno secarral de La Mancha pero, en Alemania, cerca de Berlín, también puede disfrutarse de una vegetación y ambiente caribeños bajo una gigantesca escafandra. El aire acondicionado permitió, en el pasado, ocupar territorios inhabitables; Ahora, las Marinas D'Or pueden viajar a formidable velocidad por casi por todo el mundo. Y a la inversa. El mundo de Venecia, de San Francisco o de Capri, puede llegar a la puerta de casa y, próximamente, bajo el fulgurante y prestigioso logo de una gran marca.
* El País
* Reggio - 22 Septiembre 2007
La Fundación César Manrique aborda el tema de la corrupción urbanística en España
CANARIAS24h* : Representantes de ONGs, periodistas y profesionales jurídicos han debatido esta semana sobre "Algunas claves sobre la corrupción urbanística en España", título de las jornadas organizadas por la Fundación César Manrique. La segunda jornada del curso tuvo un carácter heterogéneo. Abordó el papel de la prensa, de las asociaciones ecologistas y de una organización no gubernamental como Transparencia Internacional. El de la prensa lo puso sobre la mesa Pachi Larrosa, hoy Jefe de edición de ‘La Verdad de Murcia’ y en los años noventa director de la edición burgalesa de ‘Diario 16’. En esa etapa protagonizó, como informador, el caso de la construcción de Burgos, un asunto con diferencias “únicamente climatológicas con Marbella”.
Terminó con la condena de siete años de cárcel para el constructor Méndez Pozo, la inhabilitación del alcalde y varios concejales, con 20.000 vecinos residiendo en casas con licencias de construcción anuladas y con ríos de tinta vertidos en una cabecera creada, como reconoció Larrosa, con la intención de sostener mediáticamente el proceso, denunciado en Fiscalía por la Asociación de la construcción burgalesa. Al contrario de lo que suele ser habitual, “los periodistas poníamos el freno del rigor a las ansias de la propiedad” del periódico por aumentar el escándalo.
Entre este episodio particular y la valoración final del papel de la prensa regional en la denuncia de casos de corrupción urbanística en España, Larrosa hizo algunas consideraciones de tipo más general. “Todo fenómeno de corrupción es, en sí mismo, un arma política”. “Es difícil descubrir algo que se quiere ocultar”, que describe la dificultad o la fortuna de encontrar una fuente que destape un escándalo. El periodista relacionó directamente el aumento en el número de casos de corrupción que se conocen actualmente con la mayor importancia que ha adquirido la prensa local y regional, en general y con el aumento de denuncias. La cercanía entre el lugar de redacción y el de corrupción afecta a la prensa local para sostener los casos, y lo hace como fortaleza y como riesgo.
Las ventajas, frente a la prensa nacional, estriban en una mayor credibilidad, al estar habitualmente menos ideologizada o politizada, el potente atractivo de las informaciones al enfocar directamente a los poderosos locales pasando por dificultades y cierta independencia conseguida gracias a la concentración de varias cabeceras en grupos de comunicación potentes, principalmente en Prensa Ibérica y Vocento, donde la cúpula empresarial está desplazada del lugar de los hechos. Según Larrosa: “la prensa regional mantiene la presión sobre los corruptos y obliga a la Administración a mantener su atención”.
MEDIR LA TRANSPARENCIA
Tras Pachi Larrosa, intervino Jesús Lizcano, presidente de ‘Transparencia
Internacional’ España, una organización creada por un ex alto cargo del Banco Mundial que está presente en multitud de países y que tiene como objetivo fomentar la transparencia en el sector público, los mercados, los partidos políticos, las empresas, las religiones o las universidades. Todo ello con el fin de lograr una mayor equidad social y eficiencia económica. Lizcano, que se centró en exponer la labor de la organización que dirige, señaló que la dimensión globalizada de la corrupción hace que ésta necesite una solución pactada. Uno de esos pactos es la convención de la ONU contra la corrupción, firmada por 140 países, entre ellos España, que deben ahora adaptar sus legislaciones a ese acuerdo.
‘Transparencia Internacional’ desarrolla instrumentos de medición de la transparencia y la integridad respecto a entidades públicas. Publica cuatro informes anuales. El primero de estos informes, cuyos resultados se han conocido esta misma semana, es el ‘Índice de percepción de la corrupción’. Como conclusión general, Lizcano destaca que hay una “fuerte correlación entre corrupción y pobreza”. En este índice, en el que suspenden tres de cada cuatro países, España se sitúa en el puesto 25 de 180. Eso sí, la causa principal de la percepción de corrupción entre los ciudadanos españoles se debe la corrupción urbanística”, por lo que Lizcano augura un punto de inflexión ante una recesión en el sector de la construcción.
El Barómetro global es el segundo informe. Evalúa catorce sectores en 62 países. En España, el peor valorado son los partidos políticos, mientras que la prensa se sitúa en el tercer puesto, de valoración negativa, algo atípico. El Informe sobre fuentes de soborno evalúa a empresas de las treinta economías más exportadoras del mundo. España aparece en el puesto número trece. Por último se elabora un Informe global de la corrupción en el Mundo, que aúna cada informe que se hace en cada país y que cada año se dedica especialmente a un sector. Finalmente, promueve un Pacto de Estado contra la corrupción y de momento ya se ha conseguido una resolución del Congreso de los Diputados instando al Gobierno a liderar ese pacto.
EJERCER PRESIÓN
El final de la jornada se llevó a cabo mediante la intervención de Juan Sánchez García, subdirector del Centro de Estudios Ecosociales de la Universidad de la Laguna, miembro de la Coordinadora El Rincón, profesor de Economía y un “escéptico ilusionado frente a la corrupción”. Su ponencia estaba anunciada como ‘El caso de la playa de las Teresitas: una reflexión sobre el papel de las organizaciones ecologistas”, aunque ya adelantó desde el principio que usaría el caso de la playa tinerfeña “como excusa para un debate más amplio”. Encaró la charla desde tres visiones distintas. Recordó todo el proceso ciudadano para lograr la aprobación en el Parlamento del Plan Especial de El Rincón (Tenerife) y habló de corrupción pasiva por la “falta de voluntad política” para aplicar lo logrado. Contó otros dos ejemplos más: el conjunto Atlante en el casco histórico de La Orotava y, finalmente, Las Teresitas. A los tres les une que son el resultado de un “ejercicio de cuentas social”, iniciativas populares o movilizaciones públicas.
El Centro de Estudios Ecosociales de la Universidad de La Laguna se creó para
aprovechar la relación entre la Universidad y la sociedad. “Es un centro de investigación orientado a la comunidad”, según Sánchez García, que, entre otras cosas, favorece la relación entre diversas disciplinas o hace una llamada a la responsabilidad social del mundo universitario. Desde ese punto de vista, el ponente resaltó que se ha puesto el acento en intervenir de manera directa, es decir, legislando sobre el uso del suelo y no tanto en hacerlo de manera indirecta, esto es, a través del mercado. Advirtió de que la corrupción no es la ausencia de reglas, sino que se trata de un sistema normalizado que puede hacer que se cambien las reglas desde la autoridad pública y se consoliden a través de la cooperación y la confianza.
“Comprendiendo el fenómeno podemos ejercer una presión continua”, señaló. El
mecanismo que puede romper el tejido corrupto se basa en la cooperación, en la
interacción entre todos los actores, desde los movimientos ciudadanos, a las
universidades, las instituciones, las distintas figuras jurídicas... “El efecto de estimulación e ilusión es muy importante para disolver la democracia corrupta”, afirmó, para terminar parafraseando al Nobel de Economía Joseph Stiglitz: “La reacción contra la corrupción debe ser tan compleja y variopinta como la propia corrupción”.
* Canarias 24 horas - ACN Press - Lanzarote, 28 de septiembre de 2007
Foto: Lanzarote, Casa Taro de Tahíche, fundación - fcmanrique.org
La vivienda, herramienta de integración
ELPAÍS* : Cuando hablan de políticas de inmigración, las administraciones piensan en la sanidad, en la educación, en las condiciones laborales... pero ¿y la vivienda? Considerada por los expertos una cuestión clave en cualquier proceso de integración de inmigrantes, hasta ahora no se había tenido demasiado en cuenta. Y en cambio, los inmigrantes se ven excluidos del mercado de la vivienda, con todos los problemas que esta exclusión arrastra: formación de guetos, estigmatización de quienes viven en determinados barrios que la población local no quiere ni pisar y que atrapan a sus habitantes dificultándoles el ascensor social... Lo afirma un documento elaborado por el Observatorio Europeo de la Vivienda Social del CECODHAS, la red europea que agrupa a los promotores sociales de vivienda.
El informe, Integración de los inmigrantes en la Unión Europea y la vivienda social: herramientas para los promotores de vivienda social, aborda la cuestión desde un punto de vista teórico y describe un rosario de herramientas fallidas. Es decir, prácticas que no han funcionado en distintos países europeos. Y ahí está la sorpresa. El lector coge el informe pensando que contiene la solución a la integración de los inmigrantes y nada más lejos: no hay recetas.
"Es que ése es el problema. No hay recetas. Cuando se aborda la integración de inmigrantes desde el punto de vista de la vivienda hay que ver caso por caso. No se pueden diseñar políticas marco, depende de las características de cada grupo y del contexto", explica la coordinadora del estudio y directora del Observatorio Europeo de la Vivienda, Darinka Czischke.
El texto contiene, sin embargo, una durísima crítica al modo de actuar hasta ahora más extendido: "Las buenas prácticas de integración a través de la vivienda requieren una comunicación entre los políticos, los ejecutores de las políticas, los profesionales de vivienda social y los usuarios. El trabajo desde abajo arriba es esencial. Esto implica evitar enfoques paternalistas y la adopción de políticas supuestamente progresistas, pero que no tienen en cuenta los intereses de las familias inmigrantes". Por ejemplo, está más que demostrado, afirma la directora del observatorio, que intervenir en un barrio o una zona concreta es insuficiente. "Se puede pensar en políticas locales, pero que tengan en cuenta las circunstancias estructurales y a largo plazo; si no, la intervención se queda en un parche", asegura.
Pese al mensaje un tanto desalentador del informe y su coordinadora, se están desarrollando proyectos interesantes, como pudo escucharse durante el seminario que se celebró la pasada semana en Barcelona. Organizado por la AVS (la asociación española que agrupa a 160 promotores públicos de vivienda), congregó a entidades de vivienda social de toda la Unión Europea.
Ya fueran de Hungría, de Holanda, de Francia, de Italia, de Alemania, del Reino Unido o de la misma España, los participantes convinieron en varias cuestiones. Una: el liderazgo de la integración de inmigrantes debe ser público, aunque se cuente con entidades sociales o capital privado. Dos: es necesario entender la vivienda y el urbanismo "al servicio de la convivencia". Y tres: que buena parte la solución está en "la vivienda social de alquiler", una modalidad que tendrá que aumentar ante el fenómeno migratorio, dijo el presidente de la AVS, Francesc Villanueva.
Pero retomando la idea de que no hay receta definitiva, los representantes de dos países con un sector de vivienda social muy potente, el Reino Unido y Francia, expusieron que tampoco los pisos públicos son garantía de integración en sí mismos. Desde el área metropolitana de Londres intervino Ken Eliott, representante de Sadeh Lok, una entidad que hasta la fecha había trabajado con comunidades asiáticas pero actualmente se las ingenia para solucionar el alojamiento de los 265.000 polacos que han llegado al Reino Unido como consecuencia de la ampliación de la Unión Europea. "La falta de previsión del Gobierno ha sido brutal y nos encontramos con miles de polacos viviendo en camas calientes ?pagan por utilizar una cama unas horas al día? alrededor del aeropuerto de Heatrow. Ya teníamos la experiencia de la inmigración de las colonias, la diferencia es que entonces acudían a trabajar a las fábricas y ahora a los servicios", clamó Eliott, que lucha como puede para "sacarles de la trampa de pobreza que es el precio de la vivienda". En este caso forman a los inmigrantes, contactan con empresas para que les contraten y han ideado un sistema de alojamiento "similar al de los estudiantes".
Sensación de discriminación
La representante de la francesa Unión Sociale pour l'Habitat, Juliette Furet, entonó el mea culpa de la Administración francesa al reconocer la "discriminación" que suponen las grandes concentraciones de vivienda social, y que estos barrios o áreas urbanas provocan en los inmigrantes "sensación de discriminación al ver que viven en un lugar que los locales abandonan". Furet explicó que la legislación francesa prohíbe registrar el origen de los demandantes de servicios públicos, de modo que los inmigrantes ocupan viviendas sociales no por su condición de extranjeros sino por la de pobres.
La intervención de Furet abrió el debate sobre el tiempo de residencia en cada país que deben acreditar los inmigrantes para acceder a los registros de demandantes de viviendas sociales. Otro aspecto en el que no hay receta única y válida, aunque sí hubo unanimidad en que, en general, las propias condiciones de acceso son "demasiado restrictivas", en palabras del geógrafo austriaco Otto Heinrich Ludwig, cuando no directamente "discriminatorias", como son las cuotas de inmigrantes que pueden optar a viviendas sociales y que aplican los Países Bajos, Finlandia y Dinamarca.
Todo lo contrario que el proyecto Abitazione, de la entidad italiana Federcasa. Aquí, la involucración de los inmigrantes en su alojamiento llega hasta el punto de que levantan las viviendas con sus manos. Esta experiencia de autoconstrucción, explicó Antonio Cavaleri, ha permitido crear 400 viviendas en Roma, Milán y Bari, todas ellas de alquiler con opción a compra. La iniciativa se lleva a cabo con pequeñas ONG, y Cavaleri la defiende como "acción social activa y sin gasto en servicios públicos". Las viviendas, explicó, cuestan el 30% menos y tienen mejores calidades que cualquier otra, pública o privada; la vinculación y mantenimiento del parque es ejemplar y la morosidad o irregularidades de los adjudicatarios son nulas.
* ELPAIS.com - CLARA BLANCHAR - Madrid - 28/09/2007
Vigo: Grabaciones autorizadas por la juez prueban los cobros ilegales de la promotora
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ElPAÍS* : Veinte familias más han presentado denuncia contra la promotora Construcuatro por cobrar sobreprecios de entre 19.000 y 46.000 euros a cambio de vender viviendas de Protección Oficial en un edificio del barrio vigués de Navia. La juez que instruye el caso tiene en su poder varias grabaciones de voz realizadas por la policía que probarían los cobros ilegales por parte de un intermediario de la constructora, en la que Telmo Martín, portavoz del PP en Pontevedra, posee el 33% de las acciones. Fuentes cercanas al caso cifran el fraude en tres millones de euros.
El número 25 de la calle Teixugueiras en el polígono vigués de Navia, alberga 92 viviendas, de las que 83 ya han sido vendidas por la promotora Construcuatro. Las otras 9, reservadas a familias numerosas, todavía continúan a la venta. Se trata de una promoción de pisos de protección autonómica que la constructora desarrolló después de adquirir a precio reducido una parcela urbanizada por la Xunta de Galicia.
De momento, más de 20 familias que compraron pisos en el edificio están tramitando a través de un bufete de abogados de Vigo otras tantas denuncias ante el juzgado. En ellas reconocen que varios intermediarios, en nombre de Construcuatro, les cobraron sobreprecios de entre 19.000 y 46.000 euros. Fuentes próximas a la investigación calculan que las comisiones ilegales podrían alcanzar tres millones de euros sólo por las ventas en ese edificio.
El caso lo estudia desde diciembre la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo a raíz de la denuncia de dos de los compradores. La juez, que ha decretado el secreto de sumario, autorizó unas grabaciones de voz bajo supervisión de la policía que probarían, según han confirmado a EL PAIS fuentes cercanas a la investigación, el cobro de los sobreprecios por parte de uno de los intermediarios en las operaciones, J.T. que de momento figura como el único imputado en el proceso.
El cobro de las comisiones fue exigido a las familias por al menos tres intermediarios -un particular y dos agencias inmobiliarias-a través de pagos parciales y siempre en dinero negro, que no debía reflejarse en el documento de la compraventa. Las mismas fuentes aseguran que los pagos realizados oscilaron entre los 19.000 y los 46.000 euros, si bien otros testigos han constatado que los intermediarios llegaron a reclamar a varios interesados más de 60.000 euros, que no fueron abonados.
En muchos casos se realizaron cobros a los compradores sin que la constructora -de la que el portavoz del PP en Pontevedra y ex alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, posee el 33%- les explicase el concepto de la operación. Estas cantidades abonadas en dinero negro no formaban parte del precio oficial de las viviendas, tasado por ley, y que va desde 104.000 hasta 146.000 euros, más 21.000 por el garaje y el trastero. En las oficinas de la delegación de la Consellería de Vivenda en Pontevedra constan además dos escritos de sendas familias que reconocieron haber pagado 19.000 y 33.000 euros de sobreprecio, respectivamente y que llevaron al departamento de Teresa Taboas. que todavía no se ha personado como acusación, a abrir un expediente informativo.
Las denuncias las tramita un bufete de Vigo, que ya aglutina a unos veinte compradores, y atribuyen a la constructora un doble delito de estafa inmobiliaria y contra la Hacienda Pública. La defensa no descarta exigir responsabilidades además a la Consellería de Vivenda, a la que atribuyen "falta de diligencia" a la hora de tramitar las denuncias presentadas en su delegación de Pontevedra a principios de diciembre.
El portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, exigió al presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, que expulse del PP a Telmo Martín o de lo contrario que dimita el propio Feijóo, si se prueba que Construcuatro participó en el fraude de las viviendas de Protección Oficial. Feijóo replicó al Bloque que repasase el consejo de administración de Construcuatro, donde, además de Martín, figura como presidente un hermano del alcalde nacionalista de Poio, Luciano Sobral.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 28/09/2007
Foto: Vigo, barrio Navia - M.Vila (20minutos.es)
La especulación urbanística en la Axarquía
RAFAEL YUS RAMOS Y MIGUEL ÁNGEL TORRES DELGADO* : EL 27-M fueron las primeras elecciones democráticas que se realizaron en Málaga después de la apertura de la 'caja de pandora' que fue el 'caso Malaya'. Este proceso se inicia en un marco de otro proceso administrativo de gran relevancia para nuestra provincia, con el que se intenta frenar la política de relajación, de inacción en definitiva, por parte de las autoridades locales y regionales, ante la evidencia de una escalada, como jamás se ha conocida en nuestra historia, de la especulación urbanística en toda la provincia de Málaga. Se trata de un conjunto de leyes y planes, mecanismos para poner fin a la escalada urbanizadora descontrolada de todo el litoral andaluz y su área de influencia, en paralelo a las conocidas operaciones contra la corrupción, que como sabemos son una escasa muestra de lo que se ha cocinado en numerosas administraciones locales.
Muchos se han preguntado porqué algo que todos conocían no se ha denunciado e intervenido antes. Como veremos, los resultados de estas elecciones tienen mucho que ver con lo que llamamos «socialización de la especulación».
Las causas verdaderas de esta política de 'mirar hacia otro lado', cuando no de 'defensa a ultranza' por parte de las administraciones locales (y según el signo político también de las regionales) ante esta escalada de especulación en torno al sector de la construcción, no la sabemos fehacientemente. Pero podemos entreverlas a partir de las coartadas que esgrimen los responsables políticos para justificar esta postura durante décadas en nuestra provincia. Por un lado están las justificaciones macroeconómicas: el sector de la construcción monopoliza prácticamente toda la economía malagueña, anulando los sectores clásicos de esta provincia, como la agricultura o incluso el turismo: «no toquemos este sector que se nos viene abajo el PIB». A nivel microeconómico está el trasunto de la especulación: el negocio de la compraventa, que permite obtener réditos de alcance asombroso en muy poco tiempo y con muy poco esfuerzo: «¿de qué sirve trabajar (en cualquier cosa) si puedes vivir de las rentas?». Por otra parte está el asunto político, pues un ayuntamiento logra niveles de financiación, y por tanto capacidad de ejecutar proyectos que revaloricen la gestión de un determinado equipo de gobierno, que de otra manera serían impensables: «el sector de la construcción ha permitido mejorar enormemente la gestión de los ayuntamientos». Finalmente está el asunto social, coartada muy apetecida por los ayuntamientos de izquierda, según la cual la crisis de la agricultura deja a la mayoría de los pequeños titulares de parcelas agrícolas sin capacidad de rentabilizar sus tierras: «si los grandes propietarios pueden conseguir enormes urbanizaciones ¿por qué no puede cada pequeño propietario hacerse una casa en el campo, venderla y obtener provecho con ello?».
Estas coartadas, y otras similares, han estado presentes sobre todo en la última década. Al calor de ellas se permitió, por activa o por pasiva, construir a diestro y siniestro, no sólo en el litoral, sino también en los suelos rústicos no urbanizables del interior, aprovechando resquicios de la legislación, como la falta de efectividad del Plan Especial de Protección del Medio Físico (por no haberse publicado en el BOJA), la autorización de construcción de 'casas de aperos' (aunque luego sean mansiones de 200 m.2), o simplemente siguiendo el principio del «construye, que algo queda», pues no hay juez que se atreva a ordenar una demolición. El resultado puede contabilizarse con el análisis riguroso de fotografías aéreas en distintas épocas. Alcaucín, por ejemplo, es un municipio de la Axarquía que en 1995 tenía ya 263 casas en suelo rústico, de las cuales solo la mitad aproximadamente eran antiguos cortijos. Si tomamos esta cifra como 'año cero', y tenemos en cuenta que en el año 2006 ya disponía de 1.119 viviendas, el aumento construcción de chalés y mansiones en el campo ha sido del 325%. Y esto no ha redundado en un censo poblacional mayor. Archez, por ejemplo, uno de los municipios más pequeños de la Axarquía, ha permitido construir en suelo no urbanizable 299 viviendas en este mismo periodo de tiempo (un crecimiento del 135% ), que sumadas a las viviendas del núcleo urbano, arrojan 712 viviendas, para tan sólo 160 unidades familiares (!), lo que significa que el 77% de las viviendas no son para habitarlas ciudadanos de Archez, sino simplemente montones de ladrillos para especular y ejercer la economía sumergida. Esto, según la izquierda, es la «socialización de la riqueza», pero desde nuestro punto de vista es más bien la 'socialización de la especulación' y la generalización de las fuentes de desastre ambiental. A este paso, la autodenominada izquierda acabará defendiendo el narcotráfico, porque también es otra forma de repartir las riquezas, ilegal ciertamente, pero tanto como construir en el campo. Uno es un delito contra la salud pública y el otro es un delito contra el medio ambiente.
Con esto enlazamos con el resultado del 27-M: ¿a quién han favorecido las elecciones? Obviamente la respuesta es diversa según los lugares, pero en la Axarquía, aquellos ayuntamientos que han estado consintiendo, cuando no defendiendo, o incluso promoviendo, la especulación urbanística en suelo rústico, son precisamente los que han sido recompensados no sólo con la reelección, sino que en ocasiones han subido. Son ayuntamientos que levantaron las armas contra la Junta de Andalucía cuando ésta, a través del Plan de Ordenación del Territorio (POT) amenazaba con parar esta dinámica por los obvios impactos ambientales. Son ayuntamientos con tasas de crecimiento de viviendas en suelo rústico superiores al 100% y por tanto son ayuntamientos donde la 'socialización de la especulación' ha sido refrendada en las urnas. Son ayuntamientos que, pese a la obligación de redactar sus propios PGOUs, llevan años guardándolos en un cajón para evitar publicarlos, pues en la situación actual, un simple Proyecto de Actuación, pasado por el pleno, decretado por la Alcaldía y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, son suficientes para legitimar, sin PGOU, la construcción de complejos urbanísticos espontáneos y mansiones aisladas en el campo, aunque cada una de estas viviendas, que dice acogerse al artículo 42 de la LOUA (casa de apero), sea propiedad de alguna inmobiliaria o de un inmigrante climático que solo busca descansar en esta tierra. Como el suelo ya calificado alcanza un precio muy caro, paradójicamente se actúa en suelos no calificados, por tanto sin servicios ni instalaciones básicas, que permite grandes beneficios a cambio de viviendas sin dotación alguna, y de no contribuir al erario público, aunque en caso de hacerlo resulta tomar un camino 'desviado'.
Es hora de iniciar en la Axarquía un proceso administrativo excepcional (retirada de competencias urbanísticas, moratoria, plan de regeneración) para detener esta barbarie que ya está produciendo daños irreversibles y está dejando al POT de la Axarquía, y al POT de Andalucía, de facto, sin sentido alguno o con sólo un valor retórico. Y es hora de reconsiderar que esta coartada de la socialización de la especulación, por muchos réditos económicos, políticos y sociales que tenga, es una huida hacia delante que lamentarán nuestras próximas generaciones.
* Diario SUR - LA TRIBUNA MALAGUEÑA - 28.09.2007
El juez imputa también al alcalde de Sant Josep por las presuntas comisiones
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ÚLTIMAHORA/Ibiza* : El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 ha llamado a declarar como imputado también al alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, por el caso de las presuntas comisiones derivadas del proyecto Eivissa Centre. Marí Ribas, que fue gerente de la empresa mixta Itusa y acusado por el ex secretario general de los socialistas pitiusos Roque López en su querella, ha sido citado para el próximo 22 de octubre a petición del abogado de López.
En el mismo auto, el magistrado también señala la declaración del presidente de Brues, Antonio Pinal, para el 29 del mismo mes.
No son estos los únicos avances del caso, ya que, según el extracto del auto que el abogado del ex secretario general de los socialistas facilitó a los medios, el magistrado informa de que ya se ha recibido el informe pericial sobre las grabaciones que hizo Roque López y que ha realizado la Unidad Central de Criminalística de la Policía Científica. Según este análisis de la sección de acústica forense, se deduce que en los registros «no se observan signos o indicios de alteración y que las grabaciones tomadas son compatibles con el MP3» de López. Asimismo no se observan manipulaciones en el CD-1, por lo que «no parece pensable» que la pericial pendiente (las supuestas alteraciones del ordenador) arrojen otro resultado.
Según el magistrado, la querella por falsedad en las grabaciones quedaría «desvirtuada» por lo que no procedería «imputar» a López por este motivo. Eso sí, todavía queda pendiente la prueba del ordenador, con lo que se esperará para tomar una resolución en este sentido.
En lo que respecta a la declaración como imputado de Pinal, que en principio quería responder a las preguntas del juez vía videoconferencia, el magistrado considera que deberá comparecer en la isla. En este caso se basa en que las acusaciones de Roque López adquieren «visos de importancia» tras el resultado de la pericial. Por ello considera que la presencia personal del empresario es más conveniente, además que recuerda que Brues tiene sede en Eivissa, por lo que se supone que viajará hasta aquí con frecuencia. En principio, los señalamientos de Pinal y de Marí Ribas son los únicos que prevé el juez y, en función de su resultado, se harán nuevas declaraciones.
Según explicó ayer el abogado de Roque López, Luis Romero, su cliente está «satisfecho», porque se está demostrando «que no es un montajista». Romero considera que «el Juzgado le da la razón respecto a la corrupción urbanística y el cobro de comisiones ilegales». El letrado también quiso dejar claro que López «no está imputado». También consideran victorias el hecho de que se hayan estimado sus peticiones y que se rebajara la fianza de personación como acusación popular desde 21.000 a 1.500 euros.
«También hay que destacar que hay importantes cargos políticos y públicos del PSOE en Eivissa que han manifestado públicamente estar en contra de cómo reaccionó el PSOE a nivel nacional, autonómico, insular y local, en relación con la denuncia de Roque López de cobros de comisiones en el proyecto Eivissa Centre. Así por ejemplo, Sandra Mayans, quien ha manifestado hace poco tiempo que se debería haber oído a Roque López antes de iniciar el expediente disciplinario contra él», dice Romero.
El letrado también insistió en que el expediente abierto por el PSOE a su cliente está lleno de irregularidades.
* Última Hora Digital - C. ROIG - 28 de septiembre de 2007
Foto: Sant Josep de Sa Talaia /San José (Ibiza), Cala Vedella - mma.es
Presentación de las jornadas Algunas Claves de la Corrupción Urbanística en España
CRÓNICASDELANZAROTE* : El director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez Aguilera, indicó este miércoles, durante la presentación del curso Algunas Claves de la Corrupción Urbanística en España, que “las prácticas no éticas se han convertido en la norma”, tal y como advertía un informe de la ONU publicado en 2006. Gómez lamentó tener que dedicar un curso a la corrupción urbanística en lugar de hablar de la función pública y creadora que debería tener el urbanismo y justificó el curso señalando que “el urbanismo no es una actividad desvinculada de la vida de las personas y del funcionamiento sostenible del planeta”.
El profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Murcia y director de estas jornadas, Fernando Jiménez, empezó el curso con fuerza al afirmar que “cada español lleva dentro a un concejal de Urbanismo”. Jiménez arrancó su ponencia contando una anécdota que refleja a la perfección la situación que se da en muchos ayuntamientos de España. En ésta, un concejal de Urbanismo de un pueblo de Sevilla y un promotor inmobiliario, que necesita su voto para aprobar una operación urbanística, preguntaba “¿Qué recibiría yo?”. El promotor le contestaba: “Pues resolver tu vida, la de tus hijos y de veinte generaciones tuyas. Esto es un filón, esto es oro, oro y oro”.
El escenario de la corrupción exige, según Jiménez, tres factores: una oferta con un producto que genere elevadas plusvalías, una demanda muy alta y un mercado restringido, monopolístico y opaco. Y en España ,tal y como apuntó, se dan las tres.
La primera jornada del curso se completó con una mesa redonda, abierta al público, en la que intervinieron la fiscal de Medio Ambiente de Sevilla, Ana Linares, y el jurista y profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, Diego Vera. Éste afirmó dos frases aparentemente contradictorias: que la corrupción no es un problema exclusivo de España, sino que es generalizado y que la corrupción no es un problema para España. En este último caso se refería a que los españoles, mayoritariamente, no perciben la corrupción urbanística como un problema.
Vera habló de cinco etapas del urbanismo como plataforma de otras actividades delictivas: desde la pequeña corrupción clientelar hasta el asentamiento de grupos delictivos organizados. Según un estudio del Instituto Andaluz de Criminología, en cuya elaboración participó el ponente, hay que comenzar a prevenir para no llegar a la última etapa si se dan cinco factores: una actividad que genera plusvalía, otras actividades delictivas en el mismo ámbito geográfico, blanqueo de capitales, cooperadores legales necesarios y poca transparencia. Apostó por alejar las competencias urbanísticas del ámbito municipal. Aseguró que un elemento fundamental del Caso Malaya fue la decisión de la Junta de Andalucía de asumir las competencias urbanísticas, lo que puso nerviosos a los ayuntamientos. “El Derecho Administrativo ha fracasado, es inoperante”. Recordó que la primera medida cautelar dictada por un juez en Marbella es del año 2003. “Si se da la razón a las comunidades autónomas empezará un nuevo tiempo”, señaló.
La Administración no funciona
“No es digno eludir las batallas necesarias, hay que empeñarse en ellas se vayan a ganar o no”. Es un principio por el que se rige al fiscal de Medio Ambiente de Sevilla, que se ve a sí misma como una “diseccionadora de cadáveres”. “El fiscal sólo actúa cuando el cadáver está encima de la mesa”. Puso este ejemplo para explicar su frustración por no poder actuar de manera preventiva, como le piden muchos ciudadanos que acuden a ella a denunciar casos de corrupción urbanística. “Que los ciudadanos acudan a la Fiscalía a solicitar que pare operaciones urbanísticas es la constatación de que la Administración (municipal) no funciona”, dijo.
Linares, muy crítica con los ayuntamientos, recordó que estos tienen “mucho poder” y que quien tiene las competencias debe aplicar con rigor la disciplina. “Para aplicar la disciplina urbanística sólo hace falta un papel, un boli y un policía. ¿Cuáles son los medios materiales que reclaman los ayuntamientos para aplicarla?”, se preguntó la fiscal, que también puso esperanzas de cambio en la nueva Ley del Suelo y aportó varias posibles soluciones. “Fundamental, acabar con la apatía ciudadana y alentar el activismo”, concluyó.
* Crónicas de Lanzarote - 27 de septiembre de 2007
Foto: Anabel Navarro - cronicasdelanzarote.es
Nuevas denuncias en Vigo por presuntos sobreprecios en Navia
ELCORREOGALLEGO* : La empresa de construcción pontevedresa ConstruCuatro, participada en un 33 por ciento por el dirigente del PP de Pontevedra Telmo Martín, y el intermediario J.T., están en el ojo de la investigación policial y judicial en fase sumarial dirigida por el Juzgado de Instrucción número dos de Vigo, por las denuncias presentadas en 2006 por dos compradores de viviendas de promoción pública en San Paio de Navia ante el presunto cobro de sobreprecios de hasta 30.000 euros.
En la documentación aportada a la jueza figuran grabaciones realizadas por la Policía, con la correspondiente orden judicial, donde se constataría cómo en la sede en Pontevedra de la constructora se consumó el pago del dinero que no figuró en las escrituras por ser viviendas de precio tasado. En este mismo acto se habrían dado instrucciones a los compradores de no comentar la situación.
A las dos denuncias presentadas en diciembre de 2006, con el objetivo de sus promotores de dejar al descubierto la presunta trama orquestada entre la constructora y el intermediario, para percibir sobreprecios de entre 19.000 y 30.000 euros, que se sumaban a los 104.000 del más barato y 146.000 del de mayor precio, se adherirán el próximo mes de octubre ocho nuevas demandas de compradores afectados, según confirmó ayer a esta redacción el abogado de Vigo que dirige desde el pasado mes de agosto la acusación particular.
El empresario y portavoz del PP en Pontevedra, Telmo Martín, rehusó realizar declaraciones sobre la denuncia.
La Consellería de Vivenda explica que con estas nuevas denuncias por los presuntos sobreprecios en pisos de protección autonómica de San Paio de Navia seguirá el mismo procedimiento que con las de VigoLar. Éste dio lugar a un expediente administrativo que concluyó con una multa de 3.600.000 euros y con la exigencia de devolver a los 49 denunciantes las cantidades cobradas fuera de las escrituras. En el caso de esta promotora, quedó inhabilitada hasta 2013 para construir viviendas de promoción pública.
* El Correo Gallego - VIGO - 25 Sep 2007
Foto: Vigo, Navia - wikimedia.org
Vecinos y ecologistas denuncian que el circuito de fórmula 1 se "camufla" como una calle
ELPAÍS/Valencia* : El proyecto del circuito de fórmula 1 de Valencia avanza con rapidez. La Generalitat ya ha adjudicado los dos tramos en que se divide la obra. Así lo anunció ayer en las Cortes el consejero Mario Flores, mientras a las puertas de la sede de Infraestructuras se reunían miembros de Compromís pel Territori, Ecologistas en Acción, Greenpeace y vecinos de El Cabanyal para protestar por la falta de respuesta a su petición de información sobre el proyecto. La consejería no ha contestado a la carta que estos colectivos remitieron el 1 de agosto para conocer el circuito, cuyas obras está previsto comiencen el 1 de octubre.
Las entidades vecinales y ecologistas entregaron ayer otra misiva en la que piden personarse en el expediente y hablar con los responsables del proyecto. La consejería prometió respuesta esta semana.
La tramitación de la pista de carreras "se está llevando a cabo en el más absoluto oscurantismo, vulnerando la legalidad y burlando a la opinión pública", denunció Vicent Torres en nombre de Compromís. Los colectivos consideraron que se trata "de una tramitación fraudulenta". Así, los tramos se han adjudicado como un proyecto ordinario de avenidas anchas, y no como un circuito de fórmula uno, por lo que se ha obviado una evaluación ambiental estratégica exigible a un plan de esta envergadura, sostienen. "Se quiere camuflar como una unión entre calles", criticó Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción. Los impactos urbanos del circuito son evidentes, incidió Arribas, ya que "no se trata sólo del ruido, sino de la ocupación de una parte del jardín del Turia", y de depósitos de carburantes. Los vecinos de Natzaret, que apoyaron el escrito entregado, se han dirigido al presidente Francisco Camps para exigir medidas contra el ruido e información, ya que el circuito se aprobó "sin consultar" a los barrios implicados. En la misma línea, Vicent Gallart, de la asociación de El Cabanyal, resaltó que estos proyectos se consultan a empresarios, pero "no a los vecinos directamente afectados".
Flores aseguró que se prepara un plan de ruidos para evitar "en lo posible" las molestias y se declaró "sorprendido" por la protesta porque la consejería ha recibido a los vecinos. La consejería ha adjudicado por un total de 41,2 millones de euros los tramos de prolongación de la avenida de Francia y de la calzada en la dársena interior del puerto a las UTE de Fomento de Construcciones y Contratas, Pavasal y Becsa, por un lado, y por Obrascón Huarte Lain, Ecisa y Construcciones Luján, por otro.
* ELPAIS.com - Valencia - 27/09/2007
Foto: Valencia, circuito Fórmula 1 - 20minutos.es
Canela Fina. Crisis en la corrupción
CARMEN MERINO* : Nada más desalentador que escuchar a los responsables de Transparencia Internacional, la organización no gubernamental pionera en la lucha contra la corrupción en el mundo, que será la crisis del sector turístico y de la construcción el remedio para rebajar los índices de prácticas corruptas en España, ligados íntimamente al urbanismo, a la acción municipal y a la financiación de los partidos políticos. Dicho de otra manera: si las cosas siguen así en la economía, aquellos que nos iluminan el camino y satisfacen nuestras necesidades, nuestros próceres políticos en suma, tendrán que buscarse otra manera de ponerse fielmente a nuestro servicio que no pase por facturar ilegalmente una parte de las obras públicas para su propio beneficio partidario.
¿Muy duro? Después de oír a Maragall en el Parlament de Catalunya y de observar cómo se resolvió la crisis del 3% entre los partidos catalanes no creo que nadie se pueda asustar de la claridad de ideas, por fuertes que estas suenen o golpeen el papel. Ni siquiera hace falta irse a la otra punta de España para cerciorarse de que estamos suficientemente curados de espanto como para no disfrazar las cosas: por aquí se está hablando ya de pisos francos donde se oculta documentación relacionada con presuntos casos de corrupción como en otros lugares se persigue esta clase de escondite para desmantelar la intendencia de las actividades terroristas. Espeluznante en uno y otro caso.
Pero lo más paradójico es el papel que juega en el precio de la vivienda la práctica del maletín, maletín cuyo contenido, no lo duden, los constructores revierten en el precio de la vivienda que más tarde adquiriremos nosotros o cualquier otro panoli. España es el país de la OCDE donde más ha subido el precio de la vivienda en los últimos años y es precisamente la corrupción la que dispara su precio.
Así que, los que son en su medida culpables de la carestía de ese derecho fundamental que es la vivienda, son los mismos que intentan embaucarnos después para perpetuarse en el poder con ayudas a la adquisición de inmuebles que, al fin y a la postre, alimentan por igual a los constructores y a los propios partidos que darán en su momento el correspondiente bocado.
De locos. Y lo peor es que es mentira que la corrupción sea un hecho aislado producto de la debilidad o la ambición propia de la condición humana. Si hemos de hacer caso, que no veo por qué no, al informe que para la sección de España firma el profesor Manuel Villoria, de la Universidad Juan Carlos I de Madrid «el problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada».
¿Qué hace Zapatero, el del nuevo y más honrado país, mirando distraídamente hacia otro lado?
* Canarias 7 - Opinión - Las Palmas de Gran Canaria 27/09/2007
Un ex alto cargo promueve una urbanización en un monumento natural de Tenerife
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CANARIASAHORA* : El ex alcalde de Arona, Miguel Delgado (CC), otorgó por decreto en junio de 2003 una licencia urbanística al ex director ejecutivo de Servicios Territoriales del Ayuntamiento de Santa Cruz, Juan José Bértolo Cárdenas, que actuaba en representación de Urbanizaciones Mencey SL. Bértolo Cárdenas solicitó una licencia de reforma de un proyecto de construcción de 56 viviendas, locales comerciales, garajes y trasteros, en la parcela 15-4 de la urbanización Palm-Mar, ubicada en la ladera del Monumento Natural Montaña de Guaza, en el municipio de Arona.
Esta zona es la que el Ayuntamiento de Arona pretende ahora recalificar a urbana mediante la modificación de las normas de conservación de la Monumento Natural Montaña de Guaza.
El promotor, Juan José Bértolo, ha estado ligado al ex concejal de Arona Félix Sierra e incluso disponía de un despacho en el Ayuntamiento. Posteriormente, fichó por el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde fue designado por Miguel Zerolo como director ejecutivo de Servicios Territoriales, con un salario de 75.025,36 euros anuales. La retribución de Bértolo fue la tercera más alta en la pasada legislatura tras el gerente de Urbanismo, José Tomás Martín González (90.040,40 euros anuales) y el alcalde (78.014,97 euros).
De hecho, Juan José Bértolo participó, en representación del Ayuntamiento de Santa Cruz, en la sesión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), de 29 de diciembre de 2004, donde se aprobaron definitivamente las normas de conservación del Monumento Natural de Ajuí, en Pájara, del Monumento Natural de Montaña Cardón, también en Pájara, y del Monumento Natural de Los Riscos de Tirajana.
Y Las Teresitas
En la misma sesión se analizaron las modificaciones puntuales P.G.O.U-92 de Santa Cruz para la rehabilitación de suelo y viabilizar la ejecución de actuaciones de viviendas protegidas a incluir en el Plan de Viviendas de Canarias 2002-2005. No obstante, en esa aprobación, se incluían las siguientes condiciones en el punto 2.5 Las Teresitas LA-6:
a) En clase de suelo, hay que incluir “Rústico” para el P.1.
b) El Suelo de Polígono 3 (Frente Playa) es Urbano No Consolidado de Renovación, conforme se concluyó en la Modificación aprobada recientemente.
c) La ordenación pormenorizada de los Polígonos 3 y 5 debe acomodarse a la Modificación aprobada.
Licencia anulada por el Juzgado
Se da la circunstancia que a raíz de una denuncia de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Santa Cruz de Tenerife revocó la concesión de una licencia urbanística en la parcela 15-3 de Palm-Mar. Sin embargo, no se denunció la urbanización de la parcela 15-4, la de Bértolo Cárdenas, en la misma zona.
En la sentencia, de 22 de enero de 2007, se revoca la licencia “al encontrarse dentro de los límites del parque natural y en la zona de las laderas, en donde no habiéndose producido la adecuada adaptación al PIOT del PGOU del municipio ni de las normas de la Montaña de Guaza se concluye que el uso residencial es incompatible y por lo tanto se debe revocar la licencia concedida en su día por el Ayuntamiento de Arona, por lo que se debe declarar que el acto administrativo impugnado no es conforme a derecho”. El promotor de la licencia en la parcela 15-3, Ignacio Pardo, es cuñado de la concejala del PP en Santa Cruz, Maribel Oñate.
Aprobado por la COTMAC
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) no puso condicionantes a la urbanización promovida por Juan José Bértolo en el límite de la Monumento Natural Montaña de Guaza, zona considerada Área de Regulación Homogénea de Protección Ambiental 1 en el Plan Insular de Ordenación del Territorio, por lo que pasó en el trámite de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana. El viceconsejero de Ordenación del territorio, Miguel Ángel Pulido, ha declarado que el Plan Parcial El Varadero en El Rosario es ‘ilegal’, entre otras cuestiones por promoverse en un Área de Regulación Homogénea de Protección Ambiental 1, y ha advertido que se revisará en la próxima sesión de la COTMAC.
En el informe que finalmente emitió el Cabildo de Tenerife, firmado por la Jefa de Servicio del Área de Planificación y Cooperación, Luz Reverón González, tampoco se hizo mención a que la urbanización aprobada por el Ayuntamiento es contraria al PIOT. Luz Reverón González fue la segunda en la lista de Zerolo a la alcaldía de Santa Cruz en las pasadas elecciones y ahora ocupa la concejalía de Urbanismo en el Ayuntamiento. Por su parte, Miguel Delgado abandonó la alcaldía de Arona en las elecciones de 2003 y en la pasada legislatura ocupó el cargo de consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife.
La fiscalía ha llamado a declarar a todo el equipo de gobierno de Arona de la legislatura 2003-2007 tras una denuncia presentada por los presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio. Fuentes de la acusación han informado a este diario que la investigación se va a extender al período 1999-2003, cuando Miguel Delgado ocupaba la alcaldía y Félix Sierra era concejal de Urbanismo, y a las cien licencias de primera ocupación que el actual alcalde, José Alberto González Reverón, ha anunciado que va a conceder pese a tener informes jurídicos contrarios.
* Canarias Ahora - RAMÓN PÉREZ ALMODÓVAR. Santa Cruz de Tenerife - 26/09/2007
Foto: Arona (Tenerife), monumento Natural Montaña de Guaza - arona.org
La Fiscalía dice que `Malaya´ sigue abierta y anuncia más detenciones
LAOPINIÓNDEMÁLAGA* : El auto que procesó finalmente a 86 implicados en el `caso Malaya no ha supuesto el punto y final de la investigación de la trama urbanística destapada en Marbella. Pese a que la policía dio por cerrado el caso a mediados de julio, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguraron que las pesquisas se mantiene aún abiertas, puesto que "quedan muchos datos" por recabar, incluso no se descartan nuevas detenciones.
Buena muestra de que la investigación no ha concluido fue el auto dictado la pasada semana por el nuevo instructor del procedimiento, el juez Óscar Pérez, en el que se advierte de una nueva línea de investigación declarada secreta con más imputados. Pese a que se ha iniciado una pieza separada para esclarecer los nuevos hechos delictivos, su tronco común es `Malaya´.
Al margen de las pesquisas, la instrucción continúa, incluso se intensifica desde el punto de vista judicial, con la práctica de nuevas diligencias, ya sean propuestas por el Ministerio Fiscal o las defensas. Además, está previsto que comience lo que se conoce como declaración indagatoria, que consiste en la comparecencia de los 86 procesados, que deberán afirmar o negar los hechos que se les imputan. Pero en ningún caso se trata de segundas declaraciones ante el magistrado, sino sólo un trámite para concretar su implicación en la trama urbanística.
Los bienes de Roca.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que el juez aún no ha podido tasar el enorme patrimonio presuntamente ilícito del ex asesor de Urbanismo y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. El propio juez Miguel Ángel Torres, que instruyó la trama, destacó que es "ilusorio" pensar que se han intervenido todos sus bienes. Por el momento, la investigación lo tasa en más de 120 millones de euros, cantidad que el mismo Roca aseguró que debía al Estado. Además, el juez consideró que recibió más de 40 millones de euros en concepto de sobornos.
En cuanto al déficit causado en el Ayuntamiento de Marbella por los presuntos cohechos en la gestión urbanística, el caso no ha cuantificado dichas pérdidas o el desfalco en las arcas municipales, ya que sólo se ha investigado la última legislatura del GIL (2003-06), pero el juez estimó que Marbella podría haber perdido hasta 55 millones de euros por los negocios de Roca.
Por otro lado, fuentes de la Fiscalía indicaron que las piezas separadas de `Malaya´, como la trama de las grúas municipales o las presuntas actividades de blanqueo del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y la tonadillera Isabel Pantoja, serán instruidas también por el juez Óscar Pérez, que aún no ha cerrado ningún caso.
* La Opinión de Málaga - J.A. Sau / R. Rivera - 25 de septiembre de 2007
Foto: Marbella - agenda21malaga.org
Segunda demolición por delito urbanístico en Madrid
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Juzgado de Ejecuciones Penales de Madrid ha ordenado la demolición de un edificio construido en suelo protegido incluido en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en el término municipal de Colmenar Viejo. La construcción fue denunciada inicialmente por los agentes forestales y en la causa se personó como acusación particular la Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya y la Sierra de Madrid, entidad colaboradora de Ecologistas en Acción. Se trata de la segunda demolición por delito urbanístico que se produce en la Comunidad de Madrid.
De nuevo, el Juzgado de lo Penal 12 de Madrid, ha hecho comparecer al responsable de una construcción ilegal en zona de máxima protección dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en el término municipal de Colmenar Viejo, para instarle a que efectúe antes del doce de octubre de este año, la demolición, que deberá ser costeada por el infractor, de la edificación.
La persona condenada, el arquitecto Ricardo Carretié Barcaiztegui, fue requerido para que se personara en el Juzgado antes del verano. Sin embargo al eludir su presencia tuvo que ser requerido por la policía para que se presentara en septiembre de forma inexcusable.
La edificación ilegal de 200 metros cuadrados, se llevó adelante en el mes de enero de 1999, en la finca “El Guindo”, P.K. 13 margen izquierdo, carretera M-618, término municipal de Colmenar Viejo, parcela 35 A del Polígono 23. Esta construcción se levanta en Zona A1, de máxima protección, del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. El titular es la Sociedad Anónima Montenebro, cuyo administrador único es el arquitecto anteriormente mencionado.
La Sentencia, además de multa y demolición, condena al infractor a su inhabilitación especial para profesión y oficio ligada a las actividades de construcción durante un año, así como a condena de prisión de un año y medio.
El procedimiento Penal se inició por denuncia de los Agentes Forestales de la Comarca de Colmenar Viejo, en enero de 1999, habiendo advertido al hoy penado, cuando empezó la construcción, en otoño de 1998, que la misma suponía una infracción que podía ser constitutiva del delito de ordenación del territorio (artículo 319 del Código Penal). A pesar de ello y de las ordenes de paralización, siguió adelante, rompiendo los precintos que le fueron colocados, en tres ocasiones.
Hay que manifestar que el Juez de lo Penal 24, hizo referencias en la Sentencia, del buen hacer de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid en el procedimiento penal, tanto en la instrucción del mismo, como en el juicio oral.
La Asociación para al Defensa del Valle del Lozoya y de la Sierra de Madrid, entidad colaboradora de Ecologistas en Acción, ejerció la Acusación Particular, considera imprescindible que las órdenes de demolición se ejecuten para evitar la sensación de impunidad que actualmente existe entre las personas que construyen ilegalmente.
* Ecologistas en Acción - Comunidad de Madrid, 27 de septiembre
Foto: Pedriza_Cuenca_Alta_Manzanares - Pablo A. Salguero Quiles (enciclopedia.us.es)
Los juzgados de Cádiz han ordenado más de 20 demoliciones este año
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ELPAÍS* : La fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz quiere evitar el efecto llamada provocado por la sensación de impunidad de quienes incurren en delitos urbanísticos. Por eso, desde finales de primavera, la Audiencia de Cádiz dicta por norma sentencias de demolición en los casos de construcciones ilegales. Desde que se adoptó este acuerdo el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, ha actuado en una veintena de casos que han acabado con una orden de demolición.
Se trata, en su mayoría, de juicios contra particulares que han levantado casas ilegales en Chiclana o Puerto Real, aunque también hay casos en Sanlúcar o Algeciras. "El criterio general de la Audiencia está siendo el de ordenar la demolición. Y esto se está trasladando hasta el punto de que ya hemos tenido bastantes sentencias de los juzgados de lo penal en los que se acuerda por conformidad. Los condenados aceptan una rebaja de su pena pero tienen que aceptar también la demolición", explica el fiscal.
Con todo, las primeras demoliciones fruto de este criterio aún están por llegar, ya que los juzgados otorgan un plazo para que el condenado ejecute la sentencia. Núñez estima que en los próximos meses se podrán ver ya los primeros resultados: "Hasta ahora, cuando los casos iban por vía administrativa, se iniciaban recursos que pasaban por las diferentes instancias y el proceso era muy largo. En el caso de los procesos penales, una vez que la sentencia es firme no cabe ulterior recurso". Si se supera el plazo otorgado por la justicia, la fiscalía pediría que se llevara a cabo la demolición de forma subsidiaria.
Además de la mayor contundencia judicial, el fiscal reconoce que el incremento de agentes policiales dedicados al control urbanístico ha permitido una respuesta más eficaz. La intensidad del trabajo de la fiscalía se ha incrementado, y Núñez calcula que este año se superaran con creces las 77 diligencias abiertas en materia urbanística en Cádiz en 2006.
Donde no hay avances es en la actuación de los Ayuntamientos. "Subsiste la misma situación, la falta de ejercicio por parte de los Ayuntamientos, que no cumplen sus funciones sancionadora y de restablecimiento de la legalidad", lamenta el fiscal. Núñez, además, tiene que enfrentarse cada vez a "maquinaciones delictivas" más complejas, como la falsificación de documentos para cambiar la fecha de construcción de un edificio y que el delito prescriba.
Cárcel y multa en Córdoba
Por otra parte, la fiscalía de la Audiencia de Córdoba pide dos años de prisión para el dueño de una casa ilegal del entorno protegido de Medina Azahara. Esa zona está catalogada como Bien de Interés Cultural y, según la calificación provisional del fiscal, el acusado se construyó una piscina y amplió la casa sin tener los permisos oportunos. Además, el ministerio público solicita la demolición de lo levantado ilegalmente y el pago de una multa de 3.240 euros.
Las obras se acometieron en la urbanización Las Pitas, donde, según el último censo elaborado por la Junta de Andalucía, hay más de 150 viviendas ilegales, informa Manuel Planelles.
* ELPAIS.com - L. PALOMA - Cádiz - 26/09/2007
Foto: Cádiz - E.Ruíz (ELPAIS.com)
Montjuïc: la acrópolis parcelada
JOSEP MARIA MONTANER* : El Plan de Usos de Montjuïc, presentado por el Ayuntamiento de Barcelona en julio de 2006, pendiente del proceso participativo antes de su aprobación inicial, no va más allá de poner orden al estado de la cuestión, legitimando la evolución seguida en las últimas décadas como lugar de ocio, consumo y turismo, y como reserva para ir construyendo, y no afronta las tres mayores dificultades: la excesiva subdivisión y privatización, su problemática accesibilidad y relación con los barrios colindantes, y la amenaza a parte de su memoria y a sus valores medioambientales.
Montjuïc, durante siglos reserva de vestigios geológicos y arqueológicos, enclave de bosques espontáneos, lugar de control militar, cantera para alimentar la construcción, plataforma de campos de cultivo, a principios del siglo XX se convirtió en la alternativa para crear símbolos, levantar pabellones y experimentar una renovación pedagógica. La exposición de Industrias Eléctricas, pensada para 1917 y finalmente realizada en 1929, y los jardines escalonados proyectados por Jean-Claude-Nicolás Forestier y Nicolau Maria Rubió i Tudurí, poseían una idea unitaria de ciudad noucentista: un sistema de paseos y plataformas, relacionados por escaleras y ejes de agua, que aportaba las reservas de verde, museos e hitos necesarios para la naciente metrópoli del siglo XX.
A partir de la dictadura y del porciolismo se inició su uso intensivo, como trastero para ir urbanizando, explotado como parque para ferias, atracciones y un Poble Espanyol como recinto cerrado. El proyecto de Josep Lluís Sert para la Fundación Joan Miró, que se situó sobre un alto muro de contención que destrozaba la continuidad de los jardines Laribal de Forestier y de Rubió i Tudurí, favoreció la tendencia a la fragmentación. Y el proceso se agudizó con los Juegos Olímpicos y la barrera de la plataforma del Anillo Olímpico y su torre de telecomunicaciones no operativa.
La última operación que desvirtúa el carácter público de Montjuïc es el hotel de lujo en Miramar, inaugurado estratégicamente tras las elecciones municipales. Esta apropiación exclusivista y elitista del espacio legitima la privatización de uno de los enclaves más privilegiados por su situación y sus vistas sobre el puerto, y mutila aún más el sentido popular de la montaña.
Si Montjuïc es un buen muestrario de plantas, árboles y pájaros, desde los cactus de los jardines Mossèn Costa i Llobera hasta la flora mediterránea del Jardín Botánico, pasando por la colonia de cernícalos en el Morrot, está tan subdividido que también lo es de todo tipo de vallas, muros, cercas, jardineras que obstaculizan el paso, separaciones, divisiones y fronteras.
El segundo problema no resuelto es la inadecuada accesibilidad, a favor del recorrido de vehículos privados y autobuses turísticos, y falta de una buena infraestructura de transporte público, de la cual la principal insuficiencia es el endémico retraso de la línea de metro que uniría el centro histórico con el MNAC, haciéndolo menos inaccesible. Ello viene agravado por el uso abusivo e inaceptable que muchas ferias hacen de la avenida de Maria Cristina cerrándola al público. No sólo provocan la disminución de visitantes al MNAC, al pabellón de Mies o al Caixafòrum, sino que taponan el más importante acceso peatonal y simbólico a Montjuïc.
Al mismo tiempo, sigue siendo prácticamente inexistente la conexión peatonal con los barrios colindantes. Falta un plan de movilidad integral que, además de potenciar las rutas turísticas rodadas, tenga en cuenta los recorridos desde los barrios cercanos. Esto queda patente en las dificultades de accesibilidad desde Poble Sec o desde otros núcleos urbanos que quedan separados de Montjuïc por fuertes desniveles y por áreas abandonadas y peligrosas. El nuevo plan de usos no enriquece la calidad de vida y de equipamientos cotidianos de los barrios cercanos: Can Clos, el Polvorí, Font de la Guatlla, la Satalia y Poble Sec.
Y esto enlaza con la tercera cuestión: la amenaza a las pervivencias biológicas y patrimoniales de una montaña que, tal como se sostiene en el número 101 (2007) de La Veu del Carrer, de la FAVB, debería ser reserva biológica y geológica, y en realidad está sometida a movimientos de tierra y mal mantenida, y acumula basura; una parte de los caminos históricos utilizados por los vecinos han ido siendo recortados, deshechos o borrados, y lugares de alto valor medioambiental, como los acantilados del Morrot, la laguna de la Foixarda y los alrededores del castillo, siguen en peligro.
El plan de usos deja constancia de algunos de los grandes logros conseguidos, como el Jardín Botánico y el nuevo teleférico, y propone una serie de actuaciones poco justificadas, como definir más fachadas y accesos a la montaña, o reforzar un nuevo paseo F, además del ya existente paseo K y del que está en obras, el Camí del Cim, que va de los jardines de Miramar, pasando por los jardines Joan Brossa, el Mirador del Alcalde, las murallas del castillo y el Jardín Botánico hasta el Mirador del Migdia y la calle del Foc.
No parece, por tanto, que haya voluntad de resolver ninguna de las tres tendencias negativas que dominan la montaña: aumenta el impacto de la fragmentación ocasionada por más construcciones y plazas de aparcamiento en superficie; se mantienen las dificultades de relación y accesibilidad con el centro y con los vecindarios cercanos, y la protección de los espacios de interés natural prioritario, en especial el Morrot (desde su base, La Riviere), el Camí de l'Esparver y el Turó del Port, sigue siendo insuficiente. En definitiva, un parque que debería ser más integral, accesible y público es cada vez más una urbanización parcelada y acumula más impactos de edificios y actividades.
* Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (UPC).
* ELPAIS.com - Tribuna - 27/09/2007
